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Latinoamérica

Biden enviará 4.000 millones de dólares a gobiernos centroamericanos, a pesar de sus altísimos niveles de corrupción y vínculos con el narcotráfico

El anunció fue realizado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que Joe Biden destinará US$ 4.000 millones a Guatemala, El Salvador y Honduras, con el objetivo de “ayudar al desarrollo de la región”. 

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El nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desechó en su primer día en la Casa Blanca las políticas para Latinoamérica de Donald Trump y lanzará en estos días su propio programa.

El programa consiste en crear un Fondo de Ayuda Económica para México, Guatemala, El Salvador y Honduras por 4.000 millones de dólares.

El objetivo de este dinero será “desarrollar la región centroamericana” y crear cierto bienestar en estos países para evitar nuevos éxodos masivos de caravanas migratorias que tratan de ingresar a Estados Unidos. Una política muy parecida a la aplicada en el continente africano, y que solo ha generado pobreza y mayor dependencia de los gobiernos locales.

Quien encabeza este proyecto en la región es el Presidente mexicano, López Obrador. En la tarde del viernes conversaron extensamente Bidem y AMLO sobre este tema.

Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo para “resolver de fondo el fenómeno migratorio“, en especial, en los países de Centroamérica. 

“Es muy importante la cooperación para el desarrollo, que se puedan apoyar a los países centroamericanos, para que se entreguen apoyos de manera directa, como se está haciendo en México, a los habitantes de Honduras, El Salvador y Guatemala”, expresó López Obrador.

Desde el 2018, miles de centroamericanos han tratado de llegar hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Trump fue implacable y repelió la llegada de todas las movilizaciones.

El ex Presidente firmó en 2019 un convenio con el gobierno de México para que ellos se hagan cargo de frenar la migración ilegal en la región centroamericana, antes de que lleguen a la frontera EE.UU./México. López Obrador, por su parte, firmó un acuerdo similar con Guatemala.

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Hace una semana, un grupo de 9 mil personas, en su mayoría jóvenes y madres de familia, provenientes de Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua ingresó a Guatemala de manera forzosa, luego de romper los cercos policiales y militares que impedían su ingreso. 

A pesar de que la caravana de migrantes se dispersó en tres grupos con el objetivo de evadir más controles de seguridad en su paso por el país, varios serían detenidos en el departamento de Chiquimula, al oriente de Guatemala, por lo que las autoridades guatemaltecas procedieron a realizar las acciones respectivas, deportando a más de 3 mil migrantes. 

El presidente Joe Biden no ha emitido ningún comentario para desincentivar a los centroamericanos a realizar esta travesía, aunque si ha prometido que presentará una propuesta para otorgar la ciudadanía a cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados durante los primeros 100 días de gobierno. 

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El envío de fondos a la región centroamericana supone otro problema para Estados Unidos. 

Si bien es cierto que los gobiernos de Guatemala y El Salvador han realizado acciones concretas para detener el flujo migratorio hacia los países de Norteamérica, el caso de Honduras, principal aliado de Estados Unidos a lo largo de la historia, y el epicentro de las caravanas migrantes en Centroamérica, podría significar un fracaso para la administración demócrata. 

Varias organismos a nivel internacional han criticado los altos índices de corrupción por parte de funcionarios en Honduras, lo cual genera una falta de respuesta gubernamental a los problemas del país como la inseguridad, la cual es fomentada por el líder Juan Orlando Hernández, según expresan ex integrantes de la Policía hondureña. 

Incluso, el presidente Donald Trump acusó al país centroamericano de robarse la ayuda que el Gobierno estadounidense enviaba: “Esto tiene que parar (…) ellos no hacen nada por nosotros”, señaló Trump en el pasado. 

Sumado a esto, el país no tiene un plan para frenar la migración, lo cual ha sido cuestionado por la Cancillería de Guatemala, que señaló a Honduras de “incumplir los acuerdos alcanzados semanas previas entre autoridades de los países del norte de Centroamérica, México, Estados Unidos y agencias de la ONU, por lo que el país carece de confianza para actuar de manera frontal contra la migración ilegal”.

Estos 4.000 millones de dólares extraídos directamente del contribuyente norteamericano solo engrosaría los bolsillos de los políticos corruptos centroamericanos, que incluso muchos forman parte de las redes de narcotráfico.

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Uruguay

Lacalle Pou está combatiendo la delincuencia: Datos oficiales muestran históricas bajas en todos los delitos

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El Ministerio del Interior, encargado de la Seguridad Publica en el país oriental, dio a conocer el martes pasado las cifras de delitos en todo el país, y mistró que hubo una baja histórica en comparación con años anteriores.

El presidente Luis Lacalle Pou llegó al poder en Uruguay en gran parte por sus promesas de mano dura contra la delincuencia, un tema que había ofuscado el debate político en 2019.

Una pata fundamental de esta política contra la inseguridad había sido diseñada por Jorge Larrañaga, quien lamentablemente falleció en el pasado mes de mayo del año pasado y se puso en jaque el compromiso del gobierno “multicolor” en seguir combatiendo con dureza a la delincuencia.

En este contexto, Lacalle Pou publicó con bombos y platillos en Twitter una tabla con las cifras de denuncias de delitos, comparando los años 2019, 2020 y 2021.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, en el caso de los homicidios, la cifra bajó un 11,2% en comparación con 2020, y un destacable 23,7% si se toma en cuenta la variación entre 2019 y el año pasado.

Cabe recordar que hasta 2019 gobernó el Frente Amplio, partido de izquierda que por más de una década lideró el Gobierno haciendo estragos en materia de seguridad.

El ministro Alberto Heber, quien confeccionó la tabla, también expuso que los hurtos bajaron un 5,5% en el último año y un impresionante 19,9% en comparación con el periodo bianual 2019-2020. Las rapiñas bajaron un 13,5%, y 18,8%, en ambas comparativas respectivamente.

De todos modos, estos números deben ser analizados con mucha cautela, ya que principalmente en el área metropolitana, la gente, cansada de la inseguridad, ya ni siquiera realizan la denuncias correspondiente.

Un tema que también había sido central en la campaña del 2019 es el abigeato (robo de ganado en la zona rural), una problemática que el Campo le pedía al presidenciable del Partido Nacional que enfrente con especial ímpetu. Este delito fue el que más se vio reducido, según los datos expuestos, demostrando un fuerte interés del Gobierno en combatir este siniestro.

El abigeato habría bajado un 39,2% entre 2020 y 2021, periodo en el cual se implementó un importante plan de monitoreo por parte del Ejército en las zonas fronterizas con Brasil, epicentro de este tipo de delito.

Por su parte, el tipo de crimen que menos se vio reducido en los dos años de gobierno de Lacalle Pou fueron las denuncias por violencia doméstica, que se movieron 0,6% a la baja en comparación con 2020, y un magro 1,3% en total.

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Ecuador

Escandaloso: Lasso declara que el pase sanitario está por encima de la Constitución

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El mandatario ecuatoriano fue consultado sobre su postura en cuanto al pasaporte sanitario y generó polémica al responder que está de acuerdo.

El presidente de Ecuador, dijo en entrevista que nadie en el país está siendo obligado a vacunarse; no obstante, sí reconoció que el pase sanitario es requerido para ingresar a ciertos establecimientos o actividades. 

Cuando la entrevistadora le recrimina la inconstitucionalidad de la medida, Lasso no titubea al decir que la vida está por encima de la Constitución y la Ley.

Guillermo Lasso se vanagloria de sus posturas liberales y en favor de las libertades civiles, pero no ha dudado en implementar el pase sanitario, que obliga a los ecuatorianos a vacunarse si quieren ejercer sus derechos.

“En los centros comerciales y en los lugares públicos se va a exigir el carnet de vacunación como un mecanismo de protección colectiva de todos los ecuatorianos”, anunció a principio de año.

El 86% de la población ya cuenta con la primera dosis, mientras que el 76% ya completó la pauta de dos inyecciones. Además, 800.000 personas ya recibieron una dosis de refuerzo.

Ante estos datos, miles de ecuatorianos, incluyendo buena parte de sus votantes, expresaron su malestar por los dichos del jefe de estado a través de las redes sociales. No se entiende por qué el deseo de lograr la vacunación forzada de la totalidad de la población, si arriba del 70% ya es un buen número para lograr inmunidad de rebaño.

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Latinoamérica

Evo Morales, Alberto Fernández y Gabriel Boric trazan un plan para estatizar y crear una “OPEP del litio”

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La victoria de Gabriel Boric abrió la posibilidad de diseñar una política de integración en torno al mineral altamente demandado por la creciente industria tecnológica. Argentina también quiere sumar a Perú y cuenta con el aval de China.

Mientras la demanda de litio llega a un nuevo máximo histórico, debido a que este mineral es cada vez más requerido como componente en las baterías de los dispositivos electrónicos (incluidos los autos eléctricos) que ya son parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, en América Latina los gobiernos socialistas ya piensan cómo sacar provecho de esta situación.

La propuesta de estatizar la explotación del litio y cartelizarse regionalmente empezó con una propuesta de Evo Morales a Alberto Fernández durante su estadía en Buenos Aires, mientras el socialista diagramaba su vuelta al poder.

Sin embargo, fue la victoria del marxista Gabriel Boric en Chile lo que despejó cualquier duda sobre este plan y los tres líderes de la extrema izquierda ya trazan los primeros lineamientos para lanzar la “OPEP del litio”.

La OPEP es una organización internacional que carteliza a 13 países que tienen la producción de petróleo estatizada, y que en conjunto representan el 43% de la producción mundial de combustibles y más del 80% de las reservas.

Esta unión les da un enorme poder sobre el precio internacional de los hidrocarburos y en ya dos oportunidades lograron extorsionar políticamente a Estados Unidos modificando los precios; en 1978 con Jimmy Carter y ahora en 2021 con Joe Biden.

Evo Morales, Alberto Fernández y Gabriel Boric.

Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo con 21 millones de toneladas, por encima de las 14,8 millones de toneladas de Argentina y las 8,3 millones de toneladas de Chile. Por fuera de la región, los países que más tienen el mineral son Estados Unidos (6,8 millones), Australia (6,3 millones) y China (4,5 millones).

El litio vive un auge que llevó a denominarlo “el petróleo blanco“, y China es la principal pujante para asegurarse un barato suministro de este mineral. Esta “OPEP del litio” tendría también el apoyo del Partido Comunista Chino, y entre China, Bolivia, Argenitna y Chile tendrían el 65% de las reservas mundiales.

La demanda mundial de litio solo seguirá subiendo en las próximas décadas y se verá impulsada por el crecimiento de las instalaciones de fabricación de baterías, en particular en China, donde se prevé que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio aumente de unos 388,2 GWh en 2020 a 575,3 GWh en 2024.

En un artículo publicado en 2017, la revista Forbes calificó a Sudamérica como la nueva Arabia Saudita del “Petróleo Blanco”.

La “OPEP del litio” languidece y las transnacionales sonríen - NO A LA MINA  ESQUEL
El “Triángulo del Litio”, donde Bolivia, Argentina y Chile tienen enormes reservas del importante mineral.

La dificultad la tendrán estos países pasando la explotación minera a manos estatales. Por ahora, ninguno de estos gobiernos tiene una empresa estatal que se encargue de buscar, invertir y explotar las minas de litio.

En Bolivia, Evo Morales tiene un masivo plan de nacionalizar este segmento del mercado, pero incluso con el poder absoluto en el Gobierno central ha tenido problemas para que sea aprobado, y todavía está cajoneado en el Congreso, que él mismo controla.

En Argentina la situación es incluso más compleja, y actualmente el kirchnerismo —que viene de perder una elección histórica el año pasado— no tiene la espalda política para llevarlo a cabo. En Chile directamente está prohibida la estatización por la Constitución, y esto deberá ser modificado en la Convención Constituyente que actualmente está reescribiendo la Carta Magna, si Boric quiere al menos intentar su nacionalización.

Perú es otro país de la región que ha encontrado importantes reservas de litio, unas 4 millones de toneladas en el yacimiento Falchani. Evo Morales también ha tenido acercamientos con el comunista Pedro Castillo para sumarlo, pero la Constitución peruana también previene al gobierno de turno estatizar un sector de la economía, y necesitaría 2/3 del Congreso para aprobarlo. Actualmente apenas si tiene la mitad más uno de los parlamentarios para mantenerse en el cargo.

Con la salida de Felipe Solá de la Cancillería argentina, en el entorno de Santiago Cafiero dicen “no estar en tema” pero quien tomó la posta en las negociaciones fue el ministerio de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Fuentes del equipo de Filmus confirmaron que a fines de enero habrá una reunión en Bolivia para avanzar en una agenda común para el litio.

Previo a esto hubo un encuentro en el que participaron Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF) e YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación) para la conformación del Centro Andino para la Cooperación en litio.

“Nosotros como país apostamos mucho a la transición energética. Hemos colocado como uno de nuestros ejes centrales de gestión, la construcción de baterías de litio, lo que va a permitir agregar valor a la extracción primaria y así generar alternativas de exportación“, sostienen en Ciencia y Tecnología.

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