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Brasil

El Partido Liberal de Bolsonaro pidió la anulación de las elecciones tras el resultado de la auditoría

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Documento elaborado por la auditoría del Instituto Voto Legal (IVL) dice que no es posible validar el resultado de las urnas.

Luego del informe publicado por el grupo "Brazil Was Stolen" y del informe de las Fuerzas Armadas, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro decidió hacer su propia auditoría, elaborado por el Instituto Voto Legal (IVL), y el resultado fue coherente con los dos anteriores: hubo severas vulnerabilidades en las elecciones de octubre, y el proceso está viciado de nulidad.

"No es posible validar como certero el resultado de las elecciones", concluye el informe de 12 páginas, firmado por Carlos Rocha, presidente del Instituto del Voto Legal (IVL); su vicepresidente Márcio Abreu, ingeniero electrónico; y el miembro asociado, el también ingeniero Flávio Gottardo de Oliveira.

Los firmantes aseguran que sus estudios estadísticos identificaron una “interferencia indebida en la votación de los candidatos”. El IVL asegura que llegó a estos resultados siguiendo los mismos procedimientos determinados por el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), el cual validó la elección, aunque sin mostrar sus resultados de la auditoría. 

El 30 de octubre, el ex presidente Lula da Silva (PT) ganó las elecciones de segunda vuelta luego de una feroz disputa con el actual presidente Jair Bolsonaro (PL). El candidato de extrema izquierda obtuvo el 50,8% de los votos válidos, mientras que el de la derecha sumó el 49,2%. Después de las elecciones, los partidarios de Bolsonaro salieron a las calles para protestar por el resultado de las urnas, que se intensificaron a medida que los diferentes reportes de fraude iban apareciendo.

Para encontrar evidencia de que este grupo de urnas no habría funcionado correctamente, se realizó un análisis inteligente de los datos contenidos en los archivos Log de Urna de todos los modelos de máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones de 2022”, dice el documento.

En el mismo sentido que el análisis de los modelos de las máquinas electrónicas que presentó el consultor argentino Fernando Cerimedo, el IVL asegura que “no es posible validar los resultados generados en todas las máquinas de votación electrónica de los modelos 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015”.

El IVL argumenta que cuando se intenta generar un archivo Ballot Box Log, el equipo no funciona y presenta la leyenda: “Se utilizó una versión en código de los programas diferente a la versión utilizada en las máquinas de votación electrónica modelo UE2020″. Por ello, el instituto llegó a la conclusión de que “no es posible validar los resultados generados en todas las máquinas de votación electrónica de los modelos 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015″, y proponen descartar los resultados de estas máquinas en la totalización de las elecciones de segunda vuelta.

Según el informe, contando solo las máquinas electrónicas con modelo 2020, que no presentan esta "falla", el resultado de la elección sería muy distinto. Bolsonaro queda con el 51,1% de los votos y Lula con el 48,9%.

Pero en vez de declarar a Bolsonaro como ganador, el presidente nacional del PL, Valdemar Costa Neto, propone anular todo el proceso y repetir las elecciones en diciembre. El líder derechista había dicho que su partido todavía no había reconocido la victoria de Lula, y que estaban esperando el resultado de esta auditoría antes de tomar una decisión.

Costa Neto también destacó que el Partido Liberal (PL) es hoy la fuerza política más grande del Congreso, con 99 diputados en la Cámara Baja y 14 escaños en el Senado, superando incluso al histórico MDB. Esto "nos otorga un mandato especial de velar por la integridad de las elecciones".

Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: El juez Moraes ordenó monitorear redes sociales y rastrear usuarios opositores

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La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

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Brasil

Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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Se profundiza la dictadura en Brasil: Alexandre de Moraes ordenó una nueva ronda de arrestos de más de 200 opositores

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Moraes ordenó a la Policía Federal detener a 208 opositores del gobierno de Lula, investigados por "actos extremistas" que incumplieron medidas cautelares.

El juez de la Corte Suprema de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó este jueves 6 de junio la detención de 208 personas que son militantes, periodistas, empresarios o dirigentes políticos opositores al régimen de Lula da Silva.

La operación fue ejecutada por la Policía Federal (PF), que responde directamente a Moraes, quien se ha convertido en juez, jurado y verdugo en la causa que investiga los supuestos "actos extremistas del 8 de enero por incumplimiento de medidas cautelares".

De esta manera, Moraes lanzó la "Operación Lesa Pátria", cuyo objetivo es detener a extremistas, dirigentes políticos, instigadores y financistas en ojos del Tribunal Supremo sobre la masiva manifestación que ocurrió en las puertas del Capitolio el 8 de enero del 2023.

Videos que circulan en internet muestran el momento en el que algunos de los objetivos del operativo reciben a los agentes en sus casas. Entre los detenidos se encuentran el coronel de la Policía Militar del Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, quien era responsable del sector que planificaba la seguridad de la Esplanada dos Ministérios el día de los hechos.

Además de él, fueron detenidos: el capitán Josiel Pereira César; el mayor Flávio Silvestre de Alencar; y el Teniente Rafael Pereira Martins, a quienes se los acusa de respaldar ideológicamente las protestas del 8 de enero.

También detuvieron al ex presidente de la Cámara de Gerentes de Tiendas de Rio Verde, Lucimário Benedito Camargo, conocido como "Mário Furacão". En Rondônia también fue detenido el ex candidato a diputado estatal William Ferreira da Silva, aliado de Bolsonaro.

Objetivo mayor: Aliados de Bolsonaro

Entre los principales objetivos de las detenciones ilegales de Moraes, se encuentran aliados y familiares del ex presidente. El sobrino de Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, fue detenido al mismo tiempo que detuvieron al general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes, quien fe director del Departamento de Logística del Ministerio de Salud, en 2021.

La PF también arrestó a un pastor y a un cantante de gospel amigos de Bolsonaro, sospechosos de promover el “Festival Selma”, una protesta religiosa en contra de la presidencia de Lula.

Además, los agentes federales ejecutaron una orden de registro e incautación contra Milton de Oliveira Júnior, un propietario de una emisora ​​de radio antiguamente afiliada al medio bolsonarista Jovem Pan en la ciudad de São Paulo.

Por último, fue detenido el mayor de reserva de la Policía Militar del Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, de 49 años. Fue acusado de gestionar dinero para financiar actos políticos para Bolsonaro.

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