Seguinos en redes

Bolivia

Luis Arce contra FUNDEMPRESA: el Gobierno socialista ataca al sector empresarial y amenaza la seguridad jurídica en Bolivia

El gobierno Socialista eliminó mediante decreto las facultades de registro comercial a FUNDEMPRESA, el conglomerado de instituciones privadas encargado de avalar a las empresas del país, dando un duro golpe al sector.

Publicado

en

En su primer mes de gobierno, posterior al anuncio de un impuesto a las grandes fortunas, incremento del gasto público, rupturas comerciales con países estratégicos a la región y un nuevo bono “Contra el Hambre”, Luis Arce ha propinado otro nuevo golpe contra los emprendimientos y la actividad comercial del país.

Mediante la aprobación del Decreto Supremo 4407, Luis Arce y el gobierno del MAS abrogaron la norma promulgada por la ex presidente Jeanine Añez sobre la ampliación del registro público de empresas y actividades comerciales a FUNDEMPRESA, una institución privada sin fines de lucro administrada por la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Construcción de Santa Cruz, encargada de la administración del registro de todas las empresas privadas.

FUNDEMPRESA recibió esta licencia a inicios del milenio a iniciativa del gobierno de Hugo Banzer Suárez, y fue efectivizado posterior a su renuncia por su entonces vicepresidente y posterior presidente Jorge “Tuto” Quiroga por un lapso de 20 años, cuyo período finaliza en el año 2021.

El 6 de octubre de 2020, Añez amplió por 15 años más esta licencia, hasta el año 2036, a fin de garantizar las alianzas público-privadas para la reactivación de la economía a raíz de la pandemia de coronavirus, puesto que todos los administradores de esta institución son grupos empresariales de Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia.

Sin embargo, el Gobierno socialista mencionó que “la licitación ampliada por Añez no cumplió con todos los requerimientos legales para ejecutar la ampliación de los permisos”, razón por la cual, la norma fue cancelada para llamar a una nueva licitación pública a otra empresa para prestar este servicio.

Añez junto a los representantes de FUNDEMPRESA al momento de la firma del decreto de ampliación

Ad

Por su lado, los representantes legales de FUNDEMPRESA iniciaron inmediatamente las negociaciones con las autoridades del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para revertir los efectos del nuevo Decreto Presidencial.

El presidente de FUNDEMPRESA alega que “es inadecuado relevar a su institución de la licencia en un periodo tan crítico como el que vive el sector empresarial del país, y recibió como respuesta amenazas de acciones legales por parte del ministro de Desarrollo en caso de conseguir la reversión del decreto por atentar a los intereses del Estado”.

Distintos analistas económicos han coincidido en que el retiro de la licencia es injustificado puesto que la entidad desarrolla un trabajo eficiente y es un pilar para los emprendimientos bolivianos. 

Otros mencionan que la nueva entidad que se adjudique la concesión no contará con la experiencia y capacidad técnica suficiente para atender al rubro privado, además de que representará un reto encontrar a una entidad que realice el mismo trabajo, con la misma eficiencia y que no exija remuneraciones por los servicios que preste.

También, el empresario y líder político, Luis Fernando Camacho, manifestó su repudio a la medida, porque asegura que “esto afecta la credibilidad del estado boliviano en un momento donde se requiere desesperadamente más inversión y menos estatismo en detrimento de la iniciativa privada”.

“En un momento de crisis como el que estamos atravesando, en el que Bolivia necesita desesperadamente inversión privada nacional o extranjera, esta medida muestra la ausencia de seguridad jurídica en el Estado, lo que inviabiliza la inversión….Es una mala señal, y el inicio de un camino que solo va a traer recesión y más pobreza”, escribió en un post de Facebook.

Queda más que claro la falta de condiciones otorgadas por el Gobierno socialista de Arce, buscando simplemente socavar todo rasgo de iniciativa particular para adjudicarse plenamente al Estado, matando las alternativas reales y probadas que se tienen para levantar a una economía totalmente dilapidada.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

Haga clic para comentar

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión

Deja una Respuesta

Bolivia

Bolivia en llamas: Santa Cruz al borde de la separación por la negación de Evo Morales a realizar un censo

Publicado

en

El censo, que le otorgaría una mayor distribución de recursos nacionales, mayor representación en el Congreso y podría revelar nueva información sobre el fraude del 2019, se ha convertido en uno de los choques políticos más fuertes en décadas, dejando al país al borde de una guerra civil.

La disputa por la fecha del censo nacional de población fue la gota que rebalsó el vaso en el conflicto entre el Gobierno Central y el Gobierno de Santa Cruz, despertando un fuerte estallido social en Bolivia.

Este año tocaba hacer un censo en Bolivia, muy esperado por los cruceños ya que confirmaría el enorme crecimiento poblacional de la región, lo cual implicaría mayor representación en el Congreso, menos quita de impuestos nacionales, y otros beneficios que les corresponden.

Pero el presidente Luis Arce anunció a mediados de año que pospondría el censo para el año 2024, situación que despertó el enojo de los sectores cívicos, gubernamentales y universitarios de Santa Cruz, que vieron como una vez más el gobierno con sede en La Paz menosprecia su autonomía.

Rápidamente se articuló un “comité interinstitucional” para reivindicar la realización del censo en el año 2023, reclamando que si el Gobierno Central no lo hace lo harán ellos mismos y demandarán que los resultados sean aceptados.

Las instituciones del departamento más rico y bastión opositor al socialismo del MAS y Evo Morales llevan más de 3 meses en protestas, intensificándose en las últimas semanas.

Cronología de una Bolivia en llamas

Los orígenes se remontan al año 2021, inicios del régimen que encabeza Evo Morales tras su retorno al país, cuando todo Bolivia se planteaba la necesidad de actualizar sus datos estadísticos tras el último censo en el año 2012, que estuvo plagado de irregularidades, ciudadanos que no fueron censados y artimañas para manipular resultados electorales, como se evidenció en el fraude del año 2019. 

En un principio, el presidente Arce declaró al censo como “prioridad nacional”, y junto a sus ministros ordenó prepararlo para el 16 de noviembre del año 2022, exactamente 10 años después del anterior, mediante el decreto supremo 4546, calmando así las exigencias de los sectores cívicos, principalmente de Santa Cruz.

Entrado el año 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) garantizó técnica y financieramente la realización del censo a finales de este año, versión secundada por el órgano ejecutivo de Bolivia, mediante el Ministerio de Planificación, quienes declararon haber obtenido el financiamiento externo para la encuesta. 

Un tiempo después, el 15 de junio de 2022, luego de que Arce coloque a un nuevo ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, el Congreso aprobó el crédito anunciado como financiamiento del censo, y la nueva autoridad volvió a garantizar su realización en el año 2022, faltando 5 meses para que se realice.

Pero un mes después, el 12 de julio de 2022, Arce llama a los gobernadores de los 9 departamentos del país (6 de oposición, 3 del MAS) al Consejo Nacional de Autonomías en La Paz. En una maniobra política sin precedentes, cuando debían viajar a la capital, el ministerio público citó al gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, a declarar en Santa Cruz por el Caso Golpe de Estado, el cual ya se ha enviado a la presidente constitucional Jeanine Añez por 10 años a la cárcel.

Asimismo, desde la sede judicial en Santa Cruz le informan a la gobernación cruceña que la presencia de su máxima autoridad era indelegable. Camacho se encontró entre la espada y la pared, pues mientras debía declarar en Santa Cruz, los gobernadores se reunían en La Paz y el no asistir a declarar implicaba que el fuera aprehendido por la policía.

Camacho decidió quedarse y no viajar a La Paz, a sabiendas que su ausencia en la reunión pospondría la realización del Consejo Nacional. Demostrando que fue una operación judicial del régimen de Evo, los fiscales suspendieron la declaración de Camacho una hora antes de la señalada, dejando al gobernador y líder de la derecha en Bolivia sin la declaración y sin la reunión con los demás mandatarios.

En ausencia de representantes de Santa Cruz, Arce ordenó postergar la reunión para fines del 2023 y aplazar el censo para el año 2024, casi dos años después de la primera fecha que, según declaraciones reiteradas del gobierno, estaba plenamente garantizada.

El Consejo Nacional de Autonomías plantea la postergación del Censo para  2024 | Erbol
Arce y gobernadores comunicando la postergación del censo al año 2024.

La reacción de Santa Cruz fue casi inmediata. Una semana después de cambiada la fecha, el Comité pro Santa Cruz, una de las organizaciones cívicas más fuertes del país, además de la Gobernación, la Alcaldía de la capital, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Colegios de Profesionales, Gremios y Juntas de Vecinos formaron el llamado Comité Interinstitucional, con el rector de la universidad, Vicente Cuéllar, a la cabeza.

En su primera asamblea, el Comité convocó a un paro cívico de 24 horas para el 22 de julio de 2022, medida que fue acatada en forma contundente, pese a que Arce envió a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al ministro de obras públicas, Edgar Montaño, para dirigir grupos de choque violentos que amenazaron a ciudadanos que acataban la medida. El gobierno fracasó y el paro se llevó a cabo, aunque Arce se negó a negociar.

Semanas después, la universidad pública preparó un documento que demuestra técnicamente que es posible hacer el censo en el año 2023, que fue entregado y rechazado por el gobierno de Arce. Producto de esto, el Comité Interinstitucional llamó a un nuevo paro de 48 horas, el 8 y 9 de agosto de 2022; esta vez sin el apoyo del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien traicionó a su electorado y se alineó a la postura del gobierno para no hacer el censo en el 2023, instruyendo a todos los funcionarios municipales trabajar en esas jornadas bajo amenaza de despidos. Nuevamente, el paro fue un éxito, pero el gobierno hizo oídos sordos a la demanda de Santa Cruz e intentó fracturar la demanda desde adentro del liderazgo cruceño.

El Comité convocó a una nueva asamblea, en donde se llamó al pueblo cruceño a un cabildo abierto para el 30 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al mismo llegaron personas de toda la ciudad y de muchas provincias del departamento. La manifestación fue en presencia del órgano electoral del país, pues el cabildo, según la constitución, es una de las formas por medio de las cuales se ejerce la democracia en forma directa, y las autoridades están obligadas a escuchar lo que se determine.

La asistencia fue tabulada en 1,5 millones de personas, un suceso histórico en Bolivia. Los oradores pregonaron la demanda del censo, pidieron procesos judiciales contra Evo Morales, quien todavía maneja los destinos del país a través de su puntero Luis Arce, y un revocatorio de mandato para el alcalde Jhonny Fernández por haberse alineado en contra de los intereses cruceños.

El discurso principal, dado por el presidente del comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, preguntó a la multitud si estaban de acuerdo en dar un plazo de 21 días al gobierno para dictar un decreto que ordene realizar el censo en el año 2023. La respuesta fue afirmativa. Además, en caso que el gobierno no dicte el decreto, el departamento entraría en un paro indefinido hasta que el gobierno dicte el decreto que solicitan.

Cabildo del 30 de septiembre de 2022, que determinó un paro indefinido en caso de que el censo no se realice en 2023.

Transcurrieron los días, y el gobierno insistía en no modificar la fecha en el 2024. Días antes de que el plazo se venza, un juez cautelar penal le dio a Rómulo Calvo la orden de estar detenido en su casa las 24 horas del día, medida cautelar por supuesto ejercicio ilegal de la profesión de médico en su contra, una clara operación política desde La Paz con la intención de presionar su renuncia, sin éxito.

Llegado el día 22 de octubre, cumplido el plazo dado por el cabildo, Evo Morales y Arce no dieron el brazo a torcer y Santa Cruz entró en el paro indefinido. Horas antes de su inicio, el gobierno mandó a Santa Cruz a la ministra de la presidencia, Maria Nela Prada, al ministro de planificación, Sergio Cusicanqui, y al vocero presidencial, Jorge Richter, para instalar un diálogo con el Comité Interinstitucional.

A esta reunión de diálogo asistieron también el rector Vicente Cuellar (como cabeza del comité), los vicepresidentes del Comité pro Santa Cruz, el gobernador Luis Camacho y otros abogados constitucionalistas y técnicos estadísticos.

Este intento de diálogo estuvo marcado por los ataques que los personeros del gobierno dirigieron casi exclusivamente contra el gobernador Camacho, acusándolo de “vivir del conflicto”. Finalmente, esta mesa fracasó cuando el comité intentó proponer un nuevo decreto supremo que establezca el censo en el 2023, pero los representantes del Gobierno Nacional lo rechazaron, provocando la retirada de los miembros del comité interinstitucional. Así concluyó el primer día de paro.

Mientras tanto, iniciaron las manifestaciones que acompañaban el paro. En la zona de la frontera con Brasil, el MAS se cargó su primera víctima por la represión, pues la policía intoxicó a un ciudadano que apoyaba la protesta en Puerto Quijarro con granadas de humo.

Centro de la ciudad cruceña durante el paro indefinido, completamente vacía.

Al día siguiente, el Gobierno Nacional se reunió con sus sectores afines para determinar formas de hacer frente al contundente paro. Horas más tarde, un líder sindicalista del MAS en Santa Cruz dio un plazo de 48 horas a Camacho para levantar el paro, caso contrario, iniciaría un cerco al departamento para que no entre ni salga comida a la capital, tal como quiso hacerlo Evo Morales tras su renuncia a la presidencia en 2019, junto a un desabastecimiento de combustible.

Entre asedios de grupos masistas a los ciudadanos que acatan el paro en las calles, y algunos enfrentamientos, el cerco se hizo una realidad. Más de 12 puntos de bloqueo en las principales carreteras del departamento impiden la entrada y salida de alimentos, junto a la llegada de gasolina y diésel para la ciudad capital. Recordemos que Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que se consumen en toda Bolivia. Se observó a ganaderos, avicultores y productores de leche regalando sus productos antes de que estos caduquen en las carreteras. Estos mismos productores advirtieron que, por los cercos, habría escasez de carne de pollo hasta inicios de 2023.

De la misma forma, los grupos de choque masistas han bloqueado el acceso al vertedero de basura de la ciudad desde que el paro se ha iniciado. Hasta el día 11 de la protesta se encontraban más de 11 mil toneladas de basura en las calles, mientras el alcalde Jhonny Fernández, alineado al MAS, no se pronunció ni intervino, lo que llevó a los vecinos de la ciudad a transportar sus residuos y dejarlos en la puerta de su residencia.

Finalmente Arce pareció ceder, y convocó a gobernadores, alcaldes de los más de 300 municipios y a los 10 rectores de las universidades públicas del país a una reunión en Cochabamba para el 28 de octubre, en donde se resolvería la fecha del censo en forma definitiva. A la misma fueron, por el comité interinstitucional de Santa Cruz, el rector y sus constitucionalistas y expertos estadísticos.

Su propuesta fue nuevamente desechada. Camacho no asistió a la reunión porque la consideró una “reunión de masistas” para hacer tiempo y “no resolver nada“.

Tras cuarto intermedio se reinstala el “Encuentro por el Censo” en  Cochabamba - Red Uno de Bolivia
Encuentro por el censo en Cochabamba a la cabeza de Luis Arce.

Poco después, los departamentos de Beni y Tarija se sumaron por 24 horas al paro exigiendo censo en 2023, lo cual llevó a Arce a llamar a una nueva mesa de diálogo para el 1 de noviembre de 2022, sin condiciones.

Cabe aclarar que mientras el gobierno llama al diálogo, envía desde La Paz vehículos policiales llenos de explosivos y gases lacrimógenos que son entregados a los grupos de choque que enfrentan a las personas que acatan el paro en la ciudad, según mostraron medios locales.

De la misma forma, es el mismo régimen de Luis Arce quien arremete y puso a la policía antidisturbios para proteger a sus grupos de choque, como pasó en La Guardia, donde un grupo de ciudadanos intentó levantar el cerco del MAS para que el combustible y los alimentos ingresen a la ciudad. El enfrentamiento de más de 6 horas dejó muchos heridos, 20 arrestados y un ambiente de tensión en el departamento oriental. 

Llegamos a noviembre con la ciudad de Santa Cruz afectada por la falta de combustible y una alerta sanitaria por los residuos acumulados en las calles que comprometen la salud de la población. El paro continúa, Arce no cede y las nuevas negociaciones parecen dirigirse al mismo vacío.

En una conferencia de prensa, las intenciones de diálogo que el gobierno emitió más temprano quedaron caídas cuando el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó a la prensa que “el censo en el año 2023 es técnicamente imposible”, entrando en contradicción con su propio gobierno que invitó a los cívicos para que una mesa sea la que defina la fecha en base a un debate entre técnicos.

No tiene sentido pedir que se defina una nueva fecha y a la vez decir que es imposible realizar el censo en el año 2023, ya que Santa Cruz demostró que no aceptará un censo posterior a noviembre del año que viene.

Santa Cruz lleva 19 días de paro, sin miras de solución en la mesa, y con el gobierno de Arce y Evo Morales desgastando la protesta, dejando pasar el tiempo para que, definitivamente, no sea posible hacer el censo en el año 2023.

El rector Cuellar ha puesto cuatro condiciones para levantar el paro: revocatoria de la detención domiciliaria de Rómulo Calvo para que participe en las reuniones, abrogación del decreto 4760 que establece el censo en el año 2024, el repliegue de los grupos masistas que cercan al departamento y la promulgación de un nuevo decreto que establezca censo en el 2023.

Postergar el censo, además de ser ilegal, porque la ley establece que se debe hacer cada 10 años, y no cada 12 como quiere hacerlo Arce, implica un gran perjuicio político, económico y de gestión de servicios públicos para Santa Cruz.

Se estima que Santa Cruz ronda los 3,5 millones de habitantes, 800 mil más que en 2012, producto de la migración interna hacia el próspero departamento oriental y el masivo crecimiento del nivel de vida, que va de la mano del explosivo crecimiento económico ha llegado a doblar al del resto del país.

Santa Cruz, bastión de la derecha en Bolivia, fue un ejemplo mundial de mantener la economía abierta durante la pandemia, que no se detuvo durante la cuarentena, sosteniendo económicamente al resto del país.

Otro punto fundamental del censo es que le corresponderían al menos 3 espacios más en la Cámara de Diputados y una distribución más equitativa de la distribución del gasto público nacional.

El censo también confirmaría el fraude de 2019 y las irregularidades de 2021, ya que revelería que existe más población urbana que rural, de la cual se afianza el MAS para explicar cómo gana todas las elecciones hace décadas, lo cual en realidad lo hace con vuelco de padrón.

Conjuntamente, la lucha busca mejorar los servicios de salud y educación ya colapsados en todo el país, con la asignación de más recursos para la inversión. Santa Cruz, al tener el poder económico, ahora podría consolidar su poder político en el país, y eso Evo Morales no lo puede permitir.

Seguir Leyendo

Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

Publicado

en

El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

Seguir Leyendo

Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

Publicado

en

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

Seguir Leyendo

Tendencias