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La ex presidente y presa política Jeanine Añez denunció que es abusada y torturada en la cárcel de Bolivia

Por medio de una carta redacta desde la prisión, la ex presidente Jeanine Añez relató los abusos y torturas que recibe a diario por parte del régimen socialista de Evo Morales, además de narrar las injusticias que recibió al momento de su arresto en Beni.

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La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, publicó a través de sus familiares una carta dirigida a la ciudadanía, en la que describe su situación actual luego de ser arrestada por la tiranía socialista el pasado 13 de marzo, y denuncia abusos y torturas en la cárcel boliviana.


En el escrito, la ex mandataria se consagra a sí misma como una víctima de la dictadura en su lucha por la democracia, alega su inocencia y reitera que no hubo golpe de Estado en 201o, sino fraude electoral por parte del masismo
También relata las arbitrariedades instruidas por el actual presidente ceremonial Luis Arce para detenerla, puesto que, según su testimonio, más de un centenar de policías altamente armados y violentos fueron a buscarla a pesar de que no presentó resistencia.
En ese sentido, aseguró que durante su aprehensión se cometieron actos de tortura contra sus sobrinos de 20 y 28 años, quienes fueron asfixiados bajo la amenaza de que movimientos sociales afines al MAS iban a incendiar su casa, todo en presencia de menores de edad y personas de la tercera edad que también fueron amenazados. 
Agregó que durante su traslado a La Paz, su domicilio fue precintado, algo totalmente ilegal en un caso como el suyo. De la misma forma, asegura que le impidieron a ella y a sus hijos retirar ropa y las medicinas que consume
Advierte también su susceptibilidad por la integridad de sus pertenencias debido a que la fiscalía sostiene que no tiene un domicilio fijo y teme que el precinto sea una excusa para efectuar un “robo descarado” a sus propiedades.

“No tengo ninguna prueba de terrorismo porque jamás he estado en cosas ilícitas,
ningún antecedente. La mayoría de mis cosas las dejé a la vista porque no tengo
nada que esconder. Espero que no hayan echado mano a mis cosas que nada
tienen que ver con el montaje que pretenden “investigar”
,
se expresa en la carta.

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También, arremetió contra las autoridades del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, que renunciaron a la sucesión presidencial en 2019 (presidentes y primeros vicepresidentes de las cámaras del Congreso), calificando esta acción como “un acto de cobardía” y que no querían hacerse cargo del país en llamas. 

Conjuntamente, Añez denuncia que se ha impedido su atención por parte de médicos privados, y expresa su desconfianza con los médicos del gobierno, quienes le suministran medicación de “alto riesgo” y sin su conocimiento. 

Es por eso que responsabiliza al régimen de Luis Arce y a Evo Morales por lo que le pueda suceder con su salud en las próximas semanas. La ex mandataria constitucional teme que la medicación le pueda causar un paro cardíaco o problemas que le impidan volver a escribir una carta en el futuro.

Recordemos que hace unos días, la ex mandataria presentó cuadros de descompensación y tensión arterial alta. Su hija, Carolina Ribera, comentó a los medios locales que las autoridades del régimen penitenciario impidieron su traslado a un centro de salud privado y el ingreso de un cardiólogo para que atienda a su madre.

No podemos confiar ni en los médicos del penal, ellos solo me informan de que mi madre está estable, pero cómo voy a confiar en gente que hace esas arbitrariedades”, señaló Ribera.

El pasado 20 de marzo, Añez fue trasladada en ambulancia a otro centro penitenciario de la ciudad de La Paz. Abordada por la prensa, Añez llegó a decir, un poco confundida, “Me sacaron diciéndome que iba a la Clínica del Sur“, pero como se puede ver en las imágenes, fue ingresada a la cárcel de Miraflores.
Habiendo sido trasladada del centro de Obrajes y estando en el centro penitenciario de mujeres de Miraflores, nuevamente su hija intentó ingresar un médico para su madre ante el riesgo de un infarto o de un derrame cerebral. 
Sin embargo, se le impidió el ingreso del profesional y hasta ahora ningún profesional del sector privado pudo verificar su estado de saludo

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La ex mandataria finaliza su escrito encomendando al pueblo de Bolivia la seguridad de sus hijos ante la posibilidad de que la dictadura de Evo Morales finalice con su vida, objetivo en el que están empeñados en cumplir. 

También aseguró que a pesar de las acciones de la tiranía masista, no doblegarán su espíritu, y tampoco cambiarán la verdadera historia, en relación a los hechos ocurridos durante el 2019. 

Querido pueblo boliviano: Soy una madre soltera, y si llegan a matarme por uno
u otro medio, solo quiero pedir al pueblo boliviano que vele por la seguridad de
mis hijos y mi familia
, y que Bolivia no se rinda jamás frente a la dictadura y la
persecución política
“, señaló.

En un acto de total irrespeto por la vía constitucional, Arce anunció que se iniciarían procesos legales contra la ex mandataria por la vía ordinaria y no por la vía del Juicio de Responsabilidades en el Parlamento, como la Constitución dice que debe hacerse contra una persona imputada por lo realizado durante su presidencia.
Esto se debe a que un juicio de estas características requiere la aprobación de dos tercios de la Cámara para una sentencia con prisión efectiva, algo que el MAS hoy no tiene.
El Ministro de Justicia de la dictadura, Iván Lima, admitió que no se optó por la vía constitucional ya que “no tenemos los dos tercios” y “primero hay que armar el caso“.
Varios sectores de oposición califican este acto de ilegal y abusivo, constituyéndose estas declaraciones como una prueba más de la ilegalidad del proceso.

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Adjuntamos la transcripción documental de la carta redactada por Jeanine Añez desde la cárcel.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario
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Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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