La Derecha Diario El dictador Lula da Silva solicitó la detención preventiva del hijo de Jair Bolsonaro
El Partido de los Trabajadores solicitó al Supremo Tribunal Federal la prisión del diputado Eduardo Bolsonaro.
El oficialismo brasileño, encabezado por el dictador Luiz Inácio Lula da Silva, presentó una solicitud formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se decrete la detención preventiva del diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.
La maniobra se inscribe en una serie de acciones judiciales que el gobierno viene impulsando contra figuras de la oposición, en lo que muchos sectores califican como un intento sistemático de neutralizar adversarios políticos mediante el uso del aparato estatal.
La presentación fue realizada por los legisladores oficialistas Randolfe Rodrigues y Lindbergh Farias, voceros del Partido de los Trabajadores (PT), quienes acusan al legislador de haber promovido gestiones diplomáticas en Estados Unidos que derivaron en la imposición de aranceles comerciales contra Brasil.
Las supuestas gestiones, según el oficialismo, atentarían contra la soberanía nacional, aunque en los hechos consistieron en reuniones públicas y declaraciones ante medios internacionales, en un contexto de creciente preocupación por la deriva autoritaria del gobierno de Lula.
La iniciativa judicial surge luego de que Eduardo Bolsonaro reconociera públicamente su participación en reuniones con funcionarios estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, quien la semana pasada anunció que, a partir del 1 de agosto, impondrá aranceles del 50 % a productos brasileños.
Según Trump, la medida responde a la “persecución” que Jair Bolsonaro estaría sufriendo por parte del gobierno autoritario de Lula y el Poder Judicial intervenido por las altas esferas del gobierno brasileño. “El juicio político contra Bolsonaro es una caza de brujas”, afirmó el presidente norteamericano en una carta dirigida a las autoridades de Brasil.
La denuncia fue incorporada a un expediente judicial ya abierto por el STF en marzo, que investiga al diputado por supuesta obstrucción de la justicia mediante presión internacional. En esa ocasión, Eduardo Bolsonaro había solicitado una licencia en la Cámara de Diputados y viajó a Estados Unidos, denunciando que era víctima de una persecución política por parte del Ejecutivo.
El gobierno de Lula, que mantiene un estrecho control sobre los resortes institucionales del Estado, ha intensificado las acciones judiciales contra dirigentes opositores vinculados al expresidente Jair Bolsonaro.
Este último enfrenta múltiples procesos impulsados por la Corte Suprema, en el marco de causas que lo señalan como organizador de una supuesta trama institucional tras su derrota electoral en 2022. En este contexto, desde diversos sectores denuncian un uso político del sistema judicial y un intento por desarticular cualquier disidencia organizada.
Por el momento, el Supremo Tribunal Federal no ha definido si dará curso a la solicitud del oficialismo ni ha fijado un plazo para su tratamiento.
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