La medida forma parte de una serie de cambios económicos que buscan atraer capital internacional y se alinean con los objetivos de la administración Trump de abrir sectores estratégicos venezolanos a la inversión privada.
La dictadora encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el 20 de noviembre la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una modificación que habilita la participación de empresas privadas al sector energético. La decisión representa un nuevo paso en la apertura económica venezolana, un proceso que se desarrolla en un contexto de creciente influencia de la administración de Donald Trump sobre la reorganización económica del país.
La reforma permite que compañías privadas intervengan en actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. También establece concesiones de hasta 25 años, incorpora incentivos fiscales y crea la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, un organismo encargado de supervisar tanto a los operadores públicos como a los privados.
Delcy Rodríguez junto al presidente Donald Trump
La modificación se suma a otras iniciativas para abrir sectores estratégicos, especialmente los hidrocarburos y la minería. Estos cambios coinciden con los objetivos económicos de la administración Trump, que busca facilitar la participación de empresas estadounidenses y extranjeras en industrias venezolanas que durante años estuvieron restringidas a la inversión privada.
La administración Trump ha promovido un modelo de apertura que contempla modificaciones legales, mayores garantías para los inversores y mecanismos que permitan a compañías internacionales participar directamente en proyectos energéticos y mineros.
En ese sentido, la apertura eléctrica no constituye una medida aislada, sino parte de una transformación más amplia del marco económico venezolano. La posibilidad de que empresas privadas operen mediante concesiones prolongadas busca ofrecer condiciones para inversiones que el Estado, debido a sus limitaciones financieras, difícilmente podría afrontar por sí solo.
El ex dictador Nicolás Maduro detenido por agentes de la DEA
La reforma también llega en medio de una profunda crisis del sistema eléctrico. Venezuela arrastra más de una década de problemas de infraestructura, apagones y falta de mantenimiento. Según estimaciones, menos del 40% de la capacidad de generación eléctrica se encontraba operativa antes de la aprobación de la norma.
La política de apertura económica representa uno de los principales cambios del escenario venezolano posterior a la salida de Nicolás Maduro del poder. Con el respaldo y la presión de Washington como factores centrales, el régimen de Rodríguez busca modificar las reglas de sectores que durante años estuvieron reservados al Estado, aunque todavía deberá demostrar que puede ofrecer condiciones estables para atraer inversiones de largo plazo.