Tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados en agosto pasado, el Senado de Uruguay aprobó y convirtió en ley el proyecto de eutanasia, una iniciativa que aún genera debate y resistencias en distintos sectores de la sociedad.
Bajo el nombre de “Muerte digna”, la propuesta impulsada por el Frente Amplio (FA), el partido de izquierda que gobierna el país, despenaliza la "muerte asistida" bajo determinadas condiciones. El Senado dio luz verde a la norma el miércoles, con 20 votos a favor sobre un total de 31 legisladores presentes, consolidando así su sanción definitiva.
Con esta aprobación, Uruguay pasa a integrar el grupo de naciones que permiten la eutanasia, junto con Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y España. En América Latina, Colombia y Ecuador habían despenalizado la eutanasia por vía judicial, pero esta es la primera vez que se aprueba mediante una ley en la región.
El Senado uruguayo.
Entre los requisitos establecidos figuran ser mayor de edad, ciudadano o residente en el país, y encontrarse psíquicamente apto y en fase terminal de una enfermedad incurable o que provoque sufrimientos intolerables y un grave deterioro de la calidad de vida.
El proceso
El texto legal establece que el médico al que se presenta la solicitud puede rechazar el pedido, en cuyo caso el paciente tiene derecho a recurrir a otro profesional. Si este también lo deniega, se conformará una junta médica integrada por tres profesionales: un psiquiatra, un especialista en la patología del paciente y un tercer médico definido por la reglamentación. Además, las instituciones de salud podrán negarse a realizar el procedimiento.
En caso de aceptación, el médico tratante deberá remitir el caso a un segundo profesional, quien tendrá acceso al historial clínico y mantendrá una consulta presencial con el solicitante. Si este confirma el criterio del primero, el proceso podrá continuar.
Bandera de Uruguay.
Antes de concretar su decisión, el paciente deberá expresar su voluntad por escrito y ante testigos, y contará con la posibilidad de dar marcha atrás en su decisión en cualquier etapa del procedimiento.
Por su parte, la Iglesia Católica expresó su “tristeza” tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, manifestando su desacuerdo con la legalización de la eutanasia. Al mismo tiempo, más de una decena de organizaciones civiles criticaron el texto de la ley, calificándolo como “deficiente y peligroso” por los riesgos y vacíos legales que presenta su redacción.
