El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobó este martes una profunda reforma judicial que pone en manos de la Fiscalía, órgano dependiente del Ejecutivo, la dirección de las investigaciones penales. Se trata del nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que además limita la figura de la acusación popular y será remitido al Congreso para su tratamiento. Entrará en vigor el 1° de enero de 2028, sin afectar las causas actualmente en curso.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebró la iniciativa como una “modernización del proceso penal” y aseguró que busca “europeizar” el sistema judicial. Sin embargo, la oposición y buena parte de la magistratura lo ven como un intento de controlar políticamente la Justicia.
Pedro Sanchéz.
Con la nueva norma, el Ministerio Fiscal será quien lleve adelante las investigaciones, mientras un “juez de garantías” supervisará aspectos procesales y la protección de los derechos fundamentales. Otros dos jueces intervendrán en las etapas de elevación a juicio y sentencia. Según Bolaños, la medida agilizará los procesos y reforzará las garantías de los acusados y las víctimas, pero las críticas apuntan en sentido contrario.
El punto más polémico es la limitación de la acusación popular, que impedirá su ejercicio a partidos políticos, sindicatos y entidades públicas, permitiéndola solo a particulares con “interés legítimo”. Para el Gobierno, esto evita “fines espurios”; para la oposición, es una maniobra para restringir el control ciudadano sobre los abusos del poder.
La reforma llega en un contexto de extrema tensión: el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado en noviembre por revelación de secretos, lo que acentúa las sospechas sobre la intención real del Ejecutivo.
Entre los magistrados, la división es profunda. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, advirtió que los fiscales “no tienen la independencia necesaria” y que esta reforma “pone en riesgo el equilibrio de poderes”. Por el contrario, la Unión Progresista de Fiscales, cercana al oficialismo, respaldó la medida, calificándola de “avance democrático”.
Pedro Sanchéz en la Internacional Socialista.
Mientras Moncloa la vende como una “reforma europea”, en los hechos supone un cambio estructural que traslada el poder de investigar desde jueces independientes hacia fiscales bajo jerarquía política. Un paso más del socialismo español hacia la concentración institucional y la erosión del Estado de Derecho.
