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Bolivia

Por qué los medios mienten cuando dicen que Jeanine Añez quiere expropiar hospitales

Distintos medios de izquierda han estado divulgando la noticia falsa de que Jeanine Añez quiere expropiar o hasta que ya expropió clínicas y cementerios privados en el contexto de la pandemia de COVID-19. ¿De dónde salió esta gran mentira?

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El rumor de que la Presidente constitucional Jeanine Añez y su Ministra de Salud, Eidy Roca, habían anunciado la expropiación de clínicas y cementerios privados corrió por todo internet y fue aprovechado por distintos medios de izquierda para desinformar acerca de la situación que realmente se vive en el país y claramente hubo varios que aprovecharon esta situación para desprestigiar su gestión.

Pero sucede que ni la Ministra Eidy Roca y mucho menos la Presidente Jeanine Añez han dado mención alguna sobre este tema. 
Eidy Roca dio positivo a coronavirus el día domingo, 5 de julio, y se ha mantenido en auto-aislamiento desde entonces sin dar ninguna declaración. Fernando López, Ministro de Defensa y quien cumple temporalmente las funciones de Roca tampoco se ha manifestado sobre la expropiación de clínicas ni de cementerios.
Por su parte, Jeanine Añez tampoco se pronunció sobre estola Presidente al igual que Roca dio positivo a coronavirus, y actualmente se encuentra en aislamiento en la residencia presidencial, desde donde cumple con sus funciones. Desde entonces no suele aparecer en público con frecuencia. La única vez que se pronunció después de que se desató este rumor fue para dar el anuncio de la licitación para la construcción del Hospital municipal “San Antonio” en la ciudad de La Paz, y ratificar que en Bolivia se vive un momento muy complicado a raíz del Covid-19. Sin embargo, en toda la conferencia, no mencionó en absoluto una intención de intervenir de esa forma en el sector privado.

¿Entonces, por qué todos los medios fuera de Bolivia han asegurado que el nuevo gobierno de derecha tiene intenciones de expropiar?

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Este conflicto surgió a partir de unas declaraciones desmedidas del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que el pasado 13 de julio anunció que se habían comenzado negociaciones con los propietarios de los centros médicos de Univalle en la ciudad de Cochabamba y Udabol, en Santa Cruz de la Sierra, y que a partir de ese momento iban a decidir entre cubrir sus gastos para dar más atención o expropiarlas a “un precio justo“.

Esto fue recibido como un balde de agua fría, no sólo por los propietarios de las clínicas privadas en cuestión, sino que por casi toda la población en general, puesto que esta practica comunista fue la pieza fundamental del gobierno anterior y fue una de las razones por la cual el pueblo boliviano decidió salir a la calle a protestar para impedir que un gobierno siga vulnerando la propiedad privada, tras casi dos décadas de atropellos.
En la conferencia también anticipó un “inminente colapso” del cementerio general de Cochabamba y que, por ende, habría que intervenir cementerios privados para dar abasto a la subida estrepitosa de muertos que se da en la ciudad.
A raíz de sus declaraciones, tanto la Cámara Nacional del Comercio como la Confederación de Empresarios Bolivianos expresaron su preocupación por la posible intervención de clínicas y cementerios, le pidieron al gobierno una explicación sobre este anuncio y mayor consideración por la situación a la que los empresarios se han enfrentado durante esta crisis.
Rápidamente el ministro Murillo se retractó y salió a pedir disculpas públicamente por sus palabras. Aseguró que no se expresó correctamente en la conferencia de prensa, que realizó un mal uso de sus palabras y que no se refería a una expropiación, sino más bien a un convenio entre públicos y privados.

“Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien; si no se ha entendido bien, lo corregimos. Sería una alianza entre públicos y privados. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos”, aseguró Arturo Murillo luego de la polémica.

Murillo también le dijo a los empresarios que no tienen de qué preocuparse, más que de lavarse las manos y cuidarse del virus, porque el Gobierno no les quitará nada.

Como se aclaró rápidamente, la declaración fue un exabrupto de Murillo, utilizando palabras inadecuadas. Pero ningún funcionario del gobierno, y mucho menos la presidente Jeanine Añez, se pronunció sobre esto, y la expropiación propiamente dicha jamás estuvo en la cabeza de ningún dirigente del Poder Ejecutivo.

Notar como el graph de la transmisión de Unitel dice “expropiaremos clínicas privadas” y “expropiaremos cementerios privados” en vivo, pero rápidamente lo cambian por “intervendremos…”, dándose cuenta del error.

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Irónicamente, mientras Murillo realizaba las erróneas declaraciones, la presidente Jeanine Añez presentaba al Tribunal Constitucional un pedido de consulta de constitucionalidad del proyecto de Ley de Alquileres que aprobó la Asamblea masista, de dudosa constitucionalidad. Esta Ley busca reducir en un 50% los alquileres, con regulaciones sin sentido que atentan contra la propiedad privada y que no van a hacer otra cosa que subir su precio, como ocurrió con una ley similar en Argentina

La mandataria además le pidió al Tribunal, como medida cautelar, la suspensión del procedimiento legislativo hasta la emisión de la declaración constitucional, para que no entre en efecto todavía.

No es la primera vez que Murillo se explica mal en declaraciones a la prensa. Hace algunas semanas, anunció que Jeanine Añez le realizaría “buenas propuestas” al candidato presidencial socialdemócrata Carlos Mesa, en busca de una alianza anti-masista para las elecciones. 

Sin embargo, el candidato a vicepresidente de Jeanine Añez, Samuel Doria Medina, manifestó que desde “Juntos” jamás se discutió una alianza con Mesa. Por lo que Murillo tuvo que aclarar que una posible alianza con Comunidad Ciudadana fue una opinión personal y que esta idea no fue discutida ni con la alianza “Juntos”, ni con la misma Jeanine Añez. Por lo que no sería una novedad que Arturo Murillo haya vuelto a declarar de manera personal, sin una previa consulta a la mandataria, exagerando sus palabras.

Los medios internacionales, sin embargo, no se han retractado y en sus últimas publicaciones siguen asegurando erróneamente que Jeanine Añez expropiará clínicas y cementerios. Algunos ejemplos:

#InfobaeMiente

#MdZMiente

#CronistaMiente

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Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

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El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

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Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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