Meloni advirtió que Italia no tolerará las amenazas contra trabajadores y endureció las medidas contra los disturbios

El 20 de octubre, el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas que contempla sanciones más severas por la participación violenta en los disturbios, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros en determinados supuestos. Las disposiciones también prevén mayores responsabilidades para los padres de menores implicados en actos vandálicos y amplían las facultades policiales para intervenir ante determinados riesgos.

Las declaraciones se producen en medio de una serie de disturbios que afectan a distintas regiones italianas. El Gobierno italiano anunció nuevas medidas de seguridad después de los disturbios registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades del norte. Los disturbios derivaron en enfrentamientos con la Policía, incendios y saqueos de establecimientos comerciales.

En Milán, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos violentos. Las autoridades también realizaron detenciones en el marco de las investigaciones sobre los daños y los enfrentamientos.

Además, el Gobierno anunció el despliegue de 500 militares en Milán para apoyar las tareas de seguridad hasta finales de año. La decisión busca reforzar la presencia de las fuerzas del Estado en una ciudad afectada por los saqueos y los daños a comercios.

Meloni defendió la necesidad de garantizar el derecho a la protesta, pero sostuvo que ese derecho no ampara las amenazas contra quienes deciden trabajar ni los daños a la propiedad. Su posición se enmarca en la política de seguridad de su Gobierno, que impulsa mayores sanciones para determinadas conductas durante las manifestaciones.

Italia afronta así dos desafíos simultáneos: atender las demandas económicas de los sectores movilizados y evitar que los bloqueos y los episodios de violencia agraven las interrupciones en la actividad cotidiana.