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Partido de Evo Morales persigue políticamente a Luis Fernando Camacho por delitos de “Golpe de Estado” y pidió su arresto ante la Justicia

La Fiscalía de La Paz anunció la citación de Camacho a tribunales para que declare ante el gobierno por los delitos de “terrorismo”, “sedición” y “conspiración” por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 que podría desembocar en su inhabilitación política y su arresto.

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La Fiscalía Departamental de La Paz anunció que el candidato a gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será citado a declarar ante las autoridades a finales de este mes, entre los días 28 y 29 de enero. 

La Fiscalía aceptó como válidas en el mes de diciembre pasado las denuncias presentadas contra el líder derechista y su padre, así como también contra el ex comandante general de la Policía, Yuri Calderón, y los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Sergio Orellana, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por las movilizaciones ciudadanas en contra de Evo Morales luego del fraude electoral registrado en las elecciones del 20 de octubre del 2019. 

En dicha denuncia, presentada por la ex diputada del MAS, Lidia Patty Mullisaca, están consignados como víctimas el ex presidente Evo Morales, su vice Álvaro García Linera y otros miembros de su cúpula, como el ex Presidente del Senado y candidata a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Adriana Salvatierra, la ex Ministra de Salud, Gabriela Montaño, entre otros funcionarios. 

El fiscal Marco Antonio Cossío, indicó que se tomó declaraciones a la denunciante y a algunos testigos. Además, aseguró que tanto Morales como García Linera, y el resto de “víctimas” serán citados por las autoridades en sus ciudades de residencia.  

La demanda también pide emitir aprehensión directa contra Luis Fernando Camacho y el resto de involucrados “por existir suficientes indicios de su culpabilidad y el posible riesgo de fuga por parte del candidato de la agrupación CREEMOS”. 

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Los abogados que acogen la demanda también expresaron que, en un futuro, y conforme avancen las investigaciones, se ampliarán las denuncias contra los altos mandos de la Fuerza Aérea Boliviana por permitir y negociar la entrada y salida de aviones al territorio nacional, situación que permitió activar la sucesión constitucional sin que la renuncia de Morales sea aceptada por el Congreso.

Dicha demanda, sustentada en un falso dilema, no sindica al “líder de la oposición” Carlos Mesa, quien también fue responsabilizado por el mismo Evo Morales en su vídeo de renuncia de ser uno de los promotores del golpe de Estado, evidenciando la actual complicidad política entre la izquierda y la socialdemocracia boliviana.

Tampoco se observa el nombre de la ex presidente Jeanine Añez, quien más se benefició del supuesto “golpe de Estado”. 

Sin embargo, en el Congreso se prepara un proyecto de resolución para proceder a enjuiciar a la ex mandataria por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en los auto-atentados masistas de Sacaba y Senkata en los conflictos posteriores a la renuncia de Morales.

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En el mes de diciembre, luego de darse a conocer esta denuncia, Luis Fernando Camacho rechazó las acusaciones de participar en un golpe de Estado, que a criterio del líder derechista fue inexistente. Además, afirmó que en caso de ser enjuiciado no huirá del país, como lo hizo el ex dictador Morales.

Niego enfáticamente haber participado en algún golpe de Estado. Es más, en Bolivia en noviembre del pasado 2019 no existió golpe de Estado. Sólo existió un pueblo que se rebeló ante un descomunal fraude electoral, reconocido por el propio Evo Morales que anuló las elecciones. Existió además la renuncia del Presidente y operó una sucesión constitucional“, expresó Camacho.

Cabe recordar que las acciones perpetradas por las fuerzas policiales de Bolivia para apoyar las manifestaciones contra el fraude electoral respondieron al respaldo brindado por un amplio sector de la ciudadanía, a través de los múltiples cabildos organizados en todo el país, a sus demandas para una mejora salarial, una jubilación al 100%, entre otras. 

Además, es falso el argumento que asegura que las Fuerzas Armadas “forzaron la salida” del ex presidente Morales y su ex vicepresidente García Linera al haber sugerido la renuncia de los mismos, ya que dicha solicitud fue realizada a la luz de lo estipulado por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su artículo 20, que le atribuye la facultad de sugerir soluciones para conflictos internos y externos.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

  

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Bolivia

La hija de la ex presidente Jeanine Añez denuncia que su madre es torturada por el régimen de Evo Morales en la prisión

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A pesar de haber expirado los 6 meses de prisión preventiva constitucional, la Justicia nuevamente denegó la libertad de Añéz, quien denuncia que es torturada en su celda de La Paz.

Ya han pasado 207 días desde que la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, fue aprehendida de forma ilegal por el régimen de Evo Morales y Luis Arce. Una detención plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y cargada de revanchismo de los masistas por no haber podido retener el poder en 2019.

El pasado 2 de octubre, el juzgado penal de La Paz denegó la acción de libertad a favor de Añez, la cual había sido pedida por sus abogados luego de haberse extendido por más de 20 días su detención preventiva inicial de 6 meses.

Su detención fue por supuestos delitos de Sedición y Terrorismo durante su gobierno, pero el periodo constitucional para tener a una persona detenida sin que inicie el juicio ya expiró. Por esto, la Justicia cómplice de la dictadura socialista presentó una medida cautelar para ampliar su detención por otros 5 meses, imputándola por otros delitos como Resoluciones Contrarias a la Constitución, Lesiones Graves y Lesiones Seguidas de Muerte, todas causas inventadas por el masismo.

La ex mandataria se encuentra involucrados entre ellos por las denominadas “masacres” de Sacaba y Senkata en 2019, donde es investigada por genocidio. Al mismo tiempo se procesan juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por presuntos delitos cometidos con el caso de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio (FUNDEMPRESA).

Durante el desarrollo de la audiencia en forma virtual, la ex autoridad tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra por primera vez desde su detención. Durante su alocución insistió en su inocencia y recordó la cadena de hechos que prueban la constitucionalidad de su mandato. Es importante notar que también denunció los abusos a los que es sometida en su estadía en la cárcel, la cual se ha convertido en un espacio de tortura para ella.

Alegó ser dañada física y psicológicamente por los policías del régimen, que las autoridades no le permiten acceder a su medicación, y que sus capacidades cognitivas han sido disminuidas por padecer una anorexia nerviosa, al punto de tener que anotar todo lo que desea expresar ante sus fallas de memoria.

Su hija, y ex encargada de gestión social de la presidencia de Bolivia, Carolina Ribera, puso en conocimiento público que posterior a la audiencia, encontró a su madre en su celda puesta en posición fetal y con tendencias a la inanición.

Según Ribera, el objetivo del régimen es acabar con la vida de su madre, y los responsabilizó si este hecho llega a consumarse. La familia denuncia que toda esta situación es un preludio para que “aparezca suicidada” en algún momento de los próximos meses, asesinada por el régimen.

Recordemos que la ex mandataria ha venido sufriendo en este tiempo un grave deterioro en su salud física acompañada de la negligencia gubernamental. Se le han negado traslados a centros médicos para que sea atendida por profesionales, no se ha considerado sus patologías de base como hipertensión, su antecedente de COVID-19, y sus degeneraciones cognitivas y psicológicas, que la han llevado a intentar quitarse la vida e insistir en los pensamientos suicidas.

Dentro de los múltiples procesos penales, que junto a los relacionados a las “masacres”, que no son más que ataques terroristas hechos por los mismos masistas, se la busca vincular con más de 75 presuntos hechos de corrupción sindicados contra ex ministros de su gabinete, con los cuales, el gobierno busca asegurarle una cadena perpetua si se consigue emitir sentencias por todas las causas que le aquejan.

Para este mismo objetivo, la justicia copada por el socialismo de Evo Morales, ha segmentado el caso de “Golpe de Estado” en tres etapas: una basada en los días previos a la renuncia de Morales y el motín policial, otra, en la llegada de Añez al poder, y una tercera contra quienes “conspiraron” para deponer a Evo de la presidencia.

Lo paradójico de este absurdo procesal es que la ex presidente Añez aparece en el conflicto recién el 11 de noviembre de 2019, posterior a la renuncia voluntaria y huida a México de Evo Morales y su séquito, cuando se considera la posibilidad para que asuma el mando en el senado y posteriormente la presidencia. Presidencia que fue reconocida por el Tribunal Constitucional de Bolivia.

Añez ha escrito en la pared de su celda en La Paz un mensaje para “la dictadura de Arce”, apuntando contra “jueces y fiscales al servicio del régimen” y recordándole al Tribunal Constitucional que ellos avalaron su mandato e inclusive fue invitada a la inauguración del año judicial 2020 por su presidente Paul Enrique Franco. Este mensaje fue luego replicado en las redes de Jeanine Añez, que están actualmente en posesión de su familia.

En todo el país se alistan protestas y un paro nacional para el 11 de octubre, en el que, entre otras cosas, se exigirá el cese a la persecución que lleva a cabo el gobierno de Evo Morales.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Indígenas anti Evo Morales marcharon a Santa Cruz y pidieron que se respete su propiedad privada

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Los indígenas del Oriente del país realizaron una mega-movilización de 37 días en el que recorrieron casi 400 kilómetros protestando en contra del socialismo.

Este 30 de septiembre, tras 37 días de marcha desde la ciudad de Trinidad, Beni, llegó a Santa Cruz de la Sierra el contingente de aproximadamente 500 personas de varios grupos indígenas del oriente de Bolivia. Estos indígenas son la antítesis de los que defienden a Evo Morales, y entre sus demandas resaltan la defensa de sus tierras, menos recursos en manos del Estado central, fin a la persecución política del socialismo y un censo de su población.

La marcha de medio millar de indígenas orientales cumplió su cometido y llegó al centro de la ciudad más rica de Bolivia. Con una calurosa bienvenida por parte de los habitantes de la ciudad, que desde su entrada no dejaron de arengar a los marchistas, una celebración religiosa, y la iza de las banderas de Bolivia y Santa Cruz, se asentaron en los predios cedidos por la universidad pública y advierten que no se moverán hasta que el gobierno nacional atienda sus demandas.

Los marchistas provienen principalmente de los departamentos que históricamente han sido opositores al régimen comunista del Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales, como Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Conjuntamente, se plegaron a la misma grupos que en el pasado rechazaron la reelección de Morales, además de contar con el apoyo de la presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal.

La movilización partió el 25 de agosto desde Trinidad hacia la capital cruceña con el propósito de reunirse con las autoridades nacionales para exigir respeto a sus tierras, que, en los últimos meses, en particular en Santa Cruz, fueron entregadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a representantes de los campesinos, cocaleros e interculturales del occidente del país y que forman parte de los sectores sociales afines al MAS.

Desde que la columna humana apareció en la carretera a Brasil, ingreso al este de la ciudad, la ciudadanía cruceña, profundamente anti socialista, los recibía con todos los honores.

También, fueron recibidos por parte de la Asamblea Departamental (presidida por el derechista CREEMOS) y del Concejo Municipal la declaratoria de huéspedes ilustres del departamento y la ciudad, pese a que, en el caso del municipio, el partido del alcalde suspendió la sesión para no otorgar este reconocimiento.

Llegando a la plaza principal, fueron debidamente saludados por el gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Camacho, y el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, quienes expresaron su total respaldo a las demandas que promueven los movilizados.

Momentos posteriores a la celebración religiosa, el líder de la marcha, Marcial Fabricano, expresó que las demandas de sus liderados son firmes; de igual forma, comunicó que su misión final es reunirse directamente con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca para que sean ellos directamente quienes se dispongan a atenderlos.

Luis Fernando Camacho saluda a Marcial Fabricano, líder de la marcha.

Desde el gobierno central no han expresado voluntad alguna en reunirse con los indígenas orientales, y lo único que atinaron a decir es que “no conocen cuales son sus demandas”.

Para ello, han enviado una comisión para atender a los manifestantes. Y pese a que el día que la marcha llegó a la capital cruceña, Arce estaba en Santa Cruz, se reusó a recibirlos.

Evidentemente, esta actitud es un total acto discriminatorio, puesto que no sería de esta forma si los movilizados fueran algún sector afín a sus políticas socialistas, como lo son los denominados “interculturales”, un grupo de personas que, precisamente, con la autorización del gobierno del MAS, ingresan a las tierras del oriente para tomarlas.

Estos mismos grupos fueron los directos responsables de la quema de más de 5 millones de hectáreas de bosques en Santa Cruz durante 2019, además de haberse mostrado a estas personas ampliando cultivos de hoja de coca dentro de parques nacionales y áreas protegidas.

Específicamente, las demandas de este grupo consisten en: respeto a su propiedad privada y originaria de la tierra, en respuesta a los avasallamientos propiciados por el MAS por órdenes de Evo Morales. Auditorías y resarcimiento por el desfalco al Fondo Indígena, una oficina gubernamental que se ocupaba de mejorar las condiciones de vida de los originarios, que fue asaltada y vaciada por Nemesia Achacollo, Juan Ramón Quintana, Hector Arce y otros ex ministros de Evo Morales en un monto de más de 144 millones de dólares.

Reformas a las leyes agrarias que protejan la propiedad privada de la tierra y que no den títulos a personas que no viven en las tierras del oriente. Reasignación de parlamentarios en favor de las tierras del oriente, puesto que la actual distribución favorece a las regiones donde el MAS tiene ventaja. Abrogación de las leyes que amplían los cultivos de coca, que se destina al narcotráfico. 

Redistribución de los recursos recaudados para que las regiones administren la mayoría, y no el Estado central, como lo es actualmente. Justicia por la represión a otra marcha indígena en 2011, donde, por órdenes de Evo Morales, se utilizó la fuerza pública para violentar a los marchistas, sin considerar a ancianos, menores y embarazadas.

Y por último, respeto y redireccionamiento de una carretera que atraviesa por un parque nacional, puesto que el MAS pretende de esta forma, acrecentar los cultivos ilegales de coca para el narcotráfico en un área protegida. 

Estas demandas ya fueron elevadas a los órganos de justicia del país, así como a los organismos internacionales competentes, como la Corte Interamericana de Justicia dependiente de la OEA, cuyas resoluciones, en Bolivia, tienen rango constitucional.

Son muchos los sectores que respaldan este petitorio, entre los que se encuentran la Iglesia católica, que, en la voz del clérigo más importante de Santa Cruz, ha exhortado a Arce a atender a estas personas como atiende a los sectores que los respaldan. Igualmente, el gobernador Camacho expresó que estas demandas deben derivar en una nueva lucha para lograr convertir a Bolivia en un Estado federal. En el mismo sentido, el Comité Cívico respaldó al grupo y se puso a disposición para colaborarlos en sus objetivos.

Hasta el momento, no existe pronunciamiento del gobierno de Arce, no más allá de la comisión que fue enviada. Se espera que este actuar discriminatorio no cese y se siga profundizando la división que este grupo comunista fomenta en la sociedad boliviana.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Jeanine Añez es víctima de crímenes de lesa humanidad como presa política de Evo Morales

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La ex presidente trató de quitarse la vida luego de ser imputada por genocidio en una causa que busca aplacar a la oposición del régimen socialista del MAS.

El pasado 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó el informe final encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los hechos posteriores a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 y la suba al poder de Jeanine Añez, actualmente detenida en el penal de Miraflores por el régimen socialista.

El informe señala en sus páginas que, durante el periodo anterior y posterior a la llega de Añez al poder, se cometieron violaciones a los derechos humanos, uso indiscriminado de la fuerza y masacres en Bolivia.

El informe cuestiona el accionar de las fuerzas del orden y del Ejército que contuvieron a grupos patrocinados por Evo Morales que planeaban explotar una planta de gas en La Paz, y volar un puente en Cochabamba (Senkata y Sacaba).

Sin embargo, el mismo informe arroja enunciados que expresan que en el epílogo del gobierno de Morales también se cometieron abusos, entre los sucesos señalan a los enfrentamientos en Montero (Santa Cruz), donde perdieron la vida dos personas ligadas al Comité Pro Santa Cruz, entonces liderado por el derechista Luis Fernando Camacho. 

De la misma forma, también denuncia actos de violencia contra una caravana de jóvenes que se dirigían a La Paz el día de la renuncia de Morales, cuyos integrantes fueron emboscados, y en el caso de las mujeres, abusadas sexualmente.

El informe continúa y expresa rotundamente que los hechos de violencia, crisis política, y la convulsión social se origina en el irrespeto al referéndum constitucional para habilitar a Morales a una cuarta reelección y la emisión de la sentencia constitucional que lo habilitaba.

De todos modos, el GIEI aclara que el informe no es vinculante y que no debe ser utilizado para hacer persecución política de las personas nombradas, ni los de Añez ni los de Morales

Sin embargo, la fiscalía de Bolivia decidió ignorar todas las partes del informe que condena a Evo Morales y tomar las partes que involucran a Jeanine Añez e iniciar los mecanismos para llevarla a un juicio en el parlamento por genocidio, de donde puede salir con una condena de 20 años de cárcel, omitiendo la recomendación de GIEI.

Con esta nueva acusación fiscal, la ex mandataria tiene sobre ella cargos por al menos 7 delitos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, sedición, terrorismo, conspiración, y ahora genocidio, lesiones graves y gravísimas y lesiones seguidas de muerte.

Fruto de estas investigaciones, y de las 2 detenciones preventivas que pesan en contra de la ex mandataria, su salud se ha visto drásticamente afectada, tanto física como mentalmente. Durante los últimos meses, ha sido aislada de su entorno familiar, se le ha negado el acceso visitas y se le ha otorgado una precaria atención médica, pese a que tiene patologías de hipertensión y el antecedente de haber tenido COVID-19 el año pasado.

Sus abogados han interpuesto al menos cuatro acciones judiciales para que salga de la cárcel y se defienda en libertad, las cuales han sido rechazadas. Paralelamente, su hija, Carolina Ribera, también ha denunciado que no se le informa nada sobre el estado de salud de su madre, ni se le informa sobre los fármacos que le suministran las autoridades de la cárcel.

Este sábado, la prensa local informó que Añez intentó quitarse la vida en su celda. El ministro de gobierno, Carlos del Castillo, en conferencia informó que se trasladó a la ex presidente para recibir atención médica y psicológica, puesto que tiene lesiones en las muñecas y antebrazos realizadas con un material plástico, que evidencian la intencionalidad suicida de sus actos.

Esta noticia causó un revuelo en el panorama político. Los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Jaime Paz emitieron un pronunciamiento en repudio a las arbitrariedades del proceso, y solicitaron salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y el debido proceso.

Añez actualmente atraviesa una de las peores situaciones a las que se puede someter a un ser humano: está tirada en una celda, sin atención médica, probablemente torturada por los agentes del régimen, siendo despojada de todos sus derechos humanos, mientras en Latinoamérica todos los países hacen oído sordo a la situación, a excepción de Jair Bolsonaro en Brasil.

Mientras mandatarios de izquierda como Alberto Fernández o López Obrador han hablado toda su carrera política de las violaciones de los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas, ahora aplauden con esmero a la brutal persecución política y crímenes de lesa humanidad contra quienes gobernaron Bolivia constitucionalmente hasta hace algunos meses.

Pronunciamiento de los ex presidentes de Bolivia.

Igualmente, tras conocer los intentos de quitarse la vida, su equipo de abogados interpuso nuevas acciones para que salga de la cárcel y al menos consiga un arresto domiciliario, sin exito hasta ahora.

De igual forma, periodistas, médicos y analistas observan que la tortura judicial a la que es sometida Jeanine Añez busca acabar con su vida. Puesto que fue detenida arbitrariamente sin que se inicien investigaciones, se ordenó su detención en cárcel pese a que no existían riesgos de fuga ni obstrucción a la justicia, y finalmente, se le ha suministrado fármacos que le pueden estar alterando la conciencia.

En definitiva, el régimen de Evo Morales a través del gobierno de Luis Arce se aleja de su retórica de reconciliación, y se coloca firmemente en la ya conocida práctica del Socialismo del Siglo XXI, lejano del respeto a los derechos humanos, cercano a las intenciones de eliminar a quienes no se alineen a su agenda.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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