Bolivia
Bolivia en llamas: Santa Cruz al borde de la separación por la negación de Evo Morales a realizar un censo
El censo, que le otorgaría una mayor distribución de recursos nacionales, mayor representación en el Congreso y podría revelar nueva información sobre el fraude del 2019, se ha convertido en uno de los choques políticos más fuertes en décadas, dejando al país al borde de una guerra civil.
La disputa por la fecha del censo nacional de población fue la gota que rebalsó el vaso en el conflicto entre el Gobierno Central y el Gobierno de Santa Cruz, despertando un fuerte estallido social en Bolivia.
Este año tocaba hacer un censo en Bolivia, muy esperado por los cruceños ya que confirmaría el enorme crecimiento poblacional de la región, lo cual implicaría mayor representación en el Congreso, menos quita de impuestos nacionales, y otros beneficios que les corresponden.
Pero el presidente Luis Arce anunció a mediados de año que pospondría el censo para el año 2024, situación que despertó el enojo de los sectores cívicos, gubernamentales y universitarios de Santa Cruz, que vieron como una vez más el gobierno con sede en La Paz menosprecia su autonomía.
Rápidamente se articuló un “comité interinstitucional” para reivindicar la realización del censo en el año 2023, reclamando que si el Gobierno Central no lo hace lo harán ellos mismos y demandarán que los resultados sean aceptados.
Las instituciones del departamento más rico y bastión opositor al socialismo del MAS y Evo Morales llevan más de 3 meses en protestas, intensificándose en las últimas semanas.
Cronología de una Bolivia en llamas
Los orígenes se remontan al año 2021, inicios del régimen que encabeza Evo Morales tras su retorno al país, cuando todo Bolivia se planteaba la necesidad de actualizar sus datos estadísticos tras el último censo en el año 2012, que estuvo plagado de irregularidades, ciudadanos que no fueron censados y artimañas para manipular resultados electorales, como se evidenció en el fraude del año 2019.
En un principio, el presidente Arce declaró al censo como “prioridad nacional”, y junto a sus ministros ordenó prepararlo para el 16 de noviembre del año 2022, exactamente 10 años después del anterior, mediante el decreto supremo 4546, calmando así las exigencias de los sectores cívicos, principalmente de Santa Cruz.
Entrado el año 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) garantizó técnica y financieramente la realización del censo a finales de este año, versión secundada por el órgano ejecutivo de Bolivia, mediante el Ministerio de Planificación, quienes declararon haber obtenido el financiamiento externo para la encuesta.
Un tiempo después, el 15 de junio de 2022, luego de que Arce coloque a un nuevo ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, el Congreso aprobó el crédito anunciado como financiamiento del censo, y la nueva autoridad volvió a garantizar su realización en el año 2022, faltando 5 meses para que se realice.
Pero un mes después, el 12 de julio de 2022, Arce llama a los gobernadores de los 9 departamentos del país (6 de oposición, 3 del MAS) al Consejo Nacional de Autonomías en La Paz. En una maniobra política sin precedentes, cuando debían viajar a la capital, el ministerio público citó al gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, a declarar en Santa Cruz por el Caso Golpe de Estado, el cual ya se ha enviado a la presidente constitucional Jeanine Añez por 10 años a la cárcel.
Asimismo, desde la sede judicial en Santa Cruz le informan a la gobernación cruceña que la presencia de su máxima autoridad era indelegable. Camacho se encontró entre la espada y la pared, pues mientras debía declarar en Santa Cruz, los gobernadores se reunían en La Paz y el no asistir a declarar implicaba que el fuera aprehendido por la policía.
Camacho decidió quedarse y no viajar a La Paz, a sabiendas que su ausencia en la reunión pospondría la realización del Consejo Nacional. Demostrando que fue una operación judicial del régimen de Evo, los fiscales suspendieron la declaración de Camacho una hora antes de la señalada, dejando al gobernador y líder de la derecha en Bolivia sin la declaración y sin la reunión con los demás mandatarios.
En ausencia de representantes de Santa Cruz, Arce ordenó postergar la reunión para fines del 2023 y aplazar el censo para el año 2024, casi dos años después de la primera fecha que, según declaraciones reiteradas del gobierno, estaba plenamente garantizada.
La reacción de Santa Cruz fue casi inmediata. Una semana después de cambiada la fecha, el Comité pro Santa Cruz, una de las organizaciones cívicas más fuertes del país, además de la Gobernación, la Alcaldía de la capital, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Colegios de Profesionales, Gremios y Juntas de Vecinos formaron el llamado Comité Interinstitucional, con el rector de la universidad, Vicente Cuéllar, a la cabeza.
En su primera asamblea, el Comité convocó a un paro cívico de 24 horas para el 22 de julio de 2022, medida que fue acatada en forma contundente, pese a que Arce envió a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al ministro de obras públicas, Edgar Montaño, para dirigir grupos de choque violentos que amenazaron a ciudadanos que acataban la medida. El gobierno fracasó y el paro se llevó a cabo, aunque Arce se negó a negociar.
Semanas después, la universidad pública preparó un documento que demuestra técnicamente que es posible hacer el censo en el año 2023, que fue entregado y rechazado por el gobierno de Arce. Producto de esto, el Comité Interinstitucional llamó a un nuevo paro de 48 horas, el 8 y 9 de agosto de 2022; esta vez sin el apoyo del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien traicionó a su electorado y se alineó a la postura del gobierno para no hacer el censo en el 2023, instruyendo a todos los funcionarios municipales trabajar en esas jornadas bajo amenaza de despidos. Nuevamente, el paro fue un éxito, pero el gobierno hizo oídos sordos a la demanda de Santa Cruz e intentó fracturar la demanda desde adentro del liderazgo cruceño.
El Comité convocó a una nueva asamblea, en donde se llamó al pueblo cruceño a un cabildo abierto para el 30 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al mismo llegaron personas de toda la ciudad y de muchas provincias del departamento. La manifestación fue en presencia del órgano electoral del país, pues el cabildo, según la constitución, es una de las formas por medio de las cuales se ejerce la democracia en forma directa, y las autoridades están obligadas a escuchar lo que se determine.
La asistencia fue tabulada en 1,5 millones de personas, un suceso histórico en Bolivia. Los oradores pregonaron la demanda del censo, pidieron procesos judiciales contra Evo Morales, quien todavía maneja los destinos del país a través de su puntero Luis Arce, y un revocatorio de mandato para el alcalde Jhonny Fernández por haberse alineado en contra de los intereses cruceños.
El discurso principal, dado por el presidente del comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, preguntó a la multitud si estaban de acuerdo en dar un plazo de 21 días al gobierno para dictar un decreto que ordene realizar el censo en el año 2023. La respuesta fue afirmativa. Además, en caso que el gobierno no dicte el decreto, el departamento entraría en un paro indefinido hasta que el gobierno dicte el decreto que solicitan.
Transcurrieron los días, y el gobierno insistía en no modificar la fecha en el 2024. Días antes de que el plazo se venza, un juez cautelar penal le dio a Rómulo Calvo la orden de estar detenido en su casa las 24 horas del día, medida cautelar por supuesto ejercicio ilegal de la profesión de médico en su contra, una clara operación política desde La Paz con la intención de presionar su renuncia, sin éxito.
Llegado el día 22 de octubre, cumplido el plazo dado por el cabildo, Evo Morales y Arce no dieron el brazo a torcer y Santa Cruz entró en el paro indefinido. Horas antes de su inicio, el gobierno mandó a Santa Cruz a la ministra de la presidencia, Maria Nela Prada, al ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, y al vocero presidencial, Jorge Richter, para instalar un diálogo con el Comité Interinstitucional.
A esta reunión de diálogo asistieron también el rector Vicente Cuellar (como cabeza del comité), los vicepresidentes del Comité pro Santa Cruz, el gobernador Luis Camacho y otros abogados constitucionalistas y técnicos estadísticos.
Este intento de diálogo estuvo marcado por los ataques que los personeros del gobierno dirigieron casi exclusivamente contra el gobernador Camacho, acusándolo de “vivir del conflicto”. Finalmente, esta mesa fracasó cuando el comité intentó proponer un nuevo decreto supremo que establezca el censo en el 2023, pero los representantes del Gobierno Nacional lo rechazaron, provocando la retirada de los miembros del comité interinstitucional. Así concluyó el primer día de paro.
Mientras tanto, iniciaron las manifestaciones que acompañaban el paro. En la zona de la frontera con Brasil, el MAS se cargó su primera víctima por la represión, pues la policía intoxicó a un ciudadano que apoyaba la protesta en Puerto Quijarro con granadas de humo.
Al día siguiente, el Gobierno Nacional se reunió con sus sectores afines para determinar formas de hacer frente al contundente paro. Horas más tarde, un líder sindicalista del MAS en Santa Cruz dio un plazo de 48 horas a Camacho para levantar el paro, caso contrario, iniciaría un cerco al departamento para que no entre ni salga comida a la capital, tal como quiso hacerlo Evo Morales tras su renuncia a la presidencia en 2019, junto a un desabastecimiento de combustible.
Entre asedios de grupos masistas a los ciudadanos que acatan el paro en las calles, y algunos enfrentamientos, el cerco se hizo una realidad. Más de 12 puntos de bloqueo en las principales carreteras del departamento impiden la entrada y salida de alimentos, junto a la llegada de gasolina y diésel para la ciudad capital. Recordemos que Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que se consumen en toda Bolivia. Se observó a ganaderos, avicultores y productores de leche regalando sus productos antes de que estos caduquen en las carreteras. Estos mismos productores advirtieron que, por los cercos, habría escasez de carne de pollo hasta inicios de 2023.
De la misma forma, los grupos de choque masistas han bloqueado el acceso al vertedero de basura de la ciudad desde que el paro se ha iniciado. Hasta el día 11 de la protesta se encontraban más de 11 mil toneladas de basura en las calles, mientras el alcalde Jhonny Fernández, alineado al MAS, no se pronunció ni intervino, lo que llevó a los vecinos de la ciudad a transportar sus residuos y dejarlos en la puerta de su residencia.
Finalmente Arce pareció ceder, y convocó a gobernadores, alcaldes de los más de 300 municipios y a los 10 rectores de las universidades públicas del país a una reunión en Cochabamba para el 28 de octubre, en donde se resolvería la fecha del censo en forma definitiva. A la misma fueron, por el comité interinstitucional de Santa Cruz, el rector y sus constitucionalistas y expertos estadísticos.
Su propuesta fue nuevamente desechada. Camacho no asistió a la reunión porque la consideró una “reunión de masistas” para hacer tiempo y “no resolver nada“.
Poco después, los departamentos de Beni y Tarija se sumaron por 24 horas al paro exigiendo censo en 2023, lo cual llevó a Arce a llamar a una nueva mesa de diálogo para el 1 de noviembre de 2022, sin condiciones.
Cabe aclarar que mientras el gobierno llama al diálogo, envía desde La Paz vehículos policiales llenos de explosivos y gases lacrimógenos que son entregados a los grupos de choque que enfrentan a las personas que acatan el paro en la ciudad, según mostraron medios locales.
De la misma forma, es el mismo régimen de Luis Arce quien arremete y puso a la policía antidisturbios para proteger a sus grupos de choque, como pasó en La Guardia, donde un grupo de ciudadanos intentó levantar el cerco del MAS para que el combustible y los alimentos ingresen a la ciudad. El enfrentamiento de más de 6 horas dejó muchos heridos, 20 arrestados y un ambiente de tensión en el departamento oriental.
Llegamos a noviembre con la ciudad de Santa Cruz afectada por la falta de combustible y una alerta sanitaria por los residuos acumulados en las calles que comprometen la salud de la población. El paro continúa, Arce no cede y las nuevas negociaciones parecen dirigirse al mismo vacío.
En una conferencia de prensa, las intenciones de diálogo que el gobierno emitió más temprano quedaron caídas cuando el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó a la prensa que “el censo en el año 2023 es técnicamente imposible”, entrando en contradicción con su propio gobierno que invitó a los cívicos para que una mesa sea la que defina la fecha en base a un debate entre técnicos.
No tiene sentido pedir que se defina una nueva fecha y a la vez decir que es imposible realizar el censo en el año 2023, ya que Santa Cruz demostró que no aceptará un censo posterior a noviembre del año que viene.
Santa Cruz lleva 19 días de paro, sin miras de solución en la mesa, y con el gobierno de Arce y Evo Morales desgastando la protesta, dejando pasar el tiempo para que, definitivamente, no sea posible hacer el censo en el año 2023.
El rector Cuellar ha puesto cuatro condiciones para levantar el paro: revocatoria de la detención domiciliaria de Rómulo Calvo para que participe en las reuniones, abrogación del decreto 4760 que establece el censo en el año 2024, el repliegue de los grupos masistas que cercan al departamento y la promulgación de un nuevo decreto que establezca censo en el 2023.
Postergar el censo, además de ser ilegal, porque la ley establece que se debe hacer cada 10 años, y no cada 12 como quiere hacerlo Arce, implica un gran perjuicio político, económico y de gestión de servicios públicos para Santa Cruz.
Se estima que Santa Cruz ronda los 3,5 millones de habitantes, 800 mil más que en 2012, producto de la migración interna hacia el próspero departamento oriental y el masivo crecimiento del nivel de vida, que va de la mano del explosivo crecimiento económico ha llegado a doblar al del resto del país.
Santa Cruz, bastión de la derecha en Bolivia, fue un ejemplo mundial de mantener la economía abierta durante la pandemia, que no se detuvo durante la cuarentena, sosteniendo económicamente al resto del país.
Otro punto fundamental del censo es que le corresponderían al menos 3 espacios más en la Cámara de Diputados y una distribución más equitativa de la distribución del gasto público nacional.
El censo también confirmaría el fraude de 2019 y las irregularidades de 2021, ya que revelería que existe más población urbana que rural, de la cual se afianza el MAS para explicar cómo gana todas las elecciones hace décadas, lo cual en realidad lo hace con vuelco de padrón.
Conjuntamente, la lucha busca mejorar los servicios de salud y educación ya colapsados en todo el país, con la asignación de más recursos para la inversión. Santa Cruz, al tener el poder económico, ahora podría consolidar su poder político en el país, y eso Evo Morales no lo puede permitir.
Bolivia
Crisis en Bolivia: El Banco Central informó las reservas más baja de la historia y el Riesgo País se disparó a los 2.140 puntos
La prima de riesgo no deja de aumentar y ya supera a la de Argentina y Ecuador, en temor a una inminente devaluación del tipo de cambio que podría revaluar el costo de las deudas en dólares. Solo quedan US$ 2.147 millones en reservas netas en la autoridad monetaria boliviana, y el Gobierno socialista podría apostar por un cepo cambiario.
La crisis de divisas se hace cada vez más aguda en Bolivia, a medida que el Gobierno no toma medidas de corrección fiscal y el tipo de cambio fijo se hace imposible de mantener. El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el saldo de reservas netas correspondiente al mes de agosto fue de tan solo US$ 2.147 millones, la cifra más baja por lo menos en el último medio siglo.
La autoridad monetaria no tiene forma de mantener el tipo de cambio nominal sin alteración, a menos que el Gobierno socialista presidido por Luis Arce decida recurrir a un cepo cambiario similar al que aplica Argentina, pero esta maniobra pondría fin al régimen implementado en 2008.
De este cómputo informado, un total de US$ 1.629 millones se corresponden con las tenencias de oro, existe una posición de US$ 45 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs), y finalmente la tenencia estrictamente nominada en divisas (principalmente dólares) sólo alcanza los US$ 437,9 millones al cierre de agosto. Se estima que estas cifras no hicieron más que disminuir hasta el día de hoy.
Estas escalofriantes cifras precipitaron una disparada suba del Riesgo País, que alcanzó y superó los 2.140 puntos básicos según la medición de la firma JP Morgan. Es la segunda prima de riesgo más alta de la región latinoamérica, únicamente por detrás de los 18.000 puntos básicos que registra la dictadura chavista de Nicolás Maduro.
De hecho, la prima de riesgo de Bolivia ya supera a Ecuador (2.000 puntos) y a la Argentina (1.890 puntos), dos países que históricamente secundaron a Venezuela en los últimos años. También se encuentra muy por encima del riesgo de El Salvador, que se desplomó a sólo 700 puntos básicos tras la revaluación de reservas por la suba del Bitcoin y la consolidación de las finanzas públicas.
La tasa de Riesgo País tiene dos componentes principales, el más conocido es el riesgo por un incumplimiento (default), pero también existe el riesgo de devaluación que implica la revaluación automática de todas las obligaciones nominadas en divisas (tanto para el Estado como para el sector privado).
Este último componente es el que está detrás del aumento del riesgo crediticio de Bolivia, ya que el régimen cambiario parece a todas luces insostenible. La introducción de un cepo cambiario sólo afianzaría todavía más el aumento del riesgo, debido a que el Gobierno podría intervenir deliberadamente el giro de divisas para pagos al exterior (como ocurrió en la Argentina en los últimos 4 años).
Asimismo, el cepo cambiario podría abortar completamente el tenue crecimiento que todavía mantenía la economía boliviana, pese a ser el más acotado de los últimos 22 años. Por la vía de la devaluación (una posibilidad cada vez más cercana), el cambio de precios relativos podría volver a inclinar la balanza comercial hacia el superávit y la acumulación de divisas, pero el shock sobre la demanda interna podría provocar una recesión.
En cualquier caso, el “milagro boliviano” de los últimos 20 años parece próximo a llegar a su fin. El socialismo del siglo XXI destruyó los cimientos fundamentales que habían dejado las reservas pro-mercado efectuadas entre la década de 1980 y 1990. La implosión del socialismo ante la lucha de poder entre Arce y Morales tampoco ayuda a alinear las expectativas con vista al futuro.
Bolivia
Bolivia al borde del estallido: El Riesgo País se disparó por encima de los 2.000 puntos y se registra el crecimiento más bajo en 22 años
La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.
La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.
La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.
Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.
El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.
El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.
Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.
El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.
Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.
Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.
Bolivia
El eje del mal: Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel, Colombia y Chile retiran sus embajadores y Argentina presenta repudio
El gobierno del socialista Luis Arce decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, y el presidente del MAS pidió incluso “declarar a Israel como un Estado terrorista”.
En medio de la ofensiva terrestre israelí sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre, Bolivia decidió romper relaciones con Israel, mientras que Colombia y Chile llamaron a consultas a sus respectivos embajadores, y la Argentina presentó un repudio formal contra el Estado judío.
En primer lugar, Bolivia anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel este martes, producto de la “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la Franja de Gaza, la cual considera una amenaza de la paz y la seguridad internacionales.
En un comunicado oficial, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, indicó que su Gobierno “ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”.
“Vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas”, anunció el vicecanciller en conferencia de prensa.
Asimismo, Bolivia ha exigido “el cese de los ataques contra el pueblo palestino” y rechaza el “hostil” trato de Israel hacia las organizaciones internacionales encargadas de distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, señaló el vicecanciller.
Por su parte, María Nela Prada, ministra de la Presidencia y canciller interina, convocó a los “países hermanos” de Bolivia a “producir una acción colectiva” para lograr la pacificación en la región y “evitar un genocidio”. Esto, debido a los “crímenes de les humanidad contra el pueblo palestino” de los que acusa a Israel.
Un día antes, el presidente de Bolivia, Luis Arce, había pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que evite un “genocidio del pueblo palestino y allane una solución definitiva para que Palestina ejerza su derecho a la autodeterminación, a su territorio sin ocupaciones ilegales y consolide su propio Estado libre e independiente”.
En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, que actualmente preside el órgano, se mostró muy crítico con la actuación del Consejo de Seguridad: “Desde el 7 de octubre nos hemos reunido varias veces y hemos votado cuatro resoluciones. Sin embargo, seguimos estancados, debido a desacuerdos internos, sobre todo entre los miembros permanentes”, afirmó el canciller de Brasil; y agregó que “Todo el mundo está viendo nuestra incapacidad para unirnos y responder a una crisis que nos desafía”.
Las autoridades bolivianas anunciaron la ruptura con Israel tras una reunión entre el presidente Luis Arce y el embajador palestino en Bolivia, Mahmoud Elalwani. El mandatario boliviano “rechazó los crímenes de guerra que se cometen en Gaza” y contó que le expresó su solidaridad al embajador y a todo el pueblo boliviano.
Por su parte, Hamas festejó en un comunicado el martes el anuncio de Bolivia expresando su “gran estima” por la decisión que tomó frente al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e instó “a los países árabes que han normalizado sus relaciones” con Israel a hacer lo mismo.
Tras el anuncio de Bolivia, Chile y Colombia tomaron cartas en el asunto y llamaron a consultas a sus embajadores en Israel como muestra de rechazo a la ofensiva terrestre israelí, la cual es producto del ataque terrorista que Hamas lanzó el pasado 7 de octubre, y que acabó con la muertes de más de 1.400 personas en Israel, y dio pie al secuestro de, por lo menos, otras 230.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a través de su cuenta de X que llamó a su embajadora a consultas alegando que, “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”. La llamada a consultas, dentro del ámbito diplomático, representa una señal de protesta más dura que una simple declaración oficial.
Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile, escribió en su cuenta de X que, “Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”.
El presidente chileno agregó que “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares -que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.
Cabe recordar que Bolivia expulsó al embajador israelí en 2009 durante la presidencia de Evo Morales con motivos de otro conflicto entre Israel y Hamas; y que las relaciones fueron recién restablecidas durante el gobierno de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.
En este sentido, el expresidente Evo Morales ha pedido a Luis Arce una condena más firme contra Israel. Sin embargo, tras la decisión del gobierno actual, Morales sentenció que la ruptura de relaciones “no es suficiente”. Bolivia “Debe declarar al estado de Israel como un estado terrorista”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, la Cancillería de Argentina se sumó a la posición de Boric y Petro, y a través de un comunicado firmado por el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, condenaron la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamás.
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