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Brasil

Cuáles fueron las presiones internacionales y de la Corte Suprema que llevaron a la renuncia del ministro Ricardo Salles

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La semana pasada el ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro renunció por “motivos personales”, pero una persecución política de algunos jueces de la Corte Suprema, además de presiones de ONGs ecologistas, podrían haber sido la gota que rebalsó el vaso.

El ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles renunció este miércoles 23 de junio. Su dimisión fue publicada en la edición extra del Diario Oficial de la Unión. Lo reemplazará Joaquim Álvaro Pereira Leite, el actual Secretario de la Amazonia y Servicios Ambientales en el ministerio, otro aliado del presidente Bolsonaro.

De todos modos, el gobierno queda muy golpeado por su salidaSalles era un popular y muy querido referente del bolsonarismo en Brasil y había sido el encargado de defender las políticas liberales en el plano ambiental de Jair Bolsonaro.

Aunque el ministro alegó dejar el puesto por motivos personales, dos cuestiones claves podrían haberlo empujado a abandonar su cargo en el gobierno Bolsonaro: la constante lucha frente a los intereses de las organizaciones internacionales y la persecución por parte de la oposición, principalmente, por parte del Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde que asumió Bolsonaro como presidente, empezó a haber una serie de allanamientos y detenciones ilegales por parte del STF hacia periodistas, empresarios y políticos de derecha. Se abrieron dos causas contra el sector bolsonarista conocidos como la Causa de las Fake News y la Causa de los Actos Antidemocráticos, con el único objetivo de criminalizar a los defensores del actual gobierno y así debilitar el poder del mandatario. Cabe recordar que de los 11 jueces de la Corte Suprema, solo 1 no es de izquierda.

Los ministros del gabinete de Bolsonaro tampoco quedaron exentos de esa persecución. Una parte de ellos tuvo que dejar el gobierno tras amenazas y acusaciones judiciales, que nunca fueron comprobadas.

El caso que tuvo más repercusión en Brasil fue el del ex ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien está siendo investigado por sus dichos en una reunión ministerial realizada el 22 de abril de 2020. El ministro habría “amenazado” indirectamente a los ministros de la Corte Suprema al decir que por él, “pondría a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF”.

La reunión, a pesar de haber sido privada, fue grabada como todas las reuniones del gabinete, y fue luego difundida por orden del Supremo, lo que causó numerosas discusiones al decirse que no se respetó su confidencialidad.

Ricardo Salles.

Amazonia y ONGs

Defender a la codiciada Amazonia, nunca fue tarea fácil. Ricardo Salles fue el primer ministro de Medio Ambiente que se animó a enfrentarse a los intereses políticos e internacionales sobre esa región. Las ONGs que se instalaron en el país para “proteger a la selva” ya fueron descubiertas en incontables investigaciones por repases y desvíos de dinero.

Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), Lula creó por decreto el Fondo Amazonia que recibía montos billonarios desde Noruega y Alemania para la supuesta preservación forestal por parte de las ONGs. El Estado no tenía autonomía sobre ese fondo, y la rendición de cuentas de los repases presentaba falencias contables, según manifestó el mismo Salles en una audiencia pública en el STF, el 23 de octubre de 2020.

En el 2019, el Fondo fue paralizado tras una serie de sugerencias hechas por el ministro Salles sobre la aplicación de esos recursos y su transparencia. Por tal motivo, Alemania y Noruega dejaron de efectuar los repases.

Salles también sufrió una serie de ataques por las fake news sobre las quemadas de la Amazonia, en diciembre de 2020.

Hasta el final de su mandato, la presión por parte de esas organizaciones solo fue en ascenso. Aunque Brasil es uno de los países que más área preservada tiene en el mundo con más del 66,3% de selva nativa -según los datos de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)-, las ONGs no están conformadas con las nuevas reglas del gobierno bolsonarista.

El presidente francés Emmanuel Macron había dicho que buscaría una intervención del Amazonas si Salles continuaba en el cargo.

Supremo Tribunal Federal

Ricardo Salles ya había sido víctima de varias acusaciones anteriormente, como fue el caso de la denuncia por improbidad administrativa realizada por el Ministerio Público Federal (MPF) en diciembre de 2020. Acción que fue rechazada por la Justicia.

En abril de este año, el ex Superintendente de la Policía Federal en Amazonas, Alexandre Saraiva, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema contra Ricardo Salles.

Según Saraiva, Salles actuó para ayudar a los objetivos de una operación de tala ilegal. Tal acusación fue negada por el ministro y por el gobierno federal quien dijo que se trataba de una extracción legal y que no hubo interferencias a favor de intereses privados.

En entrevista a la rádio Jovem Pan, Salles dijo que estas denuncias son un intento de crear algún hecho para atacar a su imagen y así alcanzar a la del Presidente. Saraiva presentó pruebas que permanecen inconclusas y hasta el momento no han llegado a nada.

Sin embargo, el miércoles 19 de junio, la Policía Federal allanó la casa de Salles por orden del juez supremo, Alexandre de Moraes, quien además determinó la quiebra de su secreto bancario y fiscal.

Esta operación, conocida como Akuanduba,fue llevada a cabo tras las denuncias infundadas que acusaban a Salles y a otras autoridades de facilitar la exportación ilegal de madera a Estados Unidos y Europa.

Cuatro días después de estos allanamientos, Salles presentó su renuncia de forma oficial. En su último comunicado a la prensa, en el Palácio do Planalto, destacó que en estos dos años y medio buscó cumplir con la orientación presidencial de equilibrar el desarrollo económico con el medio ambiente, con respeto al sector privado, la agroindustria y los empresarios.

Por último, Salles dijo que en el país se está produciendo un proceso de “criminalización” de opiniones divergentes sobre el tema ambiental y que por eso, él estaba abriendo espacio para un mayor diálogo.


Por María Laura Assis, para La Derecha Diario.

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Brasil

El IPEA estima que el libre comercio con EEUU generaría un aumento del 90% en las exportaciones de Brasil

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Un nuevo estudio del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil analizó el impacto de un acuerdo de libre comercio entre EE.UU y Brasil, el cuál se mantiene en negociación desde 2019. Los beneficios del libre comercio generarían un mayor crecimiento económico para ambas economías.

En julio de 2019 Brasil y Estados Unidos, bajo los liderazgos de Jair Bolsonaro y Donald Trump respectivamente, iniciaron una rueda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Las negociaciones siguen vigentes entre las partes pero ahora con el liderazgo de Joe Biden se han estancado.

A raíz de esto, un nuevo informe del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil, analizó y estimó el impacto positivo de un futuro acuerdo de apertura de la economía brasileña, con resultados sorprendentes.

De concretarse el libre comercio, Brasil podría aspirar sin mayores dificultades a generar un crecimiento adicional del 0,41% en el PBI cada año (unos 7.500 millones de dólares adicionales al año), además de la variación positiva producida por el resto de los factores relevantes.

Un mayor crecimiento económico podría mitigar progresivamente los efectos negativos causados por la pandemia en el 2020 y, teniendo en cuenta que Brasil ya recuperó el nivel de actividad que tenía en febrero de ese año, un mayor dinamismo económico podría ayudar a sortear el efecto recesivo heredado de la última gran crisis del Gobierno del PT entre 2015 y 2016.

El estímulo para el PBI viene explicado por la expectativa de un importante aumento del 90% en las exportaciones, concretamente en seis sectores estratégicos: productos metálicos, equipos de transporte, alimentos y bebidas, servicios financieros e informáticos, y petróleo y gas natural. En todos estos sectores Brasil cuenta con una ventaja competitiva que podría explotar a través del comercio internacional.

Actualmente y dada la estructura económica de Brasil, China se convirtió en su principal socio comercial, según las estadísticas correspondientes al primer semestre de 2021, seguido por la Unión Europea y recién en tercer lugar los Estados Unidos.

Un nuevo acuerdo comercial podría profundizar las relaciones entre ambos países, generando que Estados Unidos vuelva a tener una posición más relevante en la economía más grande del Sudamérica, una idea proyectada por Donald Trump en 2019, y que a su vez lastimaría a China beneficiando a los brasileños en el medio.

La economía norteamericana también se vería ampliamente beneficiada por la afluencia de competencia a nivel local, pero también por un mayor estímulo para sus exportaciones. Concretamente, las exportaciones norteamericanas podrían colocarse fácilmente en el mercado brasileño en rubros como dispositivos electrónicos, maquinaria, vehículos y productos minerales.

Pero pese a los numerosos beneficios y a la impronta comercial aperturista de Donald Trump, la gestión del presidente Biden se muestra mucho más escéptica del tratado y podría adoptar incluso una posición más proteccionista.

En palabras del propio representante asistente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Daniel Watson, la administración de Biden no buscará hacer nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo, y no será una mayor prioridad en la agenda de los demócratas.

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Brasil

Histórica desregulación del mercado laboral en Brasil: Bolsonaro impulsa nuevas modalidades de empleo

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El Congreso le dio media sanción a un ambicioso paquete de medidas que crearán nuevos programas para incentivar la creación de trabajo en el sector privado formal, especialmente para jóvenes, que fue enviado por Jair Bolsonaro.

Después de un primer intento por flexibilizar las regulaciones laborales en Brasil durante el 2017, el Gobierno de Bolsonaro cumple con lo prometido y se prepara para lanzar un ambicioso paquete de medidas para desregular el mercado y generar trabajo formal.

El día de hoy, la Cámara de Diputados brasileña dio media sanción para la reforma laboral que impulsó Bolsonaro, en la cual se incluyen una serie de programas ampliamente ambiciosos para permitir nuevas modalidades de empleo sin ataduras por las regulaciones anteriores.

La iniciativa de Bolsonaro se propone lanzar el REQUIP (Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva) y el PRIORE (Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo), que garantizarán la apertura de nuevas modalidades flexibles que ayudarán a reducir el desempleo, especialmente entre los jovenes.

El programa REQUIP crea una nueva modalidad de trabajo en la cual el Estado no regulará el período de vacaciones pagas remuneradas, se elimina la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo. Los contratos bajo esta modalidad se verán libres de estas regulaciones y tendrán una duración máxima de 18 meses, pensada para jóvenes de entre 18 y 29 años.

REQUIP solamente mantendrá ciertas restricciones sobre el pago de salarios, pues se mantiene vigente la exigencia de un salario mínimo, pero el alivio regulatorio apunta a combatir el alto nivel de desocupación en el segmento etario más joven de la población.

Los empleadores bajo esta modalidad no deberán cargar con impuestos al trabajo (aportes patronales), con lo cual el incentivo para la creación de empleo formal es contundente. El llamado “costo laboral” se ve virtualmente reducido a su mínima expresión, sin afectar en absoluto los salarios y en beneficio de los trabadores.

Bolsonaro junto a Paulo Guedes, el ministro de Economía que ideó esta reforma laboral.

Por otra parte, el programa PRIORE enfatiza la situación del primer empleo para jóvenes y las personas mayores de 55 años que durante un año no hayan podido encontrar trabajo. Para estas situaciones problemáticas, la reforma laboral crea una nueva modalidad legal en la cual el empleador estará eximido de realizar aportes patronales, y si bien se realiza el pago por el seguro de desempleo, la carga que esto supone queda reducida para estos contratos.

Los nuevos contratos flexibles estarán disponibles para cubrir hasta el 25% de la dotación de una empresa promedio. Para el caso de las empresas de hasta 10 empleados, la dotación máxima aumenta hasta el 30%.

La carga por seguros de desempleo quedará reducida para sectores específicos. La contribución actual para cualquier empleador al Fondo de Desempleo es del 8% del salario, pero la reforma laboral permitirá que las microempresas abonen un 2%, las pequeñas empresas pagarán un 4%, y todas las demás sin excepción pagarán hasta un 6%.

Bajo los lineamientos del programa PRIORE, todas las empresas gozarán de una rebaja tributaria en la carga de aportes patronales en torno al 15% con respecto a lo que abonan actualmente. Esto constituye un fuerte incentivo para expandir la contratación formal.

La reforma laboral contempla, además, nuevos cambios en las regulaciones sobre la cantidad de horas máximas para los distintos contratos. Para el caso de la minería, y en una clara señal para impulsar el dinamismo del sector, se resuelve una extensión de la jornada laboral desde las 6 horas actuales hasta un máximo de 12 horas, con un límite de 36 horas semanales. Esto se traducirá a mejoras productivas y salarios más altos.

Bolsonaro en el pleno de la Cámara.

El proyecto con media sanción en el Congreso de Brasil además propone recortar las regulaciones para el pago de horas extras. Este será el caso para los contratos en categorías profesionales como el sector bancario y el periodismo, entre otros. Legalmente las remuneraciones “adicionales” bajarán del 50% al 20% en relación a las horas remuneradas ordinarias.

Para afianzar los derechos de propiedad y fomentar la inversión en capital humano, la reforma plantea la prohibición para anular cualquier tipo de acuerdo extrajudicial, libre y voluntario, entre los trabajadores y las empresas. La justicia de Brasil ya no tendrá la potestad para intervenir en las negociaciones libres entre partes, una reforma muy parecida a la que está impulsando el liberal Guillermo Lasso en Ecuador.

Este último punto busca garantizar mayores acuerdos y evitar conflictos innecesarios que obstaculicen el normal funcionamiento del proceso productivo en Brasil.

Las regulaciones anteriores suponían una gran injusticia, pues independientemente de la voluntad de las partes, el Estado estaba habilitado para imponer una solución no querida ni buscada por trabajadores y empresarios.

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Carlos Bolsonaro demanda ante el Ministerio Público el pasaporte de vacunación en Río de Janeiro

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El hijo del presidente y concejal fluminense demandó al gobierno de Río por la inconstitucionalidad de su medida para implementar un pasaporte de vacunación.

El concejal Carlos Bolsonaro, afiliado al partido centroderechista Republicanos y miembro de la Asamblea de Rio de Janeiro (Alerj), informó el martes pasado que presentaría una demanda ante el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) para frenar el “pasaporte de vacunación” que se quiere introducir en la capital fluminense.

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, tras un decreto del alcalde centroizquierdista Eduardo Paes (PSD), y prevé la exigencia de presentar una prueba de vacunación contra el Covid-19 para entrar a cualquier establecimiento cerrado.

El pasaporte de vacunación iba a comenzar a implementarse el miércoles 1ro de septiembre, pero la administración municipal lo pospuso para el día 15 de septiembre, supuestamente porque la aplicación móvil del Sistema Único de Salud “ConecetSUS”, según el organismo, presenta inestabilidad para el retiro de los certificados de inmunización.

Pero muchos creen que gracias a la demanda que presentó el hijo de Jair Bolsonaro el pasaporte podría ser bajado por la justicia, por una clara inconstitucionalidad, ya que viola el artículo r de la Constitución Nacional, ya que exige estar vacunado para ejercer con plenitud los derechos garantizados.

Bolsonaro comentó la carta en la red social. “En una reunión con el MPERJ, presenté con mi abogado, Antônio Carlos Fonseca, carta que demuestra las irregularidades de la exigencia del pasaporte vacunal, para que el órgano competente pueda adoptar las medidas adecuadas preservando los derechos y garantías previstos en la Constitución”, dijo.


Por Guilherme Ramos, para La Derecha Diario.

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