Texas se ha convertido en el estado más reciente en prohibir la compra de tierras y propiedades por parte de ciudadanos o entidades vinculadas a naciones consideradas adversarias de Estados Unidos.
El gobernador republicano Greg Abbott firmó la Ley del Senado 17 (S.B. 17), que impide que países identificados como amenazas en la Evaluación Anual de Amenazas 2025 de la comunidad de inteligencia estadounidense adquieran bienes inmuebles dentro del estado, incluyendo terrenos.
La ley enumera a China, Rusia, Irán y Corea del Norte como los países cuyas personas físicas o jurídicas no podrán adquirir tierras agrícolas, propiedades comerciales o industriales, residencias, ni terrenos utilizados para minería o extracción de agua en Texas.
La medida, que entra en vigor el 1 de septiembre, fue justificada por sus impulsores como una respuesta a crecientes preocupaciones de seguridad nacional, especialmente ante intentos de compra de tierras cercanas a bases militares.
La ley apunta a que ciudadanos de países adversarios compren inmuebles en lugares cercanos a bases militares estadounidenses
La legislación contempla excepciones: ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y personas con estatus legal que buscan adquirir una residencia principal están exentos.
También se permiten contratos de arrendamiento de menos de un año. Además, el fiscal general de Texas queda facultado para investigar posibles violaciones a esta ley, las cuales constituirán un delito grave.
La medida ha sido excelentemente recibida por grupos conservadores y la ciudadanía en general. Michael Lucci, fundador del popular grupo State Armor Action que busca eliminar la influencia del PCC en Estados Unidos, elogió la ley como una respuesta necesaria al ''intento del Partido Comunista Chino de establecer operaciones de espionaje dentro del territorio estadounidense''.
Lucci advirtió que no solo se trata de tierras, sino de activos estratégicos como drones, paneles solares, puertos marítimos y otras infraestructuras críticas donde China ha consolidado una presencia preocupante.
La mayor preocupación en el estado es la peligrosa influencia del Partido Comunista Chino
Existen algunos antecedentes de este tipo de leyes, incluso algunas que no han logrado convertirse en ley o incluso no han pasado las cámaras legislativas debido a la fuerte influencia del Partido Demócrata en las discusiones.
Hasta el momento, 25 estados han aprobado leyes similares hasta la fecha, un aumento respecto a los 22 reportados en marzo. Además, 15 proyectos de ley federales que abordan esta problemática se encuentran actualmente en debate en el Congreso.
En Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs vetó inicialmente un proyecto de ley que prohibía la compra de propiedades por parte de entidades chinas, argumentando que carecía de ''criterios claros de aplicación'' y podía conducir a ''medidas arbitrarias''.
Sin embargo, tras recibir fuertísimas críticas, Hobbs propuso una nueva versión de la ley, más estricta, asegurando que la anterior era ''débil ante China'' y permitía compras cercanas a instalaciones militares.
La gobernadora demócrata de Arizona vetó una ley similar y ante fuertes críticas debió aprobar una más dura
La legislación de Texas se produce poco después del arresto de dos ciudadanos chinos por intentar introducir patógenos peligrosos en Estados Unidos, un incidente que intensificó la preocupación sobre amenazas biológicas y espionaje.
En el ámbito federal, legisladores republicanos introdujeron el lunes un proyecto de ley que aumentaría la supervisión sobre las compras de tierras agrícolas por parte de adversarios extranjeros.
La propuesta incorporaría al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), y requeriría que el USDA informe al comité cualquier adquisición de terrenos agrícolas por parte de países considerados amenazas a la seguridad nacional.
También se esperan nuevas restricciones en New Hampshire y Carolina del Norte, donde propuestas similares aguardan la firma de los gobernadores estatales.
La preocupación se disparó luego de que varios ciudadanos chinos intentaran contrabandear material biológico peligroso en Estados Unidos
