La propuesta del Presidente de recortar casi un 30% el número de bancas en el Congreso. Las reformas permitirán reducir el gasto público y aminorar el impacto de la corrupción en la estructura estatal.

El popular presidente Nayib Bukele envió unos días atrás al Congreso de El Salvador una masiva reforma con dos objetivos fundamentales: reducir el aparato burocrático y los gastos que esto implica, y atacar frontalmente la corrupción enquistada en la estructura estatal.

Haciendo valer su mayoría parlamentaria, Bukele aprobó en tiempo récord la primera parte de la legislación, que reforma el Código Electoral para eliminar el sistema de residuos en la distribución de escaños legislativos y reducir de 84 a 60 el número de diputados.

De esta manera, los diputados se elegirán en cada circunscripción electoral departamental siguiendo el método D‘Hondt, eliminando el sistema de cocientes y residuos que es altamente injusto y complicado de entender para la población en general, pasando a un sistema más estandarizado que usa el resto de países del mundo.

Tomando como ejemplo 2015, el total de votos válidos en el departamento de San Salvador fue de 621.084, al dividir esta cantidad entre 24 (que es el número de diputados que le corresponde a este departamento), el cociente fue de 25.879.

Entonces, la cantidad de votos válidos que obtiene cada partido político se divide entre el cociente. En 2015, ARENA obtuvo 270.757 votos válidos, que al dividirlo entre 25.879 dio como resultado 10.4624; es decir, eso le permitió tener 10 diputados por cociente y uno por residuo.

¿Y cómo se obtienen los diputados por residuos? Hay otros partidos políticos que no logran obtener diputados por cociente. Cada partido político saca un residuo de votos y aquel que logra la diputación es el que tiene el residuo más alto. Tal es el caso de GANA que obtuvo 25.816 votos válidos en San Salvador, y que al dividirlo entre el cociente dio como resultado 0.9975, siendo el residuo más alto.

Esta compleja manera de elegir diputados es más injusta que el sistema D’Hont a la hora de hacer la repartija proporcional, y es más complejo. De esta manera, habrá una forma más directa de elegir a los diputados, que a su vez serán menos cantidad, ya que habrá solo 60 en la próxima Asamblea Legislativa.

“Dejamos atrás el sistema de residuos que violentan el principio constitucional de la igualdad del voto. Aplicaremos el sistema D’Hont, que es utilizado por la mayoría de los países del mundo. Ahora, todos los votos valdrán lo mismo”, manifestó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.

El Congreso unicameral aprobó las reformas por 66 votos a favor, 13 en contra y cinco ausencias, y éstas entrarán en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y regirán para las elecciones legislativas a partir de los comicios previstos para el 4 de febrero de 2024.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro, del partido oficialista Nuevas Ideas, respaldó la postura de Bukele y aseguró que la medida permitirá reducir los gastos del Estado. “Esta transformación de nuestro país permitirá una mejor administración y menos gasto estatal. Los partidos tradicionales ya no podrán seguir abusando. ¡No más diputados por residuos!”, dijo Castro en conferencia de prensa.

Según las proyecciones, con estas reformas del Código Electoral, el claro beneficiado sin dudas es el partido Nuevas Ideas, que ya no perderá diputaciones por el sistema de residuos a partidos más chicos que por cantidad de votos solamente no deberían ganar una banca.

Con esta medida, es probable que solo sobrevivirían cuatro partidos, mientras que el reso, con la cantidad de votos que vienen obteniendo, perderán representación parlamentaria. Quedará el partido de Bukele, Nuevas Ideas; el conservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país por 30 años; el terrorista izquierdista FMLN, y el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que es aliado del Bukele.

El ministro de Gobernación de Bukele también presentó en el Congreso su propuesta para reorganizar el territorio y reducir la cantidad de alcaldías de 262 a 44, con el objetivo de reducir el gasto público y los costos administrativos.

“El nuevo mapa de El Salvador siempre estará dividido por sus 14 departamentos, solo que estarán distribuidos en 44 municipios y los 262 municipios actuales se convertirán en distritos”, explicó Bidegain.

De esta manera, solo habrá 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales, una estructura que parece mucho más razonable de acuerdo a la limitada geografía del país. La propuesta se está estudiando en comisión que deberá de emitir un dictamen antes de pasar al recinto.

Las tasas impositivas municipales permanecerán sin cambios, pero ahora esos mismos recursos se condicen con menor gasto público, por lo que inmediatamente pasarán a tener superavit fiscal y podrán pensar en bajar impuestos locales.

Tras el rechazo del tribunal supremo de Colombia al decreto que intervenía las tarifas, el Presidente socialista va por todo y presentará una reforma en el Congreso para boicotear la independencia de las comisiones reguladoras de manera definitiva.

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana presidido por Gustavo Petro encabeza un nuevo capítulo en el avance contra la seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo debió retroceder con su Decreto 0227 por medio del cual intervenía todas las tarifas de los servicios públicos, debido a un fallo del Consejo de Estado de Colombia (el tribunal supremo del país).

El decreto dotaba al Presidente de poderes especiales para asumir el control y la dirección de las facultades delegadas en las comisiones reguladoras de servicios públicos, entre ellas encargadas de relevar la provisión de agua potable y saneamiento, la electricidad y el sector energético.

Las medidas le permitían a Petro el poder para fijar tarifas a discreción, modificar deliberadamente las condiciones pactadas para la liberalización gradual de la competencia en los mercados regulados, la definición misma para la metodología sobre los cálculos tarifarios, y la determinación de los cargos por servicios de despacho y coordinación en los servicios alcanzados. Esto implicaba una lisa y llana violación de los contratos de concesión con las empresas prestadoras de servicios.

Ante la negativa de la Justicia, el Gobierno del socialismo anunció públicamente que presentará una reforma integral sobre el sistema de servicios públicos del país, precisamente para convalidar todas las potestades que enunciaba el fallido decreto, pero ya no con un carácter meramente transitorio como antes (que se limitaba un período de 3 meses).

Un total de 15 exministros de Energía, 2 exviceministros y 8 excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtieron por las consecuencias catastróficas que provocarían las medidas que pretende aprobar el presidente Petro.

Este grupo de implicados y expertos en energía y regulación de servicios expidió una carta abierta al público, en donde señalaron lo siguiente: “La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.

Se corre el riesgo de producir un deterioro sobre la capitalización y el mantenimiento de los servicios afectados, de la misma manera en que ocurrió en Argentina y Venezuela cuando las tarifas fueron deliberadamente intervenidas.

La distorsión de precios relativos demostró ser una herramienta increíblemente ineficaz para combatir la inflación, y con brutales costos en materia de asignación eficiente de recursos. Este tipo de medidas fracasan irremediablemente en todas las experiencias del “socialismo del siglo XXI”.

Los precios se dispararon un 7,6% en mayo y la tasa de inflación llegó al 458%. En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro retrasa la devaluación del dólar y restringe los convenios colectivos. La economía venezolana se dirige nuevamente a la recesión.

El chavismo no logra contener el proceso inflacionario a pesar del arsenal de medidas desplegadas. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) confirmó que el índice de precios al consumidor aumentó hasta un 7,6% en el mes de mayo, registrando una fuerte aceleración con respecto al 2,5% de abril y al 4,2% de marzo, aunque aún se conserva un rango “relativamente estable”.

Los precios minoristas acumularon un aumento del 84,9% en los primeros cinco meses del año. La indumentaria se disparó un 16,7% mensual, los artículos de equipamiento del hogar subieron un 11,4% y el aumento en alquileres superó el 10%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron hasta un 6,5% con respecto al mes anterior.

La tasa de inflación interanual cayó al 458% con respecto a mayo de 2022, habiéndo registrado un alza del 471% en abril, 501% en marzo y 537% en febrero respectivamente. Sin embargo, esta tendencia hacia la baja se contrasta con el repunte mensual de la variación de precios, que podría ponerle fin al proceso y sumir a Venezuela en un nuevo y violento brote inflacionario.

Para controlar la inflación, el régimen está recurriendo a dos herramientas principales: el atraso del tipo de cambio libre a través de la venta de reservas, y la represión de los aumentos salariales interviniendo los convenios colectivos.

El levantamiento de sanciones le permitió al Gobierno chavista recuperar ligeramente la producción petrolera y revitalizar el saldo exportador. Estas divisas fueron canalizadas por el Banco Central y son usadas para intervenir el mercado cambiario, retrasando a discreción el alza del dólar. El tipo de cambio libre solamente subió un 1,7% en marzo, 1,18% en abril y 3,8% en mayo, anclando la demanda de dinero para aminorar la inflación.

Al mismo tiempo, fueron intervenidos los convenios colectivos negociados, y la dictadura sólo convalidó aumentos “controlados” a través de bonos indexados por el IPC. De acuerdo a las estimaciones del OVF el salario real del sector privado se desplomó un 5% durante el primer trimestre del año, partiendo ya desde mínimos históricos colindantes con la mera subsistencia.

El atraso real de los salarios del sector público también contribuye a detener el desequilibrio de las finanzas públicas, pero el régimen no demostró una mayor intención por mantener la disciplina fiscal y el déficit es casi completamente financiado con emisión monetaria directa. La represión de los salarios y la intervención del tipo de cambio solo constituyen parches temporales si al mismo tiempo no se elimina el déficit fiscal.

La pérdida real de los ingresos trae consigo otro efecto negativo, esta vez sobre el consumo y el nivel de actividad. El OVF confirmó que el PBI de Venezuela se desplomó un 8,3% interanual en el primer trimestre del año, algo que impactó de lleno sobre las finanzas del Estado a través de una fuerte caída del 2% en la recaudación real del IVA con respecto al cuarto trimestre del año pasado.

La producción industrial cayó un 5,3% interanual durante el primer trimestre, y las ventas minoristas se derrumbaron un 13,3% en comparación con el mismo período de 2022. Se espera una nueva caída para el segundo cuarto del año, y de efectivamente concretarse la economía venezolana volvería a ingresar formalmente en la recesión.