El Gobierno de Pedro Sánchez volvió al centro de la polémica internacional tras revelarse que destinó casi dos millones de euros en subvenciones a la Comisión Islámica de España (CIE), una entidad presidida por Mohamad Aidman Adbli, recientemente investigado por la Audiencia Nacional por sus presuntos vínculos con organizaciones yihadistas sirias relacionadas con la filial de Al Qaeda y con los Hermanos Musulmanes.
Según verificó el medio fuente en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSA), la CIE comenzó a recibir fondos públicos en 2021, ya bajo la gestión socialista, mediante una orden directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde entonces, la entidad suma más de 1,7 millones de euros en subvenciones sin contraprestación, todas provenientes de partidas del Estado. Pedro Sánchez, presidente de España.
El caso tomó mayor relevancia al conocerse el contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Aunque la causa fue finalmente archivada por falta de “indicios suficientes” para formular acusación formal, el magistrado dejó asentado que está “directamente probada” la financiación desde España hacia dos entidades sirias —el Consejo de Socorro de Damasco Rural y la ONG Al Bashaer— ambas vinculadas a estructuras yihadistas presentes en el conflicto del país árabe.
Los informes policiales y de Europol detallan que el flujo de fondos se produjo en el marco de supuestas campañas de ayuda humanitaria. La complejidad del terreno sirio, señala el auto, impide asegurar que el destino del dinero fuera estrictamente benéfico. Dicha dificultad fue clave para el archivo judicial, pero no alteró el hecho central: las transferencias existieron, fueron rastreadas y se dirigieron a organizaciones donde operaban milicias como Jaysh Al Islam.
En la investigación se identificaron mensajes, cartas de agradecimiento y movimientos bancarios que acreditan el envío de dinero desde España. Entre los investigados también figuraron miembros de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), responsables de firmar acuerdos con la ONG siria y de participar en campañas de recaudación, aunque el juez determinó que no había pruebas de que hubieran actuado con intención de financiar terrorismo. Pedro Sánchez en una entrevista para el medio El País.
Los hechos vuelven a poner bajo escrutinio los criterios de asignación de fondos públicos durante la administración Sánchez, caracterizada por un uso expansivo de subvenciones directas y por la ausencia de controles rigurosos que en este caso permitieron que una institución ligada a personas bajo investigación recibiera más de un millón y medio de euros.
A esto se suma el avance de las demandas de la CIE sobre el sistema educativo español, que reclama mayor presencia de la enseñanza islámica en colegios públicos y beneficios específicos como menús halal obligatorios. El aumento del financiamiento estatal hacia esta estructura, en paralelo a investigaciones por conexiones con milicias radicales, ha generado fuertes alarmas en sectores políticos y sociales.
