En 2021, cuando comenzó la histórica crisis fronteriza de Estados Unidos, el periodista Todd Bensman mencionó que las Naciones Unidas estaban contribuyendo al problema al entregarle tarjetas de débito y dinero en efectivo a quienes intentaban cruzar ilegalmente la frontera en su camino hacia el norte.
Un grupo de 21 legisladores preocupados por la seguridad fronteriza habían presentado un proyecto de ley que proponía que Estados Unidos, como el mayor donante de la ONU, recortara los fondos provenientes de los contribuyentes.
Sin embargo, la HR 6155 nunca se aprobó, en gran parte porque los supuestos "verificadores de hechos" de medios como la AFP afirmaron que la ONU "no estaba involucrada en tal actividad". Sin embargo, esas "verificaciones" eran falsas.
Hace unos años, ONU lanzó la "Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela" (R4V, por sus siglas en inglés), un plan de acción y presupuesto destinado a distribuir 1.600 millones de dólares en 17 países de América Latina.
Este documento confirma que, con la colaboración de 248 organizaciones no gubernamentales, la ONU efectivamente está entregando tarjetas de débito a inmigrantes ilegales, financiadas en gran parte por los contribuyentes estadounidenses.
Aunque el título del plan R4V menciona a los venezolanos como los principales beneficiarios, el texto detalla que los fondos están destinados a "todas las nacionalidades" y a "varias otras nacionalidades", según las notas al pie de página (por ejemplo, en la página 14 y el párrafo en la página 43).
El documento aclara completamente las actividades de la ONU y sus socios en las rutas migratorias, dejando en evidencia las mentiras y la desinformación por parte de los medios "verificaciones de hechos".
En resumen, la ONU y sus aliados planean distribuir 372 millones de dólares en "Asistencia en Efectivo y Vales (CVA)" y "Asistencia en Efectivo para Propósitos Múltiples (MCA)" a 624.300 inmigrantes que se encuentran en camino hacia los Estados Unidos en 2024.
La ayuda, según otros documentos de la ONU, generalmente se distribuye en forma de tarjetas de débito prepagas y recargables, aunque también se entrega en efectivo en sobres, transferencias bancarias y transferencias móviles, que los inmigrantes ilegales pueden usar a su discreción.
Este es solo un segmento de una estrategia más amplia que la ONU tiene en todo el hemisferio, que busca gastar 1.590 millones de dólares para asistir a unas tres millones de personas que emigraron de sus países de origen.
El informe de la ONU predice que la inmigración hacia el norte continuará en aumento en 2024, señalando a las políticas de la administración de Joe Biden como las que crearon "nuevas oportunidades para vías regulares hacia Estados Unidos".
El plan también menciona que busca "apoyar el acceso a los procedimientos de asilo, la regularización migratoria y la integración socioeconómica".
Explica también que la distribución de dinero "ha adquirido una creciente importancia" porque da a los inmigrantes la "flexibilidad para cubrir sus gastos y necesidades más urgentes, aumentando su dignidad y autonomía".
Con la ONU y las ONG actuando como intermediarios, Estados Unidos está financiando su propia crisis fronteriza.
