Brasil
Lula promueve en el Congreso una “Ley Anti Fake News” que busca instalar un Ministerio de la Verdad en Brasil
El temido PL 2630/2020 que busca censurar para siempre las redes sociales y el internet en Brasil podría aprobarse tan pronto como en 15 días. Este sería el “Cruce del Rubicón” que pondrá al país definitivamente del lado de las dictaduras comunistas como Venezuela o Nicaragua.

Brasil atraviesa un momento de máxima tensión donde la democracia brasileña, especialmente el precepto de libertad de expresión y de prensa, cuelga de un hilo. Lula ha decidido impulsar el Proyecto de Ley (PL) 2630, oficialmente Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet pero coloquialmente llamada como “Ley Anti Fake News” en una sesión de emergencia en el Congreso.
La legislación recibió originalmente media sanción en el Senado en 2020, en un intento de los partidos opositores a Bolsonaro en aquél momento de presionarlo para que no apruebe otras leyes que estaba impulsando en plena pandemia.
Sin embargo, el presidente amenazó con que esa ley nunca vería la luz del día, negoció con la oposición y ante la advertencia de que no pasaría su veto, la ley quedó cajoneada en la Cámara de Diputados. Pero ahora Lula la ha revivido y quiere que se apruebe este mismo año.
El relator de la ley en la Cámara Baja, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), consiguió aprobar la petición de votación de urgencia que le había pedido Lula, sin embargo este martes, el propio Silva pidió al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que se retirara la votación del orden del día al comprobar que no tendría votos suficientes para ser aprobada.
Ahora la votación se ha pospuesto para dentro de quince días, mientras Lula recrudece la persecución política contra Bolsonaro, quien regresó el país hace unas semanas tras su exilio en Estados Unidos, y ya fue allanado por la Policía Federal, y se le incautaron tanto teléfonos celulares como pasaportes.
El PL 2630/2020 tiene como objetivo instalar una fuerte censura de redes sociales y del internet en general. Compañías como Google, Facebook, Twitter, y Telegram, deberán reacomodar sus algoritmos para filtrar información que el gobierno señale como “potencialmente desinformativa“.
A pesar de que todas estas compañías ayudaron a Lula durante las elecciones del año pasado, priorizando información en los resultados que afectaba negativamente a Bolsonaro, esto lo hicieron por decisión propia tras un pedido de la Casa Blanca, luego de que el gobierno de Joe Biden decidiera apoyar al Partido de los Trabajadores (PT).
Pero ahora, lo que quiere Lula y la coalición de izquierda que gobierna, es que estas empresas filtren su información directamente siguiendo las exigencias del Estado brasileño, e incluso poner interventores en las direcciones de estas compañías para “terminar con la manipulación de las noticias“.
En una acalorada rueda de prensa el martes, el ministro de Justicia y Seguridad de Lula, Flávio Dino, dijo que los gigantes tecnológicos habían intentado “censurar y manipular” el debate sobre la ley. “Querían censurar al Parlamento, censurar el proceso legislativo, con una violencia pocas veces vista en Brasil”.
Esta semana, la página principal de búsqueda de Google levantó un mensaje alertando a los usuarios en Brasil que “el PL de las Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira en Brasil”. Al hacer clic en él, aparecía un mensaje institucional de Google Brasil firmado por su Director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas, Marcelo Lacerda: “Si se aprueba en su forma actual”, decía el texto, “el PL iría en contra de su objetivo original de combatir la propagación de noticias falsas”.
El ministro Dino prohibió por decreto a Google promover posiciones contrarias al texto de la ley sin informar debidamente a los usuarios de que se trataba de publicidad. “Además de instar a la retirada del contenido”, declaró en rueda de prensa, “fijaré una multa por un valor máximo del 20% de la facturación bruta, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google”.
Dino reiteró ayer: “Google ha infringido el Código de Defensa del Consumidor, en el apartado de publicidad abusiva y publicidad encubierta, que es una forma de publicidad engañosa”. Cabe aclarar que si Google estuviera infringiendo la ley, debe ser llevada a juicio, en lugar de recibir una multa arbitraria por parte de un ministro del Poder Ejecutivo.
Con la amenaza de tener que pagar 1 millón de reales por hora (unos 200 mil dólares), Google retiró el enlace de su home page. Sin embargo, sus representantes respondieron a las acusaciones de propaganda del ministro Dino.
“Las afirmaciones de que estamos cambiando los algoritmos para que los contenidos contrarios al proyecto de ley aparezcan en la parte superior de la página en detrimento de otras publicaciones favorables son falsas. En las últimas semanas, hemos expresado de forma pública y transparente nuestra posición respecto al PL 2630 a través de nuestro blog oficial”, afirmó. “Creemos que el debate sobre una legislación que puede afectar a la vida de millones de brasileños y empresas debe implicar a todos los sectores de la sociedad”.
La crítica más significativa al PL de las Fake News se refiere a quién será responsable dentro del Gobierno de llevar a cabo la política “anti fake news”. Originalmente se preveía la creación de un órgano de control “autónomo pero elegido por el ejecutivo” para decidir qué contenidos deben ser eliminados por supuestamente falsos y cuáles no, y para controlar que se multe a los gigantes tecnológicos en caso de no aceptar.
Sin embargo, ante el pedido de algunos partidos de centro de no crear un nuevo organismo, el Partido Comunista de Brasil aceptó enmendar la ley, pero el artículo quedó ambigüo y no queda claro quién llevará a cabo estas tareas de censura.
Por como quedó escrita la ley ahora mismo, hay un gris legal que según analistas legislativos, dejaría la decisión en nada más y nada menos que el propio presidente Lula da Silva. Todo indica que estas tareas pasarían a algún ministerio, posiblemente el Ministério das Comunicações (MiCom).
Este ministerio, en manos de Juscelino Filho, ya había obtenido poderes extraordinarios en enero de este año, a través de los decretos que firmó Lula en su primer día como presidente: el Decreto Nº 11.328 y el Decreto Nº 11.362.
Dentro del MiCom se estableció el nuevo Departamento para la Promoción de la Libertad de Expresión, que hace todo menos promover la libertad de expresión. Este departamento tiene entre sus competencias “proponer y articular políticas públicas para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y combatir la desinformación y los discursos de odio en Internet”, y usará esta ley “Anti Fake News” para extender fuertemente su alcance.
Otro punto crítico de esta ley es la responsabilidad civil de los contenidos publicados por terceros en las redes sociales, que hasta ahora no existe y esto fue hecho para que las redes sociales no funcionen como editores de contenido si no como plataformas.
Si la ley se aprueba en estos términos, las plataformas pasarán a responder judicialmente ante los tribunales como parte de cualquier causa que se inicie por lo que ocurre entre dos usuarios de la misma. El texto también las obliga a informar a la policía si sospechan que se ha producido o puede producirse un delito en el futuro.
Las “big tech” afirman que solo podrán hacerlo actuando como “policía de Internet”, creando un sistema de vigilancia permanente. Lo que no entienden es que esto es exactamente lo que quiere Lula, utilizando las herramientas del Gobierno para que lo hagan debajo de su supervisión.
En virtud del PL 2630, las plataformas deberán elaborar informes de transparencia semestrales para informar sobre los procedimientos de moderación de contenidos y asegurarle al gobierno que estén cumpliendo sus requerimientos.
Además, deberán contratar una auditoría externa para evaluar el cumplimiento de la ley. Y todo ello debe estar abierto al público, en portugués. Google se defiende diciendo que el modelo “conlleva graves amenazas para la libertad de expresión” y que “se animaría a las empresas a eliminar discursos legítimos, lo que daría lugar a un bloqueo excesivo y a una nueva forma de censura”.
Según el diario O Globo, quien lideró la redacción del proyecto, es el investigador comunista Ricardo Campos, autor del libro “Fake News y Regulación”. Campos, además de ser profesor en Alemania, es socio del bufete de abogados Walfride Warde, que defendió a los implicados en el Lava Jato y consiguió que queden todos en libertad.
Entre ellos se encuentra Sergio Cabral, ex gobernador del estado de Río de Janeiro y uno de los mayores implicados en la ola de casos de corrupción de la causa Odebrecht. Campos recientemente ofreció una cena en honor de Cabral, cuya reciente liberación enterró definitivamente la operación Lava Jato.
Cabral había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto que seguía en prisión de la mayor operación anticorrupción de la historia del país desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios. Así como Lula, Cabral quedó en libertad por un tecnicismo jurídico y no fue absuelto.
Si el proyecto de ley sobre las fake news se aprueba dentro de quince días o en los próximos meses, su voto representará un cambio de paradigma absoluto en el país, y oficialmente se puede empezar a hablar de Brasil como otro caso de una democracia que cae en manos de una dictadura comunista, como ocurrió en Venezuela y Nicaragua.
Brasil
Lula lanza un masivo aumento del gasto público y prepara todo para eliminar el superávit fiscal heredado de Bolsonaro
El superávit primario del Gobierno se desplomó casi un 50% en términos reales desde que el socialismo volvó al poder. Se proyecta un fuerte crecimiento de la deuda pública durante los próximos tres años.

La administración de Lula da Silva continúa deteriorando el frente fiscal de Brasil, uno de los aspectos más favorables en la herencia por los cuatro años de gestión de Jair Bolsonaro. El Gobierno federal, incluido el Tesoro y la seguridad social, registró un superávit primario de 15.604 millones de reales en abril de 2023, por lo que se produjo una caída del 48,3% en comparación con el mismo mes del año pasado y en moneda constante.
Asimismo, el saldo superavitario antes de intereses sumó los R$ 47.165 millones en los primeros tres meses del año y tuvo una fuerte reversión del 43% en comparación con el primer trimestre de 2022.
Mientras que el superávit primario llegaba a representar el 0,56% del PBI en diciembre de 2022, la cifra se redujo a sólo el 0,22% del producto para abril de este año, nuevamente reflejando que el saldo superavitario se redujo a la mitad.

El principal factor desequilibrante de las finanzas públicas es el gasto determinado por el Presupuesto 2023, que Lula consiguió aprobar rápidamente en el Congreso tras su victoria electoral. Las erogaciones del Gobierno federal aumentaron un 8,1% interanual en términos reales al cierre de abril, en mayor medida debido a la ampliación del programa Bolsa Familia.
Por otra parte, la recaudación tributaria del Tesoro tuvo una caída real del 1,8% interanual en el cuarto mes del año, vinculada al aumento de la deducción estándar sobre el impuesto a las Ganancias y la postergación de las exenciones impositivas sobre los combustibles. La aplicación de retenciones “temporales” sobre las exportaciones petroleras aún no tuvo un mayo impacto.
Junto con la abultada y creciente factura de intereses de deuda, el déficit financiero total del Gobierno federal se incrementó al 4,61% del PBI en abril, habiendo partido de un 4,35% del producto al término de la gestión de Bolsonaro. Esto es consistente con un fuerte crecimiento de la deuda pública federal para los próximos 3 años según las estimaciones más aceptadas.
El ministro de Hacienda Fernando Haddad prometió llegar a un superávit primario de por lo menos el 0,5% del PBI para fin de año, y para conseguirlo anunció que el Gobierno incrementará la recaudación en 150.000 millones de reales mediante eliminación de exenciones tributarias, la persecución a la evasión y por medio del nuevo impuesto sobre los juegos de azar online.
Pero ningún pronóstico serio respalda la hipótesis de Haddad, ya que para llegar a la cifra que postula alcanzar en diciembre (y dada la trayectoria alcista del gasto) se requerirían de fuertes aumentos impositivos sobre fuentes representativas para los ingresos (como el impuesto a las Ganancias, el IVA, impuestos internos, etc).
El banco de inversión BNP Paribas advirtió que los anuncios de Haddad son completamente insignificantes para llegar a una meta semejante de hasta 150.000 millones de reales en nueva recaudación. En la misma línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario real de Brasil terminará el 2023 con un rojo de casi 2 puntos del PBI, mientras que el financiero llegaría a casi el 9% del PBI.
Brasil
El Congreso brasileño habilita a Lula a tener déficit fiscal: Dio media sanción a la eliminación del techo de gasto público
Se pone fin a los lineamientos fiscales trazados por el expresidente Temer. La nueva regla fiscal propuesta por Lula sólo entraría en vigencia a partir del próximo año, por lo que para el período fiscal 2023 se espera un importante aumento del déficit.

El Gobierno de Lula da Silva logró obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados para eliminar todos los topes legales al aumento del gasto público, con un total de 372 votos afirmativos contra 108 (principalmente la oposición bolsonarista). La agenda fiscal del socialismo brasileño avanza sin reparos.
De esta manera, se pone fin a la regla fiscal que había trazado Michel Temer en 2016 y aplicada a rajatabla durante la administración de Jair Bolsonaro hasta 2022. Esta normativa indicaba que el gasto público solo podía ser actualizado por inflación, pero no aumentado por sobre el techo de gastos, con el objetivo de garantizar la responsabilidad fiscal.
El proyecto de Lula propone una regla fiscal alternativa: atar el aumento del gasto público a un tope del 70% de la suba nominal de la recaudación fiscal del año anterior. Esta regla no garantiza la disciplina fiscal, y permitirá que Brasil vuelva a tener déficit fiscal después de que Bolsonaro lo eliminara en su mandato.
Pero lo realmente preocupa a la oposición es que la regla fiscal que propone Lula sólo entraría en vigencia a partir del período fiscal 2024, por lo que durante este año prácticamente no habrá ninguna regla fiscal establecida, generando una fuerte presión sobre el equilibrio de las finanzas públicas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno de Brasil perderá el superávit primario heredado de Bolsonaro y registrará un saldo deficitario del 1,95% del PBI para 2023. Asimismo, el resultado financiero incluyendo la factura de intereses marcará un brutal déficit del 8,8% del PBI, el más drástico desde el año 2016 sin contabilizar el shock que generó la pandemia.
El gasto público del Gobierno federal aumentaría del 43,3% del PBI al 44,65% según las previsión del FMI, todo esto a partir de las nuevas erogaciones en programas sociales y subsidios. Pero pese a los impuestos especiales sobre las exportaciones petroleras, la recaudación tributaria retrocedería del 38,7% al 35,9% del PBI en 2023.

Los mercados reaccionaron negativamente ante la incertidumbre fiscal. La Bolsa de Sao Paulo se desplomó casi un 1% en las primeras horas del miércoles pasado (horas después de la votación en el Congreso), y esta semana inició con una caída del 0,52% hasta los 10.333 puntos.
La idea de un Gobierno “moderado y centrista” fue descartada, y todo indica que Lula no hará más que profundizar los lineamientos de las últimas administraciones del PT, con principios muy alejados a los que se vislumbraban en los primeros años de la década del 2000.
El oficialismo apunta contra la independencia del Banco Central, ya no cree en el superávit fiscal como herramienta de estabilización, se muestra favorable a impuestos extremadamente distorsivos como las retenciones de exportación, y busca dar marcha atrás con la flexibilización de la legislación laboral.
Brasil
Cumbre de líderes comunistas en Brasil: Lula relanza la Unasur junto al dictador venezolano Nicolás Maduro
También recibió al dictador boliviano Luis Arce y a los presidentes Gabriel Boric, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, blanqueó finalmente su estrategia para reincorporar al régimen chavista a las instituciones sudamericanas, invitando al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a Brasilia para participar de la “Unasur versión 2”, como dijo la Cancillería.
De esta manera, Lula levantó la prohibición que pesaba sobre el sanguinario dictador chavista que impedía su ingreso a Brasil, impuesta en 2019 por el ex presidente Jair Brasileño. Además, ordenó a la Policía Federal no arrestar a Maduro según correspondería dado que pesa sobre él una orden de arresto de la Interpol.
“Venezuela siempre ha sido un socio excepcional para Brasil. Pero debido a las contingencias políticas y a los equívocos, el presidente Maduro pasó ocho años sin venir a Brasil“, dijo Lula en una conferencia de prensa después de una reunión en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia.
“Es el inicio del regreso de Maduro al plano regional, y el encuentro con los demás líderes será la vuelta de la integración de América del Sur”, añadió Lula, definiendo el momento de “histórico“.
En el relanzamiento de la Unasur, un organismo de integración latinoamericano fundado por el propio Lula da Silva y el ex dictador difunto Hugo Chávez en el año 2008, también participaron otros mandatarios de la región.
🇧🇷🇻🇪 | Cumbre de dictadores en Brasil: Lula relanza la Unasur junto a Maduro, Boric, Petro, Arce y Alberto Fernández. pic.twitter.com/AAkP7Mgg7Q
— La Derecha Diario (@laderechadiario) May 30, 2023
Estuvo presente el también dictador Luis Arce, quien en los últimos dos años ha instaurado un sistema de represión en Bolivia peor que el que actualmente existe en Venezuela, arrestando a toda la oposición, tanto política como cívica, y censurando a los golpes a la oposición en el Poder Legislativo.
Lula también contó con la presencia de Alberto Fernández, presidente de Argentina; de Gustavo Petro, presidente de Colombia; de Gabriel Boric, presidente de Chile; y de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, quien a pesar de su retórica en contra de aceptar a Maduro en la comunidad interamericana, ha cedido en su postura, probablemente por influencia de Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden ha estado negociando con el régimen de Maduro para permitir que vuelva a ingresar a los organismos regionales además de levantar algunas sanciones a cambio de que el dictador comunista permita la extracción de empresas estadounidenses de sus pozos petroleros.
Esta fue una solución “de emergencia” para aumentar la cantidad de petróleo en Occidente luego de que Rusia cortara el suministro a Europa y Estados Unidos por la guerra en Ucrania.
Desde el comienzo de su mandato a principios de este año, Lula llevó adelante políticas de acercamiento con Venezuela. Uno de los puntos más importantes de esta aproximación se dio con el viaje de su asesor Celso Amorim a Caracas, donde se reunió con altos dirigentes del chavismo para tratar la reapertura de embajadas.
Los entonces presidentes Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil), Jeanine Añez (Bolivia) y el propio Lacalle Pou (Uruguay) se habían sumado entre 2019 y 2020 al intento del ex presidente estadounidense Donald Trump de presionar a Maduro para forzar su salida del poder en Venezuela y su reemplazo por el entonces opositor Juan Guaidó.
Ahora, los vientos han cambiado en el continente americano, y Lula aprovechó la situación para sacar a relucir su amor por el castrochavismo. “¿Cómo un continente que consiguió ejercer la democracia de forma tan plena como cuando creó la Unión Europea, podía aceptar la idea de que un impostor fuese presidente, solo porque no les gustaba el presidente que fue electo?“, se preguntó el mandatario brasileño.
“Es inexplicable que un país tenga 900 sanciones porque a otro país no le gusta. Creo que está en tus manos, compañero Maduro, construir tu narrativa y darle la vuelta a este juego para que Venezuela vuelva a ser un pueblo soberano, donde solo su pueblo, a través del voto libre, diga quién va a dirigir el país“, aseguró en un insólito comentario donde ignora la brutal represión a la democracia en el país caribeño.
🇧🇷🇻🇪 | El autoritario presidente de Brasil, Lula da Silva, asegura que el autoritarismo de Maduro en Venezuela es "una narrativa construida" en contra de su gobierno.pic.twitter.com/gW2htl8enf
— La Derecha Diario (@laderechadiario) May 29, 2023
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