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Jeanine Añez promulga ley de convocatoria a elecciones y pone fin a los bloqueos en Bolivia

La presidente constitucional puso en vigencia la nueva fecha para los comicios, fijados para el 18 de octubre, finalizando con las protestas de sectores afines al MAS que impedían la llegada de oxígeno a los hospitales colapsados por el brote de coronavirus.

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En un acto público celebrado en el Palacio Quemado de la ciudad de La Paz, la presidente de Bolivia Jeanine Añez publicó la ley de elecciones generales que fija al 18 de octubre como fecha límite para la realización de las mismas, asegurando que esta fecha “no puede ser ni será modificada”.

Esta promulgación puso fin a los bloqueos de rutas de los sectores sociales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al MAS. Los mismos fueron responsables por el fallecimiento de alrededor de 40 personas, incluída la hermana de Evo Morales, por la falta de abastecimiento de tubos de oxígeno en los hospitales que este atentado generó.
Horas después de la promulgación, los bloqueos se redujeron de 160 inicialmente a solo 30 puntos detectados en todo el país.
Los caminos a la resolución de la crisis política ocasionada por el prófugo de la justicia, Evo Morales, pasaron por encuentros para el diálogo convocados por el gobierno nacional
Inicialmente, la primer mesa de diálogo debía estar compuesta por la Presidente, el Tribunal Supremo Electoral, las directivas de las cámaras de la Asamblea Legislativa, la COB, la iglesia católica, organismos internacionales y los candidatos a la presidencia de Bolivia. 
La reunión fue rechazada por la mayoría de los candidatos, asistiendo únicamente los representantes de la Acción Democrática Nacionalista (ADN), Frente para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional de Bolivia (PAN-BOL).

La reunión estuvo plagada de múltiples comentarios y críticas que incomodaron a la Presidente, las cuales iban dirigidas a su actitud tolerante con las violaciones al derecho constitucional de la salud y comentarios en contra su condición de Presidente-Candidata.

Mesa de diálogo instalada en el hall del palacio de gobierno en La Paz

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Entre las intervenciones resaltaron la de la candidata vicepresidencial de PAN-BOL, Ruth Nina, la cual marcó a Añez a una posición de candidata y no de Presidente, diciendo:

“Usted debe elegir entre pacificar o convulsionar el país; pacificar implica ser solo Presidenta, y convulsionarlo es seguir de candidata. El pueblo también exige su renuncia, pero es decisión suya”.

De forma similar, Mary Cruz Bayá, presidenciable por ADN, también le preguntó a Añez sobre si había convocado al diálogo como Presidente o como candidata, a lo que respondió que su convocatoria surgía desde su posición presidencial para precautelar la salud, democracia y la paz en el país. Bayá expresó que allí había problemas puesto que su doble posición no genera credibilidad en sus determinaciones.
También, el candidato a vicepresidente de ADN, Sergio Tarqui, elevó críticas a la Presidente:

Me siento en confusión, o decirle presidente o candidata. El pueblo boliviano está en eso; (…) el pueblo dice que la señora Jeanine Áñez deje su candidatura y gobierne”, sostuvo. 

En otra intervención hizo preguntas en idioma nativo aymara a Salvador Romero: “¿Hay base científica que valide el 18 de octubre como fecha de elecciones?”; y a Jeanine Añez: ¿Qué vamos a hacer si usted quiere ir como candidata siendo presidenta? ¿Pensó en renunciar a su candidatura? ¿Hay o no hay?”. El candidato no tuvo respuestas y agregó que es un gran problema el choque de culturas existente en el país.
En esta mesa, todos los asistentes coincidieron en condenar las actitudes del MAS de sostener bloqueos en una emergencia sanitaria y emplazaron a la COB a levantar las medidas. 
Al finalizar, Añez hizo un llamado a la conformación de una comisión para explorar posibilidad de diálogo con otros sectores sociales, con el fin de pacificar el país. Mientras, las deficiencias de salud incrementaron y los bloqueos continuaban.
Ante esta situación, distintos sectores de la sociedad manifestaron su disconformidad tanto con la inoperancia del gobierno nacional como con la actitud violenta de los bloqueadores. En Cochabamba, el grupo “Resistencia Juvenil Cochala”, que resistió a los masistas en las protestas de octubre y noviembre, se organizó y salió a desbloquear las rutas interdepartamentales de la ciudad.

Ese mismo día, Luis Fernando Camacho, quien se encontraba en el norte del Departamento de Santa Cruz, hizo un anuncio en las redes sociales en donde convocaba a la gente del lugar para salir y desbloquear las rutas del departamento.

También, se observó en bastantes puntos de bloqueo sostenidos por afines al MAS que los mismos estaban armados, de la misma forma, muchos de estos grupos exhiben sus rifles al grito de: Ahora si, guerra civil“.

Grupos armados en cercanías del punto de bloqueo en el Chapare
Mientras tanto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Comité Cívico de esta región convocó a la “Asamblea de la Cruceñidad”, el máximo órgano deliberante de esta institución que lideró las protestas contra el fraude electoral, para el 11 de agosto, en donde los sectores miembros, en representación de la ciudadanía cruceña. 
Establecieron como punto principal dar un plazo de 48 horas al gobierno central para desbloquear las rutas cruceñas, caso contrario, la Unión Juvenil Cruceñista (institución miembro del Comité) y plataformas ciudadanas saldrían a desbloquear.

Directorio cívico ratificando las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad

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El ministro de defensa, Fernando López, durante su estadía en Santa Cruz, comunicó que 66 toneladas de oxígeno partirían de la ciudad escoltadas por las Fuerzas Armadas hacia el interior del país donde las muertes por la escasez de este elemento incrementaban considerablemente

Sin embargo, el convoy, pese a tener una escolta, estuvo dando vueltas por las carreteras debido a los bloqueos e inclusive debido a amenazas de ataque con dinamita al mismo, a vista y paciencia del gobierno de Jeanine Añez.

Además, cabildos de masistas amenzaban con tomar las refinerías gasíferas de YPFB y exigían la renuncia de la presidente Jeanine Añez, además de ratificar su pedido de elecciones el 11 de octubre, una semana antes de la planteada por el Tribunal Supremo Electoral.

Entre la radicalización de los bloqueos, amenazas a la institucionalidad pública, y pedidos de la renuncia de Jeanine Añez por parte de cabildos masistas en Cochabamba y El Alto, la Asamblea Legislativa sancionó la ley de convocatoria a elecciones para la inmediata promulgación por parte de Añez

Ante el incumplimiento de plazos dados por los cívicos cruceños, estos salieron desde su sede en Santa Cruz de la Sierra hacia las carreteras al occidente para cumplir sus determinaciones.
En el ínterin de la aprobación de la ley, un nuevo diálogo convocado por la Asamblea para resolver el conflicto fue convocado, sin embargo, este fracasó por la inasistencia y fracturas internas de los sectores que sostenían las protestas.
También, un grupo de personalidades públicas organizaron un cabildo digital transmitido por redes sociales que contó con la asistencia de más de 3 millones de personas de forma virtual, el cual emplazaba a las autoridades de gobierno a cumplir con sus funciones y asegurar el imperio de la constitución y la ley en el país.
Finalmente, la ley llegó al despacho presidencial y fue promulgada, quitando el argumento por el cual eran mantenidos los bloqueos. Se ponía fin a un periodo de tensión que cobró vidas humanas por las ambiciones de poder del MAS, el cual ocasionó más de 100 millones de dólares en pérdidas.
La población lamenta la inoperancia del gobierno y la intransigencia del Movimiento al Socialismo que provoca muertes, desgobierno y anarquía en el territorio nacional.

Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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Retrocede la dictadura sanitaria en Bolivia: el régimen socialista aplaza el pase sanitario hasta el 26 de enero

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Así lo anunció el ministro de salud. El documento, altamente cuestionado por un sector del mismo oficialismo y por la oposición, no será obligatorio por 3 semanas más, y dejará de estar vigente como lo venía siendo desde el 1ro de enero.

Con la firma de los decretos supremos 4640 y 4641, el gobierno de Bolivia implementó la vigencia de un documento que comprueba la calidad de vacunados a todos los que hayan recibido dos dosis contra el Covid-19.

Al poco tiempo, este documento se convertiría en el requisito indispensable para realizar todo tipo de actividades, públicas o privadas, en todo el territorio nacional, y en caso de no tenerlo, se debía presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. De esta manera, el régimen de Evo Morales implementaba su propia versión del pase sanitario.

Dicha medida fue anunciada en los primeros días del 2022, en el periodo en el cual Bolivia registraba, en promedio, 7.000 casos diarios de coronavirus. La nueva exigencia, como era de esperarse, puesto que la gestión de Arce no ha conseguido inmunizar completamente ni al 50% de la población, causó revuelo en todo el país.

Cientos de ciudadanos se volcaron a los puestos de vacunación para recibir las dosis y obtener el documento, ya que sin él no podrían acudir a su trabajo. Esta avalancha de personas buscando vacunarse colapsó la demanda de vacunas en las principales capitales del país.

El régimen socialista no logró fortalecer el abastecimiento de la vacuna mientras busca discriminar a los bolivianos por su estatus de vacunación. Ante este problema, a pesar de que inicialmente se quiso hacer obligatorio desde el 1ro de enero, posteriormente la fecha de cambió al 5, y finalmente se aplazó hasta el 26 de enero.

Un sector dentro del MAS, especialmente los indigenistas, rechazaron la nueva exigencia. A su vez, reclamaron que la determinación no fue consensuada e inclusive llegaron a exigir la validación del uso de hierbas medicinales como sustitutos de la vacuna anti-COVID.

Esta reacción era previsible. Dentro de la cúpula del MAS existen individuos promotores de este tipo de prácticas, como lo es el vicepresidente David Choquehuanca. El segundo mandatario del país no había recibido ninguna dosis si no hasta hace unos días, fruto de la presión social que exigía coherencia al gobierno.

El vicepresidente declaró que “ya había pasado varias veces la enfermedad” y que se había curado “con medicina tradicional”, incluso había comido pasto para tratar la enfermedad.

También, como se puede constatar en los registros del ministerio de salud, se observa que Andrónico Rodríguez, mano derecha de Evo Morales y presidente del senado tampoco ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta misma persona fue quien, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, había dicho que el virus era un “invento de la derecha” y organizó los bloqueos de las rutas que impidieron el paso del oxígeno, que reslutó en la muerte de 40 personas durante agosto de ese año. 

Desde la oposición, especialmente los diputados Caleb Villarroel (CREEMOS) y María José Salazar (CC), ambos de Santa Cruz, han declarado su rechazo a la exigencia del documento. Consideran, acertadamente, que se violan derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, que en Bolivia tienen rango constitucional. 

Por ese motivo, se trasladaron a la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial del país, para presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos supremos, a fin de que sean expulsados del ordenamiento jurídico del país.

La medida parece estar destinada al fracaso. No solo por el fracaso del plan de vacunación, sino porque no da certeza a los ciudadanos que fueron inmunizados en el exterior, alrededor del 1% de la población según estimaciones, quienes debían hacer un trámite administrativo altamente burocrático para convalidar en el país sus certificaciones los países en donde fueron inmunizados

Bolivia registra sus peores datos desde que inició la pandemia en el gobierno de Añez en 2020. El 6 de enero registró más de 10 mil casos en 24 horas, un caso de Flurona, la confirmación de la variante Ómicron en el país y un lento proceso de vacunación, que en casi un año desde la primera dosis aplicada, no llega a equipararse con los procesos de otros países de la región.

También, es una dura batalla por la preservación de los derechos fundamentales. La mezcla de todos estos factores, donde juega un rol importante la incapacidad de la clase política de contrarrestar a la enfermedad sin afectar a las libertades, marca un sombrío inicio de año no solo para Bolivia, sino para toda la región y el mundo.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Evo Morales profundiza la persecución política: Pumari fue arrestado y Añez cumple 280 días en prisión

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Luego de ser derrotados con la Ley 1386, el régimen socialista arrestó arbitrariamente a Marco Pumari y no cede ante la prisión política de Jeanine Añez.

Mientras el mundo mira para otro lado, la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, continúa en prisión arbitrariamente por orden del régimen socialista de Evo Morales. Con un estado de salud deplorable, y tras haber sobrevivido a un intento de suicidio, Añez fue nuevamente agredida en su celda.

Su hija Carolina Ribera, quien ha emprendido una cruzada internacional para presionar al régimen de Bolivia con el fin de lograr la libertad de su madre, denunció en la cuenta de Twitter de Jeanine Añez las agresiones a las que es sometida en la cárcel de mujeres en La Paz. 

La ex dignataria ha confirmado la veracidad de dichas agresiones en una carta que publicó en días pasados. Añez relata que la “teniente Durán” se introdujo en su celda y le profirió insultos y patadas, contra su humanidad y los objetos que tenía dentro. Fruto de este atropello, ha dicho: “Me siento amenazada, asustada. Temo por mi vida y la de mis hijos”.

En la misma carta, relata que, al recibir la visita de la directora de la cárcel en donde se encuentra recluida, fue tildada de mentirosa al reclamar por las agresiones a las que fue sometida.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando también el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que me había dicho mi hija Carolina Ribera”, escribió.

Fieles a su cinismo, desde el Ministerio de Gobierno han “desmentido” las “acusaciones” de Jeanine Añez y han dado refugio a la teniente agresora. La Defensoría del Pueblo, una institución pública que debería velar por los derechos humanos, actualmente copada por el MAS, “verificó” y “confirmó” que la ex presidente no tiene signos de tortura.

Sin embargo, Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, expresó a la opinión pública que Añez tiene la salud deteriorada y percibe un riesgo de muerte en la ex presidente.

Producto de este cruce, Jeanine Añez será trasladada de celda a una en la que convivirá con otras reclusas, en vez de estar aislada a merced de los guardias masistas. Jeanine Añez fue la primera de los más de 20 presos políticos, entre militares, policías, cívicos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, que lleva el régimen comunista de Arce y Morales.

A esta lista, se ha unido una de las figuras principales de las protestas de 2019, Marco Pumari.

El arresto arbitrario de Marco Pumari

Pumari fue presidente del comité cívico de Potosí, quien, junto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideraron las protestas contra el fraude electoral que culminaron con la huida de Evo Morales y su cúpula a México en 2019. También fue compañero vicepresidencial de Camacho en 2020, donde obtuvieron el 14% de los votos.

Recordemos que, durante las protestas, Pumari, junto a la ciudadanía, denunció que en Potosí se estaba haciendo un conteo de votos paralelo a la sede de la Corte Electoral Boliviana. En la casa contigua al edificio, se encontraron todas las actas electorales reales dentro, mientras que en la sede se seguía contando votos.

El hecho provocó la entrada de Potosí a las protestas que inició Santa Cruz. Se plegaron al paro indefinido, y en una marcha de protesta, fue incendiado el edificio de la Corte Electoral por los manifestantes. Posterior a esto, fue muy cercano a Camacho en todas las apariciones públicas. Ambos, el día de la renuncia de Morales, invadieron el palacio presidencial para dejar la carta de renuncia de Evo junto a una biblia.

Ahora, el régimen lo acusa de delitos electorales, específicamente lo responsabilizan por la quema del edificio, siendo que no existen pruebas que señalen su culpabilidad o que el haya dado órdenes para consumar el hecho. 

La madrugada del 11 de diciembre, mientras se dirigía a su casa en Potosí, fue interceptado por grupos policiales para ser aprehendido, siendo bajado de su vehículo, el cual se quedó en media calle. Su familia denuncia que ha sido víctima de torturas.

Tras su aprehensión se presumía que sería llevado a La Paz, como se ha hecho con la mayoría de los presos políticos del gobierno de Arce. Empero, se quedó en su departamento y fue trasladado lejos de la capital, a una localidad llamada Llallagua.

En tiempo récord fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, de donde salió con una prisión preventiva de 6 meses en la cárcel de Betanzos, otra localidad de su departamento. Su aprehensión y detención está plagada de irregularidades, las cuales van desde el hecho de que no fue notificado previamente con la denuncia, su aprehensión se la realizó en la madrugada, lo cual no lo permite los procedimientos penales bolivianos, fue privado de comunicaciones con sus abogados, e, injustificadamente, fue llevado lejos de su jurisdicción, la ciudad de Potosí.

El presidente de la Corte Electoral Regional ha indicado que Pumari no tuvo participación en los hechos de quema en 2019, y que, si hubiese sido así, no se le hubiera permitido ser candidato a vicepresidente en 2020 y a gobernador en 2021. A pesar de ello, el régimen no dudó en arrestarlo y acusarlo por ello.

El MAS planea aplicar con Pumari la misma estrategia que con Jeanine Añez, al cumplimiento de una detención preventiva, acusarlo de otros delitos para sentenciarle una prórroga. De esta forma, asegurar una constante detención en la cárcel sin que exista una sentencia judicial definitiva.

Tras esta detención ilegal, los cívicos del país se han movilizado junto a los partidos de oposición, principalmente CREEMOS. Se realizó un cabildo en Potosí, al cual tenían previsto llegar Camacho, Mesa, y parlamentarios. Fueron impedidos de llegar por masistas que bloquearon las carreteras y amenazaron con agredirlos. 

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