Se advirtió: “ya tomaremos medidas disciplinarias” contra los profesionales que difundieron información, mientras la CESM denunció una posible vulneración de la libertad de expresión y médicos temen represalias laborales.
La soberanía española en el norte de África se encuentra bajo un asedio sistemático, agravado por la complicidad pasiva del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. En un contexto geopolítico crítico, donde el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto a reivindicar los supuestos derechos históricos y geográficos de su país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, España sufre las consecuencias de una alarmante inacción fronteriza.
Esta pasividad del Ejecutivo estalló hace solo tres semanas con una crisis migratoria sin precedentes, provocada por la entrada masiva e irregular de 72.000 inmigrantes magrebíes en Ceuta. El colapso provocado por esta invasión silenciosa se ha trasladado de inmediato al sistema sanitario local.
Pedro Sánchez y Mónica García
Desde el pasado 30 de julio, el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra en una situación de extrema tensión, con una ocupación asistencial en máximos históricos debido a la avalancha de pacientes. Sin embargo, lejos de apoyar a los profesionales que sostienen la primera línea de defensa sanitaria, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha optado por la censura y la coacción.
El organismo público Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), responsable de la gestión directa del centro, está utilizando métodos puramente dictatoriales para acallar las críticas y ocultar el caos asistencial ante la opinión pública. La indignación de los profesionales de la salud estalló tras conocerse las amenazas directas proferidas por la cúpula del hospital.
Durante una de las reuniones matutinas ordinarias de trabajo, el gerente del centro advirtió sin tapujos a los médicos de primera línea: Cuando pase esto, ya tomaremos medidas disciplinarias contra los que han estado dando información a los medios.
Esta coacción dictatorial ha sido tildada de absolutamente inadmisible por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), organización que denunció enérgicamente el intento de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión, es decir, una evidente vulneración de sus derechos fundamentales.
Ceuta, España.
El origen de este autoritarismo de corte totalitario apunta directamente a cargos colocados a dedo por el aparato socialista. Entre los señalados destaca el polémico Jesús Lopera, director territorial del Ingesa en Ceuta, cuyo historial de nombramientos se remonta a la época de José Luis Rodríguez Zapatero (de 2004 a 2011) y fue recuperado en 2018 bajo el mandato de Pedro Sánchez.
Los propios médicos denuncian abiertamente que la dirección actúa bajo la premisa de que el hospital es su cortijo y que pueden hacer con los trabajadores lo que les dé la gana.
Las fuentes sanitarias revelan el carácter despótico de Jesús Lopera, quien llegó a exigirle a un facultativo trasladado desde Madrid que alquilara su propio piso personal bajo la velada advertencia de que él decide quién trabaja y quién no en Ceuta.
Esta política de terror laboral y mordaza gubernamental se traduce en el temor fundado de muchos profesionales a perder su empleo de forma inmediata. Algunos facultativos habrían manifestado, además, su temor a sufrir represalias laborales o a no ver renovados sus contratos, los cuales dependen de firmas anuales.
Una de las médicas afectadas confesó con profunda amargura a los medios: Estoy segura de que el año que viene, cuando tengan que renovarme, van a decir que no me renuevan. Como estoy hablando, creo que me va a pasar eso, porque se lo han dicho a otro compañero, que cuando pase toda esta crisis, nos vamos a enterar los que hemos hablado.
Ceuta, España.
Los denunciantes definen a los directivos del Ingesa como unos déspotas, asegurando que si hay un médico disidente, aunque sea el único de esa especialidad, prefieren echarlo y quedarse sin nadie.
Aunque el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha intentado contener los daños negando las coacciones y garantizando públicamente que no va a haber represalias por hablar con nadie, la desconfianza de los profesionales hacia el aparato de Mónica García es total.
Frente a este atropello flagrante a la libertad de expresión, los facultativos han anunciado que no se amedrentarán y planean denunciar todas las coacciones a través de la web de la Autoridad Independiente del Informante Anónimo, mientras la CESM estudia emprender firmes acciones legales para frenar el autoritarismo del Gobierno socialista
