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Histórico triunfo de Trump: el norteamericano Claver-Carone presidirá el BID a pesar del boicot del kirchnerismo

Luego de un boicot de Argentina, Chile y el chavismo, evitado por México, el candidato y asesor personal de Trump, Mauricio Claver-Carone triunfó en las elecciones y presidirá al Banco Interamericano de Desarrollo por los próximos 5 años.

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Tras meses de especulación y una cobertura sin precedentes para la elección a Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), finalmente el candidato de Trump, el cubano-americano Mauricio Claver-Carone, ganó la presidencia y dirigirá al organismo por los próximos 5 años.


Trump eligió a Claver-Carone para que le ponga fin a décadas del BID otorgando ingenuamente apoyo financiero a los principales gobiernos socialistas de Latinoamérica, que utilizaron el dinero para beneficio personal en vez de hacer las obras prometidas.
Mauricio Claver, de padre cubano y madre española, nacido en el Estado de Florida, será el primer Presidente de nacionalidad estadounidense en dirigir el Banco.

La elección se llevó a cabo en una Asamblea de Gobernadores del Banco a puertas cerradas, con voto secreto y de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. Claver-Carone logró el voto a favor de 30 países, mientras que 16 países se abstuvieron, dándole una victoria con el 66,8% del apoyo. Aunque el voto es secreto, trascendió que Argentina, Chile, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua y algunos países europeos no dieron su voto.

El abogado y asesor personal de Trump prometió cortar con años de corrupción en los proyectos de obra pública en la región, adoptar una línea dura contra Cuba y el régimen de Venezuela, y sacar a la billetera de China de los Gobiernos latinoamericanos.

Ha prometido, además, aumentar la transparencia y poner fin a las políticas del Banco centradas en China. 

A su vez, se comprometió a un único mandato de cinco años y luego introducir reformas para establecer límites de mandato para los futuros presidentes; en los últimos 60 años el BID tuvo tan solo 4 presidentes, los cuales pueden reelegir indefinidamente.

Mauricio representa una nueva generación de pensadores novedosos en toda la región que creen que el BID puede reenfocar sus esfuerzos en su mandato central de impulsar el desarrollo económico”, afirmó el subsecretario de Estado el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Michael Kozak, quién considera al candidato una figura de “renovación” que modernizará el Banco y expulsará a China de la región.

Mauricio Claver-Carone, asesor personal de Donald Trump y próximo Presidente del BID.

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Históricamente, los presidentes del BID han sido de nacionalidad latinoamericana, lo cual era visto como un intento de que Estados Unidos no interfiriera con las políticas públicas de los países. Por esto, el chavismo, sin representación en el BID ya que este organismo reconoce a Juan Guaidó como el Presidente, elaboró un plan para que Trump no pudiera instalar a Claver-Carone al frente del Banco.

Junto con el presidente de México, López Obrador, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y los representantes de la Unión Europea, el chavismo había impulsado que no se diera quórum para la elección de este 12 de septiembre.

Esto hubiera pospuesto la elección para marzo de 2021, luego de la elección de noviembre en Estados Unidos y, ante una posible salida de Trump de la Casa Blanca, Joe Biden ya había prometido que retiraría a Claver-Carone y en marzo nominaría a un mexicano para el puesto.

Este plan maestro dependía exclusivamente de que Joe Biden ganase las elecciones norteamericanas, lo cual cada vez es más impensado. A último momento, como anticipamos desde La Derecha Diario, López Obrador se dio cuenta de las falencias de este plan y negoció unilateralmente con Trump y le prometió que daría quórum, a cambio de su apoyo para el mexicano Jesus Seade en las elecciones de la OMC a fin de año.

Si bien México no votó por Claver-Carone, dio quórum y permitió que los demás países que sí votarían por el candidato de Trump efectuaran su voto.

Luego de una reunión en la Casa Blanca, el presidente mexicano López Obrador le habría confirmado al máximo mandatario estadounidense que no boicotearía la elección del BID y se pararía con él.

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La mayor derrota vino por parte de Argentina. Alberto Fernández, con el apoyo de Juntos por el Cambio, había impulsado la candidatura del ultra kirchnerista Gustavo Béliz como Presidente del BID que, si bien no tenía el apoyo suficiente para ganar la elección, iba a quedar en pie si se posponía la elección a marzo.

El plan de Fernández era dialogar con un Joe Biden victorioso en 2021 y negociar que la Casa Blanca demócrata defienda la candidatura de Béliz. La apuesta falló y ahora deberá enfrentar 3 años más de gobierno con un BID en manos de Trump, que probablemente va a pensar dos veces antes de otorgar nuevos préstamos al país que quiso enfrentarlo.

Además, Alberto Fernández deberá encarar una dura negociación con el FMI que, a pesar de estar en manos de dirigentes europeos, mantiene una línea directa con la Casa Blanca y no hace nada sin el visto bueno del Presidente norteamericano. El kirchnerismo eligió pelearse contra Trump en el momento que más lo van a necesitar.

Alberto Fernández consideró en una conferencia de prensa que dio desde Olivos hoy por la tarde que la designación de Mauricio Claver como Presidente no fue una derrota diplomática y que, por el contrario, "se establece un nuevo bloque geopolítico que une a la Argentina con México, Chile y doce países de la Unión Europea (UE), al haber logrado una abstención del 31,22% de los votos emitidos respecto a la candidatura del asesor de Trump."

Sin contar que México se paró con Trump, algo que Alberto Fernández no parece entender", un bloque más grande fue formado, con los votos positivos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Japón, Venezuela (Juan Guaidó), Uruguay, Bolivia, República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

"La pregunta que aún no contestó el Presidente es si Europa, Chile y México van a estar si la Casa Blanca establece un cinturón geopolítico a la Argentina, tras su jugada en los comicios del BID", trajo a colación el periodista de Infobae, Román Lejtman.

Alberto Fernández junto al presidente mexicano López Obrador. El "duo progresista" de Latinoamérica fue quebrado por la elección del BID.

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El otro gran derrotado fue el presidente chileno Sebastián Piñeraquien decidió a último momento salir a apoyar al eje socialista y no dar quórum.

Cuando México anunció que participaría de la elección, no le dejó otra opción a Chile que abstenerse de votar y dejar al país alineado al kirchnerismo y al chavismo, en una maniobra impensada para un gobierno que se adjudica representar al anti-socialismo en su país.

Sumergido en caos social, a semanas de un plebiscito histórico que puede cambiar para siempre el futuro del país, Chile necesitará la ayuda del BID para evitar que se frene la creación de nuevos proyectos en el país. Bajo esta situación, la decisión de Piñera de traicionar a Trump puede probar ser catastrófica.

En 2018, Piñera festejaba la renovada alianza entre Chile y Estados Unidos con una foto de la bandera chilena integrada en la estadounidense. En 2020, decidió traicionarlo para congraciarse con la izquierda.  

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Brasil

El Congreso de Estados Unidos insta a Alexandre de Moraes a explicar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Brasil

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La Cámara de Diputados de Estados Unidos le dió 10 días al juez de la Corte Suprema aliado de Lula para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Este 21 de junio, el Congreso de Estados Unidos le pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que explique las denuncias que tiene en su contra por violaciones a los derechos humanos en su país, en medio de una investigación a la persecución política de opositores brasileros.

Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta directamente al juez Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.

El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada ‘Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho’?”, comienza relatando la carta de Smith. “El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa. 

Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva. 

En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por el juez aliado de Lula. Entre ellos se encontraba el periodista Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril.

También testificaron en contra de Moraes el periodista brasilero Paulo Figueiredo, exiliado actualmente en Estados Unidos por haber sido muy crítico contra el gobierno de Lula, que le valió una fuerte censura por la Corte Suprema en todas sus plataformas de redes sociales, además de que su patrimonio fue bloqueado.

A su vez, Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, quien está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.

El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; y la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno.

También pide respuesta acerca de la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil a empresas estadounidenses, como Twitter.

Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.

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Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: El juez Moraes ordenó monitorear redes sociales y rastrear usuarios opositores

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La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

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Uruguay

Se desploma el modelo de Lacalle Pou en Uruguay: A 4 meses de las elecciones, hay récord de déficit fiscal y una crisis de inseguridad

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El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien recientemente ha tenido declaraciones como que "se necesita un Estado fuerte", ahora está sufriendo las consecuencias de esas ideas.

El Partido Nacional, bajo la dirección del actual presidente Luis Lacalle Pou, enfrenta una contienda electoral crítica con el Frente Amplio en octubre de este año, pero llega a las elecciones en medio de una crisis de inseguridad y un déficit fiscal récord, como no se veía desde el gobierno del comunista Pepe Mujica.

Inseguridad

La inseguridad es un tema cada vez más presente en la vida de los uruguayos, quienes enfrentan una escalada de violencia, principalmente asociada a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Esta violencia también ha aumentado en los barrios periféricos de la capital, y los casos de ajustes de cuentas, homicidios y robos son noticias cotidianas.

Las encuestas de percepción ciudadana sobre la inseguridad muestran cifras peores que las del último año del gobierno del Frente Amplio en 2019, cuando la "seguridad pública" era la principal preocupación para el 47% de los consultados.

Otras preocupaciones como "empleo" y "educación" siguieron con el 17% y el 11%, respectivamente. En ese entonces, "economía" y "pobreza/desigualdad" llegaron al 6% y al 3%, respectivamente, mientras que "salud", "corrupción" y "valores sociales/morales" completaron el 1% cada uno.

Casos impactantes, como el reciente asesinato de cuatro personas en el barrio Maracaná de Montevideo, que incluyó la muerte de un niño de 11 años, y el asesinato en 2023 de un adolescente de 15 años en la Cruz de Carrasco, han conmocionado a la población. Estos son solo ejemplos de la creciente delincuencia que Lacalle Pou no ha logrado controlar en casi 5 años de gobierno, ya sea por incapacidad política o falta de intención.

Déficit fiscal

Además de la inseguridad, el gobierno de Lacalle Pou enfrenta un grave problema de déficit fiscal. A diferencia de su par argentino, Javier Milei, que ajusta el Estado sin temor a las quejas de la casta política, Lacalle mantiene el modelo batllista del "Estado de Bienestar” desde el 1900s.

En un intento por contentar a sus socios políticos y suavizar las críticas "sociales" del Frente Amplio, el Gobierno del Partido Nacional ha recurrido a tomar deuda, queriendo promover el "crecimiento económico" a través de obra pública y empleo estatal, una estrategia que no funciona y nunca va a funcionar.

El déficit fiscal en Uruguay ha aumentado por segundo mes consecutivo este año, situándose en un 4% del PBI en los últimos 12 meses cerrados a marzo, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Este deterioro mensual consecutivo en las cuentas públicas es alarmante, considerando que la reducción del déficit es una tarea pendiente para el actual gobierno, al que le queda menos de un año.

El resultado del Sector Público Global (SPG) fue del -2,8% del PBI en marzo, pero ajustado por el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) y los adelantos realizados, se situó en el -4%. Para poner en perspectiva, Sergio Massa le entregó a Milei un desbalance fiscal de 6 puntos del PBI, y se trató del peor déficit de la historia argentina. En Uruguay, Lacalle Pou está a dos tercios del camino.

Este deterioro se debe, en parte, a los pagos adelantados de pasividades, remuneraciones y transferencias del BPS, que se realizaron el año pasado en marzo, algo que no ocurrió este año. Depurando este efecto, el resultado del GC-BPS fue de -3,3% del PBI.

La deuda uruguaya es un punto de alarma para el desarrollo económico nacional, señalado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de los recientes buenos resultados macroeconómicos que mejoraron la calificación crediticia del país por parte de Moody’s, la agencia Fitch Ratings advirtió sobre la necesidad de reducir el endeudamiento y trabajar con mayor intensidad en la consolidación fiscal.

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