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El nuevo Gobierno socialista de Bolivia inicia persecución contra los ministros del gabinete de Jeanine Añez, que ya se tuvieron que exiliar

La Fiscalía General de Bolivia por orden del MAS, emitió una orden de aprehensión contra Arturo Murillo y Luis Fernando López, principales ministros del gabinete de Jeanine Añez, que ya se exiliaron a Panamá, Brasil y Estados Unidos.

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La Fiscalía General de Bolivia atendió la solicitud realizada por un grupo de parlamentarios del MAS de la gestión anterior contra el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo y el ex ministro de Defensa Luis Fernando López por presuntos sobreprecios en la adquisición de gases lacrimógenos y ordenó sus detenciones.

Los delitos por los cuales están acusados son: “Legitimación de Ganancias Ilícitas” y “Delitos Aduaneros y Tributarios”, puesto que, según lo revelado por un medio de comunicación masista, en el mes de mayo se habría realizado la compra de equipos policiales a una empresa norteamericana con un sobreprecio de más de dos millones de dólares, siendo que existían otras ofertas a precios menores.
Conjuntamente a estas acusaciones, se menciona que en la licitación de la compra existieron intermediarios para contactar a la empresa, los cuales tuvieron vínculos de amistad con altas autoridades y con el mismo ex ministro Murillo. El caso también salpicaría a quienes cumplieron con las funciones de la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, la Dirección Nacional de la Aduana Nacional y funcionarios de la Contraloría General del Estado por una presunta inobservancia y complicidad en la compra con sobreprecio.

En agosto de este año, mientras los imputados estaban todavía en sus cargos, los fiscales asignados al caso acudieron hasta oficinas de los dos Ministerios y tomaron las declaraciones de ambos. 

En ese entonces se informó que Murillo y López entregaron todos sus descargos legales sin problemas y los fiscales debían revisar esa documentación. Sin embargo, por haber dado esas declaraciones ambos ex ministros ya podían ser imputados.

Las denuncias por parte de estos parlamentarios surgieron días después de que el Ejército nacional iniciara operativos antidrogas en la región del Chapare, incautando miles de toneladas de cocaína, marihuana y erradicando miles de hectáreas de coca excedentaria para la producción de narcóticos. Todas acciones que dañaron a la base cocalera de Evo Morales.

Murillo y López, los dos ministros del anterior Gobierno que trataron de luchar contra las mafias sindicales del MAS y ahora son perseguidos políticamente.

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Tras librar estas órdenes, la fiscalía también emitió alertas migratorias ante las sospechas de que estas personas estén en planes de abandonar o ya se hayan ido del país.

Tras la llegada del nuevo Gobierno, se desconoce el paradero de la gran mayoría de las ex autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Añez, razón por la cual el Servicio General de Migración prometió investigar el asunto y publicar un informe sobre la situación migratoria de Murillo y López.

Extraoficialmente se comentaba que Arturo Murillo está en Panamá tras haber salido del país un día después de que Arce haya asumido el Gobierno, temiendo esta persecución política. 
Se presume que abandonó el país vía terrestre hacia Mato Grosso, Brasil, para posteriormente dirigirse a San Pablo y abordar un vuelo de Copa Airlines con destino a Panamá.

Con respecto al paradero de Fernando López, se desconocía totalmente su ubicación desde su última aparición pública mientras aún ejercía el cargo de Ministro de Defensa, y se afirma que el 31 de octubre abandonó el departamento en el que residía en la ciudad de La Paz.

Versiones indicaban que tanto Murillo como López están cumpliendo una cuarentena en Brasil para luego dirigirse a Estados Unidos, como también se dice que juntos están en Panamá, al igual que hay una versión que indica que ambos realizaron viajes vía Paraguay, y que la versión del viaje a Brasil solo fue una estrategia para ganar tiempo.
Sin embargo, luego de mucha especulación, el nuevo Comandante General de la Policía Nacional, y participante del operativo de ejecución de opositores en 2008, Jhonny Aguilera, confirmó los rumores sobre la ruta de los ex ministros.
Ambos ex funcionarios abandonaron el país el 9 de noviembre desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra vía aérea hasta Puerto Suárez (localidad fronteriza con Brasil), desde donde cruzaron la frontera hacia Brasil vía terrestre. Murillo efectivamente viajó a Panamá y López persiste en San Pablo.
La fiscalía ya solicitó vía la Oficina de Migración la activación de una notificación azul para ambas personas, a fin de  que sean extraditados al país lo más pronto posible.
Cabe recordar que por casi 8 meses, el ex Presidente que intentó convertirse en dictador, Evo Morales, tuvo una orden de captura internacional por una plétora de crímenes, desde financiamiento al terrorismo hasta estupro. A pesar de que se sabía que estaba residiendo en un edificio de lujo en la Ciudad de Buenos Aires, agasajado por la Cancillería argentina, nunca fue ni intentado de capturar por la Policía internacional.

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Sobre estas órdenes y la gran maquinaria de persecución iniciada por el MAS, la ex presidente Jeanine Añez expresó su inseguridad ante la falta de imparcialidad y garantías que ofrece el sistema judicial boliviano, tras ser nuevamente copado por el partidismo masista.

Recordemos también que en su momento la entonces Presidente no cumplió con una de las exigencias que tenía al momento de entrar al poder, que era la limpieza de los órganos del Estado por los mecanismos legales, así como la proscripción del Movimiento al Socialismo luego de que la Justicia determinara su participación en el fraude electoral de 2019 y su colaboración con las organizaciones terroristas responsables de muchas muertes en el país.
Así es como el gobierno del Arce, títere de Evo Morales, inicia la persecución contra todos quienes realizaron daños a su estructura económica y política, mismos quienes traicionaron sus funciones iniciales al asumir la transición y admitieron la articulación del MAS después de sus deplorables obras contra la sociedad y la institucionalidad boliviana.

Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.
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Le negaron la apelación a Camacho y seguirá como preso político en Bolivia: “Pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”

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La jueza aliada de Evo Morales, Rosmery Pabón, cortó la declaración de Camacho en la audiencia de apelación y el TDJ rechazó su pedido de libertad.

La dictadura en Bolivia continúa en todo su esplendor. Este jueves, se le negó la libertad condicional al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado ilegalmente por el régimen de Luis Arce y Evo Morales el mes pasado.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) rechazó el pedido de apelación luego de que Camacho se negara a jurar lealtad al régimen socialista. En la audiencia, aseguró que está preso “porque formó parte de la lucha histórica del pueblo contra el fraude cometido por Evo Morales en 2019”.

“Han utilizado en varias ocasiones el argumento que como gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas, esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, dijo Camacho.

El gobernador cruceño expresó preocupación por su derecho a la defensa y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le hicieron evadió la convocatoria, recalcando que jamás interfirió en las investigaciones, las dos causales que justificarían su arresto.

En ningún momento intenté querer salirme del país, dos semanas antes de mi aprehensión muchos diputados denunciaron que ya venía este caso y tampoco huí, ese tampoco es mi ser. Aclarar en qué forma dicen que puedo influir como gobernador, en estos casi dos años que digan en qué influí”, agregó.

Cabe aclarar que además Camacho fue arrestado en plenas funciones como gobernador, tras ser electo en el Departamento de Santa Cruz por una amplia mayoría. El arresto de gobernadores va en contra de la ley, ya que cuentas con fueros políticos que impiden su detención mientras está en el cargo.

Fueron escasos minutos los que se le permitió hablar libremente al actual mandatario del Departamento cruceño, debido a que la jueza Rosmery Pabón le cortó la palabra y le pidió que sea “más concreto” en sus declaraciones.

“Estoy tratando de ser lo más objetivo, trataré de resumir para que usted no se moleste. Voy a esperar, no puedo expresarme como quisiera, pero espero que hoy su autoridad sea la excepción de la justicia, para que todos sepan que todavía hay autoridades que hacen justicia”, dijo Camacho con la preocupación reflejada en su rostro por el momento que está atravesando.

La administradora de justicia volvió a cortarlo, esta vez definitivamente, tras reafirmar que “únicamente se concedió la palabra en vía informativa, por eso se recomendó que sea concreto, su defensa argumentó los agravios”.

Camacho está imputado por haber organizado las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin embargo, juristas aseguran que si bien es irrefutable el rol que tuvo el ahora gobernador incitando las protestas luego de que estallara el escándalo de fraude electoral, no existe ningún delito en Bolivia que prohíba liderar manifestaciones pacíficas.

Evo Morales renunció a su cargo luego de que el Tribunal Electoral admitiera que fue coercionado por el entonces presidente para cambiar los resultados de la elección general para evitar un ballotage con Carlos Mesa, y que las Fuerzas Armadas digan públicamente que no seguirían las órdenes de reprimir las protestas.

Tras el desastroso gobierno de Jeanine Añez, quien asumió de manera constitucional tras el cobarde exilio de Morales, los socialistas regresaron al poder en las elecciones de de 2020, y rápidamente instalaron un régimen vengativo para suprimir completamente la oposición, en una movida calcada a la de Daniel Ortega en Nicaragua, quien también regresó al poder de manera democrática pero aprovechó el Ejecutivo para instalar una dictadura.

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Diputados de VOX y del Partido Republicano que estaban pidiendo por la liberación de Camacho fueron expulsados de Bolivia

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Recién aterrizado en Madrid en un avión procedente del país andino, Víctor González contó cómo un par de agentes del régimen subieron al avión justo antes de despegar para informarle de su expulsión del país.

Los diputados extranjeros, Víctor González, del partido VOX de España, y Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano de Chile, fueron expulsados de Bolivia por orden directa de la dictadura que encabeza Luis Arce y dirige Evo Morales.

Estos diputados extranjeros estaban en Bolivia reuniéndose con fuerzas opositoras y abogando por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado arbitrariamente por las fuerzas del régimen de extrema izquierda.

Ambos llegaron primero a Santa Cruz de la Sierra donde se reunioneron con los líderes del Comité Cívico y algunas autoridades del gobierno que ha quedado acéfalo, y después intentaron visitar a la Camacho en la cárcel de Chonchocoro, pero antes de que despegue el vuelo fueron notificados por dos agentes policiales que se había emitido contra ellos una resolución de salida obligatoria del territorio nacional.

Ya sentado dentro del avión dos agentes muy correctamente me han informado que estoy expulsado de Bolivia. #Cuba#Nicaragua y ahora #Bolivia son los países que me niegan la entrada“, publicó en Twitter el diputado español, mostrando la orden de expulsión. “Si sirve para que Luis Arce tenga misericordia de Luis Fernando Camacho, bienvenido sea”, posteó.

El vicecanciller de Arce, Freddy Mamani, dijo que se permitió su ingreso en un principio porque ambos ingresaron al país en calidad de “turistas“, pero que una vez adentro se atribuyeron la representación de una comisión especial para realizar un “trabajo político” en defensa de un “criminal“, en referencia al inocente Camacho.

Las fuerzas del régimen arrestaron al gobernador de Santa Cruz antes de Año Nuevo, lo frenaron a punta de pistola mientras viajaba con su familia a la casa de gobierno y se lo llevaron en helicóptero encañonado a La Paz.

Su arresto fue completamente ilegal. Si bien un juez socio del régimen de izquierda emitió una orden de arresto, Camacho cuenta con fueros por su cargo de gobernador, y además, no hay causal para ordenar su arresto preventivo: no hay razón para pensar que podría abandonar el país ni influir en la causa.

Históricamente, la OEA enviaba estas comisiones investigativas que velan por el respeto de la democracia en los países latinoamericanos. Sin embargo, desde la llegada de Biden, este organismo ha cambiado su enfoque y ha dejado de presionar a las dictaduras de izquierda en la región.

Es por eso que el Foro de Madrid, encabezado por el partido VOX, ha tomado cartas en el asunto para encargarse de esta difícil tarea. Víctor González publicó tras salir de Bolivia que pudo recaudar documentos que demuestran las violaciones de derechos humanos del gobierno de Arce y presentarán una demanda en la Corte Internacional.

Vamos a dar la batalla hasta el final. Me he traído todo tipo de documentación y de informes para tratar de acreditar que el Gobierno de Arce está cometiendo crímenes de lesa humanidad tal y como denuncian las fuerzas de la oposición“, escribió.

Vamos a ir a por todas. Mi expulsión es la prueba de que deben acudir muchos políticos más, también eurodiputados. Deben ir a Bolivia a conocer de primera mano lo que está pasando porque se va a convertir en la próxima Nicaragua“, advierte el diputado por Salamanca de VOX.

Recién aterrizado en Madrid en un avión procedente del país andino, contó al medio español Vozpópuli que así como ya le ha pasado en Cuba y Nicaragua, no podrá pisar suelo boliviano en los próximos tres años.

Lamentablemente, aunque se mostró optimista con el futuro de Bolivia, no dio buenas noticias sobre Camacho. González reconoció que está convencido de que no volveremos a ver con vida al gobernador Luis Fernando Camacho.

“Tiene una enfermedad y una necesidad urgente de tratamiento. En cualquier momento puede tener un ataque múltiple y desestabilizarse. Se encuentra en una cárcel a 4.200 metros de altura y ya ha sufrido dos convulsiones”, cuenta González, y remató: “Tengo la impresión de de que quieren dejarle morir a sabiendas del estallido que esto va a suponer en las calles y así pasar a la represión por parte de las autoridades“.

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Bolivia blanqueó que es una dictadura con el arresto de todos los principales líderes opositores

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Jeanine Añez, Marco Pumari, Rómulo Calvo y ahora Luis Fernando Camacho. Uno y cada uno de los principales líderes de la oposición al MAS fueron arrestados arbitrariamente en el último año.

Por muchos años, Bolivia fue un ejemplo de democracia en Latinoamérica, o al menos eso le hizo creer Evo Morales a la comunidad internacional mientras instauraba una “dictadura en las sombras” que finalmente quedó blanqueada en estos últimos meses.

Evo Morales gobernó el país con puño de hierro por más de una década. Pero todo cambió en 2019, cuando la oposición finalmente se armó de valentía para enfrentarlo. Con el apoyo de Trump desde Estados Unidos y de una OEA alineada en contra del presidente izquierdista, el Tribunal Electoral del país admitió que había sido presionado por Morales para manipular los resultados y evitar así un balotaje entre el mandatario y el líder opositor Carlos Mesa.

Millones de personas salieron a las calles para reclamar el fraude electoral, y cuando las Fuerzas Armadas rechazaron un pedido de represión del mandatario, que aseguraba haber sido reelecto por cuarta vez consecutiva, Evo renunció a su cargo y se escapó a la Argentina.

Sin embargo, no colgó la toalla. La derrota de Donald Trump en Estados Unidos provocó un realineamiento internacional que lo benefició, y tras instalar a Luis Arce como su delfín político, finalmente regresó a Bolivia como dictador consagrado.

Si bien existe una grieta en el MAS, que se divide entre los “radicales” que responden directamente a Evo, y los “arcistas“, que responden a quien es formalmente el presidente, Luis Arce, el régimen es uno solo, y ya no esconde más sus métodos.

En el último año, desde que recuperaron el poder, Arce y Evo han ordenado el arresto ilegal de todos los líderes de la oposición, una práctica que se copiaron del nicaragüense Daniel Ortega, quien también convirtió una presidencia democrática en una dictadura socialista.

Primero empezaron con Jeanine Añez, la presidente constitucional que tomó el control del gobierno cuando Evo ordenó la retirada de todo su gabinete. Evo, su vice, y los presidentes del Congreso renunciaron. Añez, como vicepresidente del Senado, asumió por sucesión constitucional la presidencia de la Nación.

Pero a pesar de que la Constitución siempre fue respetada, y la misma Añez, extremadamente ingenua, nunca obstaculizó al MAS de participar en las elecciones, fue imputada por liderar un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales y encarcelada en los primeros meses del gobierno arcista.

Añez fue arrestada en su casa, sin una orden de aprehensión previa. No se le dio la posibilidad de entregarse con su abogado. En la cárcel, se le impidió acceder a sus medicamentos (sufre de hipertensión) y ha sido brutalmente golpeada en múltiples ocasiones, según denunció su hija.

Poco después de su detención, los ex ministros Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía) fueron arrestados, junto a Gonzalo Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, y Yuri Calderón, ex comandante general de la policía.

Poco después de estos arrestos, detuvieron a Marco Pumari, líder del Comité Cívico de Potosí y ex candidato a vicepresidente. Rómulo Calvo, sucesor de Camacho en el Comité pro Santa Cruz, fue detenido y luego colocado bajo arresto domiciliario. Lo mismo ocurrió luego con Yassir Molina, uno de los líderes del grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que combate la persecución política del régimen masista.

Casi otros 100 líderes de la oposición han sido arrestados arbitrariamente desde entonces, pero el caso de Luis Fernando Camacho es el más alarmante hasta el momento. No solo cuenta con fueros por ser actualmente el gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra, la región más importante de Bolivia, si no que es el principal líder de la oposición en contra del MAS.

Abogado de profesión y empresario, Camacho empezó su carrera política en la organización Unión Juvenil Cruceñista y unos años después pasó a liderar el Comité Cívico pro Santa Cruz, un movimiento civil con muchísimo poder en el bastión histórico de la derecha en Bolivia.

Los comités cívicos tienen una enorme importancia en Bolivia, ya que reúnen a diferentes sectores de la sociedad y funcionan como mesas de enlace entre comunidades barriales, el sector empresarial, y los gremios. El bloque de Santa Cruz fue uno de los mayores dolores de cabeza para Morales en sus más de 13 años de mandato, con Camacho siempre a la cabeza.

En 2020, fue candidato a presidente y quedó en tercer lugar, lamentablemente dividiendo el voto con Carlos Mesa, un opositor moderado al socialismo de Evo Morales. En 2021, encabezó una exitosa campaña para instalarse como gobernador de Santa Cruz, desde donde prometió liderar la oposición contra el MAS.

Así lo hizo decretando 36 días de paro durante un conflicto que mantuvo con el régimen socialista por el censo. Hace casi dos décadas que no se realiza un censo en Bolivia, ya que el enorme crecimiento poblacional y económico de Santa Cruz le valdría mayor representación en el Congreso y en la distribución de la coparticipación, algo que Evo Morales no quiere que se materialice.

Su arresto, completamente ilegal, pone a Bolivia en el mismo grupo de países socialistas que han devenido en dictaduras, junto a Venezuela y Nicaragua. Por el momento, la OEA y otros organismos internacionales no se han referido sobre la situación, y tanto Arce como Evo Morales gozan de un blindaje político de parte de Biden gracias a su apoyo en distintos temas regionales.

Hoy la izquierda globalista alineada con los intereses del Partido Demócrata estadounidense, que hace tan solo dos años estaba cerca de la extinción en el continente americano, controla toda la región, de punta a punta.

Desde Argentina y Chile con Sergio Massa y Gabriel Boric, pasando por Brasil, donde ahora vuelve Lula, y Colombia, donde recientemente fue instalado Gustavo Petro, hasta Venezuela donde Nicolás Maduro está activamente en negociaciones con el Departamento de Estado de Washington D.C. para que les levanten las sanciones que hace poco había puesto Trump, la izquierda mantiene el control total de América.

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