Alexandre de Moraes, principal juez responsable de censurar a la oposición en Brasil, dijo que el bloqueo masivo no es una medida que adoptaría “en estos momentos”, pero el resto del STF tiene tiempo de votar hasta el 26 de abril.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, controlado por el presidente Lula da Silva, inició este viernes un proceso para analizar la posibilidad de bloquear aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, en Brasil.

El análisis se desarrollará mediante videoconferencias hasta el 26 de abril, fecha en la que los jueces tomarán la determinación sobre si el máximo tribunal puede suspender temporalmente el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería que se nieguen a entregar información de los usuarios investigados por delitos sin sentencia firme.

Esta votación se da en medio de fuertes denuncias de persecución política contra el gobierno de Lula, que está utilizando a los jueces de la Suprema Corte para censurar a la oposición en redes sociales, solicitando eliminar cuentas y borrar publicaciones. Incluso La Derecha Diario ha sido víctima de esto.

El principal juez señalado por ser el brazo armado del Gobierno socialista es Alexandre de Moraes, responsable de ordenar el bloqueo de miles de usuarios opositores a Lula en Twitter. Sin embargo, Moraes anticipó su voto en contra de la medida, probablemente para evitar un mayor escándalo en medio de un conflicto judicial abierto contra Elon Musk y la oposición.

Moraes, se unió al juez Edson Fachín diciendo que la medida no parecería necesaria en estos momentos, pero sorprendió su voto negativo ya que él mismo ha sido responsable en el pasado de bloquear temporalmente a Telegram, luego de que la empresa se negara a entregar información personal de sus usuarios. Hasta el momento, los otros nueve jueces aún no han votado.

La presentación de esta acción en los tribunales se inició en 2016, a través del partido Ciudadanía. El proyecto se basó en una decisión del Tribunal de Sergipe, que ordenó la suspensión de WhatsApp en todo el territorio nacional por un período de 72 horas.

WhatsApp se había negado a romper la confidencialidad de los mensajes de la aplicación cuando el tribunal pidió mensajes privados de las personas en un caso vinculado a la libertad de expresión.

En aquel entonces Facebook (ahora Meta) afirmó que los mensajes están cifrados de un extremo a otro, lo que significa que ellos no almacenan en los sistemas de la aplicación los mensajes ni pueden entregarlos, y que solo el usuario puede hacerlo.

El alcalde fue baleado en el sector La López, en el cantón Azuayo, por órden de sicarios en medio de la guerra contra el narco. José Sánchez Reyes estaba alineado con el presidente Daniel Noboa.

El alcalde del cantón Ponce Enríquez, José Sánchez Reyes, fue asesinado “a sangre fría y en medio de la calle” la noche de este miércoles, en un nuevo hecho de violencia extrema en medio de la guerra contra el narco que lanzó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Así lo confirmó el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, provincia a la que pertenece el cantón que presidía Sánchez, una zona conflictiva y donde rigen bandas narco que además de traficar estupefacientes operan minas ilegales.

“Entre sollozos e impotencia, funcionarios municipales me acaban de corroborar el asesinato a sangre fría del compañero alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez“, informó Lloret a la prensa.

Tras expresar sus condolencias a los familiares, amigos y al pueblo que lo eligió, el Prefecto exigió a las autoridades “dar con los responsables de este nuevo crimen que enluta Azuay y al Ecuador”, y agregó: “Lo asesinaron a sangre fría. En la mitad de la calle. Cae en manos del hampa, de la delincuencia“.

Medios locales reportaron que el Alcalde fue acribillado junto a otro funcionario que lo acompañaba, y que los criminales eran sicarios del narco que portaban armas largas. Cabe recordar que el alcalde José Sánchez había denunciado, el 2 de octubre de 2023, un atentado en su domicilio, del que salió ileso.

Este atentado se suma al asesinato ocurrido hace menos de un mes, el 24 de marzo, cuando sicarios armados acabaron con la vida de la alcaldesa del cantón San Vicente (Manabí), Brigitte García, y un funcionario que la acompañaba. Era la alcaldesa más joven de Ecuador y también estaba alineada con Noboa.

En un intento por garantizar elecciones libres en Venezuela, Biden había quitado todas las sanciones que había impuesto Trump contra el régimen chavista. Sin embargo, Maduro inhabilitó a toda la oposición y se cayó el Acuerdo de Barbados.

La gran apuesta de Joe Biden en Venezuela se convirtió en otro gran fracaso de su administración en materia de política internacional. Estados Unidos confirmó que no renovará las licencias que expirarán el jueves y volverán a entrar en vigencias las sanciones petroleras a Venezuela.

Luego de criticar la postura que había adoptado Estados Unidos durante la presidencia de Trump, cuando el republicano sancionó masivamente al régimen chavista, Biden ingresó a la Casa Blanca e implementó una estrategia de disuasión, levantando sanciones a cambio de garantías institucionales por parte de Maduro.

De esta manera, Biden llegó a levantar todas las sanciones contra el petróleo y gas, y alcanzó en 2023 el Acuerdo de Barbados, donde Maduro se comprometió a tener elecciones libres y democráticas a cambio de que le levantaran las prohibiciones.

Pero en vez de hacer un levante gradual y condicionado al proceso electoral, Biden levantó todas las sanciones y le dio un año de regalías petroleras a Maduro. Recién a unos meses del proceso electoral, el dictador chavista reveló su plan maestro, inhabilitó a toda la oposición y ahora irá a unas elecciones que legitimarán su régimen.

En este año sin sanciones, donde Chevron pudo operar abiertamente en Venezuela dejando enormes caudales de dinero que terminaron en las arcas del régimen, Maduro potenció su control del país, y no está ni cerca de ser removido del Palacio de Miraflores.

Washington había amenazado repetidamente en los últimos meses con restablecer las sanciones energéticas a menos que Maduro cumpliera sus promesas electorales que llevaron a un alivio parcial de las medidas desde octubre, pero el astuto dictador aprovechó todo el tiempo que pudo conseguir para llenar el Tesoro de petrodólares.

Biden también aprovechó el petróleo venezolano en los últimos años como una alternativa al petróleo y el gas ruso, que sí está fuertemente sancionado por Estados Unidos y que cada vez cuesta más que llegue a Occidente.

En Estados Unidos temen que las sanciones a Venezuela lleven a un nuevo recorte en la oferta mundial de barriles y que esto presione a la suba el precio del petróleo justo en un año electoral. Es por eso que Anthony Blinken, Secretario de Estado de Biden, ha dejado en claro que reinstaurar las sanciones no quiere decir que vuelvan al escenario de máxima presión contra el régimen chavista, y que seguirán permitiendo que el sector privado pida licencias específicas para operar en Venezuela.

Cualquier actividad bajo la licencia vencida deberá completarse antes del 31 de mayo, pero las empresas aún pueden volver a solicitar individualmente licencias específicas, aseguraron desde Washington. Obtener la aprobación dependerá de qué tan permisivo decida ser Estados Unidos.