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Congreso de Perú declara persona no grata a Evo Morales y pone en jaque su visita a Cusco a fin de año

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Parlamentarios peruanos de la Comisión de Relaciones Exteriores emitieron un declaración en contra del ex presidente de Bolivia. Al mismo tiempo, exhortaron al Ministerio del Interior y al de Defensa a impedir su ingreso al país andino.

Nuevo revés para el socialismo de la Patria Grande en Latinoamérica. Esta vez, en contra del tirano boliviano Evo Morales, padrino político del presidente comunista de Perú, Pedro Castillo.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano votó esta semana para declarar a Evo Morales como persona no grata en el país, emitiendo un pronunciamiento de censura por “intromisión política y activismo político negativoen Perú.

El documento reza en su parte principal: “Declarar persona no grata a Evo Morales Ayma en nuestro país por su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”, el cual fue aprobado el 22 de noviembre en una sesión.

Dicha instancia parlamentaria emite este documento un mes antes del viaje programado por Evo Morales a Cusco, donde Castillo planeaba re-lanzar su gobierno, después de varios meses de turbulencias políticas y una guerra civil total en el partido oficialista.

Evo Morales.

Esta declaración no es la primera que se había intentado por el Congreso de Perú, que cabe recordar tiene mayoría de derecha, a pesar de que varios partidos más de centro han estado vendiendo su apoyo a Castillo.

En el pleno del Congreso, en agosto de este año se rechazó una moción similar, propuesta por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País. 

El pleno del Congreso peruano rechazó la moción con 45 votos a favor, 62 en contra y 12 abstenciones. En la nueva resolución de la Comisión, se cuestiona que el Estado peruano brinde seguridad y disposición de bienes estatales, como vehículos y hospedaje, para una persona que no ha estado “haciendo daño” al país.

La comisión de relaciones exteriores está dominada por la oposición. De los 15 miembros, 9 votaron a favor de la declaración. Estos forman parte de los partidos de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso (APP). En contra, votaron solo los miembros de Perú Libre, y se abstuvo el centrista Acción Popular.

Los asuntos que causaron la declaración son aquellos que Evo Morales ha repetido hasta el cansancio en Bolivia: un relato discriminatorio y supremacista indígena en Perú.

Al igual que en Bolivia en 2006, ha propuesto a su apadrinado Pedro Castillo el desarrollar una asamblea constituyente, expropiar la explotación de recursos naturales, ampliar la cantidad de cultivos de coca y dividir los territorios de los pueblos autóctonos de Perú.

Estas actividades, son una réplica exacta del proceso que llevó a cabo en Bolivia, cuyos efectos fueron la polarización social, incremento descomunal de la producción de cocaína en el país, extinción del estado de derecho, fracaso y quiebra de las empresas públicas, huida de capitales extranjeros y un riesgo constante de conflictos sociales producto del trato desigual frente a la ley, dando privilegios a sectores afines al Movimiento al Socialismo, partido de Evo.

También, otra motivante para esta declaración fue el anuncio de Evo sobre su concurrencia a Cuzco el 21 de diciembre en ocasión de la reunión de RUNASUR, el intento del socialismo sudamericano para no dejar morir a la fracasada UNASUR. La cual aglutina a “sectores indígenas” de Sudamérica para combatir al “imperialismo, colonialismo y capitalismo”. Cuyo fin es la separación social, tanto en Bolivia, como en Perú y Chile.

Las actitudes del caudillo cocalero hacen caer en saco roto todas las declaraciones, basadas en hechos imaginarios, que emitió durante su mandato contra Estados Unidos, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros a los cuales calificó como “intervencionistas” y “violadores de la soberanía boliviana”. Ahora es él mismo quien recibe estos calificativos y se le prohíbe su ingreso.

Leal a su estilo victimista, el ex dictador fugado respondió a esta declaración que le fue emitida, esperando que los promotores de la declaración “no sean partes del racismo”.

Este rechazo a Morales, se une a las seguidas derrotas que ha tenido tanto en su país como en la región sudamericana, puesto que recientemente, la derecha boliviana lo derrotó y consiguió que ordene abrogar la ley 1386 y en días anteriores, Paraguay expulsó al embajador de Bolivia, Mario Cronenbold, quien fue designado por el propio Morales como consuelo por haber perdido la gobernación de Santa Cruz frente a Luis Camacho.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

Bolivia

El pueblo de Bolivia le gana al régimen de Evo Morales: Arce cede y anuncia la derogación de la Ley 1386

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El gobierno finalmente derogará la ley que hizo estallar en protesta a los partidos de derecha y a los gremios. Esta norma le daba poderes inconstitucionales al presidente.

Luego de 7 días de paro total en Bolivia, una movilización organizada por partidos de derecha, gremios y movimientos cívicos, el régimen de Evo Morales finalmente dio el brazo a torcer.

El títere de la dictadura, el presidente Luis Arce, junto al vicepresidente David Choquehuanca y otros dirigentes leales a Evo Morales, anunció en el palacio presidencial que decidieron derogar la Ley 1386, una norma aprobada por la mayoría socialista en el Congreso que le daba poderes inconstitucionales al presidente.

En aquella conferencia de prensa, se reunieron en la sede del gobierno algunos dirigentes de sectores del MAS, como la Central Obrera Boliviana, campesinos y dirigentes mineros. Antes de Arce, fueron ellos quienes tomaron la palabra, emitiendo mensajes en tono bélico y desafiante.

Estos dirigentes lanzaron fuertes amenazas al grueso de la población boliviana que está protestando, diciendo que “ahora ya no hay excusas para estar parando”, que “si no se levantan los bloqueos, estaban listos para movilizarse y desbloquear” y “no queremos más dolor, luto e intranquilidad”. Cabe recordar que estos mismos grupos realizaron paros violentos en plena pandemia contra la presidente Jeanine Añez el año pasado.

Arce, sin embargo, dio un discurso en las antípodas de los sindicalista, poniendo paños fríos y pidiendo diálogo y consenso. Afirmó que su gobierno “ha escuchado al pueblo”, por ello, han tomado la decisión política de derogar la ley 1386. Afirma que lo hacen para pacificar, cuando sus aliados, más bien, amenazan desde el poder con causar más caos y más violencia.

“Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, anunció Luis Arce.

Arce anunciando la abrogación de la Ley 1386.

La decisión de abrogar la ley 1386 surge luego de que fracasara el intento del régimen de querer dividir a los manifestantes. Días anteriores, el ministro de economía, Marcelo Montenegro, convocaba a los gremiales de derecha a un diálogo en Cochabamba para analizar sus demandas, corregir y socializar la ley en cuestión.

Sin embargo, esta convocatoria no consideró a otras facciones que también exigían la derogación, como son el transporte pesado internacional, y los comités cívicos.

Como era de esperarse, la convocatoria fracasó, y los manifestantes endurecieron su postura, ya que, para sentarse a dialogar, primero exigían la abrogación de la ley.

Movilización en Montero, al norte de Santa Cruz.

A pesar del anuncio de la derogación, que se trata hoy en el Congreso, los dirigentes gremiales de derecha anunciaron que no se levantaría el paro hasta que el Congreso apruebe la ley abrogatoria y la firma de Arce esté puesta sobre el papel.

El Comité pro Santa Cruz también anunció que se convocará a gremios y transporte para analizar qué pasos deben seguirse tras el anuncio, ya que hay otras cuestiones políticas socialistas que introdujo Arce en los últimos meses que atentan contra las población.

Así, los cívicos pedirán a los movilizados continuar hasta que se restituya la norma de los 2/3 en el Congreso. ¿Qué es esto? Antes de que asuma el nuevo Congreso tras las elecciones del 2020, el MAS (partido de Evo) hizo valer su mayoría de 2/3 de los congresistas para eliminar que ciertas leyes importantes necesiten de la regla de los 2/3. ¿Por qué? Porque en el actual Congreso, el MAS no tiene más esa cantidad de diputados.

Junto a esto, los comités cívicos ahora piden por la derogación de otras normas, como la Ley 1407, que contiene el Plan de Desarrollo Económico y Social, que establece la obligatoriedad para que los gobiernos subnacionales y universidades elaboren su planificación de acuerdo con la impuesta por el gobierno central, o la Ley 1398 de Registro de Comercio, que deja de lado a Fundempresa, una entidad independiente, para otorgarle al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad dependiente del Ejecutivo que tenga las funciones del registro de todas las empresas de Bolivia.

Varios analistas y periodistas locales coinciden en asegurar que el gobierno de Arce viene en una escalada continua de derrotas y vergüenzas. Estas van desde el fracaso en la extensión de su monopolio de la hoja de coca para producir drogas, hasta la más reciente abrogación, donde ni sacando eventualmente al ejército pudieron intimidar a la población. Arce inicia su segundo año de gobierno totalmente desgastado.

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Bolivia

Paro total en Bolivia: la derecha y los gremios protestan contra el régimen de Evo Morales, que ya se cargó la primera víctima

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El paro organizado por la derecha boliviana se extiende a todo el país y el rechazo al régimen de Evo Morales es generalizado.

Al cumplir la cuarta jornada desde que los gremios, los partidos de derecha y los movimientos cívicos acordaran un paro general contra el régimen de Evo Morales, el país se encamina al acatamiento total en todas las regiones de Bolivia.

A pesar de que en un primer momento solo algunos departamentos adhirieron, la protesta contra las nuevas leyes inconstitucionales del presidente Luis Arce, delfín político de Evo, se ha extendido a todo el país, especialmente tras registrarse la primera víctima por la represión de las fuerzas masistas.

Se trata de un individuo de 25 años de edad, cuya autopsia revela una asfixia y golpes mecánicos como causales de su fallecimiento.

Pese a los intentos del gobierno central de minimizar la protesta, esta tiende a fortalecerse y masificarse en varias regiones, y Bolivia parece encaminarse a cumplir su primera semana de paro indefinido.

No siendo indiferentes, la población de Potosí acudió al llamado de los cívicos y resolvieron una agenda. Entre los puntos principales se tiene:

  • Declarar “enemigos de Potosí” al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca;
  • Dar un plazo de 24 horas al MAS para derogar en el Congreso la Ley 1386, norma controversial que generó la protesta;
  • Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani (MAS).

Los manifestantes prometieron continuas marchas de protesta con el apoyo de sectores mineros locales, que se suman a la huelga y rechazan las políticas del gobierno. 

Hacia el centro del país, en Cochabamba, la ciudadanía se autoconvocó a una marcha para exigir lo mismo que todos los gremios que convocaron al paro indefinido.

En esta marcha, se determinó que Cochabamba se plegaba totalmente a la medida. Se espera que se acate con mayor fortaleza en la ciudad capital. También, se anunció la rearticulación de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), un grupo de choque de derecha, compuesto mayoritariamente por jóvenes, que en el paro de 2019 fueron determinantes para impedir el avance de las hordas masistas dentro de la ciudad de Cochabamba tras el fraude de Evo Morales.

La RJC había sido desarticulada el año pasado, cuando el régimen de Arce ordenó a la justicia apresar sin justificación a su líder, Yassir Molina. Pero el desastre del gobierno de Evo y Arce ha sido tan grande en tan poco tiempo, que el grupo se ha reorganizado.

En la sede de gobierno se midieron fuerzas. Por una parte, marcharon los del Comité de Defensa de la Democracia por todo el centro y la avenida principal de la ciudad.

Esta marcha contó con el respaldo de algunos parlamentarios de oposición, principalmente de Comunidad Ciudadana. En contrapartida, sectores “autoconvocados” leales al gobierno y al MAS, se concentraron en una plaza cercana al palacio de gobierno.

Mientras tanto, en el bastión de la protesta, Santa Cruz, la medida tiende a mostrarse cada vez con mayor fortaleza. Luego de los abusos por parte de la policía, los vecinos de la capital han salido en mayor proporción de los días anteriores.

En los suburbios, los enfrentamientos continúan, y los protagonizan sectores del MAS que “quieren trabajar”, algo muy raro de su parte puesto la experiencia, pero en vez de hacerlo, cosa que sí pueden porque el paro no es obligatorio, se dedican a intentar terminar el paro por la fuerza.

El presidente cívico, Rómulo Calvo, ha anunciado la firmeza de la medida y se especula que en los próximos días se convoque a un cabildo para resistir al gobierno.

En esta misma ciudad, el transporte pesado sacará toda su maquinaria para movilizarse y bloquear las salidas principales de este departamento hacia el interior del país y las fronteras. 

El régimen tiene miedo

Dentro del entorno presidencial se comienza a notar un tenso ambiente de nerviosismo y temor. Primeramente, el presidente Arce desistió de viajar a Potosí con motivo del aniversario de esa región, escudándose en la seguridad del entorno palaciego que lo rodea.

Sin embargo, esa no es la única muestra de debilidad, recientemente se acercó a algunos sectores mineros e indígenas para decirles que “los necesita para impedir un nuevo golpe de estado”.

También, usando de excusa la conmemoración del segundo año de la renuncia de Evo Morales, Arce se replegará al bastión del MAS, en el Chapare.

Arce ha intentado garantizarse la confianza de la policía y del Ejército, removiendo a gran mayoría de los comandantes departamentales y ha ascendido al grado de general al comandante nacional, Jhonny Aguilera. Esto para garantizarse que no habrá actos de desacato en las fuerzas del orden, como en 2019, lo que apresuró la renuncia de Morales.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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A un año de la vuelta al poder de Evo Morales, la derecha y los gremios convocan un paro nacional indefinido

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Desde el 8 de noviembre, las instituciones cívicas de derecha, junto a gremiales, transporte internacional y ciudadanía en general, llevan a cabo una huelga nacional en contra de un paquete de leyes que atentan contra la propiedad y la privacidad. A dos años de la caída de Evo Morales, el país sigue polarizado.

La nueva gestión del MAS cumplió su primer año en el gobierno posterior a la renuncia y vuelta al país de Evo Morales. Sin embargo, lo que representaría un momento de festejo para el socialismo boliviano, se vio empañado por una masiva protesta nacional que reunió a muchos sectores de la oposición para manifestarse contra el régimen de Evo Morales y su títere en el poder, Luis Arce.

Las protestas se dan en rechazo, principalmente, a la Ley 1.386 de “Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, la cual, en sus 7 artículos, otorga facultades inconstitucionales al Poder Ejecutivo, entre ellos el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones Financieras y otros organismos del Estado para intervenir cuentas, obtener datos bancarios, patrimoniales e informáticos, abrir investigaciones a sola sospecha, embargar bienes, violentar secretos bancarios y profesionales sin que se necesite una orden judicial ni siguiendo procedimientos penales a quienes no justifiquen adecuadamente el origen de sus bienes.

Esta misma ley, también faculta al presidente a modificar su contenido luego de su aprobación, mediante decretos supremos, “para perfeccionar el cumplimiento de los objetivos de la ley”.

Todas estas disposiciones van en contra de los derechos constitucionales de privacidad, inviolabilidad de domicilio, patrimonio y comunicaciones, además que pretende otorgar super poderes al ejecutivo para manipular los datos antes mencionados a como lo disponga, y en contra de la propia constitución.

Esta norma provocó el inmediato rechazo de todos los sectores gremiales, de transporte, empresarios, cívicos y ciudadanía en general, puesto que más del 85% de la población percibe ingresos en la informalidad, es decir, que no son empleados con salario fijo ni con registro en planillas de alguna empresa registrada.

Luis Arce ante el Congreso.

Así, gremiales y transportistas han convocado un paro nacional indefinido desde el lunes 8 de noviembre, medida a la que se suman los cívicos, que consideran que el régimen atenta contra el modelo liberal cruceño.

El primer día de la protesta fue acatado parcialmente en el país y coincidió con el informe anual de gestión que Luis Arce emitió ante el Congreso. Como ya es costumbre del mandatario, únicamente se dedicó a proferir comparaciones de su gestión con la del “gobierno de facto” o “gobierno de la derecha golpista”, como llaman desde el MAS al periodo transitorio de la presidente constitucional Jeanine Añez, responsabilizando a esa administración por los efectos que tuvo la pandemia.

El discurso de Arce ante el Congreso se da en un momento en el cual el MAS ha copado las directivas de Diputados y el Senado, luego de haber sobornado a algunos parlamentarios del socialdemócrata Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos para que voten por sus candidatos y formen parte de la directiva.

De estos desertores, 2 pertenecen al partido de Carlos Mesa y 5 a UCS del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cuyo partido, en el pasado, respaldó a Luis Fernando Camacho en su candidatura presidencial. En ambos casos, todos fueron apartados de sus partidos políticos, y en el caso de Creemos, buscarán quitarlos del congreso, según lo dicho por su líder, Fernando Camacho.

El informe de Arce trató, sin éxito, de mostrar una imagen de “reconstrucción”, la cual se vio truncada al repetir más de 50 veces la frase “gobierno de facto” y 16 veces “derecha golpista”.

Ante esto, el pleno congresal se convirtió en un escenario bochornoso, lleno de carteles, silbidos y abucheos al presidente, quien tampoco se salvó de tener notorios arranques de ira durante su alocución.

Su único éxito ostentable fue haber “colocado 7,9 millones de dosis de vacuna contra el covid”, una cifra que queda muy lejana de lo que otros países de la región han logrado. En todo su discurso, basó su año de gestión comparándose con la presidencia del 2020 de Añez.

Choques en el recinto del Congreso.

Luego de esto, el paro se desarrolló con un acatamiento parcial en el país. Nuevamente, es Santa Cruz la región en donde muestra su fortaleza, tanto en la ciudad capital como en las provincias, quedándo una vez más como el bastión de resistencia al régimen socialista que gobierna Bolivia.

El paro se acata pese a que horas antes de que inicie, el ministerio de gobierno replegó policías del interior del país para tratar de aplacar la medida, sin éxito. También, es importante señalar que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, grupos masistas, en cooperación con la policía, fueron a desbloquear violentamente las calles principales de esta ciudad. 

Se observa en vídeos a policías tirando mesas y sillas usadas por vecinos para instalarse en las calles y a grupos encapuchados que lanzaban petardos contra la ciudadanía instalada en sus lugares de bloqueo. También se registraron enfrentamientos entre cívicos y masistas en los suburbios, donde la policía gasificó.

En regiones como Cochabamba tuvo un acatamiento parcial, con bloqueos esporádicos y las instituciones del estado regional y nacional funcionando normalmente.

En La Paz, sede de gobierno, no se registraron puntos de bloqueo como en 2019, pero sí se hizo notar una importante marcha de gremiales y mineros que rechazan la Ley 1386.

Hacia el sur del país, en Potosí se notó también un acatamiento total a la medida de paro. En este departamento, los cívicos declararon “personas no gratas” a Luis Arce y David Choquehuanca, presidente y vicepresidente del país.

También se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y militantes del MAS, que dejaron algunos heridos tras la gresca. Potosí ya es, por debajo de Santa Cruz, uno de los epicentros del antimasismo.

También en el sur, Tarija resistió al gobierno y sus grupos con más de 50 puntos de bloqueo en la capital y carreteras nacionales. Por el contrario, otras regiones como Pando, Beni y Chuquisaca no acataron la medida, o la acataron muy esporádicamente. 

Hacia el segundo día, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que la medida en Santa Cruz se mantiene, versión que ha sido secundada por los líderes gremiales de las otras regiones del país.

El transporte internacional ha anunciado que desplegará su maquinaria a todas las carreteras del país para cerrar los pasos fronterizos y no se sabe hasta cuándo durará este paro nacional convocado por la derecha.

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