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Brasil

Carlos Bolsonaro demanda ante el Ministerio Público el pasaporte de vacunación en Río de Janeiro

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El hijo del presidente y concejal fluminense demandó al gobierno de Río por la inconstitucionalidad de su medida para implementar un pasaporte de vacunación.

El concejal Carlos Bolsonaro, afiliado al partido centroderechista Republicanos y miembro de la Asamblea de Rio de Janeiro (Alerj), informó el martes pasado que presentaría una demanda ante el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) para frenar el “pasaporte de vacunación” que se quiere introducir en la capital fluminense.

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, tras un decreto del alcalde centroizquierdista Eduardo Paes (PSD), y prevé la exigencia de presentar una prueba de vacunación contra el Covid-19 para entrar a cualquier establecimiento cerrado.

El pasaporte de vacunación iba a comenzar a implementarse el miércoles 1ro de septiembre, pero la administración municipal lo pospuso para el día 15 de septiembre, supuestamente porque la aplicación móvil del Sistema Único de Salud “ConecetSUS”, según el organismo, presenta inestabilidad para el retiro de los certificados de inmunización.

Pero muchos creen que gracias a la demanda que presentó el hijo de Jair Bolsonaro el pasaporte podría ser bajado por la justicia, por una clara inconstitucionalidad, ya que viola el artículo r de la Constitución Nacional, ya que exige estar vacunado para ejercer con plenitud los derechos garantizados.

Bolsonaro comentó la carta en la red social. “En una reunión con el MPERJ, presenté con mi abogado, Antônio Carlos Fonseca, carta que demuestra las irregularidades de la exigencia del pasaporte vacunal, para que el órgano competente pueda adoptar las medidas adecuadas preservando los derechos y garantías previstos en la Constitución”, dijo.


Por Guilherme Ramos, para La Derecha Diario.

Brasil

El Congreso brasileño habilita a Lula a tener déficit fiscal: Dio media sanción a la eliminación del techo de gasto público

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Se pone fin a los lineamientos fiscales trazados por el expresidente Temer. La nueva regla fiscal propuesta por Lula sólo entraría en vigencia a partir del próximo año, por lo que para el período fiscal 2023 se espera un importante aumento del déficit.

El Gobierno de Lula da Silva logró obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados para eliminar todos los topes legales al aumento del gasto público, con un total de 372 votos afirmativos contra 108 (principalmente la oposición bolsonarista). La agenda fiscal del socialismo brasileño avanza sin reparos.

De esta manera, se pone fin a la regla fiscal que había trazado Michel Temer en 2016 y aplicada a rajatabla durante la administración de Jair Bolsonaro hasta 2022. Esta normativa indicaba que el gasto público solo podía ser actualizado por inflación, pero no aumentado por sobre el techo de gastos, con el objetivo de garantizar la responsabilidad fiscal.

El proyecto de Lula propone una regla fiscal alternativa: atar el aumento del gasto público a un tope del 70% de la suba nominal de la recaudación fiscal del año anterior. Esta regla no garantiza la disciplina fiscal, y permitirá que Brasil vuelva a tener déficit fiscal después de que Bolsonaro lo eliminara en su mandato.

Pero lo realmente preocupa a la oposición es que la regla fiscal que propone Lula sólo entraría en vigencia a partir del período fiscal 2024, por lo que durante este año prácticamente no habrá ninguna regla fiscal establecida, generando una fuerte presión sobre el equilibrio de las finanzas públicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno de Brasil perderá el superávit primario heredado de Bolsonaro y registrará un saldo deficitario del 1,95% del PBI para 2023. Asimismo, el resultado financiero incluyendo la factura de intereses marcará un brutal déficit del 8,8% del PBI, el más drástico desde el año 2016 sin contabilizar el shock que generó la pandemia.

El gasto público del Gobierno federal aumentaría del 43,3% del PBI al 44,65% según las previsión del FMI, todo esto a partir de las nuevas erogaciones en programas sociales y subsidios. Pero pese a los impuestos especiales sobre las exportaciones petroleras, la recaudación tributaria retrocedería del 38,7% al 35,9% del PBI en 2023.

Finanzas públicas de Brasil entre 1996 y 2023.

Los mercados reaccionaron negativamente ante la incertidumbre fiscal. La Bolsa de Sao Paulo se desplomó casi un 1% en las primeras horas del miércoles pasado (horas después de la votación en el Congreso), y esta semana inició con una caída del 0,52% hasta los 10.333 puntos.

La idea de un Gobierno “moderado y centrista” fue descartada, y todo indica que Lula no hará más que profundizar los lineamientos de las últimas administraciones del PT, con principios muy alejados a los que se vislumbraban en los primeros años de la década del 2000.

El oficialismo apunta contra la independencia del Banco Central, ya no cree en el superávit fiscal como herramienta de estabilización, se muestra favorable a impuestos extremadamente distorsivos como las retenciones de exportación, y busca dar marcha atrás con la flexibilización de la legislación laboral.

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Brasil

Cumbre de líderes comunistas en Brasil: Lula relanza la Unasur junto al dictador venezolano Nicolás Maduro

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También recibió al dictador boliviano Luis Arce y a los presidentes Gabriel Boric, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, blanqueó finalmente su estrategia para reincorporar al régimen chavista a las instituciones sudamericanas, invitando al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a Brasilia para participar de la “Unasur versión 2”, como dijo la Cancillería.

De esta manera, Lula levantó la prohibición que pesaba sobre el sanguinario dictador chavista que impedía su ingreso a Brasil, impuesta en 2019 por el ex presidente Jair Brasileño. Además, ordenó a la Policía Federal no arrestar a Maduro según correspondería dado que pesa sobre él una orden de arresto de la Interpol.

Venezuela siempre ha sido un socio excepcional para Brasil. Pero debido a las contingencias políticas y a los equívocos, el presidente Maduro pasó ocho años sin venir a Brasil“, dijo Lula en una conferencia de prensa después de una reunión en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia.

“Es el inicio del regreso de Maduro al plano regional, y el encuentro con los demás líderes será la vuelta de la integración de América del Sur”, añadió Lula, definiendo el momento de “histórico“.

En el relanzamiento de la Unasur, un organismo de integración latinoamericano fundado por el propio Lula da Silva y el ex dictador difunto Hugo Chávez en el año 2008, también participaron otros mandatarios de la región.

Estuvo presente el también dictador Luis Arce, quien en los últimos dos años ha instaurado un sistema de represión en Bolivia peor que el que actualmente existe en Venezuela, arrestando a toda la oposición, tanto política como cívica, y censurando a los golpes a la oposición en el Poder Legislativo.

Lula también contó con la presencia de Alberto Fernández, presidente de Argentina; de Gustavo Petro, presidente de Colombia; de Gabriel Boric, presidente de Chile; y de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, quien a pesar de su retórica en contra de aceptar a Maduro en la comunidad interamericana, ha cedido en su postura, probablemente por influencia de Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden ha estado negociando con el régimen de Maduro para permitir que vuelva a ingresar a los organismos regionales además de levantar algunas sanciones a cambio de que el dictador comunista permita la extracción de empresas estadounidenses de sus pozos petroleros.

Esta fue una solución “de emergencia” para aumentar la cantidad de petróleo en Occidente luego de que Rusia cortara el suministro a Europa y Estados Unidos por la guerra en Ucrania.

Desde el comienzo de su mandato a principios de este año, Lula llevó adelante políticas de acercamiento con Venezuela. Uno de los puntos más importantes de esta aproximación se dio con el viaje de su asesor Celso Amorim a Caracas, donde se reunió con altos dirigentes del chavismo para tratar la reapertura de embajadas.

Los entonces presidentes Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil), Jeanine Añez (Bolivia) y el propio Lacalle Pou (Uruguay) se habían sumado entre 2019 y 2020 al intento del ex presidente estadounidense Donald Trump de presionar a Maduro para forzar su salida del poder en Venezuela y su reemplazo por el entonces opositor Juan Guaidó.

Ahora, los vientos han cambiado en el continente americano, y Lula aprovechó la situación para sacar a relucir su amor por el castrochavismo. “¿Cómo un continente que consiguió ejercer la democracia de forma tan plena como cuando creó la Unión Europea, podía aceptar la idea de que un impostor fuese presidente, solo porque no les gustaba el presidente que fue electo?“, se preguntó el mandatario brasileño.

Es inexplicable que un país tenga 900 sanciones porque a otro país no le gusta. Creo que está en tus manos, compañero Maduro, construir tu narrativa y darle la vuelta a este juego para que Venezuela vuelva a ser un pueblo soberano, donde solo su pueblo, a través del voto libre, diga quién va a dirigir el país“, aseguró en un insólito comentario donde ignora la brutal represión a la democracia en el país caribeño.

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Toda de Lula: Tras una fuerte baja con Bolsonaro, el desempleo en Brasil aumentó al 8,8% en el primer trimestre del año

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Se produjo un salto de más de un punto porcentual con respecto a diciembre del año pasado. El Gobierno de Lula confirmó que buscará revertir la reforma laboral de Bolsonaro y replicar la fallida experiencia de Pedro Sánchez en España.

La Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares de Brasil confirmó que la tasa de desocupación correspondiente al primer trimestre de 2023 escaló al 8,8% de la población activa, una cifra divulgada oficialmente por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Si bien en los primeros tres meses del año se espera siempre un alza en la desocupación por factores meramente estacionales que responden a la actividad, lo cierto es que superó los umbrales esperados. Asimismo, el desempleo al cierre de marzo aumentó con respecto al 7,9% heredado por la administración de Jair Bolsonaro, y también con respecto al 8,7% observado durante el tercer trimestre del año pasado.

El porcentaje de varones sin trabajo aumentó del 6,5% al 7,2% entre diciembre de 2022 y marzo de este año, mientras que en el segmento de las mujeres el umbral fue más alto y escaló del 9,8% al 10,8% en el mismo período. Para el segmento etario de entre 18 y 24 años (el empleo joven) se observó un fuerte salto del 16,4% al 18% tras el cambio de Gobierno.

La ralentización de la actividad económica durante el mes de enero jugó un rol preponderante para el deterioro del mercado laboral, aunque en febrero se registró un importante rebote. La tasa de desocupación desestacionalizada (sin efecto coyuntural propio del primer trimestre) fue del 8,42% en marzo de 2023, habiéndose prácticamente estancado con respecto al 8,41% registrado en diciembre del año pasado.

Si bien el desempleo sigue en los niveles más bajos desde agosto de 2015, el dinamismo con el cual se reducía parece haberse detenido. El Gobierno de Lula da Silva pretende avanzar con sus promesas de campaña y anunció un período de entre 3 y 6 meses para negociar una nueva reforma laboral.

Cabe señalar que el avance con la desregulación laboral llevada a cabo por Jair Bolsonaro se consiguió rebajar la desocupación desde el 12,7% en septiembre de 2021, y bajo la legislación anterior (la que estaba vigente durante la administración de Dilma Rousseff) el desempleo se disparó hasta el 13,3% en marzo de 2017, la cifra más extrema en 17 años por aquel entonces. 

Si bien la intención oficialista original era simplemente desmantelar todas las reformas de Bolsonaro, la débil posición política del Gobierno en el Parlamento hace que se busque negociar una reforma “a la española”, imitando la fallida experiencia impulsada por Pedro Sánchez.

Se pretende llevar a cabo una reforma similar a la de Sánchez, operando sobre las cláusulas de ultraactividad, una mayor presencia de las negociaciones colectivas centralizadas, y limitar parcialmente las modalidades de trabajo flexibles creadas con la reforma anterior.

Este tipo de reformas provocaron que España pierda completamente su capacidad para reducir el desempleo, que se estabilizó en el 12,8% para marzo de 2023 y permanece muy por encima del que tenía antes de la crisis internacional de 2008 a pesar de haber recuperado el mismo nivel de actividad. El fracaso en el mercado laboral español contrasta con otras experiencias exitosas en Grecia e Italia, ambos países que también sufrieron importantes turbulencias en materia de actividad y recesión.

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