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Lula promueve en el Congreso una "Ley Anti Fake News" que busca instalar un Ministerio de la Verdad en Brasil

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El temido PL 2630/2020 que busca censurar para siempre las redes sociales y el internet en Brasil podría aprobarse tan pronto como en 15 días. Este sería el "Cruce del Rubicón" que pondrá al país definitivamente del lado de las dictaduras comunistas como Venezuela o Nicaragua.

Brasil atraviesa un momento de máxima tensión donde la democracia brasileña, especialmente el precepto de libertad de expresión y de prensa, cuelga de un hilo. Lula ha decidido impulsar el Proyecto de Ley (PL) 2630, oficialmente Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet pero coloquialmente llamada como "Ley Anti Fake News" en una sesión de emergencia en el Congreso.

La legislación recibió originalmente media sanción en el Senado en 2020, en un intento de los partidos opositores a Bolsonaro en aquél momento de presionarlo para que no apruebe otras leyes que estaba impulsando en plena pandemia.

Sin embargo, el presidente amenazó con que esa ley nunca vería la luz del día, negoció con la oposición y ante la advertencia de que no pasaría su veto, la ley quedó cajoneada en la Cámara de Diputados. Pero ahora Lula la ha revivido y quiere que se apruebe este mismo año.

El relator de la ley en la Cámara Baja, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), consiguió aprobar la petición de votación de urgencia que le había pedido Lula, sin embargo este martes, el propio Silva pidió al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que se retirara la votación del orden del día al comprobar que no tendría votos suficientes para ser aprobada.

Ahora la votación se ha pospuesto para dentro de quince días, mientras Lula recrudece la persecución política contra Bolsonaro, quien regresó el país hace unas semanas tras su exilio en Estados Unidos, y ya fue allanado por la Policía Federal, y se le incautaron tanto teléfonos celulares como pasaportes.

El PL 2630/2020 tiene como objetivo instalar una fuerte censura de redes sociales y del internet en general. Compañías como Google, Facebook, Twitter, y Telegram, deberán reacomodar sus algoritmos para filtrar información que el gobierno señale como "potencialmente desinformativa".

A pesar de que todas estas compañías ayudaron a Lula durante las elecciones del año pasado, priorizando información en los resultados que afectaba negativamente a Bolsonaro, esto lo hicieron por decisión propia tras un pedido de la Casa Blanca, luego de que el gobierno de Joe Biden decidiera apoyar al Partido de los Trabajadores (PT).

Pero ahora, lo que quiere Lula y la coalición de izquierda que gobierna, es que estas empresas filtren su información directamente siguiendo las exigencias del Estado brasileño, e incluso poner interventores en las direcciones de estas compañías para "terminar con la manipulación de las noticias".

En una acalorada rueda de prensa el martes, el ministro de Justicia y Seguridad de Lula, Flávio Dino, dijo que los gigantes tecnológicos habían intentado “censurar y manipular” el debate sobre la ley. “Querían censurar al Parlamento, censurar el proceso legislativo, con una violencia pocas veces vista en Brasil”.

Esta semana, la página principal de búsqueda de Google levantó un mensaje alertando a los usuarios en Brasil que “el PL de las Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira en Brasil”. Al hacer clic en él, aparecía un mensaje institucional de Google Brasil firmado por su Director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas, Marcelo Lacerda: “Si se aprueba en su forma actual”, decía el texto, “el PL iría en contra de su objetivo original de combatir la propagación de noticias falsas”.

El ministro Dino prohibió por decreto a Google promover posiciones contrarias al texto de la ley sin informar debidamente a los usuarios de que se trataba de publicidad. “Además de instar a la retirada del contenido”, declaró en rueda de prensa, “fijaré una multa por un valor máximo del 20% de la facturación bruta, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google”.

Dino reiteró ayer: “Google ha infringido el Código de Defensa del Consumidor, en el apartado de publicidad abusiva y publicidad encubierta, que es una forma de publicidad engañosa”. Cabe aclarar que si Google estuviera infringiendo la ley, debe ser llevada a juicio, en lugar de recibir una multa arbitraria por parte de un ministro del Poder Ejecutivo.

Con la amenaza de tener que pagar 1 millón de reales por hora (unos 200 mil dólares), Google retiró el enlace de su home page. Sin embargo, sus representantes respondieron a las acusaciones de propaganda del ministro Dino.

Las afirmaciones de que estamos cambiando los algoritmos para que los contenidos contrarios al proyecto de ley aparezcan en la parte superior de la página en detrimento de otras publicaciones favorables son falsas. En las últimas semanas, hemos expresado de forma pública y transparente nuestra posición respecto al PL 2630 a través de nuestro blog oficial", afirmó. "Creemos que el debate sobre una legislación que puede afectar a la vida de millones de brasileños y empresas debe implicar a todos los sectores de la sociedad”.

La crítica más significativa al PL de las Fake News se refiere a quién será responsable dentro del Gobierno de llevar a cabo la política "anti fake news". Originalmente se preveía la creación de un órgano de control “autónomo pero elegido por el ejecutivo” para decidir qué contenidos deben ser eliminados por supuestamente falsos y cuáles no, y para controlar que se multe a los gigantes tecnológicos en caso de no aceptar.

Sin embargo, ante el pedido de algunos partidos de centro de no crear un nuevo organismo, el Partido Comunista de Brasil aceptó enmendar la ley, pero el artículo quedó ambigüo y no queda claro quién llevará a cabo estas tareas de censura.

Por como quedó escrita la ley ahora mismo, hay un gris legal que según analistas legislativos, dejaría la decisión en nada más y nada menos que el propio presidente Lula da Silva. Todo indica que estas tareas pasarían a algún ministerio, posiblemente el Ministério das Comunicações (MiCom).

Este ministerio, en manos de Juscelino Filho, ya había obtenido poderes extraordinarios en enero de este año, a través de los decretos que firmó Lula en su primer día como presidente: el Decreto Nº 11.328 y el Decreto Nº 11.362.

Dentro del MiCom se estableció el nuevo Departamento para la Promoción de la Libertad de Expresión, que hace todo menos promover la libertad de expresión. Este departamento tiene entre sus competencias “proponer y articular políticas públicas para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y combatir la desinformación y los discursos de odio en Internet”, y usará esta ley "Anti Fake News" para extender fuertemente su alcance.

Otro punto crítico de esta ley es la responsabilidad civil de los contenidos publicados por terceros en las redes sociales, que hasta ahora no existe y esto fue hecho para que las redes sociales no funcionen como editores de contenido si no como plataformas.

Si la ley se aprueba en estos términos, las plataformas pasarán a responder judicialmente ante los tribunales como parte de cualquier causa que se inicie por lo que ocurre entre dos usuarios de la misma. El texto también las obliga a informar a la policía si sospechan que se ha producido o puede producirse un delito en el futuro.

Las “big tech” afirman que solo podrán hacerlo actuando como “policía de Internet”, creando un sistema de vigilancia permanente. Lo que no entienden es que esto es exactamente lo que quiere Lula, utilizando las herramientas del Gobierno para que lo hagan debajo de su supervisión.

En virtud del PL 2630, las plataformas deberán elaborar informes de transparencia semestrales para informar sobre los procedimientos de moderación de contenidos y asegurarle al gobierno que estén cumpliendo sus requerimientos.

Además, deberán contratar una auditoría externa para evaluar el cumplimiento de la ley. Y todo ello debe estar abierto al público, en portugués. Google se defiende diciendo que el modelo “conlleva graves amenazas para la libertad de expresión” y que “se animaría a las empresas a eliminar discursos legítimos, lo que daría lugar a un bloqueo excesivo y a una nueva forma de censura”.

Según el diario O Globo, quien lideró la redacción del proyecto, es el investigador comunista Ricardo Campos, autor del libro “Fake News y Regulación”. Campos, además de ser profesor en Alemania, es socio del bufete de abogados Walfride Warde, que defendió a los implicados en el Lava Jato y consiguió que queden todos en libertad.

Entre ellos se encuentra Sergio Cabral, ex gobernador del estado de Río de Janeiro y uno de los mayores implicados en la ola de casos de corrupción de la causa Odebrecht. Campos recientemente ofreció una cena en honor de Cabral, cuya reciente liberación enterró definitivamente la operación Lava Jato.

Cabral había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto que seguía en prisión de la mayor operación anticorrupción de la historia del país desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios. Así como Lula, Cabral quedó en libertad por un tecnicismo jurídico y no fue absuelto.

Si el proyecto de ley sobre las fake news se aprueba dentro de quince días o en los próximos meses, su voto representará un cambio de paradigma absoluto en el país, y oficialmente se puede empezar a hablar de Brasil como otro caso de una democracia que cae en manos de una dictadura comunista, como ocurrió en Venezuela y Nicaragua.

Brasil

Lula sigue haciéndose amigo de asesinos: El Canciller de Brasil estrechó manos con uno de los líderes terroristas palestinos

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En una reciente publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil admitió su posicionamiento internacional en favor del terrorismo palestino.

Una imagen vale más que mil palabras”: el pasado domingo 17 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a través de su cuenta de X, realizó una publicación en la que reafirma su apoyo a la dictadura asesina que gobierna en el territorio palestino.

La fotografía muestra al canciller brasilero, Mauro Viera, estrechando la mano de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Para dar muestra de su aprobación, Lula da Silva retuiteó el posteo. Y luego, como si esto no fuera suficiente, la cuenta de Cancillería emitió otro tuit con extractos del discurso que brindó el ministro ante jerarcas del régimen terrorista.

Esta política exterior por parte de Lula no sorprende. El 18 de febrero, ya había afirmado que las acciones militares de Israel en Gaza son comparables a “cuando Hitler decidió matar a los judíos”, declaraciones que le ligaron un pedido de impeachment en el Congreso.

Luego, este domingo, el presidente brasileño recibió por parte de la mano de derecha de Abbas, Mohammad Shtayyeh, el título de Miembro Honorario de la fundación Yasser Arafat. Este nuevo horror se suma a la extensa lista que ya posee el gobierno de Lula en tal solo un año y tres meses de gestión.

El posicionamiento del nuevo gobierno en cuanto a la política exterior es claro: busca estrechar lazos con países que están alejados de Occidente, como lo demuestra su respaldo a Rusia, China y Palestina.

Parece paradójico que el sector político que se jacta de luchar por los derechos de las minorías sexuales y defienda la emancipación femenina sea precisamente la facción que busca aliarse con países que poseen culturas y políticas machistas, homofóbicas y liberticidas.

El gobierno palestino actúa de la misma forma con los homosexuales que “cuando Hitler decidió matar a los judíos”. ¿Ignora esto el presidente de Brasil?

Esta actitud de apoyo a las dictaduras no debe pasar desapercibida por la comunidad internacional. El mundo libre debe mostrar una oposición clara a la postura del actual mandatario brasileño. Es tan culpable del terrorismo quien los financia, como quien los apoya; no debe haber dudas sobre esto.

Sin embargo, mientras los países occidentales callan, Lula junto a Palestina buscan “estrategias conjuntas” para lograr que la comunidad árabe pase a ser miembro pleno de la ONU. Lo cual, debería ser inadmisible si esta institución pretende mantener el poco prestigio que aún le queda.


Por Frank Maier, para La Derecha Diario.

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Brasil

El dictador brasileño Alexandre de Moraes visitó la UBA para hablar sobre las elecciones pero su evento fue cancelado porque no fue nadie

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El evento tuvo que ser cancelado a pesar de que era gratuito. El juez brasileño que encierra periodistas, bloquea el internet en Brasil y apoya la dictadura de Lula, tuvo un fiasco en su paso por Buenos Aires.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como parte del Ciclo de Estudios Internacionales de Derecho Comparado, en una iniciativa de promoción de la revista “Justiça & Cidadania”, invitó al juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes a dar una conferencia.

El seminario se trataba sobre la actualización del Código Civil brasileño y el nuevo Código Civil argentino, e iba a tener lugar el 1ro de marzo, pero ni su discurso ni un homenaje que estaba planteado para el presidente provisional del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, se pudieron hacer debido a la baja concurrencia.

Según el medio Poder360, su panel fue cancelado debido a un "retraso" en la programación, porque un seminario que venía inmediatamente antes no terminó en horario. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que de las 250 personas que estaban participando del seminario, muchas se pararon y se fueron dejando vacía la sala donde iba a hablar Moraes.

Moraes iba a hablar junto al juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, y el evento estaba planeado como gratuito, pero ni siquiera semejante situación beneficiosa colaboró con que haya la convocatoria que esperaban.

El ciclo donde le tocaba hablar a Moraes, que se atrasó más de dos horas, fue considerado un "fracaso" debido a la baja cantidad de espectadores. A pesar de ser un evento gratuito, apenas cerca de 40 personas estaban presentes cuando le tocaba hablar.

El consultor político Fernando Cerimedo, se refirió a la visita de Moraes al país y le recordó que en Argentina puede “comentar lo que quiera” en Argentina, sin riesgo de ser perseguido o censurado, a diferencia de lo que ocurre en Brasil.

En enero de 2023, Moraes ordenó la suspensión de las redes sociales de los periodistas Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino y Paulo Figueiredo, pues son investigados por presunta difusión de discursos de odio.

No hay problema, hazlo gratis, aquí nadie te perseguirá, censurará tus redes sociales, te arrestará, te encerrará en la cárcel con delincuentes peligrosos y narcotraficantes solo por dar tu opinión”, escribió Fernando Cerimedo.

Siéntete libre, y disfruta de esta libertad de cuestionar, preguntar e incluso pensar en cosas conspirativas, aquí serás libre de hacerlo. Incluso puedes pedir el código fuente de nuestros sistemas, como lo hice yo antes de esta elección, y también te lo pueden mostrar”, completó.

Dado que la conferencia que no pasó, iba a ocurrir el mismo día que la Apertura de Sesiones del Congreso del presidente Javier Milei, Cerimedo agregó: "El dictador con toga Brasilero Alexander de Moraes se fue sin poder exponer en la UBA porque ni los zurdos de ahí lo querían escuchar y Pacheco se quedó sin su homenaje porque no había nadie".

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La paradoja de la izquierda en Brasil: Lula subió los impuestos, pero el déficit fiscal no deja de aumentar

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El Presidente socialista aumentó y creó nuevos impuestos a lo largo de su primer año de gestión, pero la recaudación tributaria no se vio alterada y los gastos del Gobierno federal se dispararon. Se preparan nuevos aumentos impositivos a partir de la reforma tributaria del año pasado.

El Gobierno del presidente Lula da Silva llevó a cabo una serie de aumentos impositivos durante su primer año de gestión, bajo la tutela de Fernando Haddad como ministro de Economía. Sin embargo, los impuestos no consiguieron su cometido y las arcas públicas del país se deterioraron rápidamente.

Con la excusa de combatir al déficit, Lula desplegó los siguientes aumentos tributarios:

  • La medida provisoria 1.163/2023 estableció un gravámen del 9,2% sobre la exportación de petróleo y minerales bituminosos, vigente entre marzo y junio del año pasado
  • Con la medida provisoria 1.184/2023 los fondos de tipo cerrado fueron alcanzados por el impuesto a la renta bajo el mismo régimen que los fondos abiertos, a pesar de que la naturaleza de ambos es distinta
  • El Decreto 11.764 comenzó a aplicar el Impuesto a los Productos Industrializados (IPI) para las armas de fuego
  • Las cargas sociales a cuenta de los trabajadores se incrementaron del 11% al 14% en el año fiscal 2023
  • Eliminación de las exenciones impositivas sobre la nafta y el diésel

Pese a todas estas medidas, el superávit primario heredado de la administración de Jair Bolsonaro fue completamente erradicado. El último dato oficial correspondiente al mes de diciembre del año pasado indica un déficit equivalente al 2,43% del PBI, antes del pago de intereses por la deuda pública.

Contabilizando los intereses, el déficit financiero del Gobierno federal se incrementó del 4,3% del PBI al 7,5% en los primeros 12 meses de gestión de Lula da Silva. El Presidente socialista está aplicando una política fiscal mucho más extremista en comparación a las que llevó a cabo durante sus primeras presidencias.

Para el año fiscal 2024 se preparan más aumentos impositivos. El Gobierno dispuso de un impuesto especial del 15% sobre las apuestas online que entró en vigencia a partir de enero. Esto se aplica sobre cualquier tipo de premio o retribución obtenida.

Por otra parte, y más importante aún, el Congreso brasileño aprobó el proyecto de reforma tributaria del socialismo en diciembre del año pasado. El punto más importante de la reforma es la creación formal de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa que podría oscilar entre el 26% y el 27,5%, la más alta del mundo.

También se esperan modificaciones sobre el impuesto a las Ganancias para personas físicas (conocido como IRPF en Brasil). Tanto el IVA como el IRPF requerirán del envío de dos leyes específicas para su tratamiento por separado, según lo indica la propia reforma tributaria que fue sancionada. Los cambios previstos en la reforma tributaria tendrán una aplicación gradual que podría demorarse hasta 2033.

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