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El derechista Luis Fernando Camacho lanza su candidatura para Gobernador de Santa Cruz en Bolivia, prometiendo frenar el totalitarismo de Evo Morales

Tras quedar tercero con un 14% en las pasadas elecciones generales, Luis Fernando Camacho lanzó esta semana su candidatura a la Gobernación del departamento Santa Cruz para 2021. Aseguró que luchará por la consolidación del federalismo en Bolivia contra el MAS.

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Este martes, el ex candidato presidencial y principal líder de la derecha boliviana, Luis Fernando Camacho, ha sido proclamado como candidato a gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz por la agrupación “Creemos”, que recientemente consiguió su personera jurídica para poder participar de las elecciones regionales, misma que amparó su candidatura en los pasados comicios de octubre.
El acto contó con la presencia de ex líderes del Comité Cívico Pro Santa Cruz y otras agrupaciones políticas locales, como lo son “Nuevo Poder Ciudadano” y “Autonomía Para Bolivia”, así como también representantes de partidos de alcance nacional como el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), cuya adhesión a Creemos en la carrera por la gobernación cruceña fue confirmada en el evento.

En su discurso, el cual fue ovacionado por la multitud presente, Camacho agradeció a los sectores que lo apoyaron durante los comicios presidenciales, así como también a aquellos que se están sumando de cara a los comicios de marzo del próximo año, y afirmó que “Creemos vino para cambiar Santa Cruz y Bolivia.”. 

Sobre su aspiración a la gobernación de Santa Cruz, el líder derechista afirmó que desde este frente, su objetivo era recuperar las autonomías y encaminar a Bolivia hacia el federalismo, “Necesitamos consolidar el mandato del cabildo del 4 de octubre de 2019 porque necesitamos una Bolivia federal”, exclamó.

Por su parte, Germán Antelo, líder de NPC, aseguró que el apoyo a Luis Fernando es sin duda esa alternativa que necesitan los cruceños: que Santa Cruz se gobierne desde Santa Cruz, que no se gobierne desde el Chapare, ese es el objetivo”.

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La figura de Camacho al frente de Santa Cruz será fundamental para ponerle un freno a los absolutismos del MAS que controla el gobierno nacional.

Camacho fue el principal líder social que llevó a cabo masivas movilizaciones, no sólo en Santa Cruz (aunque este fue el epicentro) si no que en todo el país, cuando se descubrió que Evo Morales había presionado al Tribunal Electoral para que avale el fraude electoral que estaban llevando a cabo los punteros de su partido.

El ahora candidato a gobernador, ingresó al Palacio de Gobierno en medio del caos previo a la renuncia de Morales del 10 de noviembre, y le dejó en su oficina una biblia y la carta de renuncia para que la firme y “libere al pueblo boliviano de su tiranía“.

Horas más tarde, el ex presidente que quiso mantenerse en el poder como un dictador renunció a su cargo y se escapó hacia México. Pero Camacho ya había hecho historia, y todo este impulso popular lo llevó a ser candidato a Presidente en las recientes elecciones de este año.

En los comicios salió tercero a nivel nacional con el 14% de los votos, pero logró un importantísimo primer puesto en el departamento de Santa Cruz, con el 45% de los votos, convirtiéndolo en el líder indiscutido de la política santacruceña.

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La candidatura de Luis Fernando Camacho para las futuras elecciones subnacionales, que se llevarán a cabo el 7 de marzo del 2021 si no se presentan inconvenientes, era casi un hecho. Sin embargo, la duda estaba en que si el ex líder cívico optaría por postularse para la gobernación de Santa Cruz, o para la alcaldía de la ciudad homónima.

Los rumores y suposiciones acerca del futuro político del ex-cívico culminaron cuando de manera accidental, el recientemente proclamado candidato a alcalde de la ciudad de Montero, Regys Medina Paz publicó en su cuenta personal de Facebook una foto frente a un cartel con la cara de Luis Fernando Camacho y con la descripción “Estoy con vos, ¡futuro gobernador!”. 
Horas después del error comunicacional, la portavoz de la alianza, Paola Aguirre confirmaría la postulación de Camacho a Gobernador de Santa Cruz. 
Se espera que más agrupaciones políticas se adhieran a la candidatura de Luis Fernando Camacho, entre ellas, el centroderechista Movimiento Demócrata Social (Demócratas), que durante las pasadas elecciones se mantuvo como primera fuerza política y siempre han tenido resultados destacables en las elecciones regionales de Santa Cruz a pesar del desgaste que ha tenido por distintos escándalos.
A pesar de la oposición de algunas importantes figuras del partido (mismas que anunciaron su salida del partido el pasado 21 de diciembre), el Presidente del partido y actual Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, aseguró que “se está avanzando para construir la unidad que Santa Cruz anhela”, lo que podría confirmar que el acuerdo ya es un hecho. 

También podría adherirse el partido “Santa Cruz para Todos” de Percy Fernández, que postula a la arquitecta Angelica Sosa, que actualmente gobierna en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que desde principios de siglo ha mantenido su gobierno dentro de la capital cruceña de la mano de Fernández.


Por Max Pérez, para la Derecha Diario.

 

 


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Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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