Los aumentos impositivos fueron rechazados por el Congreso chileno, pero no así el Presupuesto 2023 y las erogaciones que comprende para los próximos meses. El paquete de medidas podría deteriorar significativamente el saldo de las finanzas públicas del país.

El Congreso Nacional de Chile bloqueó la reforma tributaria presentada por el presidente Gabriel Boric, quien ni siquiera consiguió el quórum necesario para tratar el proyecto. Se contabilizaron 73 votos a favor, 71 en contra, 3 abstenciones y un total de 8 congresistas que se negaron a dar presencia para el tratamiento de la reforma.

Para el oficialismo, se trata de un revés dramático que boicotea por completo la totalidad de su programa económico, y la aplicación elevación de la presión impositiva a los niveles más altos de la historia chilena (al menos desde la década de 1970). 

La reforma comprendía un aumento generalizado de impuestos, principalmente sobre el patrimonio, las exportaciones, las cargas patronales, las Ganancias individuales y las pequeñas y medianas empresas. Para este año se preveía una recaudación neta del 0,6% del PBI, un 1,4% en 2024 y hasta un 3,6% del PBI en 2027 (momento en que los cambios previstos terminarían por afianzarse). 

Pero si bien el Congreso bloqueó el aumento impositivo, al mismo tiempo decidió aprobar el Presupuesto 2023. Entre otras partidas, el presupuesto supone un fuerte aumento del gasto público en infraestructura (un 5,5% anual en 2023) y las erogaciones del sistema previsional (un aumento anual de hasta el 8% para este año).

Sin los nuevos recursos asignados para el año, y con una garantía de mayores gastos, el perfil para las finanzas públicas de cara a los próximos años no parece positivo. El Gobierno está decidido a hacer cumplir su presupuesto incluso aunque resulte abiertamente irresponsable hacerlo, ya que el Congreso no lo facultó para obtener los recursos que preveía. 

Incluso considerando los recursos previstos por la reforma monetaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el déficit primario de Chile alcanzaría el 0,68% del PBI en 2023, y con el pago de los servicios deuda pública el déficit escalaría al 1,2% del producto. 

La última medición del déficit fiscal de base caja determinó que el país mantuvo un superávit primario del 2,14% del PBI en diciembre del año pasado, y el resultado financiero marcó un superávit del 1,14% del producto en el acumulado anual de ese mismo mes.

Estos resultados favorables fueron concretados por el Presupuesto 2022 presentado por el expresidente Sebastián Piñeira, aunque el Gobierno de Boric se adjudicó el orden de las cuentas públicas a sí mismo.

El primer año fiscal propiamente signado por un presupuesto socialista podría ser el primero en desequilibrar nuevamente las finanzas públicas del Gobierno, en un momento extremadamente delicado para el combate de la inflación.

Las reformas estructurales de la década de 1970 dieron lugar a la economía de mercado más exitosa de América Latina y al milagro económico chileno. Casi cinco décadas después, el Gobierno de Boric descree de los beneficios del modelo y reivindica a Salvador Allende. 

El término “Chicago-Boys” hace referencia a una serie de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, que fueron protagonistas de la mayor transformación económica y social en la historia del país.

Este grupo de especialistas suscribía al consenso ortodoxo y neoclásico de la economía, e introdujo las ideas liberales en un país que arrastraba 40 años de intervencionismo estatal y que sufría los dramáticos resultados del socialismo durante la administración de Salvador Allende. 

Bajo la influencia y las ideas de Milton Friedman, las reformas dieron lugar al “milagro económico chileno”, una experiencia de casi 40 años con crecimiento ininterrumpido. El modelo no solo fue sostenido y convalidado en democracia, sino que se profundizó aún más a lo largo de la década del 90.

Reforma del Estado y disciplina fiscal

La reorganización de las finanzas públicas fue llevada a cabo por economistas como Sergio de Castro, Pablo Baraona y Hernán Büchi, y más tarde por los sucesivos Gobiernos democráticos a partir de 1990. 

Hacia 1973 el Gobierno socialista de Allende dejaba un déficit fiscal equivalente al 22,9% del PBI, un resultado completamente insostenible para la macroeconomía del país. La reforma del Estado producida entre 1974 y 1975 produjo un ajuste de 22 puntos del producto, y desde 1979 el Gobierno registró superávit fiscal incluso contabilizando los intereses de deuda pública. 

El gasto público redujo su participación en la economía a lo largo de la década de 1980, y pasó de representar el 34% del PBI en 1972 al 20,6% para el año 1989. Las reformas se convalidaron en democracia y el tamaño del sector público promedió el 23% entre 1990 y 2022. 
El ordenamiento de la política fiscal fue un factor clave para disciplinar los precios y llevar confianza en la política monetaria, eliminando la “dominancia fiscal” que tanto daño había producido en décadas anteriores.

Reforma monetaria

El fuerte ajuste sobre las finanzas públicas dotó de mayor credibilidad al Banco Central, y a partir de 1975 se llevó a cabo una política de control de agregados monetarios para combatir la inflación, en conjunción con múltiples regímenes cambiarios. 

La inflación había alcanzado un pico del 87,6% en octubre de 1973, tras la caída del Gobierno de Allende y el colapso de los controles de precios, y ya había superado el 22% mensual entre agosto y septiembre de 1972. Los economistas de Chicago eliminaron los controles de precios y los controles cambiarios, y apostaron por llevar adelante una política monetaria moderna. 

La inflación interanual cayó del 528% en octubre de 1973 al 31,24% en diciembre de 1980, y continuó moderandose hasta llegar al 9,5% en diciembre de 1981. Se alcanzó un mínimo de 3,66% en mayo de 1982, pero el estallido de la crisis financiera provocó una reacción adversa en la demanda de dinero que terminó por “revivir” la inflación en valores fluctuantes entre el 20% y el 30%.

El fuerte déficit cuasi-fiscal del Banco Central, que alcanzó un récord del 21% en 1985 (las pérdidas totales de la institución), condicionó severamente la credibilidad de la política monetaria. La dictadura de Pihochet no logró volver a arribar a la estabilidad pese a la disciplina fiscal, debido a la constante expectativa en mayor emisión monetaria futura.

No fue sino hasta el año 1990, ya en democracia, en que se estableció formalmente la independencia del Banco Central y un régimen de metas de inflación. La reforma demostró un rotundo éxito, y la tasa de variación anual de los precios cayó del 30,4% en octubre de 1990 al 12,9% en el mismo mes de 1993.

Chile convergió a estándares internacionales de estabilidad de precios hacia la segunda mitad de la década de 1990, y la inflación promedió sólo el 3% entre 1997 y 2022 (con una excepción importante tras el estallido de la pandemia). 

Apertura arancelaria

La apertura al comercio internacional es una característica comúnmente asociada a Chile, pero lo cierto es que no siempre fue así y sólo es posible gracias a las reformas de los economistas de Chicago. 

En la segunda mitad del siglo XX Chile era una economía estrictamente proteccionista y el promedio arancelario llegaba al 105% tras la gestión de Salvador Allende. La reforma de Chicago emprendió una drástica y muy rápida reducción de aranceles, hasta caer a un promedio nominal por debajo del 20% para 1978 y 10% a partir de 1979. 

De hecho, a partir de julio de 1979 Chile estableció un “arancel uniforme”. Todas las importaciones pagan exactamente la misma alícuota (salvo muy extrañas excepciones). Se trata de uno de los regímenes arancelarios más eficientes del mundo, ya que no genera distorsiones en el consumo ni tampoco favorece a intereses sectoriales discrecionales. 

La apertura fue profundizada en democracia. El arancel uniforme para todas las importaciones se rebajó al 6% a partir de la reforma del año 1999, y Chile celebró múltiples acuerdos de libre comercio, entre otros con Estados Unidos y la Unión Europea. 

El despegue de la economía

Las reformas liberales provocaron un verdadero milagro de crecimiento con estabilidad de precios. El PBI Chileno se multiplicó por casi 5 veces entre 1985 y 2022, un margen que supera holgadamente al desempeño de la región e incluso de América en el mismo período.

El crecimiento chileno se perfiló como uno de los casos de mayor éxito en el mundo, similar al desarrollo de la economía coreana, la economía china, y el despegue de los “tigres asiáticos” a mediados de los años 90s.

El ingreso real por habitante creció un 252% en términos reales en el período 1985-2022, y la pobreza extrema (según los parámetros del Banco Mundial) cayó del 31% en 1973 a menos de 1% a partir del año 2018.La estabilidad de precios permitió que el crecimiento alcanzara a todos los sectores, impidiendo así los espirales de precios-salarios que siempre terminan por deteriorar el poder adquisitivo de estos últimos. El salario real se multiplicó por tres veces entre 1976 y 2022, una variación aproximada al 296,9%. 

Los resultados fueron convalidados por el grueso de la sociedad y cada Gobierno democrático demostró la continuidad con las bases fundamentales del “modelo chileno”, hasta la llegada del presidente Gabriel Boric, que se muestra abierta y públicamente reticente. 

Tras el buen desempeño de las finanzas públicas en 2022, Chile volvería a profundizar el déficit a partir del Presupuesto 2023 presentado por el Gobierno socialista. El FMI pronostica un desequilibrio cercano al 1,2% del PBI para fin de año. 

El Gobierno de Gabriel Boric sigue amenazando a los pilares fundamentales del modelo de crecimiento que impulsó la economía de Chile en los últimos 40 años. El Presupuesto 2023 amenaza con abandonar la disciplina fiscal, y volver a incrementar gravemente la necesidad de endeudamiento interno y externo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario de Chile alcanzará el 0,68% del PBI en 2023, después de haber registrado un holgado superávit con criterio de base caja en torno al 2,14% del producto en diciembre de 2022. Asimismo, el déficit fiscal consolidado llegaría al 1,2% del PBI según estima el organismo. 

Pese a que el Presupuesto 2023 permite una importante ampliación de los recursos tributarios, las erogaciones crecerán todavía más. Los gastos por inversión pública crecerán un 5,5% anual en 2023, y el gasto en seguridad social se incrementará hasta un 8%. Pero en contraste con estas mediciones, para 2023 se espera que la economía chilena entre en recesión junto con Argentina.

Como la mayor parte de la distribución de nuevos gastos se concentra en transferencias directas y no consumo público propiamente dicho, las medidas no tendrán un mayor “efecto multiplicador” positivo. Por el contrario, el aumento de la carga tributaria contribuirá a restringir activamente la oferta agregada de la economía, y su capacidad para recuperar la tendencia de crecimiento previa a la pandemia.

Los impuestos serán especialmente distorsivos para el sector transable de la economía chilena. El Gobierno de Boric autorizó la imposición de retenciones a las exportaciones mineras con tasas que varían del 2% al 32%, y entra en vigencia el impuesto al patrimonio (homólogo a Bienes Personales en Argentina) con tasas de entre 1% y 1,8% sobre los bienes gravados.

La reforma previsional es el segundo factor desequilibrante de las reformas, no tan solo por el incremento de las obligaciones fiscales del Estado para los próximos años, sino principalmente por la retracción del crédito doméstico en moneda local. El mercado de capitales chileno se desarrolló a partir del ahorro del sistema de capitalización individual, y la reforma previsional lo penaliza sistemáticamente.

El Gobierno socialista se jactó por los contundentes resultados fiscales concretados en 2022, habiéndose eliminado completamente el déficit primario e incluso arribando al superávit financiero por primera vez en 10 años. Pero cabe señalar que el Presupuesto 2022 fue conformado por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y precisamente buscó un ordenamiento mayúsculo sobre las finanzas del Estado.

Las medidas fiscales de la administración anterior fueron percibidas (y disfrutadas) por la administración de Gabriel Boric, pero el verdadero Presupuesto del socialismo tendrá lugar a partir de este año y con sus debidas consecuencias en materia de responsabilidad fiscal y gasto público.

Cerca del 80% de la sostenibilidad de la recaudación pública se explica por el propio crecimiento de la economía, y solo el 20% restante se corresponde con cambios en las tasas impositivas a corto plazo. La llegada de la recesión en 2023 condiciona las metas del ministro Mario Marcel para el período fiscal corriente.