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Latinoamérica

Alberto Fernández codo a codo con el candidato socialista de Evo Morales

Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a Luis Arce, el candidato elegido por Evo Morales para las elecciones bolivianas del 3 de Mayo.

“Si yo fuese boliviano, votaría por ti” dijo el presidente argentino, luego de conversar sobre el FMI, Mercosur y de Evo.

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En la reunión íntima entre el presidente argentino y el candidato del MAS, se habló principalmente del papel del FMI en las economías de Latinoamérica. Fernández busca un aliado en la región para presionar contra el organismo supranacional, ya que desde su triunfo peligra el apoyo financiero a Argentina.

También analizaron el futuro del Mercosur, donde tanto el presidente Fernández como Arce coincidieron en que la demanda interna es el único motor para la reactivación y el crecimiento económico en los países de la “Patria Grande”.

“Hemos coincidido con el presidente Fernández que la demanda interna es el motor para reactivar la economía de nuestros países, por lo que las política económicas que buscan éxito deberían considerar este principio” – Luis Arce

Alberto Fernández destacó las medidas socialistas de Evo Morales, a pesar de que tras gobernar 13 años el país latinoamericano tuvo que renunciar y huir del país por masivas protestas en su contra, por su ostentosa corrupción y por la división de clases que generó con su discurso revanchista.
Arce, que fue el ministro de economía de Evo Morales en casi todo su régimen, le entregó un libro a Fernández donde explica sus medidas económicas y cómo logró su gobierno aplicarlas en uno de los países más pobres de la región. Entre los regalos, también se encontraba una bandera de la Whipala, bandera que representa a los pueblos originarios que residen en Bolivia, y es un estandarte del fallido gobierno de Evo Morales.
“He traído la wiphala como un regalo del pueblo boliviano al presidente Alberto Fernández que simboliza que el pueblo siempre está de pie, nunca de rodillas”, dijo Arce.

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Brasil

Gracias a la baja de impuestos de Bolsonaro, Petrobras vuelve reducir el precio del combustible

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La petrolera estatal anunció una nueva rebaja del 4,9% sobre las tarifas percibidas por el consumidor en la estación de servicios, luego de una baja de impuestos y de la caída de precios a nivel internacional.

La empresa Petrobras anunció una nueva rebaja tarifaria del 4,9%. El precio final percibido por los consumidores cae a 3,53 reales por litro de gasoil, cuando antes de los anuncios los brasileños abonaban hasta 3,71 reales por litro.

El precio percibido por los consumidores es el más bajo registrado desde el mes de marzo, en medio del estallido energético por la guerra entre Rusia y Ucrania. A su vez, se trata de la tercera caída en menos de un mes, después de los recortes anunciados el 19 y el 28 de julio respectivamente.

Los nuevos precios de referencia responden a un reajuste de precios relativos que tiene por origen la caída de las commodities a nivel internacional. La petrolera estatal se limitó a trasladar la volatilidad externa (en este caso favorable) hacia los precios internos, del mismo modo en que lo haría una empresa privada.

Se debe tener en consideración que el precio del barril de petróleo a nivel internacional se desplomó desde los US$ 140 en marzo para luego llegar a los US$ 106 en la actualidad. De no trasladarse las rebajas correspondientes, la empresa enfrentaría una disminución contraproducente de la demanda energética.

Pese a los mecanismos de control impulsados por Jair Bolsonaro, la política de precios de la empresa continúa marcando una vinculación taxativa entre los precios domésticos y los precios internacionales.

Este sistema se encuentra en vigencia desde el año 2016 y fue mantenido por la gestión de Bolsonaro, en contraste con el sistema obsoleto y autárquico que se mantenía anteriormente bajo la gestión socialista de Dilma Rousseff.

Se estima que la medida anunciada tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. El mes de julio registró una histórica deflación de hasta el 0,68%, en gran medida impulsada por una rebaja en los precios del combustible.

El Gobierno de Bolsonaro colaboró con la rebaja de precios a partir de una fuerte quita de impuestos para reordenar la estructura de precios relativos, y abaratar así la energía en relación al precio de otros bienes y servicios.

Las ventajas a raíz de los términos de intercambio con los precios de la energía, y la mejor administración de Petrobras bajo la gestión Bolsonaro, permiten avanzar con los planes de privatización.

El nuevo ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, solicitó oficialmente la incursión de estudios tendientes a producir los cambios legales necesarios para transferir Petrobras a manos privadas, maximizando así la capitalización de la empresa.  

“Como mi primer acto de gestión solicito también el inicio de los estudios tendientes a la propuesta de cambios en la ley necesarios para la desestatización de Petrobras“, anunciaba Sachsida en mayo. 

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Chile

Denuncian al secretario de Boric por utilizar fondos públicos para apoyar la campaña del “Apruebo”

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Las acciones judiciales por el delito de malversación de caudales públicos fueron aceptadas por el Juzgado de Garantías contra Giorgio Jackson

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró la admisibilidad de dos querellas presentadas en contra del gobierno, especialmente contra la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) o todos quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos.

Esto por la impresión de casi 700 mil ejemplares de la nueva Constitución en el marco de la campaña de información del Ejecutivo “Hagamos Historia“, que ya estaba siendo investigada por Contraloría por sobrepasar los límites que existen sobre el gobierno para que no interfiera en un plebiscito constituyente, de cara a las elecciones del próximo 4 de septiembre, en donde la ciudadanía aprobará o rechazará el texto propuesto por la Convención Constituyente.

La causa está dirigida principalmente contra Giorgio Jackson, secretario de la presidencia, una suerte de jefe de Gabinete de Gabriel Boric y su mano derecha en el gobierno, a quien se lo acusa de utilizar fondos públicos para apoyar a la campaña del “Apruebo”.

El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, es autor de una de las querellas, quien revela que su acción fue acogida hace más de una semana y que “hemos sugerido que se cite a declarar en primer lugar al ministro Jackson para ver sus responsabilidades en el tema“.

La raíz del delito tiene que ver sobre todo con que hay una prohibición legal de imprimir esta cantidad de documentos en la ley de presupuesto (…) crearon un ítem para poder imprimirlos, y eso es malversación de fondos porque están gastando dinero donde no se puede gastar“, dijo el parlamentario.

También se realizó una denuncia por parte del abogado Marcelo Brunet (RN). “Primero, no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación“, indicó el letrado, quien también logró que su querella sea aceptada.

Respuesta de Jackson

El ministro al frente de la Segpres, Giorgio Jackson, se refirió a la querella interpuesta por Irarrázaval, tildándolo de “show triste en términos políticos“, pero además de que “constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del ministerio público con evidentes fines electorales“.

Su respuesta resulta irónica, ya que quien está instrumentando a un Poder del Estado en beneficio del otro es el propio Jackson o, en el peor de los casos, el mismo Gabriel Boric. El secretario de estado repitió enfáticamente que en la impresión de propuestas de nueva Constitución no hubo ningún delito: “Lo descarto de manera tajante y completa”.

De hecho, criticó al diputado republicano de realizar una acción irresponsable “en momento en donde tanto tribunales como la fiscalía se ven todos los días sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito”. Delito que él mismo apoya desde su ideología de extrema izquierda garantista.

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México

Infierno en México: Ejército militariza Juárez y Tijuana para frenar una guerra narco

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Tras un enfrentamiento entre Los Chapos y Los Mexicles, la violencia se extendió hacia las calles de las ciudades fronterizas de Chihuahua y Baja California, dejando una decena de civiles muertos.

Cientos de soldados mexicanos fueron enviados el viernes a Juárez y a Tijuana después de que estallara una guerra narco en las calles de las ciudades fronteriza, que dejó una docena de civiles muertos, daños a la propiedad privada y una sociedad rehén de un grupo de criminales cómplices del gobierno.

La guerra comenzó en Juárez luego de un enfrentamiento en una prisión entre miembros de dos cárteles rivales. El choque entre los reclusos resultó en un masivo motín, que se extendió a las calles de la ciudad con tiroteos en los que murieron 11 personas, la mayoría civiles.

Los Chapos, miembros del infame Cártel de Sinaloa anteriormente dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el grupo local Los Mexicles se enfrentaron en una prisión el jueves por la tarde, dijo el viceministro de Seguridad, Ricardo Mejía.

Luego estalló un motín, que dejó 2 reclusos muertos a tiros y 4 heridos de bala, dijo Mejía, hablando junto al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa habitual. Otros 16 narcos resultaron heridos en los combates, dijo.

Desde su llegada al poder, el socialista López Obrador ha permitido la convivencia de los grupos narcos con las fuerzas de seguridad gubernamentales, incluso llegando a intervenir personalmente para reducir penas o frenar investigaciones a estos grupos.

La sangre derramada en Juarez y en todo el país, y el nivel de violencia que no se veía hace décadas en México tiene un solo responsable: López Obrador. En gobiernos anteriores se encabezaron guerras contra el narco, donde los casos de complicidad con los carteles eran esporádicos y considerados de alta corrupción. Hoy esto es la norma y dentro del gobierno de izquierda hasta parece que hay incentivos para trabajar con el narco.

Esto ha llevado a que exista un nivel de impunidad sin precedentes, y los grupos narcos usan a las ciudades mexicanas como campo de batalla, sin importar la vida humana.

Después del motín, donde los Mexicles habrían salido victoriosos, sus miembros arrasaron la ciudad, dijeron las autoridades, y mataron a 9 civiles. Entre ellos había cuatro empleados de una estación de radio, incluido un locutor, dijeron las autoridades.

Los Mexicles intentaron tomar control de toda la ciudad, miles de comercios fueron baleados e incendiados. FEMSA, la empresa matriz de la cadena de supermercados Oxxo, dijo en un comunicado que uno de sus empleados y una mujer que estaba en una entrevista de trabajo murieron en la violencia.

La violencia continuó hasta bien entrada la madrugada del viernes, y se extendió a Tijuana, en el estado de Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pidió a la Guardia Nacional que interviniera.

Así, el Ejército ingresó a las ciudades y después de varias horas de combate en las calles pudo poner fin a la violencia. Incluso pudieron apresar a Jorge Antonio “N”, uno de los líderes narcos del motín que fue registrado tirando bombas molotov a vehiculos civiles.

Los alcaldes de estas dos ciudades, ambos del partido Morena de López Obrador, han sido extensamente acusados por sus vínculos al narcotráfico. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en vez de organizar una defensa de la ciudad, se paró frente a un estrado y le pidió a los narcos que “cobren factura a quienes no les pagan” pero que “no se metan con los civiles”.

Por su parte, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, delfín político del convicto ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, falló en garantizar la seguridad en sus cárceles, y se lo acusa de complicidad con los grupos narcos, una complicidad que ciertamente se le fue de control.

Por su culpa, los ataques del jueves provocaron el incendio de taxis, autobuses, comercios y unas 20 tiendas Oxxo. Según especialistas, la única manera de que el narco llegue a estos niveles de violencia e impunidad, es por la relación con el poder. Ningún alcalde que se oponga al narcotráfico pasará por estas situaciones.

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