La República Dominicana ha puesto en marcha una de las mayores operaciones migratorias de su historia reciente. Segúndatosde la Dirección General de Migración(DGM), en lo que va de 2025 se han deportado aproximadamente 250.000 ciudadanos haitianos en situación irregular, en el marco de un endurecimiento sostenido de la política migratoria. Solo en el mes de agosto, se registraron 35.276 expulsiones, lo que refleja la magnitud del operativo desplegado.
A estas cifras se suman los más de 115.000 haitianos que abandonaron el país de manera voluntariadurante el mismo período, un fenómeno que evidencia el impacto de las medidas implementadas por el Ejecutivo dominicano.
Luis Abinader - Presidente de la República Dominicana.
Las autoridades justifican estas acciones como parte de una estrategia para “proteger la seguridad nacional, preservar la estabilidad social y frenar un flujo migratorio insostenible”.
El presidente Luis Abinader ha sostenido que la República Dominicana no puede absorber de forma indefinida la llegada masiva de haitianos, en un contexto en el que Haití enfrenta una de las crisis más profundas de su historia contemporánea, marcada por la violencia de las bandas armadas y el colapso institucional. “Nuestro país tiene derecho a proteger sus fronteras y garantizar el orden interno”, ha afirmado en reiteradas oportunidades.
El Gobierno ha dejado en claro que no modificará su postura frente a las presiones de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Por el contrario, ha anunciado el fortalecimiento de los controles fronterizos y la continuidad de las deportaciones como política de Estado.
La frontera compartida, de más de 380 kilómetros, se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la región. Mientras Haití atraviesa un escenario de descomposición institucional, la administración dominicana busca consolidar una política migratoria firme que, según analistas, podría marcar un precedente en América Latina. La estrategia de Abinader recuerda, en algunos aspectos, a la línea defendida por Donald Trump en Estados Unidos, centrada en el control de fronteras y la aplicación estricta de la ley migratoria.
