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Justicia boliviana cajonea todas las denuncias contra Evo Morales y el ex presidente consiguió la impunidad que buscaba

Con la llegada de Luis Arce a la presidencia, el sistema judicial de Bolivia rechazó y desestimó todas las denuncias de fraude electoral, estupro y terrorismo sobre Evo Morales. Ahora sin antecedentes penales en su contra, alcanzó la impunidad.

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Tras su llegada a Bolivia, el ex presidente e intento de dictador Evo Morales ha sido un gran beneficiario de notados privilegios legales. Pese a estar perdiendo el respaldo político de algunas ramas del Movimiento al Socialismo, sigue siendo un intocable para las autoridades judiciales en su país.


Esta semana, medios locales revelaron que la juez del Tribunal Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro (que en el año 2018 fue suspendida por un año del ejercicio de su profesión por infringir el Código de Ética del Colegio de Abogados de Bolivia) desestimó las denuncias de fraude electoral contra Evo Morales y su cúpula, al no considerar “contundentes” los elementos de prueba que presentó el candidato presidencial Carlos Mesa, mismos que fueron ratificados en los Informes Preliminar y Final de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En su denuncia, Mesa acusó a Morales por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado; obstaculización de procesos electorales; manipulación informática; y alteración y ocultación de resultados. 

Por otra parte, el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino, descartó presentar un recurso de apelación contra esta decisión, argumentando que “no existe constancia de algún elemento de prueba del denunciado fraude” en los informes presentados por el Tribunal Supremo Electoral y la OEA. 

“Tanto el informe interno del Tribunal Supremo Electoral y el del Tribunal Electoral Departamental, según la juez (Claudia Castro, encargada de anular el proceso), no habían concluido y menos habría existido en estos informes preliminares los elementos constitutivos para la existencia de un fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019”, aseguró Quino.
Con esta decisión, la situación electoral de Bolivia ha quedado en una situación muy extraña. La Justicia se niega a identificar como fraudulenta la elección de 2019, que le hubiera otorgado la victoria a Evo Morales, pero no presenta objeciones con el hecho que hoy está gobernando Luis Arce, quien triunfó la re-edición de esa elección.
Constitucionalmente esto es válido, ya que la elección de 2019 carece de legitimidad luego de que el mismo Tribunal Electoral admitió que hubo fraude. Sin embargo, las recientes decisiones de la justicia, claramente manipulada por el MAS, han creado una inconsistencia en este aspecto.

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La semana pasada, la justicia boliviana absolvió a Morales de las responsabilidades penales dentro del proceso por terrorismo que le seguía el Ministerio Público. Esta denuncia había sido presentada por el Gobierno interino de Jeanine Añez, luego de revelar una conversación entre el dirigente cocalero Faustino Yucra y Morales en donde recibía instrucciones para alterar el orden en el país. 
Aunque el audio fue verificado por un instituto de peritaje en Colombia (los resultados determinaron que la voz contenida en el audio era la de Morales), las investigaciones fueron cerradas, además de dejar sin efecto legal las órdenes de detención, otorgándole impunidad a Morales.
También, en el mes de noviembre, Evo fue absuelto de los delitos de terrorismo, genocidio, sedición, atentados contra la seguridad de los servicios, delitos contra la salud, destrucción de bienes e instigación pública a delinquir, por los bloqueos de carreteras realizados en el mes de Agosto y organizados por el ex presidente desde Buenos Aires.
Estos bloqueos fueron registrados en el pico máximo de infección de la pandemia de coronavirus en el país, que, sumado a la maniobra política que ejecutaba Añez en su condición de candidata y Presidente al mismo tiempo, fueron responsables de más de 40 decesos por falta de oxígeno (entre ellos, Esther Morales, hermana de Evo Morales) ya que los bloqueadores impedían a las cisternas el acceso a las ciudades. 
Por otra parte, las investigaciones iniciadas por los delitos de estupro, pedofilia y la conformación de una red de trata de menores contra Morales se mantienen sin avances significativos a pesar de las múltiples pruebas que se han presentado, por lo que no se descarta que en los próximos días sea absuelto de estos delitos también.

Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Retrocede la dictadura sanitaria en Bolivia: el régimen socialista aplaza el pase sanitario hasta el 26 de enero

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Así lo anunció el ministro de salud. El documento, altamente cuestionado por un sector del mismo oficialismo y por la oposición, no será obligatorio por 3 semanas más, y dejará de estar vigente como lo venía siendo desde el 1ro de enero.

Con la firma de los decretos supremos 4640 y 4641, el gobierno de Bolivia implementó la vigencia de un documento que comprueba la calidad de vacunados a todos los que hayan recibido dos dosis contra el Covid-19.

Al poco tiempo, este documento se convertiría en el requisito indispensable para realizar todo tipo de actividades, públicas o privadas, en todo el territorio nacional, y en caso de no tenerlo, se debía presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. De esta manera, el régimen de Evo Morales implementaba su propia versión del pase sanitario.

Dicha medida fue anunciada en los primeros días del 2022, en el periodo en el cual Bolivia registraba, en promedio, 7.000 casos diarios de coronavirus. La nueva exigencia, como era de esperarse, puesto que la gestión de Arce no ha conseguido inmunizar completamente ni al 50% de la población, causó revuelo en todo el país.

Cientos de ciudadanos se volcaron a los puestos de vacunación para recibir las dosis y obtener el documento, ya que sin él no podrían acudir a su trabajo. Esta avalancha de personas buscando vacunarse colapsó la demanda de vacunas en las principales capitales del país.

El régimen socialista no logró fortalecer el abastecimiento de la vacuna mientras busca discriminar a los bolivianos por su estatus de vacunación. Ante este problema, a pesar de que inicialmente se quiso hacer obligatorio desde el 1ro de enero, posteriormente la fecha de cambió al 5, y finalmente se aplazó hasta el 26 de enero.

Un sector dentro del MAS, especialmente los indigenistas, rechazaron la nueva exigencia. A su vez, reclamaron que la determinación no fue consensuada e inclusive llegaron a exigir la validación del uso de hierbas medicinales como sustitutos de la vacuna anti-COVID.

Esta reacción era previsible. Dentro de la cúpula del MAS existen individuos promotores de este tipo de prácticas, como lo es el vicepresidente David Choquehuanca. El segundo mandatario del país no había recibido ninguna dosis si no hasta hace unos días, fruto de la presión social que exigía coherencia al gobierno.

El vicepresidente declaró que “ya había pasado varias veces la enfermedad” y que se había curado “con medicina tradicional”, incluso había comido pasto para tratar la enfermedad.

También, como se puede constatar en los registros del ministerio de salud, se observa que Andrónico Rodríguez, mano derecha de Evo Morales y presidente del senado tampoco ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta misma persona fue quien, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, había dicho que el virus era un “invento de la derecha” y organizó los bloqueos de las rutas que impidieron el paso del oxígeno, que reslutó en la muerte de 40 personas durante agosto de ese año. 

Desde la oposición, especialmente los diputados Caleb Villarroel (CREEMOS) y María José Salazar (CC), ambos de Santa Cruz, han declarado su rechazo a la exigencia del documento. Consideran, acertadamente, que se violan derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, que en Bolivia tienen rango constitucional. 

Por ese motivo, se trasladaron a la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial del país, para presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos supremos, a fin de que sean expulsados del ordenamiento jurídico del país.

La medida parece estar destinada al fracaso. No solo por el fracaso del plan de vacunación, sino porque no da certeza a los ciudadanos que fueron inmunizados en el exterior, alrededor del 1% de la población según estimaciones, quienes debían hacer un trámite administrativo altamente burocrático para convalidar en el país sus certificaciones los países en donde fueron inmunizados

Bolivia registra sus peores datos desde que inició la pandemia en el gobierno de Añez en 2020. El 6 de enero registró más de 10 mil casos en 24 horas, un caso de Flurona, la confirmación de la variante Ómicron en el país y un lento proceso de vacunación, que en casi un año desde la primera dosis aplicada, no llega a equipararse con los procesos de otros países de la región.

También, es una dura batalla por la preservación de los derechos fundamentales. La mezcla de todos estos factores, donde juega un rol importante la incapacidad de la clase política de contrarrestar a la enfermedad sin afectar a las libertades, marca un sombrío inicio de año no solo para Bolivia, sino para toda la región y el mundo.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Evo Morales profundiza la persecución política: Pumari fue arrestado y Añez cumple 280 días en prisión

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Luego de ser derrotados con la Ley 1386, el régimen socialista arrestó arbitrariamente a Marco Pumari y no cede ante la prisión política de Jeanine Añez.

Mientras el mundo mira para otro lado, la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, continúa en prisión arbitrariamente por orden del régimen socialista de Evo Morales. Con un estado de salud deplorable, y tras haber sobrevivido a un intento de suicidio, Añez fue nuevamente agredida en su celda.

Su hija Carolina Ribera, quien ha emprendido una cruzada internacional para presionar al régimen de Bolivia con el fin de lograr la libertad de su madre, denunció en la cuenta de Twitter de Jeanine Añez las agresiones a las que es sometida en la cárcel de mujeres en La Paz. 

La ex dignataria ha confirmado la veracidad de dichas agresiones en una carta que publicó en días pasados. Añez relata que la “teniente Durán” se introdujo en su celda y le profirió insultos y patadas, contra su humanidad y los objetos que tenía dentro. Fruto de este atropello, ha dicho: “Me siento amenazada, asustada. Temo por mi vida y la de mis hijos”.

En la misma carta, relata que, al recibir la visita de la directora de la cárcel en donde se encuentra recluida, fue tildada de mentirosa al reclamar por las agresiones a las que fue sometida.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando también el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que me había dicho mi hija Carolina Ribera”, escribió.

Fieles a su cinismo, desde el Ministerio de Gobierno han “desmentido” las “acusaciones” de Jeanine Añez y han dado refugio a la teniente agresora. La Defensoría del Pueblo, una institución pública que debería velar por los derechos humanos, actualmente copada por el MAS, “verificó” y “confirmó” que la ex presidente no tiene signos de tortura.

Sin embargo, Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, expresó a la opinión pública que Añez tiene la salud deteriorada y percibe un riesgo de muerte en la ex presidente.

Producto de este cruce, Jeanine Añez será trasladada de celda a una en la que convivirá con otras reclusas, en vez de estar aislada a merced de los guardias masistas. Jeanine Añez fue la primera de los más de 20 presos políticos, entre militares, policías, cívicos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, que lleva el régimen comunista de Arce y Morales.

A esta lista, se ha unido una de las figuras principales de las protestas de 2019, Marco Pumari.

El arresto arbitrario de Marco Pumari

Pumari fue presidente del comité cívico de Potosí, quien, junto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideraron las protestas contra el fraude electoral que culminaron con la huida de Evo Morales y su cúpula a México en 2019. También fue compañero vicepresidencial de Camacho en 2020, donde obtuvieron el 14% de los votos.

Recordemos que, durante las protestas, Pumari, junto a la ciudadanía, denunció que en Potosí se estaba haciendo un conteo de votos paralelo a la sede de la Corte Electoral Boliviana. En la casa contigua al edificio, se encontraron todas las actas electorales reales dentro, mientras que en la sede se seguía contando votos.

El hecho provocó la entrada de Potosí a las protestas que inició Santa Cruz. Se plegaron al paro indefinido, y en una marcha de protesta, fue incendiado el edificio de la Corte Electoral por los manifestantes. Posterior a esto, fue muy cercano a Camacho en todas las apariciones públicas. Ambos, el día de la renuncia de Morales, invadieron el palacio presidencial para dejar la carta de renuncia de Evo junto a una biblia.

Ahora, el régimen lo acusa de delitos electorales, específicamente lo responsabilizan por la quema del edificio, siendo que no existen pruebas que señalen su culpabilidad o que el haya dado órdenes para consumar el hecho. 

La madrugada del 11 de diciembre, mientras se dirigía a su casa en Potosí, fue interceptado por grupos policiales para ser aprehendido, siendo bajado de su vehículo, el cual se quedó en media calle. Su familia denuncia que ha sido víctima de torturas.

Tras su aprehensión se presumía que sería llevado a La Paz, como se ha hecho con la mayoría de los presos políticos del gobierno de Arce. Empero, se quedó en su departamento y fue trasladado lejos de la capital, a una localidad llamada Llallagua.

En tiempo récord fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, de donde salió con una prisión preventiva de 6 meses en la cárcel de Betanzos, otra localidad de su departamento. Su aprehensión y detención está plagada de irregularidades, las cuales van desde el hecho de que no fue notificado previamente con la denuncia, su aprehensión se la realizó en la madrugada, lo cual no lo permite los procedimientos penales bolivianos, fue privado de comunicaciones con sus abogados, e, injustificadamente, fue llevado lejos de su jurisdicción, la ciudad de Potosí.

El presidente de la Corte Electoral Regional ha indicado que Pumari no tuvo participación en los hechos de quema en 2019, y que, si hubiese sido así, no se le hubiera permitido ser candidato a vicepresidente en 2020 y a gobernador en 2021. A pesar de ello, el régimen no dudó en arrestarlo y acusarlo por ello.

El MAS planea aplicar con Pumari la misma estrategia que con Jeanine Añez, al cumplimiento de una detención preventiva, acusarlo de otros delitos para sentenciarle una prórroga. De esta forma, asegurar una constante detención en la cárcel sin que exista una sentencia judicial definitiva.

Tras esta detención ilegal, los cívicos del país se han movilizado junto a los partidos de oposición, principalmente CREEMOS. Se realizó un cabildo en Potosí, al cual tenían previsto llegar Camacho, Mesa, y parlamentarios. Fueron impedidos de llegar por masistas que bloquearon las carreteras y amenazaron con agredirlos. 

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Congreso de Perú declara persona no grata a Evo Morales y pone en jaque su visita a Cusco a fin de año

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Parlamentarios peruanos de la Comisión de Relaciones Exteriores emitieron un declaración en contra del ex presidente de Bolivia. Al mismo tiempo, exhortaron al Ministerio del Interior y al de Defensa a impedir su ingreso al país andino.

Nuevo revés para el socialismo de la Patria Grande en Latinoamérica. Esta vez, en contra del tirano boliviano Evo Morales, padrino político del presidente comunista de Perú, Pedro Castillo.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano votó esta semana para declarar a Evo Morales como persona no grata en el país, emitiendo un pronunciamiento de censura por “intromisión política y activismo político negativoen Perú.

El documento reza en su parte principal: “Declarar persona no grata a Evo Morales Ayma en nuestro país por su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”, el cual fue aprobado el 22 de noviembre en una sesión.

Dicha instancia parlamentaria emite este documento un mes antes del viaje programado por Evo Morales a Cusco, donde Castillo planeaba re-lanzar su gobierno, después de varios meses de turbulencias políticas y una guerra civil total en el partido oficialista.

Evo Morales.

Esta declaración no es la primera que se había intentado por el Congreso de Perú, que cabe recordar tiene mayoría de derecha, a pesar de que varios partidos más de centro han estado vendiendo su apoyo a Castillo.

En el pleno del Congreso, en agosto de este año se rechazó una moción similar, propuesta por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País. 

El pleno del Congreso peruano rechazó la moción con 45 votos a favor, 62 en contra y 12 abstenciones. En la nueva resolución de la Comisión, se cuestiona que el Estado peruano brinde seguridad y disposición de bienes estatales, como vehículos y hospedaje, para una persona que no ha estado “haciendo daño” al país.

La comisión de relaciones exteriores está dominada por la oposición. De los 15 miembros, 9 votaron a favor de la declaración. Estos forman parte de los partidos de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso (APP). En contra, votaron solo los miembros de Perú Libre, y se abstuvo el centrista Acción Popular.

Los asuntos que causaron la declaración son aquellos que Evo Morales ha repetido hasta el cansancio en Bolivia: un relato discriminatorio y supremacista indígena en Perú.

Al igual que en Bolivia en 2006, ha propuesto a su apadrinado Pedro Castillo el desarrollar una asamblea constituyente, expropiar la explotación de recursos naturales, ampliar la cantidad de cultivos de coca y dividir los territorios de los pueblos autóctonos de Perú.

Estas actividades, son una réplica exacta del proceso que llevó a cabo en Bolivia, cuyos efectos fueron la polarización social, incremento descomunal de la producción de cocaína en el país, extinción del estado de derecho, fracaso y quiebra de las empresas públicas, huida de capitales extranjeros y un riesgo constante de conflictos sociales producto del trato desigual frente a la ley, dando privilegios a sectores afines al Movimiento al Socialismo, partido de Evo.

También, otra motivante para esta declaración fue el anuncio de Evo sobre su concurrencia a Cuzco el 21 de diciembre en ocasión de la reunión de RUNASUR, el intento del socialismo sudamericano para no dejar morir a la fracasada UNASUR. La cual aglutina a “sectores indígenas” de Sudamérica para combatir al “imperialismo, colonialismo y capitalismo”. Cuyo fin es la separación social, tanto en Bolivia, como en Perú y Chile.

Las actitudes del caudillo cocalero hacen caer en saco roto todas las declaraciones, basadas en hechos imaginarios, que emitió durante su mandato contra Estados Unidos, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros a los cuales calificó como “intervencionistas” y “violadores de la soberanía boliviana”. Ahora es él mismo quien recibe estos calificativos y se le prohíbe su ingreso.

Leal a su estilo victimista, el ex dictador fugado respondió a esta declaración que le fue emitida, esperando que los promotores de la declaración “no sean partes del racismo”.

Este rechazo a Morales, se une a las seguidas derrotas que ha tenido tanto en su país como en la región sudamericana, puesto que recientemente, la derecha boliviana lo derrotó y consiguió que ordene abrogar la ley 1386 y en días anteriores, Paraguay expulsó al embajador de Bolivia, Mario Cronenbold, quien fue designado por el propio Morales como consuelo por haber perdido la gobernación de Santa Cruz frente a Luis Camacho.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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