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Brasil

El ministro de Educación de Bolsonaro abandona el gobierno para presidir una división del Banco Mundial

El popular ministro de Educación de Bolsonaro, Abraham Weintraub, anunció que abandonará el cargo para asumir como Director Ejecutivo de un grupo que representa a 9 países en el Banco Mundial. El ministro, además, estaba sufriendo una persecución ilegal de la Corte Suprema.

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El ministro de Educación de Bolsonaro, Abraham Weintraub, anunció ayer su renuncia junto al presidente en vistas de la casi certera nominación al cargo de Director Ejecutivo de un grupo de accionistas de 9 países para el Banco Mundial.

Este cargo ejecutivo para Weintraub es sin lugar a dudas una enorme oportunidad de desarrollo personal, e implicará una fuerte pisada del bolsonarismo en un organismo internacional generalmente colmado de progresismo e izquierdismo.
El Banco Mundial es dirigido por un Consejo de Directores, pero en vez de tener un director por cada país (accionistas), los países se agrupan en distintos segmentos según sus intereses financieros. El grupo que pasaría a presidir Weintraub aboga por los intereses de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Haití, República Dominicana, Filipinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
Weintraub terminaría hasta el 31 de octubre el actual mandato del economista Fábio Kankcuz, que dejó el cargo en el Banco Mundial porque fue convocado por el gobierno de Bolsonaro el año pasado para que se encargue del Directorio de Política Económica del Banco Central. En su reemplazo, quedó interinamente un economista filipino. Se espera que luego de octubre, Weintraub asuma nuevamente un mandato completo hasta 2022.

Así anunciaba su partida el ministro Abraham Weintraub, de manera amistosa y con un fuerte abrazo al presidente Bolsonaro. “Palabras desde el corazón”.

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Están quienes aseguran que Weintraub abandona Brasil no por un interés particular en el Banco Mundial, aunque él esté formado en ciencias económicas y ya haya trabajado en el pasado en el organismo, si no que el ministro busca alejarse de los conflictos con la Corte Suprema brasileña.

Desde principios de año, el foco de la Corte Suprema estuvo en investigaciones por “noticias falsas”, “amenazas a jueces” y “avasallamiento del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, todas estas causas recayeron sobre jueces de izquierda que solamente investigan noticias reales, críticas de libertad de expresión al desempeño de los magistrados y a mentiras formuladas en contra de Bolsonaro.

La Corte Suprema en Brasil se convirtió en un arma de la izquierda para ser juez, jurado y verdugo de los principales aliados de Bolsonaro. En lo que va del año la Corte liberó a Lula, le quitó poderes al Poder Ejecutivo, frenó la designación del Director de la Policía Federal, teniendo Bolsonaro que recurrir a un suplente; allanó ilegalmente a periodistas y legisladores oficialistas sin fundamentos e inclusive han enviado a arrestar a algunos activistas bolsonaristas por el simple hecho de organizar marchas en su contra.

Weintraub estaba siendo víctima de una de estas operaciones de la Corte, tras haber declarado en una reunión de gabinete que “estos jueces no pueden gobernar Brasil, yo los arrestaría a todos”. Solamente por expresar libremente su opinión, la Corte Suprema encontró que Weintraub estaba siendo parte de un “atentado contra la institución”, y luego de enviarlo a testificar a la Policía Federal estaban iniciando acciones para tratar de aplicarle una prisión preventiva.

Ante esta delirante y peligrosa situación, Weintraub habría elegido avanzar su carrera personal afuera de Brasil, aprovechando también para extender el alcance del gobierno de Bolsonaro en el exterior.

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La actual composición de la Corte Suprema es realmente preocupante; de los 11 miembros ninguno puede decirse que hayan sido nominados por un presidente de derecha o que tengan una filosofía afín al liberalismo o conservadurismo.

Tres miembros fueron nominados por Lula; Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, y el presidente de la Corte, José Dias Toffoli. Otros cuatro fueron nominados por Dilma Roussef; Luiz Fux, Rosa Weber, Luis Roberto Barroso y Luiz Edson Fachín. Michel Temer nominó al polémico juez Alexandre De Moraes, uno de los principales hostigadores de Bolsonaro. Todos los mencionados tienen ideología de izquierda.

Por último, los jueces más antiguos son José Celso de Mello, uno de los otros cómplices de esta “dictadura del Poder Judicial”, designado por el ex-presidente José Sarney, Marco Aurélio, designado por el ex-presidente Fernando Color de Mello, que a pesar de ser el único en criticar las acciones de la Corte hoy en día, hace poco votó a favor de liberar a Lula, y por último Gilmar Mendes, nominado por el ex-presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

En Brasil, los cargos en la Corte no son vitalicios ya que están obligados a jubilarse a los 75 años. Esto quiere decir que Bolsonaro tendrá la oportunidad de reemplazar a Celso de Mello a fin de este año y a Marco Aurélio en 2021. Lamentablemente, poco servirá para cambiar el balance de poder en el Tribunal Supremo, que actualmente tiene 9 jueces de izquierda, 1 de centro-izquierda y uno de centro.

En el mejor de los casos, tras las designaciones de Bolsonaro, la Corte quedará con 8 jueces de izquierda, 1 de centro-izquierda y 2 de derecha. El Poder Judicial en Brasil necesita de una importante batalla interna que le permita reestructurarse. Dependerá quiénes serán los elegidos por el presidente para dar esta enorme hazaña.

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Brasil

El IPEA estima que el libre comercio con EEUU generaría un aumento del 90% en las exportaciones de Brasil

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Un nuevo estudio del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil analizó el impacto de un acuerdo de libre comercio entre EE.UU y Brasil, el cuál se mantiene en negociación desde 2019. Los beneficios del libre comercio generarían un mayor crecimiento económico para ambas economías.

En julio de 2019 Brasil y Estados Unidos, bajo los liderazgos de Jair Bolsonaro y Donald Trump respectivamente, iniciaron una rueda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Las negociaciones siguen vigentes entre las partes pero ahora con el liderazgo de Joe Biden se han estancado.

A raíz de esto, un nuevo informe del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil, analizó y estimó el impacto positivo de un futuro acuerdo de apertura de la economía brasileña, con resultados sorprendentes.

De concretarse el libre comercio, Brasil podría aspirar sin mayores dificultades a generar un crecimiento adicional del 0,41% en el PBI cada año (unos 7.500 millones de dólares adicionales al año), además de la variación positiva producida por el resto de los factores relevantes.

Un mayor crecimiento económico podría mitigar progresivamente los efectos negativos causados por la pandemia en el 2020 y, teniendo en cuenta que Brasil ya recuperó el nivel de actividad que tenía en febrero de ese año, un mayor dinamismo económico podría ayudar a sortear el efecto recesivo heredado de la última gran crisis del Gobierno del PT entre 2015 y 2016.

El estímulo para el PBI viene explicado por la expectativa de un importante aumento del 90% en las exportaciones, concretamente en seis sectores estratégicos: productos metálicos, equipos de transporte, alimentos y bebidas, servicios financieros e informáticos, y petróleo y gas natural. En todos estos sectores Brasil cuenta con una ventaja competitiva que podría explotar a través del comercio internacional.

Actualmente y dada la estructura económica de Brasil, China se convirtió en su principal socio comercial, según las estadísticas correspondientes al primer semestre de 2021, seguido por la Unión Europea y recién en tercer lugar los Estados Unidos.

Un nuevo acuerdo comercial podría profundizar las relaciones entre ambos países, generando que Estados Unidos vuelva a tener una posición más relevante en la economía más grande del Sudamérica, una idea proyectada por Donald Trump en 2019, y que a su vez lastimaría a China beneficiando a los brasileños en el medio.

La economía norteamericana también se vería ampliamente beneficiada por la afluencia de competencia a nivel local, pero también por un mayor estímulo para sus exportaciones. Concretamente, las exportaciones norteamericanas podrían colocarse fácilmente en el mercado brasileño en rubros como dispositivos electrónicos, maquinaria, vehículos y productos minerales.

Pero pese a los numerosos beneficios y a la impronta comercial aperturista de Donald Trump, la gestión del presidente Biden se muestra mucho más escéptica del tratado y podría adoptar incluso una posición más proteccionista.

En palabras del propio representante asistente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Daniel Watson, la administración de Biden no buscará hacer nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo, y no será una mayor prioridad en la agenda de los demócratas.

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Brasil

Histórica desregulación del mercado laboral en Brasil: Bolsonaro impulsa nuevas modalidades de empleo

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El Congreso le dio media sanción a un ambicioso paquete de medidas que crearán nuevos programas para incentivar la creación de trabajo en el sector privado formal, especialmente para jóvenes, que fue enviado por Jair Bolsonaro.

Después de un primer intento por flexibilizar las regulaciones laborales en Brasil durante el 2017, el Gobierno de Bolsonaro cumple con lo prometido y se prepara para lanzar un ambicioso paquete de medidas para desregular el mercado y generar trabajo formal.

El día de hoy, la Cámara de Diputados brasileña dio media sanción para la reforma laboral que impulsó Bolsonaro, en la cual se incluyen una serie de programas ampliamente ambiciosos para permitir nuevas modalidades de empleo sin ataduras por las regulaciones anteriores.

La iniciativa de Bolsonaro se propone lanzar el REQUIP (Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva) y el PRIORE (Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo), que garantizarán la apertura de nuevas modalidades flexibles que ayudarán a reducir el desempleo, especialmente entre los jovenes.

El programa REQUIP crea una nueva modalidad de trabajo en la cual el Estado no regulará el período de vacaciones pagas remuneradas, se elimina la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo. Los contratos bajo esta modalidad se verán libres de estas regulaciones y tendrán una duración máxima de 18 meses, pensada para jóvenes de entre 18 y 29 años.

REQUIP solamente mantendrá ciertas restricciones sobre el pago de salarios, pues se mantiene vigente la exigencia de un salario mínimo, pero el alivio regulatorio apunta a combatir el alto nivel de desocupación en el segmento etario más joven de la población.

Los empleadores bajo esta modalidad no deberán cargar con impuestos al trabajo (aportes patronales), con lo cual el incentivo para la creación de empleo formal es contundente. El llamado “costo laboral” se ve virtualmente reducido a su mínima expresión, sin afectar en absoluto los salarios y en beneficio de los trabadores.

Bolsonaro junto a Paulo Guedes, el ministro de Economía que ideó esta reforma laboral.

Por otra parte, el programa PRIORE enfatiza la situación del primer empleo para jóvenes y las personas mayores de 55 años que durante un año no hayan podido encontrar trabajo. Para estas situaciones problemáticas, la reforma laboral crea una nueva modalidad legal en la cual el empleador estará eximido de realizar aportes patronales, y si bien se realiza el pago por el seguro de desempleo, la carga que esto supone queda reducida para estos contratos.

Los nuevos contratos flexibles estarán disponibles para cubrir hasta el 25% de la dotación de una empresa promedio. Para el caso de las empresas de hasta 10 empleados, la dotación máxima aumenta hasta el 30%.

La carga por seguros de desempleo quedará reducida para sectores específicos. La contribución actual para cualquier empleador al Fondo de Desempleo es del 8% del salario, pero la reforma laboral permitirá que las microempresas abonen un 2%, las pequeñas empresas pagarán un 4%, y todas las demás sin excepción pagarán hasta un 6%.

Bajo los lineamientos del programa PRIORE, todas las empresas gozarán de una rebaja tributaria en la carga de aportes patronales en torno al 15% con respecto a lo que abonan actualmente. Esto constituye un fuerte incentivo para expandir la contratación formal.

La reforma laboral contempla, además, nuevos cambios en las regulaciones sobre la cantidad de horas máximas para los distintos contratos. Para el caso de la minería, y en una clara señal para impulsar el dinamismo del sector, se resuelve una extensión de la jornada laboral desde las 6 horas actuales hasta un máximo de 12 horas, con un límite de 36 horas semanales. Esto se traducirá a mejoras productivas y salarios más altos.

Bolsonaro en el pleno de la Cámara.

El proyecto con media sanción en el Congreso de Brasil además propone recortar las regulaciones para el pago de horas extras. Este será el caso para los contratos en categorías profesionales como el sector bancario y el periodismo, entre otros. Legalmente las remuneraciones “adicionales” bajarán del 50% al 20% en relación a las horas remuneradas ordinarias.

Para afianzar los derechos de propiedad y fomentar la inversión en capital humano, la reforma plantea la prohibición para anular cualquier tipo de acuerdo extrajudicial, libre y voluntario, entre los trabajadores y las empresas. La justicia de Brasil ya no tendrá la potestad para intervenir en las negociaciones libres entre partes, una reforma muy parecida a la que está impulsando el liberal Guillermo Lasso en Ecuador.

Este último punto busca garantizar mayores acuerdos y evitar conflictos innecesarios que obstaculicen el normal funcionamiento del proceso productivo en Brasil.

Las regulaciones anteriores suponían una gran injusticia, pues independientemente de la voluntad de las partes, el Estado estaba habilitado para imponer una solución no querida ni buscada por trabajadores y empresarios.

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Brasil

Carlos Bolsonaro demanda ante el Ministerio Público el pasaporte de vacunación en Río de Janeiro

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El hijo del presidente y concejal fluminense demandó al gobierno de Río por la inconstitucionalidad de su medida para implementar un pasaporte de vacunación.

El concejal Carlos Bolsonaro, afiliado al partido centroderechista Republicanos y miembro de la Asamblea de Rio de Janeiro (Alerj), informó el martes pasado que presentaría una demanda ante el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) para frenar el “pasaporte de vacunación” que se quiere introducir en la capital fluminense.

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, tras un decreto del alcalde centroizquierdista Eduardo Paes (PSD), y prevé la exigencia de presentar una prueba de vacunación contra el Covid-19 para entrar a cualquier establecimiento cerrado.

El pasaporte de vacunación iba a comenzar a implementarse el miércoles 1ro de septiembre, pero la administración municipal lo pospuso para el día 15 de septiembre, supuestamente porque la aplicación móvil del Sistema Único de Salud “ConecetSUS”, según el organismo, presenta inestabilidad para el retiro de los certificados de inmunización.

Pero muchos creen que gracias a la demanda que presentó el hijo de Jair Bolsonaro el pasaporte podría ser bajado por la justicia, por una clara inconstitucionalidad, ya que viola el artículo r de la Constitución Nacional, ya que exige estar vacunado para ejercer con plenitud los derechos garantizados.

Bolsonaro comentó la carta en la red social. “En una reunión con el MPERJ, presenté con mi abogado, Antônio Carlos Fonseca, carta que demuestra las irregularidades de la exigencia del pasaporte vacunal, para que el órgano competente pueda adoptar las medidas adecuadas preservando los derechos y garantías previstos en la Constitución”, dijo.


Por Guilherme Ramos, para La Derecha Diario.

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