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Reconocido jurista desmiente a la CPI y confirma que Bolsonaro no cometió ningún delito en la gestión de la pandemia

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En respuesta a una carta enviada por el líder de gobierno al Senado, el jurista junto con otros renombrados abogados desmantelaron la narrativa de la cumbre de la comisión.

El jurista y abogado Ives Gandra Martins dijo en un dictamen que no considera que el presidente Jair Bolsonaro haya cometido delitos en el manejo de la pandemia Covid-19.

El documento se formuló luego de que el jurista recibiera una carta oficial del líder del gobierno en el Senado, Fernando Bezerra Coelho, en apoyo a los miembros oficialistas que integran la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Covid-19 (CPI), que será incluido en la elaboración de un informe paralelo que se presentará por separado del informe final del grupo opositor que pertenecen a la cumbre de la comisión.

En el dictamen, el reconocido juez Ives Gandra refutó la CPI y afirmó que Bolsonaro no cometió ningún delito. “En su rol en la epidemia de Covid-19, el presidente Jair Bolsonaro no cometió los delitos de práctica ilegal de la medicina (artículo 282 del Código Penal) y de peligro para la vida o la salud de los demás (artículo 132 del Código Penal)“, dijo.

Además, asegura que “no cometió un crimen de lesa humanidad, ni ningún acto de improbidad administrativa, malversación, corrupción pasiva, ni se atrasó en comprar la vacuna de Pfizer”.

No hubo prueba de que ninguna empresa haya recibido ninguna ventaja indebida por parte del Presidente de la República. No hay prueba de autoría o materialidad del crimen en relación con la conducta del Presidente de la República”, escribió el jurista.

“Además, las acusaciones de posibles irregularidades dentro del Ministerio de Salud, fueron rechazadas con vehemencia por el Presidente de la República, quien siempre manifestó que debían ser investigadas, tanto que el día 30/06/21 abrió una investigación policial frente a los testimonios de los hermanos Miranda”, concluyó Ives Gandra, refiriéndose a las acusaciones del diputado federal Luis Miranda y su hermano sobre supuestas irregularidades en las negociaciones del gobierno para la adquisición de vacunas. La Policía no encontró ningún delito.

Está exento de responsabilidad

Según la opinión de Ives Gandra, Bolsonaro tampoco cometió ningún delito de responsabilidad en su rol frente a la crisis de salud en el país, especialmente en lo que respecta al colapso que enfrentó el estado de Amazonas al inicio de la pandemia.

“No es posible imputar al Presidente de la República responsabilidad alguna relacionada con el colapso de la salud en Manaus, en el estado de Amazonas. El Gobierno Federal ha realizado esfuerzos, dentro de la competencia de la Unión, para contener la pandemia del Covid-19”, dice el jurista.

Papel restringido de la Unión

En su dictamen, el jurista destaca que, según determinó el Tribunal Supremo (STF), el ámbito de actuación del gobierno federal durante la pandemia fue limitado, teniendo los Estados y Municipios plena autonomía para definir políticas públicas de combate al coronavirus.

Bolsonaro fue atado de manos por la Corte Suprema y no tuvo en ningún momento de la pandemia la potestad de imponer o no imponer una cuarentena, ni de cerrar o abrir las fronteras, o decretar aislamiento.

El papel de la Unión en el combate de la epidemia se redujo considerablemente, ya que se afirmó que la competencia sería concurrente y que los estados y municipios podrían adoptar la forma que quisieran para combatirla”, recordó Ives Gandra.

“La responsabilidad directa de combatir esas unidades federativas se traspasó del gobierno federal a los estados y municipios, y el combate por parte de la Unión pasó a ser complementario, ya no formulando la ‘planificación’ y ‘promoción’ de la defensa contra la calamidad pública, sino cooperando en las políticas que cada unidad federativa haría adoptar en la lucha contra el virus”.

Tratamiento precoz y autonomía médica

En el dictamen, Ives Gandra también refuta la acusación de que Bolsonaro habría cometido el delito de “práctica ilegal de la medicina” al defender, por ejemplo, el tratamiento temprano contra el Covid-19 con medicamentos como Hidroxicloroquina o Ivermectina.

“Por el contrario, todas las manifestaciones y actitudes del Presidente de la República se basaron en estudios científicos, en el Dictamen No. 04/2020 del Consejo Federal de Medicina y en el principio de autonomía del médico, en este caso, para prescribir la medicina que consideren más eficaz, siempre que cuente con el consentimiento del paciente”, dice el jurista.

Negligencia

Otra acusación hecha por miembros de la CPI al gobierno es la de negligencia al supuestamente tomarse mucho tiempo para comprar las vacunas de Pfizer, pero tampoco se sostiene legalmente, según Ives Gandra Martins.

Según el jurista, “no hubo negligencia, sino el cuidado necesario dado la legislación de licitación y contratación entonces vigente“. Y recordó que la Ley de Introducción a las Reglas de la Ley Brasileña, la LINDB, en su redacción actual, aprobada por los gobiernos de izquierda, determina que las consecuencias prácticas de la decisión sean tomadas en cuenta y especial cuidado con las peculiaridades del caso.

De hecho, el sustento legal para la contratación llegó solo con la promulgación de la Ley N° 14.125, de 10/03/21, que estableció medidas excepcionales para la adquisición de vacunas, incluyendo el pago anticipado y la no imposición de sanciones al proveedor”, concluye el jurista.

Además de Ives Gandra, el informe está firmado por los juristas Adilson Abreu Dallari, Samantha Meyer Marques y Dirceo Torrecillas Ramos, que se suman a desmantelar la narrativa de la oposición que intenta acusar al presidente Bolsonaro de posibles delitos durante la pandemia de Covid.


Por Luan Côrtes, para La Derecha Diario.

Brasil

Masiva protesta en Brasil en contra de la censura de Lula: Bolsonaro habló ante millones y pidió un aplauso para Elon Musk

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En la protesta se vieron manifestantes vestidos de Bolsonaro, de Elon Musk y hasta del presidente argentino Javier Milei, en favor de la libertad de expresión y el fin del régimen autoritario de Lula.

El ex presidente Jair Bolsonaro convocó a millones de manifestantes en las playas de Copacabana, este domingo en Río de Janeiro, para protestar contra la persecución política del régimen de Lula da Silva y pedir por el fin de la censura en redes sociales contra la oposición.

Millones de manifestantes comenzaron a llegar poco después de las 8 de la mañana. Bolsonaro salió del hotel cercano alrededor de las 10:00 horas, se subió a uno de los camiones y pronunció un discurso que duró unos 35 minutos, con un micrófono y parlantes para que escuche toda la ciudad.

En su discurso, Bolsonaro criticó con dureza a Lula y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por sus medidas contrarias a la libertad de expresión. El juez Moraes ha metido presos a empresarios, políticos, periodistas y activistas bolsonaristas en los últimos 2 años.

El líder de la oposición pidió una amnistía para los presos del 8 de enero, día en el cual manifestantes de derecha ingresaron al edificio del Congreso y de la Corte Suprema en protesta contra el fraude electoral impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, que preside el propio Moraes.

Como ocurrió con el Asalto al Capitolo en Estados Unidos dos años antes, no solo el puñado de violentos fue arrestado, sino que el gobierno de Lula mantiene apresados a miles de brasileros que se estaban manifestando pacíficamente y no ingresaron a los edificios públicos ese día.

En otra parte del discurso, Bolsonaro pidió un aplauso para Elon Musk, a quien apodó como una “leyenda” y aseguró que es un “hombre que quiere preservar la libertad“. Tras comprar Twitter, Musk desafió a Moraes y levantó todos los bloqueos que había impuesto la Suprema Corte.

El expresidente volvió a hablar de las elecciones de 2022, que fueron robadas por el Tribunal Electoral, y recordó que hubo fraude en las urnas: “Lo que más queremos es que Brasil vuelva a la normalidad, que podamos participar en las elecciones sin sospecha alguna“.

“Al fin y al cabo, el alma de la democracia son unas elecciones limpias en las que nadie puede siquiera pensar en dudar de ello“, aseguró.

La protesta fue convocada por Bolsonaro en medio de un intento del juez Moraes por apresarlo al expresidente, por una presunta participación en un intento de golpe de Estado para permanecer en el poder, del cual no hay pruebas.

Sin embargo, Moraes ya apresó a varios ex ministros, a múltiples empresarios que le donaban dinero y a todos los periodistas que apoyaron su gobierno. El próximo objetivo de la dictadura, y el gran trofeo que busca Lula, es arrestarlo a Bolsonaro.

A pesar de que Bolsonaro era un simple diputado y que estaba a un año de anunciar su campaña presidencial cuando la Justicia arrestó a Lula en julio de 2017, por lo que no estuvo relacionado en lo más mínimo con su detención, el dictador de izquierda nunca le va a perdonar que puso de Ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que le dictó prisión efectiva.

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Brasil

La Corte Suprema de Brasil analiza bloquear Telegram, WhatsApp y Twitter en todo el país para censurar a la oposición

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Alexandre de Moraes, principal juez responsable de censurar a la oposición en Brasil, dijo que el bloqueo masivo no es una medida que adoptaría “en estos momentos”, pero el resto del STF tiene tiempo de votar hasta el 26 de abril.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, controlado por el presidente Lula da Silva, inició este viernes un proceso para analizar la posibilidad de bloquear aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, en Brasil.

El análisis se desarrollará mediante videoconferencias hasta el 26 de abril, fecha en la que los jueces tomarán la determinación sobre si el máximo tribunal puede suspender temporalmente el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería que se nieguen a entregar información de los usuarios investigados por delitos sin sentencia firme.

Esta votación se da en medio de fuertes denuncias de persecución política contra el gobierno de Lula, que está utilizando a los jueces de la Suprema Corte para censurar a la oposición en redes sociales, solicitando eliminar cuentas y borrar publicaciones. Incluso La Derecha Diario ha sido víctima de esto.

El principal juez señalado por ser el brazo armado del Gobierno socialista es Alexandre de Moraes, responsable de ordenar el bloqueo de miles de usuarios opositores a Lula en Twitter. Sin embargo, Moraes anticipó su voto en contra de la medida, probablemente para evitar un mayor escándalo en medio de un conflicto judicial abierto contra Elon Musk y la oposición.

Moraes, se unió al juez Edson Fachín diciendo que la medida no parecería necesaria en estos momentos, pero sorprendió su voto negativo ya que él mismo ha sido responsable en el pasado de bloquear temporalmente a Telegram, luego de que la empresa se negara a entregar información personal de sus usuarios. Hasta el momento, los otros nueve jueces aún no han votado.

La presentación de esta acción en los tribunales se inició en 2016, a través del partido Ciudadanía. El proyecto se basó en una decisión del Tribunal de Sergipe, que ordenó la suspensión de WhatsApp en todo el territorio nacional por un período de 72 horas.

WhatsApp se había negado a romper la confidencialidad de los mensajes de la aplicación cuando el tribunal pidió mensajes privados de las personas en un caso vinculado a la libertad de expresión.

En aquel entonces Facebook (ahora Meta) afirmó que los mensajes están cifrados de un extremo a otro, lo que significa que ellos no almacenan en los sistemas de la aplicación los mensajes ni pueden entregarlos, y que solo el usuario puede hacerlo.

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Brasil

Los inversores internacionales huyen de Brasil y ya sacaron casi 5.000 millones de dólares del país por las medidas de Lula

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Mientras se escapan los inversores de Brasil, el tipo de cambio del real con respecto al dólar ascendió a las 5,27 unidades y marcó una suba del 1,6% al cierre del día martes. Se trata del valor nominal más elevado de la gestión de Lula.

El dólar acumuló un alza del 8,7% de acuerdo a su paridad con el Real de Brasil desde el comienzo del año. Pero solamente al término de la rueda del día martes, el tipo de cambio se anotó una suba diaria superior al 1,6% y volvió a romper récords nominales.

La paridad del dólar llegó a los 5,27 reales al cierre del martes, el mayor valor registrado desde marzo del año 2023. La fuerte depreciación de la moneda brasileña destacó de entre otras divisas latinoamericanas que se vieron duramente afectadas por el accionar monetario conservador que recientemente adoptó la Reserva Federal de Jerome Powell.

La tasa de inflación de Estados Unidos para el mes de marzo superó las expectativas (subió ligeramente al 3,5%), con lo cual es más probable que la FED evite reducir su tasa de referencia en el corto plazo, o en su defecto que lo haga más lentamente. Esto repercutió en todas las divisas de la región, pero Brasil se vio afectado además por factores estrictamente internos.

La política fiscal del Gobierno socialista está fuera de control. El resultado primario del Gobierno federal (sin Estados locales ni municipalidades) marcó un rojo equivalente al 2,55% del PBI en febrero, el más alto desde el estallido de la pandemia. El Presidente Lula da Silva asumió su cargo habiendo heredado un superávit primario de 0,56 puntos del PBI en enero del año pasado.

Contabilizando la pesada carga de intereses que enfrenta el país vecino, el resultado financiero marcó un déficit récord de hasta el 7,7% del PBI en febrero, y no se veía algo semejante desde julio de 2021. Cabe señalar que cuando Lula asumió la presidencia del país, el déficit financiero representaba el 4,32% del producto bruto, casi se duplicó en 13 meses.

El Gobierno socialista cuestionó con dureza la independencia del Banco Central de Brasil, heredada de la administración de Jair Bolsonaro, pero al no poder revertir su autonomía se valió del endeudamiento como vía principal para solventar la brecha fiscal. La carga de intereses por la deuda pública se incrementó del 4,88% al 5,15% del PBI desde enero de 2023.

El descarrilamiento de la política fiscal hace mecha sobre la efectividad de la política monetaria, ya que pese a la autonomía legal, existen serias dudas sobre el sostenimiento del actual margen de déficit con persistente endeudamiento. En consecuencia, se reduce el efecto disciplinario de la tasa de referencia SELIC que aplica la autoridad monetaria, y con ello se proyecta un mayor impacto negativo sobre el nivel de actividad real.

Este contexto adverso provocó que Brasil pierda cada vez más atractivo para la inversión internacional. La firma Goldman Sachs recomendó abiertamente deshacer las posiciones en empresas públicas brasileñas debido a una mayor injerencia política del Gobierno, y como resultado de la falta de credibilidad en el desempeño futuro de Brasil, se registró una salida de por lo menos US$ 4.227 millones (21.000 millones de reales) por parte de inversores extranjeros en el país.

La repercusión de la depreciación del real será mayormente negativa sobre el saldo exportador de las empresas argentinas, más aún en un contexto de fuerte apreciación del peso frente al dólar.

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