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Brasil

Bolsonaro vetó una ley que aprobó la izquierda en el Congreso para gastar 800 millones de dólares en “cultura”

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La izquierda intentó aumentar el gasto público para “fomentar actividades en la cultura que concienticen los efectos de la pandemia”.

El presidente Jair Bolsonaro vetó este miércoles el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 73/2021, que requería al Poder Ejecutivo gastar R$ 3,86 mil millones (unos 800 millones de dólares) del Fondo Nacional de Cultura (FNC) para “fomentar actividades y productos culturales en razón de los efectos económicos y sociales de la pandemia del covid-19”. 

El proyecto fue promovido por el Partido de los Trabajadores (PT) y recibió el nombre de Lei Paulo Gustavo, en honor al actor y comediante fallecido en mayo del año pasado, víctima del Covid-19.

El veto al proyecto fue publicado en la edición de ayer del Diario Oficial. Entre las argumentaciones de Bolsonaro, la medida viola la Ley de Responsabilidad Fiscal, al crear un gasto que supera el techo de gasto para el área de cultura, sin una previsión de compensaciones, en forma de reducción de gastos de otras áreas, para asegurar el cumplimiento de ese límite.

“Además, al agregar una excepción a la meta de resultado primario, la propuesta legislativa incurriría en una compresión de los gastos discrecionales, que se encuentran en niveles críticamente bajos y albergan las asignaciones presupuestarias necesarias para el mantenimiento de la administración pública y la ejecución de importantes políticas públicas, como las relacionadas con las áreas de salud, educación e inversiones públicas, con un endurecimiento del presupuesto público, lo que implicaría un perjuicio desde el punto de vista fiscal”, dice el veto.

El presidente dijo que el sector ya fue cubierto con recursos por la Ley Aldir Blanc, que destinó R$ 3 mil millones para la atención de emergencia del segmento y mitigar los impactos de la pandemia en la actividad cultural.

Ahora, el veto deberá ser analizado por el Congreso Nacional, en fecha por programar. Los diputados y senadores pueden derribar el veto si dos tercios de los legisladores votan para hacerlo. En ese caso, el proyecto de ley sería promulgado y se convertiría en ley a pesar del rechazo ejecutivo.

Brasil

La Justicia aprueba la venta de Eletrobras y Bolsonaro se anota la mayor privatización de la historia de América Latina

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Este era la última etapa pendiente para que el Gobierno pudiera llevar a cabo el proceso de privatización de la empresa, que se ejecutará a fin de año.

El pleno del Tribunal Federal de Cuentas (TCU) aprobó este miércoles por 7 votos contra 1, el modelo de privatización de Eletrobras, empresa estatal generadora y distribuidora de electricidad ,considerada la mayor compañía de energía de América Latina. El resultado permite al gobierno abrir el capital de la empresa a finales de este año.

Votaron a favor los jueces Aroldo Cedraz, Benjamin Zymler, Bruno Dantas, Augusto Nardes, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia y Walton Alencar Rodrigues. El juez Vital do Rêgo, que fue revisor del proceso, fue el único que votó en contra .

Aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por el Presidente de la República a mediados del año pasado, la privatización de Eletrobras estaba pendiente del análisis del TCU para ser concluida. El Tribunal de Cuentas ya había aprobado, en febrero de este año, el modelo financiero para la privatización y, ahora, ha validado la forma en que la empresa será transferida al control de accionistas privados, en la forma propuesta por el gobierno federal, a través de la venta de papeles

El proceso de privatización prevé una capitalización de la empresa. Esto significa que el gobierno no venderá su participación actual si no que buscará sumar nuevos inversores que tomen control de la compañía. Esto es para que el Gobierno no pierda dinero si las acciones suben producto de la privatización.

Se emitirán acciones para la entrada de nuevos inversores, diluyendo así el capital de la empresa hasta que la participación estatal sea, como máximo, del 45%, y el control pase a manos privadas. Sólo si esta oferta primaria no da el resultado esperado, habrá una nueva oferta que incluya la venta de acciones en manos del Estado.

La modelación también predice la segregación de Itaipú Binacional y Eletronuclear. Las acciones de propiedad de Eletrobras en esas empresas serán transferidas a la Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), una nueva empresa estatal creada en septiembre del año pasado, por lo que ambas divisiones quedarán en manos del Estado, algo que exigió el Centrão cuando apoyó la ley en el Congreso.

La privatización de Eletrobras no está vinculada a sanear el déficit fiscal. Desde la reestructuración que hizo el ex presidente Temer en 2018, que la empresa registra ganancias netas anuales. Margen que se extendió luego con otra reestructuración que llevó a cabo Bolsonaro en 2019. Este año, la empresa anunció ganancias netas de R$ 2,7 mil millones en el primer trimestre.

El objetivo de introducir capital privado es para terminar con uno de los monopolios que mayores distorsiones generan en el mercado de la energía en Brasil. Además, en manos privadas, habrá mayor inversión de capital y se podrán renovar instalaciones que tienen más de 50 años.

La medida permitirá a la empresa mejorar su capacidad de inversión y contribuir al desarrollo del sector energético brasileño. Eletrobras posee un tercio de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica del país. La compañía también posee casi la mitad del total de líneas de transmisión.

En marzo del 2021, el gobierno federal anunció la inclusión de Eletrobras en el Programa Nacional de Privatización. Luego de una intensa negociación en el Congreso, que Bolsonaro se cargó al hombro, la ley fue aprobada en tiempo récordo.

Luego pasó al Tribunal Constitucional, que analizó la letra chica tratando de encontrar alguna irregularidad, pero no pudo. Después de la validación de la privatización de Eletrobras por el TCU, el siguiente paso es registrar la transacción en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), organismo federal responsable de la fiscalización del mercado de valores, y ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), que sería el equivalente al SEC en Estados Unidos. Esto se debe a que Eletrobras tiene acciones negociadas en la bolsa de valores del país norteamericano. 

Luego, comienza una etapa de presentaciones de Eletrobras a potenciales inversionistas, el famoso road show y, finalmente, se realizará la subasta de la empresa en la Bolsa de Valores de Brasil (B3).

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La desocupación de Brasil cae al 11,2% en febrero y la serie sin estacionalidad es la más baja desde 2016

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La tasa de desocupación cayó por debajo de las proyecciones oficiales para febrero. Se consolida la recuperación del trabajo de Brasil y comienzan a verse los resultados de las políticas de flexibilización laboral.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó que la recuperación laboral se sigue profundizando en Brasil, siendo que la desocupación fue del 11,2% de la población económicamente activa en el período de 3 meses que finalizó en febrero de 2022. Las proyecciones de mercado esperaban una desocupación del 11,3%, por lo que el dato real superó las expectativas.

El pequeño aumento esperado en el desempleo entre enero y marzo responde a factores de índole estacional, ya que el empleo se correlaciona perfectamente con la estacionalidad del PBI. Sin el efecto de los factores estacionales, la desocupación cayó al 11,14% en febrero de 2022 y fue la cifra más baja desde mayo de 2016. Este fue el dato que sorprendió a los mercados y mejoró las expectativas para 2022.

En lo que va de la gestión del presidente Jair Bolsonaro, la desocupación desestacionalizada bajó del 12,61% al 11,14%, mientras que, considerando la serie original del indicador, la cifra pasó del 12,2% al 11,2%.

Desocupación de Brasil entre 2014 y 2022.

Según reveló el IBGE, Brasil registró un total de 41,15 millones de empleos en el sector formal de la economía, la cifra más alta de la historia. El anterior récord histórico había tenido lugar en septiembre del año 2014 con 40,37 millones de puestos de trabajo formales, justo antes de que la economía atravesara una abrupta recesión al final del Gobierno de Dilma Rousseff. El récord de 2014 es sistemáticamente superado desde septiembre de 2021 y en adelante.

Para lograr estos resultados incluso a pesar del shock por la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Bolsonaro, a través del ministro de Economía Paulo Guedes, llevó adelante una serie de medidas para flexibilizar el mercado laboral de Brasil.

La reforma laboral impulsada por Bolsonaro en 2021 lanzó el Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva (REQUIP) y el Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo (PRIORE). Estas dos aperturas legales para el mercado permiten la creación de modalidades de trabajo más flexibles con una focalización especial sobre los jóvenes, que son los más afectados por la desocupación.

El programa REQUIP crea una nueva modalidad de trabajo en la cual el Estado no regula el período de vacaciones pagas remuneradas, y elimina la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo. Los jóvenes de entre 18 y 29 años acceden a esta modalidad, por un período de hasta 18 meses.

El programa PRIORE enfatiza la situación del primer empleo para jóvenes y las personas mayores de 55 años que durante un año no hayan podido encontrar empleo. Para estas situaciones, la reforma laboral crea una nueva modalidad en la cual el empleador estará eximido de realizar aportes patronales, y si bien se realiza el pago por el seguro de desempleo, la carga que esto queda reducida para este tipo de contratos.

Estas medidas se aplicaron sobre un límite legal del 25% de la planta de personal para cualquier empresa promedio. Las últimas estadísticas laborales del IBGE confirman que las medidas están produciendo resultados satisfactorios, y Bolsonaro propone seguir profundizando la desregulación laboral para modernizar las leyes locales y compatibilizarlas con los mercados a nivel internacional.

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Bolsonaro designa un nuevo Ministro de Energía: Mano derecha de Paulo Guedes y “privatizador serial”

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El liberal Adolfo Sachsida aseguró que quiere “liberar al pueblo” de los monopolios estatales y prometió privatizar todo.

Este miércoles, Jair Bolsonaro reemplazó a Bento Costa Lima en el Ministerio de Energía por Adolfo Sachsida, un “privatizador serial” según lo describió el presidente, que retomará el camino de las privatizaciones en el sector que Costa Lima había abandonado.

En su primer acto como Ministro, Adolfo Sachsida envió este mismo jueves un documento en el que solicita formalmente la realización de estudios para la privatización de Petrobras y del PPSA (Pre-Salt Petróleo), las dos compañías estatales más grandes del sector de comustibles.

“Espero que lo antes posible tengamos lista esta resolución para llevar al presidente Jair Bolsonaro a firmar este decreto e iniciar este proceso esperado por el pueblo brasileño. Es la liberación del pueblo brasileño de los monopolios”, dijo Sachsida.

Adolfo Sachsida es considerado por muchos la “mano derecha” del super-ministro de Economía Paulo Guedes, habiendo liderado la Secretaría de Política Económica en los primeros años del gobierno de Bolsonaro.

Actualmente se encontraba como Jefe de Asesores en Asuntos Estratégicos del Ministerio de Energía, un cargo de suma importancia donde tenía la única tarea de presionar al ex ministro a iniciar las privatizaciones de empresas públicas del sector de energía.

Sachsida es considerado la menta maestra detrás de la privatización de Eletrobras, el gigante estatal que Bolsonaro logró privatizar en julio del 2021. La buena imagen de Guedes para darle confianza al sector privado, la muñeca política de Bolsonaro y el proyecto de privatización de Sachsida convergieron en la privatización más importante de la historia de Latinoamérica, cuando el Congreso aprobó la legislación y el presiente puso la firma.

El nuevo ministro es licenciado en Economía por la UEL (Universidad Estadual de Londrina), maestrado y doctorado en Economía por la UnB (Universidad de Brasilia) y posdoctorado en Economía en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de Texas (UT).

Además de economista, es abogado —con estudios en el área de Derecho Tributario— y técnico en Investigación y Planificación de la Carrera Pública en el IPEA (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas).

En las redes sociales, Sachsida le agradeció el nombramiento y dijo que espera estar a la altura del Ministerio de Minas y Energía, al que calificó como “el mayor desafío profesional” de su carrera. “Agradezco al presidente Jair Bolsonaro por su confianza, al ministro Guedes por su apoyo y al ministro Bento por su trabajo para el país. Con la gracia de Dios, ayudemos a Brasil“, escribió.

Sachsida ha defendido la rebaja de impuestos al consumo de combustibles como mecanismo para combatir la suba de precios, pero insiste que es solo un parche y que “se deben hacer reformas estructurales para llegar a un precio más bajo sin interferencia del Estado“.

Según él, las acciones que implican recortes en los precios de los combustibles o la concesión de subsidios, por ejemplo, pueden tener buenas intenciones, pero también traerán malos resultados a largo plazo si no se desregula el mercado y se eliminan los monopolios.

“Cuando hay seguridad y consolidación fiscal, hay una serie de eslabones positivos en la economía, con una caída del riesgo país, de la inflación y de las tasas de interés futuras. Atraer inversiones internacionales aumenta el valor del real y reduce el precio de los combustibles. Si tomamos medidas que traen miedo a la consolidación fiscal, el real se deprecia y genera un aumento en los precios de los combustibles“, explicó en una reciente entrevista.

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