La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.

La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.

La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.

Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.

El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.

El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.

Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.

El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.

Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.

Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.

El precio del Bitcoin se disparó más de un 60% en dólares durante los últimos cuatro meses, llegando oficialmente a los valores más elevados desde abril del año pasado. Las tenencias adquiridas por el Gobierno salvadoreño se revalorizaron drásticamente y ya muestran ganancias.

En los últimos 2 años el Gobierno salvadoreño presidido por Nayib Bukele decidió comprar hasta 3.000 bitcoins empleando una suma de 126 millones de dólares respectivamente. Al día de la fecha, la operación comienza a reportar ganancias tras la meteórica disparada de la cotización del Bitcoin en los últimos 4 meses.

El portafolio creado por Bukele se revalorizó un 3% con respecto a la situación de partida hace 2 años, y alcanza a totalizar el equivalente a los US$ 130,9 millones de dólares.

El precio del Bitcoin valuado en dólares llegó a escalar más de un 60% entre la primera semana de septiembre y los primeros cuatro días del mes de diciembre, por lo que llegó al nivel más alto observado desde abril de 2022. Asimismo, acumuló un aumento en dólares superior al 150% durante el año 2023, logrando así compensar parcialmente la fuerte caída que sufrió durante el año pasado.

Por iniciativa del Gobierno de Bukele, el Bitcoin se convirtió oficialmente en la moneda de curso legal de El Salvador (en libre competencia con el dólar) desde el 7 de septiembre de 2021. A través de esta maniobra, el Gobierno buscó activamente disminuir los costos de las remesas enviadas desde el exterior y favorecer la bancarización de la población.

El Gobierno lanzó la billetera virtual “Chivo Wallet” para permitir que los salvadoreños pudieran transaccionar con Bitcoin de manera fácil y segura, evitando el cobro de comisiones u otros costos de intermediación. Entre otras cosas, este instrumento permitió que las remesas pudieran arribar al país en bitcoins.

Por otra parte, el equipo económico de Bukele logró un importante saneamiento financiero desde el punto de vista de los compromisos del país con el mercado externo. El Estado cumplió religiosamente sus compromisos de deuda y mejoró el saldo consolidado de las finanzas públicas. 

El resultado primario registró un robusto superávit equivalente al 2,1% del PBI en 2022, mientras que para el año 2023 se registró un resultado neutral según los datos estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las erogaciones consolidadas del sector público disminuyeron del 31% al 27% del PBI entre 2021 y 2023, y la posición de deuda bruta del país retrocedió a los niveles que tenía antes del estallido de la pandemia en 2020 (llegando a representar cerca del 73% del PBI).

En consecuencia, el índice de Riesgo País de JP Morgan disminuyó drásticamente hasta llegar a los 700 puntos básicos, cuando hace solo 2 años superaba fácilmente los 2.000 puntos. El Salvador se situó cómodamente por debajo de Argentina, Bolivia y Venezuela en el podio de riesgo crediticio dentro de América Latina.

La nueva reglamentación del impuesto a las Ganancias de capital incluyó el tratamiento de las criptomonedas sobre un umbral mínimo de R$ 6.000 reales y en adelante. El nuevo impuesto tendrá vigencia a partir de enero de 2024.

La política tributaria del Gobierno de Lula da Silva es cada vez más voraz. El oficialismo logró la aprobación del Senado para una nueva modificación de la ley del impuesto a las Ganancias para personas físicas y jurídicas (empresas y fondos de inversión), esta vez en relación a las ganancias de capital. 

Se estableció un nuevo recargo impositivo del 15% sobre las ganancias vinculadas a la compra y venta de criptomonedas, para los brasileños que declaren estos activos en el exterior sobre un umbral mínimo fijado en los R$ 6.000 reales (equivalentes a US$ 1.200 dólares).

El nuevo esquema fiscal iguala el tratamiento de las ganancias de capital tanto en el exterior como a nivel doméstico, por lo que muchos fondos de inversión que hasta ahora tributaban un 8% por ganancias en criptomonedas pasarán a ser alcanzados por la tasa del 15% a partir del 1 de enero de 2024.

Esta medida llega en conjunto con un paquete fiscal implacable con el objetivo de subir la carga tributaria de Brasil. El Gobierno socialista apunta a llevar unificar una serie de impuestos internos a las ventas para lanzar un IVA integrado con un tasa del 27,5%, oficialmente la más alta del mundo.

Superará al 27% que aplica Hungría, al 25% que aplican Noruega y Dinamarca, al 24% de Finlandia, Grecia y Rumania, y al 21% que se aplica en la Argentina, España y Paraguay, entre otros países. Esto significa un costo sideral para los consumidores de Brasil, los principales damnificados por la reforma.

También se propone aumentar el impuesto aplicado a sucesiones y donaciones, aplicado tanto para personas físicas como para sociedades. Se dejará de aplicar una tasa unificada en el 8% como hasta ahora, y se propondrá un sistema de alícuotas progresivas que penaliza la acumulación de capital y fomenta la huida de grandes patrimonios del país.

Cabe señalar que el incentivo que tiene el Gobierno de Lula en producir semejante elevación de impuestos responde fundamentalmente a la nueva regla fiscal que Brasil comenzará a aplicar a partir del 2024.

El llamado “calabozo fiscal” es una regla que elimina virtualmente el techo de gastos asignado entre 2017 y 2022, y en su reemplazo establece que las erogaciones no pueden crecer sistemáticamente por encima de la recaudación, y esta última no está atada a ninguna condición en particular. 

Por lo tanto, siempre y cuando el Gobierno logre aumentar la recaudación vía impuestos, también se eleva automáticamente el techo legal de gastos presupuestarios a disposición.