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Bolivia

Chapare: la región de Bolivia todavía gobernada por el narco-socialismo terrorista

La región cocalera y bastión político de Evo Morales, el Chapare, se encuentra bajo una dictadura sindical que responde directamente al líder socialista auto-exiliado en Argentina, que la gestiona desde Buenos Aires.

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A raíz de las protestas de octubre y noviembre de 2019 contra el fraude electoral que culminaron con la renuncia de Evo Morales y la llegada constitucional  de Jeanine Añez a la presidencia de Bolivia, su administración ha venido siendo blanco de diferentes ataques provenientes desde Buenos Aires, centro operativo del ex-presidente que trató de convertirse en dictador y no pudo. 

Estos ataques han sido orquestados con la plena finalidad de atentar contra la paz, la estabilidad y la sociedad boliviana en su conjunto, a fin de garantizar el retorno de Evo Morales a las esferas gubernamentales, ya sea por medio del candidato del MAS, Luis Arce u otra forma menos afortunada.

Durante todo este periodo de transición democrática, han existido distintos movimientos socialistas con apoyo reducido pero algunos con alta efectividad en diferentes localidades del territorio boliviano con fines evidentemente políticos. Por ejemplo El Alto, Yapacaní, Chapare; esta última, se encuentra bajo una dictadura sindical al mando directo de su principal dirigente auto exiliado, Evo Morales, cuyos adeptos en Chapare, luego de su renuncia, saquearon e incendiaron puestos policiales para después expulsar a todos los efectivos de sus municipios.
En la región del Chapare se producen de manera ilegal y excedentaria miles de toneladas de hoja de coca y marihuana con fines de producción y comercialización de estupefacientes, existencia probada fruto de los operativos anti-narcóticos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en la zona.
Desde ya, Evo Morales no iba a permitir perder su suministro narco en Bolivia. Chapare hoy es una región en donde el Estado boliviano no puede ejercer su soberanía de manera completa y efectiva.

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En el mes de marzo, el dirigente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó su disconformidad con las operaciones para erradicar los cultivos excedentarios de coca en la región, luego de que Añez haya mencionado que “el 90% de la producción de coca en el Chapare es destinada al narcotráfico” y que cárteles internacionales operan en el país gracias a la venia otorgada por el gobierno anterior”

De esta forma, los cocaleros tildaron los operativos de persecución política y expresaron que “primero muertos a perder nuestros cultivos”.

También protagonizaron hechos violentos, como lo fue la emboscada a agentes anti-drogas de la Policía durante un operativo de rastrillaje dentro del plan de re-ingreso de la presencia policial a la zona. 

Así mismo, en el mes de abril, los pobladores del Municipio de Shinahota expulsaron en una turba a 85 efectivos policiales de su territorio mientras realizaban los controles correspondientes por la emergencia sanitaria de COVID-19 en el departamento de Cochabamba.

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Recientemente, uno de los sucesos que los volvió a colocar en el centro de atención pública fue el secuestro de dos periodistas del medio de comunicación local UNITEL, quienes cubrían la noticia del desarrollo de un bloqueo a la Ruta Nacional 4 en las inmediaciones del municipio de Entre Ríos a raíz de una supuesta inoperancia del gobierno nacional sobre el Coronavirus en esta región.

El hecho fue notado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, quien lo denunció y comunicó que los afectados ya estaban resguardados por la Policía Nacional, además de responsabilizar a dirigentes del MAS como autores del secuestro.

Como consecuencia, para garantizar la seguridad de la población, el gobierno de Bolivia decidió incrementar la presencia de efectivos de la Policía y el Ejército en el Chapare en un número aproximado de 7.000 efectivos que colaborarán con los ya presentes en el intento de recuperar el control de la región, el resguardo civil y el cumplimiento de la normativa en este territorio.

De esta forma, luego de los reiterados actos violentos contra las instituciones publicas de seguridad, prensa y sociedad civil, la región en cuestión, y sus dirigentes, se constituyen en un agente activo para la anarquía, el desgobierno y la inestabilidad en el territorio del Estado boliviano.

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CORONAVIRUS EN EL CHAPARE

Con respecto al avance y planes de contención ante el brote del virus chino en esta región, el gobierno nacional determinó el encapsulamiento del Chapare para contener el incremento brusco de casos positivos, atribuibles a las marchas y manifestaciones políticas en contra del gobierno constitucional, como sucedió en Trinidad, Beni. También anunciaron un recorrido “casa por casa” para la detección de nuevos positivos.

Según los informes del Servicio Nacional de Epidemiología, 35% de los infectados y 45% de las muertes en Cochabamba provienen del Chapare, hechos notablemente contrastantes con las declaraciones vertidas por el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, donde llamaba al escepticismo de la enfermedad y hacía eco de su “inexistencia”. 

Recientemente, Rojas dio positivo de coronavirus y se encuentra intubado en una clínica privada de la Ciudad de Cochabamba, también, funcionarios de la gobernación de ese departamento entrarán en cuarentena por haber tenido contacto con Rojas.

Mientras las bases sindicales del Movimiento al Socialismo se exponen al contagio del virus chino, la cúpula dominante se aprovecha de su condición vulnerable para seguir con sus campañas de desinformación.

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Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

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El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

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Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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