El Gobierno de Bélgica está evaluando la posibilidad de trasladar al extranjero a parte de su población penitenciaria, en un contexto donde los inmigrantes representan alrededor del 43% de todos los reclusos.
Este porcentaje supera ampliamente su peso demográfico y constituye uno de los factores centrales detrás del debate político sobre el hacinamiento carcelario y la política migratoria.
La presión sobre el sistema penitenciario alcanzó niveles críticos. De acuerdo con el Consejo Central de Vigilancia Penitenciaria, el país alberga 13.689 detenidos en aproximadamente 11.040 plazas, con presos durmiendo en colchones en el suelo. Ante esta realidad, el Ejecutivo belga busca alternativas que permitan liberar capacidad y reforzar simultáneamente sus criterios migratorios y de seguridad.
Cárcel belga.
La ministra de Justicia, Annelies Verlinden, junto con la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, encabezaron una misión oficial en Kosovo y Albania para analizar la posibilidad de construir o alquilar instalaciones penitenciarias fuera de Bélgica.
Según informó The Brussels Times, la agenda incluyó discusiones sobre cooperación en materia de crimen organizado, tráfico de personas, lavado de dinero y recuperación de activos criminales vinculados a investigaciones belgas.
El trasfondo de esta iniciativa está directamente relacionado con la composición de la población carcelaria. Además del hecho de que los extranjeros representan el 43% de los reclusos y el 31% de ellos no tiene permiso de residencia.
Inmigrantes ilegales.
“Cualquier persona que se encuentre ilegalmente en nuestro país y decida cometer delitos debe irse, ya sea a su país de origen o a una prisión fuera de Bélgica”, declaró Van Bossuyt a medios locales.
El gobierno insiste en que trasladar incluso a una parte de este segmento de la población penitenciaria podría aliviar la saturación de las cárceles nacionales y, al mismo tiempo, vincular más estrechamente la política migratoria con la ejecución de sentencias penales.
Sin embargo, como suele suceder en estos casos, organizaciones de "derechos humanos" y de izquierda ya advirtieron que se van a oponer a la iniciativa, especialmente si implica enviar reclusos, aunque sean extranjeros, a países con estándares penitenciarios debajo de los de la UE.
