En 2021, cuando comenzó la histórica crisis fronteriza de Estados Unidos, el periodista Todd Bensman mencionó que las Naciones Unidas estaban contribuyendo al problema al entregarle tarjetas de débito y dinero en efectivo a quienes intentaban cruzar ilegalmente la frontera en su camino hacia el norte.
Un grupo de 21 legisladores preocupados por la seguridad fronteriza habían presentado un proyecto de ley que proponía que Estados Unidos, como el mayor donante de la ONU, recortara los fondos provenientes de los contribuyentes.
Sin embargo, la HR 6155 nunca se aprobó, en gran parte porque los supuestos "verificadores de hechos" de medios como la AFP afirmaron que la ONU "no estaba involucrada en tal actividad". Sin embargo, esas "verificaciones" eran falsas.
Hace unos años, ONU lanzó la "Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela" (R4V, por sus siglas en inglés), un plan de acción y presupuesto destinado a distribuir 1.600 millones de dólares en 17 países de América Latina.
Este documento confirma que, con la colaboración de 248 organizaciones no gubernamentales, la ONU efectivamente está entregando tarjetas de débito a inmigrantes ilegales, financiadas en gran parte por los contribuyentes estadounidenses.
Aunque el título del plan R4V menciona a los venezolanos como los principales beneficiarios, el texto detalla que los fondos están destinados a "todas las nacionalidades" y a "varias otras nacionalidades", según las notas al pie de página (por ejemplo, en la página 14 y el párrafo en la página 43).
El documento aclara completamente las actividades de la ONU y sus socios en las rutas migratorias, dejando en evidencia las mentiras y la desinformación por parte de los medios "verificaciones de hechos".
