Una polémica que desnuda graves fallas en la supervisión educativa ha sacudido a Castilla y León. El Procurador del Común ha hecho pública una resolución que expone la actuación de una profesora de instituto, que a través de un cuestionario escolar sugirió a alumnos de 13 y 14 años que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo para comprobar la “veracidad” de su orientación heterosexual.
El expediente, iniciado tras una denuncia presentada por los padres, confirma que los cuestionarios incluían preguntas sumamente invasivas: “¿Cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?”, “¿Qué opinan tus padres de que seas heterosexual?” y “¿Por qué los heterosexuales hablan tanto de sus parejas?”.
Más graves aún fueron las cuestiones que invitaban a los estudiantes a replantearse su orientación sexual: “¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?”, “¿No crees que es una moda ser heterosexual?” o “¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?”.
Salvador Illa, Generalidad de Cataluña.
Aunque inicialmente las encuestas iban a ser anónimas, la docente obligó a los alumnos a identificarlas con su nombre, lo que generó protestas masivas de estudiantes y familias que exigieron la devolución de los cuestionarios por la ausencia de garantías en el consentimiento. La profesora se defendió afirmando que su intención era “hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales”.
La Consejería de Educación, tras recibir la queja de una madre en junio de 2025, elaboró un informe que confirma que la docente se encuentra de baja desde febrero, lo que indica que los hechos ocurrieron durante el curso anterior. La inspección evidenció que el Equipo Directivo y el departamento de Orientación desconocían por completo la actividad.
Inmigrantes en España.
El Procurador del Común considera que los hechos podrían constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal, protegido por el artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982. Además, advierte que la relación de autoridad entre docente y alumnos habría limitado la libertad de estos para negarse a participar en la encuesta.
La resolución exige a la Consejería investigar los hechos, localizar y custodiar los cuestionarios, determinar su posible difusión y abrir un expediente sancionador si se confirma alguna infracción. Asimismo, solicita que los documentos sean devueltos a los alumnos para evitar su circulación y salvaguardar los derechos de las familias afectadas.
