Las estadísticas oficiales de criminalidad encendieron las alarmas en el Reino Unido luego de que se conociera que en Londres se registraron 746 denuncias por violación durante enero, lo que equivale a casi un caso cada 60 minutos en la capital británica.
Los datos provienen de registros públicos de la Metropolitan Police Service, que permiten dimensionar el alcance del problema en los distintos distritos del área metropolitana. El desglose territorial muestra que la incidencia se concentra especialmente en algunas zonas del interior de la ciudad.
Metropolitan Police Service.
El distrito de Southwark encabezó el listado con 41 denuncias durante el mes, seguido por Tower Hamlets y Haringey, ambos con 40 casos. Más atrás se ubicó Croydon, con 39 denuncias, mientras que otros distritos como Newham, Lambeth y Lewisham también superaron la treintena de casos registrados en enero.
Incluso en zonas con menor densidad poblacional o menor incidencia delictiva las cifras continúan siendo relevantes. Kingston upon Thames registró 12 denuncias, Richmond upon Thames contabilizó 11, mientras que Bexley y Harrow reportaron 10 casos cada uno.
A estas cifras se suman otros datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública. Según esos registros, 780 personas fueron investigadas por delitos de violación en Londres durante 2023. Dentro de ese grupo, 229 eran ciudadanos extranjeros, mientras que en siete casos no se pudo determinar la nacionalidad.
Las cifras reactivaron el debate sobre las denominadas “grooming gangs”, redes organizadas de explotación sexual que han protagonizado diversos escándalos en el Reino Unido durante las últimas décadas. En varios de esos casos se investigó la existencia de estructuras criminales que operaban durante años captando y explotando sexualmente a menores.
Crece el debate contra la inmigración musulmana.
En ese contexto, un informe reciente del centro de estudios Policy Exchange advirtió que en algunos escándalos las autoridades tardaron en intervenir o investigar en profundidad por temor a enfrentar acusaciones de racismo o islamofobia. El documento recordó particularmente el caso de Rotherham, donde durante años funcionó una red de explotación sexual masiva que afectó a centenares de víctimas antes de que las instituciones reaccionaran con firmeza.
Según el informe, las presiones políticas y el temor a controversias públicas pudieron haber contribuido a retrasar la acción de organismos estatales frente a este tipo de redes criminales.
