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La dictadura de la Corte Suprema que azota a Brasil

Una enorme marcha de simpatizantes de Bolsonaro y en contra de las últimas decisiones de la Corte Suprema izquierdista colmó las calles de todo Brasil este domingo. La dictadura de la Corte Suprema que azota al país.

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Este domingo 21 de junio cientos de miles de brasileños han salido a las calles en una nueva marcha en contra de las últimas decisiones de la Corte Suprema, que se han excedido seriamente de sus poderes constitucionales y los miembros del Tribunal Supremo ya son jueces, jurados y verdugos de la vida política en Brasil.

La Corte Suprema, compuesta por una super-mayoría de jueces de extrema izquierda designados por Lula y por Dilma en el pasado, ha operado en contra del gobierno desde la asunción de Bolsonaro. Entre otras cosas, han dejado en libertad a Lula (junto a otros 1.600 políticos corruptos), le han quitado poderes al Poder Ejecutivo, han frenado la designación del Director de la Policía Federal, han allanado ilegalmente a periodistas y legisladores oficialistas sin fundamentos e inclusive han enviado a arrestar a algunos activistas bolsonaristas por el simple hecho de organizar marchas en su contra.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue la decisión del Tribunal Supremo (STF, por sus siglas en portugués) de aprobar el jueves pasado por mayoría de votos la validez legal y la continuidad de la investigación -ilegal- de “noticias falsas” que investiga la producción y difusión de supuestas noticias fabricadas para difamar a miembros de la Corte.

Diez de los 11 jueces votaron a favor de la investigación, y solo el ministro Marco Aurélio se opuso y criticó la investigación.

Esta investigación socava los derechos civiles y no tiene ningún fundamento basado en la realidad. No hay ni una instancia de “noticia falsa” que haya sido divulgada por el gobierno federal u otra institución pública con el objetivo de socavar el Poder Judicial.

De hecho, un análisis de los casos que están siendo investigados por el STF, revela que insólitamente los jueces supremos están investigando los orígenes de distintos memes que se han viralizado en las redes en contra de la Justicia.

Más allá de las fuertes críticas enarboladas en estos memes, ¿acaso no hay libertad de expresión en Brasil? ¿Los jueces del STF son inmunes a las críticas de la población?

La realidad es que estos jueces saben muy bien de la insustancialidad de las investigaciones que están llevando a cabo, pero están utilizándolas como un arma política en la persecución de aliados del presidente Bolsonaro, probablemente en complicidad con el PT.

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El juez Marco Aurélio Mello fue el único miembro del STF que votó a favor del incumplimiento del precepto fundamental (ADPF) número 572, que cuestiona la validez de la investigación de noticias falsas por parte de los demás jueces supremos.

Dijo que al continuar la investigación, la Corte Suprema está actuando de manera inquisitiva, en contra del sistema legal brasileño. También criticó el hecho de que el presidente del STF, Dias Toffoli, había elegido a Alexandre de Moraes como relator, en lugar de hacer un sorteo, lo que argumentó que no era democrático, y dijo que la investigación “nació muerta” y no puede ser procesada.

El argumento principal de Marco Aurélio señala las diferencias entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, donde el juez también es el acusador del investigado y, por lo tanto, tiene una opinión contaminada de los hechos.

“Si un órgano que acusa es el mismo que juzga, no hay garantía de imparcialidad, y habrá una tendencia a condenar al acusado, lo que establece la posición de desventaja del acusado al comienzo de la acción penal. La investigación inquisitorial socava la confianza y la credibilidad del sistema de justicia. El sesgo de un juez que confirma su propia acusación en la sentencia es una variable que no puede descartarse en el sistema inquisitivo ”. Discutió el magistrado.

Para el juez Aurélio, es importante eliminar del Poder Judicial cualquier función persecutoria, exclusiva, en su opinión, del Ministerio Público. A diferencia de los otros colegas, declaró que el artículo 43 de las regulaciones internas del STF, que garantizaría la capacidad del tribunal para abrir una investigación, no fue aceptado por la Constitución Federal de 1988. Esto se debe a que las regulaciones internas de la Cámara son anteriores a la Constitución actual. Para el juez, la investigación del STF es inquisitiva.

Esto es precisamente lo que sucede, en la investigación número 4.781, que fue iniciada por un magistrado, y cuya condición de investigación está siendo llevada a cabo por un magistrado sin la participación del Ministerio Público, en una afrenta a la Constitución Federal y al sistema acusatorio.”, advirtió.

“Presidente, nos enfrentamos a una investigación inanimada. Incluso diría una encuesta sobre el fin del mundo, sin límites”, aseguró Marco Aurélio frente a los otros 10 jueces supremos.

Aurélio pidió la abrumadora mayoría de ocho votos para disentir con la revocatoria, creyendo que solicitando a 8 de los 11 jueces iba a poder frenar este atropello. Pero no fue así, no solo 8 jueces votaron en contra, si no que todos los 10 jueces, excepto el mismo Marco Aurélio, votaron en contra.
En la votación, también acusó de que esta investigación está “encubierta por el secreto”, abriendo la puerta a decenas de teorías conspirativas sobre las verdaderas intenciones del resto de los jueces del STF.

“Debo señalar que inicialmente, esta investigación fue encubierta por el secreto, y temo cosas muy misteriosas. Solo hubo espacio para el acceso de los investigados después de 30 días.”

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#FechadoComBolsonaroAte2026

En respuesta a esta decisión, con la que los jueces supremos buscan perseguir a cualquier oposición a su dictadura, los simpatizantes de Bolsonaro, principales objetivos de estas investigaciones, salieron a las calles de todo el país a marchar en contra del STF.

En redes, los bolsonaristas hicieron tendencia #FechadoComBolsonaroAte2026, expresando su apoyo incondicional al único gobernante de derecha que tuvo el país en los últimos 40 años, por lo menos hasta 2026, donde completaría sus dos mandatos constitucionales.

Por su parte, el periodista Allan Dos Santos, colega nuestro y director del diario Terca Livre, estuvo en la marcha hablando con los manifestantes. 
Dos Santos es uno de los principales objetivos de los jueces dictatoriales de la Corte Suprema; le han allanado su casa y su oficina de trabajo unas 14 veces en total, le han incautado computadoras, celulares, archivos y ordenadores que utilizaba para la redacción del diario y la transmisión de Terca Livre TV.

Por Luan Cortes, corresponsal de La Derecha Diario en Brasil

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El “Lucio Dupuy de Brasil”: Un clásico del feminismo radical en todo el mundo

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En 2019, una pareja lesbiana en Brasil asesinó al hijo de una de ellas de la manera más brutal posible. El odio al sexo masculino, como en el caso argentino de Lucio Dupuy, fue el principal motivo del asesinato.

Argentina se estremece por el crimen de Lucio Dupuy, cuyo juicio tendrá su primera definición el próximo jueves 2 de febrero, cuando el Tribunal de Audiencia dictará sentencia a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja lesbiana, Abigail Páez; ambas acusadas de violarlo, mutilarlo, golpearlo y finalmente, asesinarlo.

Según el abuelo del niño de 5 años asesinado y la conclusión de las pericias psicológicas, las dos mujeres, lesbianas y activistas feministas, lo mataron porque era un varón que interfería en la pareja.

Muchos pensarán que se trata de un caso excepcional, pero la realidad es que parejas lesbianas que abusan, golpean y hasta asesinan niños es un clásico del feminismo radical, que ocurre mucho más de lo que los medios tradicionales quieren admitir.

Tan cerca como Brasil, una pareja lesbiana cometió recientemente un crímen tan o más atroz que el de Lucio Dupuy en Argentina. El 31 de mayo del 2019, Rosana Auri da Silva, junto a su novia lesbiana Kacyla Pryscyla, asesinó brutalmente a su hijo de 9 años.

Según el parte policial, el niño, Rhuan da Silva, fue apuñalado 11 veces mientras dormía. Las lesbianas lo decapitaron, le quitaron la piel de la cara, lo descuartizaron y tiraron algunas partes de su cuerpo a la parrilla, donde intentaron quemarlo.

El terrorífico hecho ocurrió en Samambaia, Distrito Federal, y generó una gran repercusión en todo Brasil dada la gravedad del crimen y la crueldad del asesinato. Además, antes de ser asesinado, las “madres” le habían amputado el pene con un cuchillo de cocina.

Al día de hoy, las asesinas aguardan el juicio, pero todo indica que podrían recibir casi 60 años de prisión, ya que en Brasil no existe un límite de 25 años para la cadena perpetua.

En las investigaciones para determinar la motivación de esta crueldad sin igual, se descubrió un odio visceral de la pareja al niño, que “impedía” que las mujeres pudieran “disfrutar de su sexualidad”. La fiscalía también descubrió que la madre, Rosana, odiaba a la familia paterna de la víctima, y “hace mucho tiempo quería matarlo para cortar el vínculo”. Según testigos, la mujer acusaba a su ex pareja heterosexual de ser “misógino” contra ella.

Desde 2014, la justicia había determinado que el padre debía quedarse con la tenencia del niño, pero Rosana secuestró al niño y escapó del estado de Acre con su pareja lesbiana, quienes se ubicaron en Brasilia.

Como se ve en varios posteos de Facebook, la familia del padre del niño estaba buscando información de Rhuan, pero la Justicia no le prestó atención. En aquél entonces, reinaba el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma Rousseff, quienes habían impulsado la ideología de género en todas las ramas del Estado, incluido el Poder Judicial.

Estos casos no se reducen a Sudamérica. En Gran Bretaña, una bebé de 16 meses fue asesinada a golpes por Savannah Brockhill, la pareja lesbiana de su madre, Frankie Smith, durante las cuarentenas por la pandemia. Ambas fueron sentenciadas a 25 años de prisión en diciembre del 2021.

En España, un caso similar estalló también durante la pandemia, con el condimento de que la abusadora es idolatrada por el colectivo feminista. Juana Rivas no asesinó a sus hijos, pero los golpeó y abusó de ellos, no antes de llevarselos de vuelta a España, secuestrándoselos de su padre, que estaba viviendo con ellos en Italia.

El caso más reciente es el de una pareja gay en Georgia, Estados Unidos, donde dos activistas LGBT y militantes demócratas adoptaron dos hermanos de 9 y 11 años. Después de dos años bajo su tutela, se descubrió que abusaron sexualmente de ellos y vendieron las grabaciones como pornografía infantil.

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El programa de Lula amenaza con destruir las cuentas públicas de Brasil: El FMI pronostica un brutal aumento del déficit para 2023

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El diagnóstico del Fondo Monetario sugiere que el resultado financiero de Brasil se disparará al 7,5% del PBI, y se perderá completamente el superávit primario heredado por Bolsonaro. El plan fiscal del presidente Lula propone disparar las erogaciones sin ninguna contraprestación en nuevos recursos. 

Tan solo un año de Gobierno del nuevo presidente Lula da Silva amenaza con socavar el esfuerzo fiscal de la administración de Jair Bolsonaro. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Brasil profundizará todos los desequilibrios fiscales para 2023, lo cual arrojará una presión muy fuerte sobre la inflación y el stock de deuda pública.

El FMI pronostica que el déficit fiscal financiero del Gobierno federal brasileño se disparará al 7,5% del PBI en 2023, partiendo de una cifra que no supera el 5% del producto. Descontando el enorme peso de los intereses de la deuda pública sobre el presupuesto, el superávit primario heredado de Bolsonaro se perdería completamente y el 2023 finalizaría con un déficit de 0,82% del PBI

El stock de deuda pública bruta abandonaría su sendero bajista, y se incrementaría del 88,2% del PBI al 93,3% para el año 2027. Asimismo, la deuda pública neta (añadiendo las acreencias a favor del Estado) escalaría del 58,4% del PBI al 68,5% en 2027, un pesado endeudamiento de 10 puntos del producto.

Resultado fiscal de Brasil y proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2023.

El programa fiscal presentado por Lula da Silva

El proyecto del socialismo brasileño consiste en una brutal suba del gasto público explicada por tres partidas principales: erogaciones sociales, remuneraciones en el Estado y obra pública

Se dispone de la ampliación del programa ahora rebautizado como “Bolsa Familia”, aumentando las asignaciones básicas de R$ 400 a R$ 600 para los beneficiarios. En la misma línea, se dispuso aumentar el salario mínimo un 7,43% con respecto al valor nominal de diciembre de 2022, lo cual implica una ampliación de costos sobre la estructura salarial del sector público. 

Para llevarlo a cabo, el Gobierno del PT logró la ampliación del techo de gastos previsto para 2023 en un valor de 145.000 millones de reales, equivalentes a 28.000 millones de dólares. De esta manera se consolidó un golpe de gracia contra la disciplina fiscal, ya que se levantó la principal regla fiscal del país por primera vez desde el año 2000. 

De hecho, el programa original presentado por Lula pretendía incluso eliminar completamente el techo de gastos por un período de 4 años, y aumentar las erogaciones en 198.000 millones de reales sólo para 2023. El Congreso brasileño limitó algunas de las estrafalarias propuestas del PT. 

Pero en contrapartida no se anunció ninguna medida fiscal o tributaria que sea capaz de compensar la expansión del gasto público, más bien todo lo contrario. Este rumbo convalida el diagnóstico del Fondo Monetario para 2023.

El presidente Lula anunció que la exención del Impuesto Federal a los Combustibles seguirá teniendo vigencia en 2023, lo que significa un costo presupuestario de 52.900 millones de reales para el Estado en este período fiscal.

En la misma línea, también se incluyó el aumento de la deducción estándar básica del impuesto a las Ganancias de R$ 1.904 a R$ 5.000 para 2023 (por encima de la inflación proyectada). Todas estas medidas arrojan más presión sobre el déficit fiscal. 

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Rotundo éxito de la reforma laboral de Bolsonaro: La desocupación cayó más de 4 puntos y desapareció la informalidad

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La desregulación del mercado laboral permitió expandir la contratación formal y disminuir la desocupación al nivel más bajo de los últimos 8 años. Sin embargo, el presidente Lula amenaza con dar marcha atrás con los cambios para volver a la legislación laboral obsoleta de 1943. 

Los resultados de la desregulación laboral vuelven a salir a la luz. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó que la tasa de desocupación abierta cayó al 8,1% de la población activa en noviembre de 2022, según la serie original del indicador.

El organismo oficial señala que el respaldo es el más bajo registrado desde abril de 2015. El IBGE relevó que la cantidad de personas desocupadas cayó en 3,7 millones en comparación con el resultado de noviembre de 2021, mientras que la tasa de desempleo acumuló una caída del 3,5% en el mismo período. 

La serie desestacionalizada del indicador de desocupación retrocedió al 8,48% en noviembre del año pasado, y de esta manera concretó una caída de 4,17 puntos porcentuales desde el lanzamiento oficial de la reforma laboral en septiembre de 2021.

La cantidad de ocupados en Brasil se remontó hasta los 99,7 millones de personas en noviembre de 2022, lo cual supone el resultado más alto de la historia desde el comienzo de la elaboración de esta estadística en marzo de 2012. 

“A pesar de que el índice de la población ocupada aumenta en un ritmo menor que los trimestres anteriores, es significativo y contribuye para la reducción del desempleo”, explicó Adriana Beringuy, coordinadora de encuestas en el IBGE. 

Otra importante conquista de la desregulación laboral fue la caída efectiva en la tasa de informalidad de Brasil, un problema endémico en el país. La informalidad retrocedió al 38,9% del total de ocupados, marcando una reducción con respecto al 40,6% observado antes del momento del lanzamiento de la reforma laboral. 

El nuevo sistema laboral demostró que es capaz de facilitar la contratación, reducir efectivamente el empleo informal, y reducir la cantidad de brasileños inmersos en la desocupación. Esto amplía la capacidad de la oferta agregada para liberar las fuerzas productivas del país. 

Los resultados no solo son reconocidos por su apoyo popular, sino que los mercados reaccionaron positivamente al proceso de desregulación. La sola idea de dar marcha atrás con el modelo provocó una importante retracción de la confianza empresarial. 

El presidente Lula amenazó con socavar las reformas, ya no tan solo las implementadas por Bolsonaro en 2021, sino también las tenues reformulaciones lanzadas por el expresidente Michel Temer en enero de 2018. El PT pretende volver a arribar a la legislación laboral de 1943, completamente obsoleta y ajena a las necesidades de la economía del siglo XXI.

La legislación de 1943 fue reformulada en numerosas oportunidades en la década de 1990, pero no supo adaptarse a requerimientos modernos. Fue con este sistema laboral que Brasil alcanzó un pico de 13,3% de desempeño en marzo de 2017 y se duplicó desde diciembre de 2013.

Tras el derrumbe bursátil y la devaluación provocada por los anuncios, el vicepresidente Geraldo Alckmin intentó llevar cierta tranquilidad a los mercados y cuestionó la idea de anular completamente las reformas, pero no fue capaz de descartar la vocación revisionista de la nueva administración. 

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