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Brasil

Manifestantes de derecha irrumpieron en el Congreso, Planalto y Corte Suprema en protesta contra Lula

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Masivas protestas en contra de Lula por sus medidas dictatoriales en tan solo una semana en la presidencia terminaron en la irrupción de los manifestantes a los edificios de los tres poderes.

En una protesta que empezó este sábado y se extendió hasta el domingo, millones de manifestantes se dirigieron a Brasilia con el objetivo de reclamarle al Poder Legislativo, el único que todavía se mantiene relativamente independiente de las garras del Foro de Sao Paulo, que frene las medidas dictatoriales de Lula da Silva.

Sin embargo, la poca seguridad que suele haber los domingos en Brasilia propició a los manifestantes a ingresar al edificio del Congreso Nacional, con imágenes que recordarán a muchos a las protestas del 6 de enero del 2021, cuando seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumieron en el Capitolio en Washington D.C.

Manifestantes subieron la rampa del Congreso Nacional y ocuparon la azotea del Parlamento, antes de ingresar al recinto. El grupo que se estima en un millón de personas salió del Cuartel General del Ejército en Brasilia, a casi 8 kilómetros, rumbo a la sede del Legislativo.

Pero los brasileños, acostumbrados a hacer todo a lo grande, no solo ingresaron al edificio legislativo, si no que irrumpieron en el Pálacio do Planalto, la casa de gobierno donde el presidente y sus ministros tienen sus oficinas, y en el edificio del Plénario do STF, donde se reúnen los jueces de la Corte Suprema a deliberar y votar.

Lula estaba en Araraquara, Sao Paulo, haciendo una visita protocolar cuando se desataron los sucesos. Según fuentes locales, el presidente estaba preparando el regreso a Brasilia cuando sus custodios le informaron lo que estaba ocurriendo.

Al ser domingo, los congresistas, jueces supremos y ministros están en sus casas en vez de en los edificios gubernamentales, por lo que los manifestantes no chocaron en ningún momento con las autoridades del gobierno.

A pesar de esto, y según la experiencia de las protestas en Washington hace dos años, no hay dudas que el gobierno de Lula utilizará los sucesos de este domingo para reforzar y terminar de blanquear la persecución a militantes de derecha que se oponen a su gobierno.

Las razones

Los manifestantes de derecha, en su mayoría simpatizantes de Bolsonaro, piden que el Congreso Nacional intervenga para frenar las decenas de medidas de emergencia que ha tomado Lula por decreto en sus primeros días como presidente.

También piden que el Congreso abra una investigación sobre las denuncias de fraude electoral, expandiendo sobre lo investigado por un comité del Senado que escuchó a múltiples auditores explicar por qué las elecciones de noviembre del año pasado nunca debieron ser legitimadas.

Por último, están los que piden la renuncia inmediata de Lula por la creación de un “Ministerio de la Verdad”, que empezará a censurar las voces disidentes cuando se ponga en funcionamiento en las próximas semanas. Estos manifestantes piden, en última instancia, una intervención militar.

Lula ordenó desde Sao Paulo a la Policía Militar (PM) que despeje el Palacio do Planalto, donde se registraron escenas de extrema violencia, con policías atacando mujeres y ancianos, además de arrojar bombas de gas lacrimógeno a personas que estaban rezando pacíficamente fuera de los edificios.

Brasil

El programa de Lula amenaza con destruir las cuentas públicas de Brasil: El FMI pronostica un brutal aumento del déficit para 2023

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El diagnóstico del Fondo Monetario sugiere que el resultado financiero de Brasil se disparará al 7,5% del PBI, y se perderá completamente el superávit primario heredado por Bolsonaro. El plan fiscal del presidente Lula propone disparar las erogaciones sin ninguna contraprestación en nuevos recursos. 

Tan solo un año de Gobierno del nuevo presidente Lula da Silva amenaza con socavar el esfuerzo fiscal de la administración de Jair Bolsonaro. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Brasil profundizará todos los desequilibrios fiscales para 2023, lo cual arrojará una presión muy fuerte sobre la inflación y el stock de deuda pública.

El FMI pronostica que el déficit fiscal financiero del Gobierno federal brasileño se disparará al 7,5% del PBI en 2023, partiendo de una cifra que no supera el 5% del producto. Descontando el enorme peso de los intereses de la deuda pública sobre el presupuesto, el superávit primario heredado de Bolsonaro se perdería completamente y el 2023 finalizaría con un déficit de 0,82% del PBI

El stock de deuda pública bruta abandonaría su sendero bajista, y se incrementaría del 88,2% del PBI al 93,3% para el año 2027. Asimismo, la deuda pública neta (añadiendo las acreencias a favor del Estado) escalaría del 58,4% del PBI al 68,5% en 2027, un pesado endeudamiento de 10 puntos del producto.

Resultado fiscal de Brasil y proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2023.

El programa fiscal presentado por Lula da Silva

El proyecto del socialismo brasileño consiste en una brutal suba del gasto público explicada por tres partidas principales: erogaciones sociales, remuneraciones en el Estado y obra pública

Se dispone de la ampliación del programa ahora rebautizado como “Bolsa Familia”, aumentando las asignaciones básicas de R$ 400 a R$ 600 para los beneficiarios. En la misma línea, se dispuso aumentar el salario mínimo un 7,43% con respecto al valor nominal de diciembre de 2022, lo cual implica una ampliación de costos sobre la estructura salarial del sector público. 

Para llevarlo a cabo, el Gobierno del PT logró la ampliación del techo de gastos previsto para 2023 en un valor de 145.000 millones de reales, equivalentes a 28.000 millones de dólares. De esta manera se consolidó un golpe de gracia contra la disciplina fiscal, ya que se levantó la principal regla fiscal del país por primera vez desde el año 2000. 

De hecho, el programa original presentado por Lula pretendía incluso eliminar completamente el techo de gastos por un período de 4 años, y aumentar las erogaciones en 198.000 millones de reales sólo para 2023. El Congreso brasileño limitó algunas de las estrafalarias propuestas del PT. 

Pero en contrapartida no se anunció ninguna medida fiscal o tributaria que sea capaz de compensar la expansión del gasto público, más bien todo lo contrario. Este rumbo convalida el diagnóstico del Fondo Monetario para 2023.

El presidente Lula anunció que la exención del Impuesto Federal a los Combustibles seguirá teniendo vigencia en 2023, lo que significa un costo presupuestario de 52.900 millones de reales para el Estado en este período fiscal.

En la misma línea, también se incluyó el aumento de la deducción estándar básica del impuesto a las Ganancias de R$ 1.904 a R$ 5.000 para 2023 (por encima de la inflación proyectada). Todas estas medidas arrojan más presión sobre el déficit fiscal. 

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Brasil

Rotundo éxito de la reforma laboral de Bolsonaro: La desocupación cayó más de 4 puntos y desapareció la informalidad

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La desregulación del mercado laboral permitió expandir la contratación formal y disminuir la desocupación al nivel más bajo de los últimos 8 años. Sin embargo, el presidente Lula amenaza con dar marcha atrás con los cambios para volver a la legislación laboral obsoleta de 1943. 

Los resultados de la desregulación laboral vuelven a salir a la luz. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó que la tasa de desocupación abierta cayó al 8,1% de la población activa en noviembre de 2022, según la serie original del indicador.

El organismo oficial señala que el respaldo es el más bajo registrado desde abril de 2015. El IBGE relevó que la cantidad de personas desocupadas cayó en 3,7 millones en comparación con el resultado de noviembre de 2021, mientras que la tasa de desempleo acumuló una caída del 3,5% en el mismo período. 

La serie desestacionalizada del indicador de desocupación retrocedió al 8,48% en noviembre del año pasado, y de esta manera concretó una caída de 4,17 puntos porcentuales desde el lanzamiento oficial de la reforma laboral en septiembre de 2021.

La cantidad de ocupados en Brasil se remontó hasta los 99,7 millones de personas en noviembre de 2022, lo cual supone el resultado más alto de la historia desde el comienzo de la elaboración de esta estadística en marzo de 2012. 

“A pesar de que el índice de la población ocupada aumenta en un ritmo menor que los trimestres anteriores, es significativo y contribuye para la reducción del desempleo”, explicó Adriana Beringuy, coordinadora de encuestas en el IBGE. 

Otra importante conquista de la desregulación laboral fue la caída efectiva en la tasa de informalidad de Brasil, un problema endémico en el país. La informalidad retrocedió al 38,9% del total de ocupados, marcando una reducción con respecto al 40,6% observado antes del momento del lanzamiento de la reforma laboral. 

El nuevo sistema laboral demostró que es capaz de facilitar la contratación, reducir efectivamente el empleo informal, y reducir la cantidad de brasileños inmersos en la desocupación. Esto amplía la capacidad de la oferta agregada para liberar las fuerzas productivas del país. 

Los resultados no solo son reconocidos por su apoyo popular, sino que los mercados reaccionaron positivamente al proceso de desregulación. La sola idea de dar marcha atrás con el modelo provocó una importante retracción de la confianza empresarial. 

El presidente Lula amenazó con socavar las reformas, ya no tan solo las implementadas por Bolsonaro en 2021, sino también las tenues reformulaciones lanzadas por el expresidente Michel Temer en enero de 2018. El PT pretende volver a arribar a la legislación laboral de 1943, completamente obsoleta y ajena a las necesidades de la economía del siglo XXI.

La legislación de 1943 fue reformulada en numerosas oportunidades en la década de 1990, pero no supo adaptarse a requerimientos modernos. Fue con este sistema laboral que Brasil alcanzó un pico de 13,3% de desempeño en marzo de 2017 y se duplicó desde diciembre de 2013.

Tras el derrumbe bursátil y la devaluación provocada por los anuncios, el vicepresidente Geraldo Alckmin intentó llevar cierta tranquilidad a los mercados y cuestionó la idea de anular completamente las reformas, pero no fue capaz de descartar la vocación revisionista de la nueva administración. 

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Brasil

Desesperación total: El Gobierno de Lula da Silva financiará por un año las importaciones argentinas

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Lejos de concretar una moneda común, el verdadero objetivo del Gobierno kirchnerista fue descomprimir una nueva línea de crédito comercial en reales para postergar el drenaje de reservas internacionales del Banco Central. Se espera que aumente el déficit comercial con Brasil. 

El presidente Alberto Fernández y el presidente Lula da Silva finalmente ratificaron un nuevo acuerdo para la financiación de líneas comerciales. Muy lejos de concretar una moneda común para combatir la inflación, las autoridades argentinas buscaron activamente algún tipo de salvaguarda financiero con el cual poder financiar las importaciones que hoy deben ser restringidas a causa del cepo cambiario.

Según lo acordado entre los abogados Sergio Massa y Fernando Haddad, quienes actúan de Ministros de Economía de Argentina y Brasil respectivamente, el gobierno brasileño proveerá financiamiento para costear las importaciones argentinas a 366 días.

El Banco do Brasil financiará las ventas de las empresas brasileñas en la Argentina. Lula dio el visto bueno para estas medidas ya que, en la práctica, las restricciones para-arancelarias de argentina limitaban el potencial exportador de Brasil e impedían el supuesto “libre comercio” en la zona del Mercosur.

Desde el punto de vista argentino, los importadores de bienes desde Brasil ya no tendrán que esperar 180 días para acceder a las divisas en el mercado oficial, sino que podrán solicitar una carta de crédito al Banco Nación para concretar la operación de importación inmediatamente.

De esta manera, se abre una nueva vía comercial con Brasil que permitirá sortear las dificultades extremas que involucra el dramático sistema SIRA para poder operar. En definitiva, un parche para un problema auto-creado por las medidas insólitas del kirchnerismo.

Para el Banco Central, este mecanismo implica la postergación del uso de reservas internacionales para financiar importaciones por un período de 12 meses, y esta es la “ganancia” en términos de tiempo para postergar el colapso del cepo cambiario y evitar acelerar la devaluación del mercado oficial aún más de lo que ya se ha hecho.

Como adelantamos en La Derecha Diario, la principal motivación del Gobierno argentino no fue la concreción de una moneda común para combatir la explosión inflacionaria, sino más bien obtener algún instrumento para aminorar la sangría de reservas que enfrenta el Banco Central en el marco del cepo cambiario impuesto desde 2019.

No se trata de la idea del ministro Paulo Guedes de una moneda única, instrumentos previstos que no funcionaron bien ni el pago en moneda local, sino ofrecer una garantía para que podamos avanzar en el comercio de la manera en que el presidente Lula y el presidente Alberto Fernández pretenden”, explicó el ministro Haddad. 

Lo que antes era un problema entre los importadores y el BCRA, ahora se transforma en una mediación entre los bancos públicos argentinos y sus homólogos en Brasil, y al cabo de 366 días las operaciones deberán ser canceladas. 

Lo que aún no está completamente definido es el monto por el cual el Banco do Brasil proveerá financiamiento para la importación argentina. Estimaciones preliminares sugieren que se compromete un monto de hasta US$ 13.000 millones para 2023, una cifra muy similar a los US$ 16.000 millones en importaciones que cada año provienen de Brasil según el INDEC. 

El acuerdo buscaría cubrir la mayor parte del volumen comercial anual entre ambos países, al menos para 2023, sin comprometer la posición de divisas del Banco Central argentino en el corto plazo. 

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