Seguinos en redes

Bolivia

Expulsados los médicos cubanos de Bolivia: otra estafa del narco-socialismo terminada

La presidente Jeanine Añez expulsó a más de 2.000 médicos cubanos del país, terminando con un curro que le costaba al Estado boliviano casi 11 millones de dólares por año. Los médicos fueron encontrados con títulos forjados y realizando destrozos en marchas políticas.

Publicado

en

Catorce años de gobierno socialista en Bolivia, bajo la cabeza de Evo Morales, dejaron una estrecha relación con la dictadura Castrista de Cuba. Una de las formas que exponían la relación cercana del ex-presidente con el régimen de la isla fue la aparición de médicos voluntarios y solidarios que “prestaban atención de salud accesible a la población.
Los médicos cubanos formaban parte de unos de los programas de ayuda de la isla a Bolivia, los cuales llegaron a ser más de 2.000 personas que desarrollaban estas labores en el territorio boliviano desde su llegada en el año 2006, posterior a la firma del convenio del ALBA y una serie de desastres naturales que asolaron al país, siendo cuestionados en cuanto a la efectividad y real función médica que se creía que cumplían.
La llegada de Jeanine Añez a la presidencia y la formación de un nuevo gabinete ministerial evidenció las ya notorias irregularidades que representaba la presencia inoperante de estos médicos
El 16 de noviembre del año pasado, la Canciller Karen Longaric, comunicó la decisión del régimen cubano de retirar a sus misiones médicas de Bolivia, luego de denuncias formuladas a raíz de la detención de cuatro individuos cubanos, pertenecientes a las brigadas médicas, que tenían en su poder aproximadamente 100.000 dólares americanos (equivalente a 700.000 Bolivianos), con los cuales se pretendía pagar a simpatizantes del MAS para ocasionar daños a la infraestructura pública, durante las manifestaciones en contra del gobierno interino de Añez.
Días más tarde, el entonces ministro de Salud, Anibal Cruz, manifestó a la opinión pública los resultados de las auditorías realizadas a la misión médica cubana y a las gestiones anteriores en su cartera de estado, el cual arrojó datos como que había 205 médicos cubanos con títulos falsos, entre los aproximadamente 700 presentes en Bolivia en noviembre de 2019; la efectivización de pagos anuales de 11 millones de dólares a la misión para su permanencia y estadía en el país; además de la implicación de algunos miembros de la brigada en los intentos de convulsión terrorista posterior a la renuncia de Morales.

Karen Longaric, Ministra de Relaciones Exteriores, y Anibal Cruz, ex-ministro de Salud de Bolivia.

Ad

Acompañando al informe brindado por el ex-ministro de salud, la ex-ministra, y hoy candidata a diputada por La Paz en la alianza CREEMOS de Luis Fernando Camacho, Roxana Lizárraga, también expresó que los médicos no tenían la capacidad suficiente para el ejercicio de la profesión médica, y que su presencia en el país era meramente para labores de inteligencia y de espionaje. 

También se mencionó que en los años del MAS, Morales recibió más de 147 millones de dólares. Se indicó que, si bien se construyeron centros de salud, los mismos funcionaban paralelamente como centros de espionaje, cuya veracidad quedó probada en la intervención de 10 hospitales en Cochabamba y La Paz, donde se encontraron documentos destruidos, actas de evaluación, documentación de bienes, entre otros. Además, se encontraron ambientes para fabricación de explosivos, probablemente utilizados en las protestas contra Jeanine Añez.
Para el 22 de Enero, la presidente Jeanine Añez en el informe de la gestión presidencial 2015-2020, también expresó detalles sobre los privilegios otorgados por el gobierno anterior sobre los médicos locales:

“Menos de un tercio eran profesionales de la salud, tenían un salario de 1.040 dólares, un viático de 68 bolivianos por día (10 USD.), y gastos de transporte aéreo pagado por el estado. Haciendo un total de Bs. 9000 por cada uno de ellos. De este monto, sólo el 20% llegaba a los médicos, el resto, financiaba al castro-comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo”

Asimismo, dentro de las medidas tomadas por el gobierno interino ante la emergencia sanitaria de Coronavirus, estuvo la reciente intervención de ” La clínica del colaborador”, cuya propiedad fue auto-atribuida por el régimen cubano, en la exclusiva zona de Achumani, de ciudad de La Paz. Este establecimiento médico fue administrado por los médicos cubanos y cuenta con equipos de alta tecnología para la atención en salud, los cuales no se pueden encontrar en otros recintos sanitarios del país.

Ad

Entre los equipos que contiene esta clínica están un tomógrafo de 800 mil dólares, camas de cinco movimientos, radiografías móviles, respiradores, generador de energía y sistema de oxígeno, incluso tiene un gimnasio especial para rodilla, puesto que Evo Morales tenía problemas con esa parte del cuerpo, dando a entender que el establecimiento era para uso y disposición exclusiva del ex-dictador y su cúpula.

La intervención de la misma se da en un momento álgido de casos nuevos de COVID-19 en La Paz, y se prevé habilitar 40 camas para atención de pacientes con esta enfermedad, según lo expresado por el ministro Arturo Murillo.
El gobierno comunista de Cuba calificó la intervención de esta clínica como una violación a la propiedad privada, y reclamó la clínica como suya, cediendo el uso de la misma sólo durante la permanencia del virus chino en el país, sin tomar en cuenta la situación que atraviesa el país, con un sistema de salud colapsado debido a la nula inversión por parte del MAS mientras estuvo en el poder.
Desde la falacia médica hasta la hipocresía en la clínica, vemos que a nombre de los bienes comunes y en pos de causas tan sensibles como la salud, el régimen cubano y sus colaboradores del sur no hacen nada más que añadir zozobra en las regiones donde son recibidos.
Haga clic para comentar

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión

Deja una Respuesta

Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

Publicado

en

El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

Seguir Leyendo

Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

Publicado

en

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

Seguir Leyendo

Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

Publicado

en

El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

Seguir Leyendo

Tendencias