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Insólito: Evo Morales no descarta una alianza con Mesa en el Congreso, para un Gobierno de Unidad de izquierda

Bolivia elegirá este 18 de octubre a un nuevo Presidente. Sin embargo, los electores también deberán votar por diputados y senadores, que asumen el desafío de impedir una peligrosa dictadura legislativa producto de una unión entre Evo Morales y Carlos Mesa.

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Tras el paso de 14 años del gobierno de Evo Morales, y un año bajo el mando de la presidente interina Jeanine Añez, Bolivia se enfrenta al que puede representar el proceso eleccionario más trascendente de su historia. Un suceso que en definitiva marcará el rumbo a seguir en las siguientes década, en un país que se bate entre la democracia y la dictadura.

Fueron varios acontecimientos los que tomaron protagonismo en este periodo: la salida de Morales, la transición, la pandemia de coronavirus, los escándalos de corrupción, la campaña política y principalmente la ingobernabilidad que heredó el país posterior a la expulsión del tirano fracasado.
Este factor determinante y necesario para quienes ostentan el poder, constituye también en uno de los elementos más sobresalientes a analizar que tiene el electorado boliviano a la hora de elegir a sus representantes directos ante los organismos legislativos, los cuales, con el pasar de la campaña, muestran cuales son sus fines.
Durante su gobierno, aprovechando notoriamente la influencia que ejercía dentro de la institucionalidad del Estado, Morales gozó de una gobernabilidad legislativa plena y totalmente fabricada a la medida de sus intereses partidarios. Gobernó con puño de hierro avalado por sus 2/3 (la mayoría necesaria de parlamentarios) sin lugar a cuestionamientos.
Dicha mayoría, obtenida por la manipulación del sistema electoral y de distribución de parlamentarios, únicamente era servil a las órdenes provenientes del despacho presidencial, y se constituyeron en el brazo extendido del dictador en la política del estado.
Tras su forzosa salida del país, la estructura quedó dominando al que se presume es el ente regulador, el Parlamento. Este órgano dominado mañosamente por el MAS fue un total desafío para el Gobierno interino y su misión de asegurar la pacificación del país y la llegada de nuevas elecciones.
Eva Copa y Adriana Salvatierra, dos de los aliados de Evo Morales en el Legislativo

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Distintas encuestas establecen una posible conformación del nuevo parlamento liderado por los radicales de izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Luis Arce, seguidos en menor proporción por los parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC), del socialdemócrata y progresista Carlos Mesa y completando la lista estarían los representantes de CREEMOS del derechista y conservador Luis Fernando Camacho.

Tras la revelación de esta presunta forma que tomaría el Congreso boliviano, el candidato de CC, Carlos Mesa no tardó en expresarse sobre la posible conformación de alianzas internas con los partidos que obtengan representantes, incluyendo el Movimiento al Socialismo.

“La existencia de una coalición desde el punto de vista de aliarse para construir una mayoría parlamentaria… no quita la necesidad de un acuerdo nacional que debe incorporar a todas las fuerzas políticas sociales y económicas incluyendo al Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política de Morales”

Un voto a los diputados de CC, en definitiva, puede terminar siendo un voto al MAS, ya que éstos podrían aliarse en el Parlamento y dejar a CREEMOS como única oposición, en minoría. Esto sería altamente peligroso para el país, ya que consensuando entre la izquierda (Mesa) y la extrema izquierda (Morales) se podría llegar a todo tipo de pactos, dañinos para el bienestar de Bolivia.
El ex presidente Mesa, quien no pudo terminar su mandato en 2005 por protestas sindicales en su contra, quien años antes a su actual candidatura presidencial expresó notables elogios a Morales, llegando a decir que “Bolivia sin Evo es ingobernable”, se percató rápidamente del suicidio político que representaba una alianza con el MAS, por ende, salió inmediatamente a tergiversar lo que había expresado inicialmente.

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Sin embargo, y como era de esperarse, los representantes del MAS también salieron a expresar opiniones sobre los acuerdos parlamentarios. 

Estas personas, como si estuvieran guardando favores políticos, expresaron que los acuerdos con Comunidad Ciudadana sí eran posibles, pero que nunca con el candidato de esta alianza, Carlos Mesa.

“Si nos preguntan con quién estamos más cómodos para hacer alianzas, por supuesto que hablaremos con alguna gente que esté en la lista de Comunidad Ciudadana porque ya los conocemos. Porque ya hemos trabajado con ellos alguna vez. Porque tenemos alguna afinidad de pensamiento, algunas similitudes” expresó un representante del MAS.

Paralelamente, este mismo representante descartó rotundamente acercamientos a Luis Fernando Camacho, alegando que “es un riesgo para el país.
Las mutuas intenciones pactistas de los partidos de izquierda (MAS y CC) ponen en riesgo la reconstrucción de las funciones originales de un Legislativo, además de asegurar la continuidad de la política populista y anti liberal que llevó el MAS en su periodo de Gobierno.
Tanto en el MAS como en CC radican candidatos e ideas que son inconcebibles, tales como impuestos progresivos, implementación de políticas de género, promoción de la deuda como método económico de solución de crisis, promesas de impunidad para ex funcionarios estatales como Evo Morales, entre otras políticas comunes que manejan estas fuerzas políticas.
Ambos partidos también guardan secretos mutuos sobre la administración de recursos, tales como lo destinado a la derrota boliviana ante Chile en la Corte Internacional de Justicia, cuyos gastos permanecen reservados y con sospechas sobre malversación.
Estas increíbles coincidencias entre un partido históricamente socialista y otro que emergió como la presunta solución y alternativa al MAS dejan lugar a muchas susceptibilidades sobre su verdadero carácter opositor y contestatario al nefasto socialismo.
Nuevamente, la alternativa para evitar el acrecentamiento del bloque social-progresista en Bolivia recae sobre el líder anticomunista Fernando Camacho, cuyos parlamentarios electos tendrán la misión de detener al socialismo y al progresismo en el seno mismo del Estado, cuyos efectos, más allá de presuntamente traer reformas, acarrean consigo consecuencias atentatorias a la vida humana y su principio superior inviolable: la libertad.
Carlos Mesa estrechando manos con Evo Morales

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Retrocede la dictadura sanitaria en Bolivia: el régimen socialista aplaza el pase sanitario hasta el 26 de enero

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Así lo anunció el ministro de salud. El documento, altamente cuestionado por un sector del mismo oficialismo y por la oposición, no será obligatorio por 3 semanas más, y dejará de estar vigente como lo venía siendo desde el 1ro de enero.

Con la firma de los decretos supremos 4640 y 4641, el gobierno de Bolivia implementó la vigencia de un documento que comprueba la calidad de vacunados a todos los que hayan recibido dos dosis contra el Covid-19.

Al poco tiempo, este documento se convertiría en el requisito indispensable para realizar todo tipo de actividades, públicas o privadas, en todo el territorio nacional, y en caso de no tenerlo, se debía presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. De esta manera, el régimen de Evo Morales implementaba su propia versión del pase sanitario.

Dicha medida fue anunciada en los primeros días del 2022, en el periodo en el cual Bolivia registraba, en promedio, 7.000 casos diarios de coronavirus. La nueva exigencia, como era de esperarse, puesto que la gestión de Arce no ha conseguido inmunizar completamente ni al 50% de la población, causó revuelo en todo el país.

Cientos de ciudadanos se volcaron a los puestos de vacunación para recibir las dosis y obtener el documento, ya que sin él no podrían acudir a su trabajo. Esta avalancha de personas buscando vacunarse colapsó la demanda de vacunas en las principales capitales del país.

El régimen socialista no logró fortalecer el abastecimiento de la vacuna mientras busca discriminar a los bolivianos por su estatus de vacunación. Ante este problema, a pesar de que inicialmente se quiso hacer obligatorio desde el 1ro de enero, posteriormente la fecha de cambió al 5, y finalmente se aplazó hasta el 26 de enero.

Un sector dentro del MAS, especialmente los indigenistas, rechazaron la nueva exigencia. A su vez, reclamaron que la determinación no fue consensuada e inclusive llegaron a exigir la validación del uso de hierbas medicinales como sustitutos de la vacuna anti-COVID.

Esta reacción era previsible. Dentro de la cúpula del MAS existen individuos promotores de este tipo de prácticas, como lo es el vicepresidente David Choquehuanca. El segundo mandatario del país no había recibido ninguna dosis si no hasta hace unos días, fruto de la presión social que exigía coherencia al gobierno.

El vicepresidente declaró que “ya había pasado varias veces la enfermedad” y que se había curado “con medicina tradicional”, incluso había comido pasto para tratar la enfermedad.

También, como se puede constatar en los registros del ministerio de salud, se observa que Andrónico Rodríguez, mano derecha de Evo Morales y presidente del senado tampoco ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta misma persona fue quien, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, había dicho que el virus era un “invento de la derecha” y organizó los bloqueos de las rutas que impidieron el paso del oxígeno, que reslutó en la muerte de 40 personas durante agosto de ese año. 

Desde la oposición, especialmente los diputados Caleb Villarroel (CREEMOS) y María José Salazar (CC), ambos de Santa Cruz, han declarado su rechazo a la exigencia del documento. Consideran, acertadamente, que se violan derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, que en Bolivia tienen rango constitucional. 

Por ese motivo, se trasladaron a la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial del país, para presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos supremos, a fin de que sean expulsados del ordenamiento jurídico del país.

La medida parece estar destinada al fracaso. No solo por el fracaso del plan de vacunación, sino porque no da certeza a los ciudadanos que fueron inmunizados en el exterior, alrededor del 1% de la población según estimaciones, quienes debían hacer un trámite administrativo altamente burocrático para convalidar en el país sus certificaciones los países en donde fueron inmunizados

Bolivia registra sus peores datos desde que inició la pandemia en el gobierno de Añez en 2020. El 6 de enero registró más de 10 mil casos en 24 horas, un caso de Flurona, la confirmación de la variante Ómicron en el país y un lento proceso de vacunación, que en casi un año desde la primera dosis aplicada, no llega a equipararse con los procesos de otros países de la región.

También, es una dura batalla por la preservación de los derechos fundamentales. La mezcla de todos estos factores, donde juega un rol importante la incapacidad de la clase política de contrarrestar a la enfermedad sin afectar a las libertades, marca un sombrío inicio de año no solo para Bolivia, sino para toda la región y el mundo.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Evo Morales profundiza la persecución política: Pumari fue arrestado y Añez cumple 280 días en prisión

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Luego de ser derrotados con la Ley 1386, el régimen socialista arrestó arbitrariamente a Marco Pumari y no cede ante la prisión política de Jeanine Añez.

Mientras el mundo mira para otro lado, la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, continúa en prisión arbitrariamente por orden del régimen socialista de Evo Morales. Con un estado de salud deplorable, y tras haber sobrevivido a un intento de suicidio, Añez fue nuevamente agredida en su celda.

Su hija Carolina Ribera, quien ha emprendido una cruzada internacional para presionar al régimen de Bolivia con el fin de lograr la libertad de su madre, denunció en la cuenta de Twitter de Jeanine Añez las agresiones a las que es sometida en la cárcel de mujeres en La Paz. 

La ex dignataria ha confirmado la veracidad de dichas agresiones en una carta que publicó en días pasados. Añez relata que la “teniente Durán” se introdujo en su celda y le profirió insultos y patadas, contra su humanidad y los objetos que tenía dentro. Fruto de este atropello, ha dicho: “Me siento amenazada, asustada. Temo por mi vida y la de mis hijos”.

En la misma carta, relata que, al recibir la visita de la directora de la cárcel en donde se encuentra recluida, fue tildada de mentirosa al reclamar por las agresiones a las que fue sometida.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando también el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que me había dicho mi hija Carolina Ribera”, escribió.

Fieles a su cinismo, desde el Ministerio de Gobierno han “desmentido” las “acusaciones” de Jeanine Añez y han dado refugio a la teniente agresora. La Defensoría del Pueblo, una institución pública que debería velar por los derechos humanos, actualmente copada por el MAS, “verificó” y “confirmó” que la ex presidente no tiene signos de tortura.

Sin embargo, Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, expresó a la opinión pública que Añez tiene la salud deteriorada y percibe un riesgo de muerte en la ex presidente.

Producto de este cruce, Jeanine Añez será trasladada de celda a una en la que convivirá con otras reclusas, en vez de estar aislada a merced de los guardias masistas. Jeanine Añez fue la primera de los más de 20 presos políticos, entre militares, policías, cívicos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, que lleva el régimen comunista de Arce y Morales.

A esta lista, se ha unido una de las figuras principales de las protestas de 2019, Marco Pumari.

El arresto arbitrario de Marco Pumari

Pumari fue presidente del comité cívico de Potosí, quien, junto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideraron las protestas contra el fraude electoral que culminaron con la huida de Evo Morales y su cúpula a México en 2019. También fue compañero vicepresidencial de Camacho en 2020, donde obtuvieron el 14% de los votos.

Recordemos que, durante las protestas, Pumari, junto a la ciudadanía, denunció que en Potosí se estaba haciendo un conteo de votos paralelo a la sede de la Corte Electoral Boliviana. En la casa contigua al edificio, se encontraron todas las actas electorales reales dentro, mientras que en la sede se seguía contando votos.

El hecho provocó la entrada de Potosí a las protestas que inició Santa Cruz. Se plegaron al paro indefinido, y en una marcha de protesta, fue incendiado el edificio de la Corte Electoral por los manifestantes. Posterior a esto, fue muy cercano a Camacho en todas las apariciones públicas. Ambos, el día de la renuncia de Morales, invadieron el palacio presidencial para dejar la carta de renuncia de Evo junto a una biblia.

Ahora, el régimen lo acusa de delitos electorales, específicamente lo responsabilizan por la quema del edificio, siendo que no existen pruebas que señalen su culpabilidad o que el haya dado órdenes para consumar el hecho. 

La madrugada del 11 de diciembre, mientras se dirigía a su casa en Potosí, fue interceptado por grupos policiales para ser aprehendido, siendo bajado de su vehículo, el cual se quedó en media calle. Su familia denuncia que ha sido víctima de torturas.

Tras su aprehensión se presumía que sería llevado a La Paz, como se ha hecho con la mayoría de los presos políticos del gobierno de Arce. Empero, se quedó en su departamento y fue trasladado lejos de la capital, a una localidad llamada Llallagua.

En tiempo récord fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, de donde salió con una prisión preventiva de 6 meses en la cárcel de Betanzos, otra localidad de su departamento. Su aprehensión y detención está plagada de irregularidades, las cuales van desde el hecho de que no fue notificado previamente con la denuncia, su aprehensión se la realizó en la madrugada, lo cual no lo permite los procedimientos penales bolivianos, fue privado de comunicaciones con sus abogados, e, injustificadamente, fue llevado lejos de su jurisdicción, la ciudad de Potosí.

El presidente de la Corte Electoral Regional ha indicado que Pumari no tuvo participación en los hechos de quema en 2019, y que, si hubiese sido así, no se le hubiera permitido ser candidato a vicepresidente en 2020 y a gobernador en 2021. A pesar de ello, el régimen no dudó en arrestarlo y acusarlo por ello.

El MAS planea aplicar con Pumari la misma estrategia que con Jeanine Añez, al cumplimiento de una detención preventiva, acusarlo de otros delitos para sentenciarle una prórroga. De esta forma, asegurar una constante detención en la cárcel sin que exista una sentencia judicial definitiva.

Tras esta detención ilegal, los cívicos del país se han movilizado junto a los partidos de oposición, principalmente CREEMOS. Se realizó un cabildo en Potosí, al cual tenían previsto llegar Camacho, Mesa, y parlamentarios. Fueron impedidos de llegar por masistas que bloquearon las carreteras y amenazaron con agredirlos. 

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Congreso de Perú declara persona no grata a Evo Morales y pone en jaque su visita a Cusco a fin de año

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Parlamentarios peruanos de la Comisión de Relaciones Exteriores emitieron un declaración en contra del ex presidente de Bolivia. Al mismo tiempo, exhortaron al Ministerio del Interior y al de Defensa a impedir su ingreso al país andino.

Nuevo revés para el socialismo de la Patria Grande en Latinoamérica. Esta vez, en contra del tirano boliviano Evo Morales, padrino político del presidente comunista de Perú, Pedro Castillo.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano votó esta semana para declarar a Evo Morales como persona no grata en el país, emitiendo un pronunciamiento de censura por “intromisión política y activismo político negativoen Perú.

El documento reza en su parte principal: “Declarar persona no grata a Evo Morales Ayma en nuestro país por su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”, el cual fue aprobado el 22 de noviembre en una sesión.

Dicha instancia parlamentaria emite este documento un mes antes del viaje programado por Evo Morales a Cusco, donde Castillo planeaba re-lanzar su gobierno, después de varios meses de turbulencias políticas y una guerra civil total en el partido oficialista.

Evo Morales.

Esta declaración no es la primera que se había intentado por el Congreso de Perú, que cabe recordar tiene mayoría de derecha, a pesar de que varios partidos más de centro han estado vendiendo su apoyo a Castillo.

En el pleno del Congreso, en agosto de este año se rechazó una moción similar, propuesta por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País. 

El pleno del Congreso peruano rechazó la moción con 45 votos a favor, 62 en contra y 12 abstenciones. En la nueva resolución de la Comisión, se cuestiona que el Estado peruano brinde seguridad y disposición de bienes estatales, como vehículos y hospedaje, para una persona que no ha estado “haciendo daño” al país.

La comisión de relaciones exteriores está dominada por la oposición. De los 15 miembros, 9 votaron a favor de la declaración. Estos forman parte de los partidos de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso (APP). En contra, votaron solo los miembros de Perú Libre, y se abstuvo el centrista Acción Popular.

Los asuntos que causaron la declaración son aquellos que Evo Morales ha repetido hasta el cansancio en Bolivia: un relato discriminatorio y supremacista indígena en Perú.

Al igual que en Bolivia en 2006, ha propuesto a su apadrinado Pedro Castillo el desarrollar una asamblea constituyente, expropiar la explotación de recursos naturales, ampliar la cantidad de cultivos de coca y dividir los territorios de los pueblos autóctonos de Perú.

Estas actividades, son una réplica exacta del proceso que llevó a cabo en Bolivia, cuyos efectos fueron la polarización social, incremento descomunal de la producción de cocaína en el país, extinción del estado de derecho, fracaso y quiebra de las empresas públicas, huida de capitales extranjeros y un riesgo constante de conflictos sociales producto del trato desigual frente a la ley, dando privilegios a sectores afines al Movimiento al Socialismo, partido de Evo.

También, otra motivante para esta declaración fue el anuncio de Evo sobre su concurrencia a Cuzco el 21 de diciembre en ocasión de la reunión de RUNASUR, el intento del socialismo sudamericano para no dejar morir a la fracasada UNASUR. La cual aglutina a “sectores indígenas” de Sudamérica para combatir al “imperialismo, colonialismo y capitalismo”. Cuyo fin es la separación social, tanto en Bolivia, como en Perú y Chile.

Las actitudes del caudillo cocalero hacen caer en saco roto todas las declaraciones, basadas en hechos imaginarios, que emitió durante su mandato contra Estados Unidos, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros a los cuales calificó como “intervencionistas” y “violadores de la soberanía boliviana”. Ahora es él mismo quien recibe estos calificativos y se le prohíbe su ingreso.

Leal a su estilo victimista, el ex dictador fugado respondió a esta declaración que le fue emitida, esperando que los promotores de la declaración “no sean partes del racismo”.

Este rechazo a Morales, se une a las seguidas derrotas que ha tenido tanto en su país como en la región sudamericana, puesto que recientemente, la derecha boliviana lo derrotó y consiguió que ordene abrogar la ley 1386 y en días anteriores, Paraguay expulsó al embajador de Bolivia, Mario Cronenbold, quien fue designado por el propio Morales como consuelo por haber perdido la gobernación de Santa Cruz frente a Luis Camacho.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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