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Chile

Boric lanza su reforma previsional para estatizar las jubilaciones de los chilenos y terminar con las AFP

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La reforma previsional del Gobierno socialista propone anular el rol actual de las administradoras privadas, para dar paso a una entidad estatal centralizadora. Se reducirá el peso del sector privado y se aumentarán los impuestos laborales a cargo de las empresas. 

El presidente comunista Gabriel Boric anunció el lanzamiento de una reforma previsional estatizadora que busca limitar el rol del sector privado en la capitalización y el ahorro de los contribuyentes chilenos. Los cambios enunciados son los más importantes sobre el sistema de pensiones desde su creación en 1981. 

Boric pretende eliminar la categoría legal de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y reemplazarlo por un sistema de control estatal y de contribución obligatorio que solo utilice al sector privado para las inversiones con todo el dinero recaudado, como la ANSES en Argentina.

A pesar de que la izquierda chilena no cuenta con mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras legislativas, y tanto la oposición como las AFPs expresaron un profundo rechazo al proyecto de ley, desde el Gobierno tienen la esperanza de convencer a suficientes congresistas de centro para aprobarla.

Las claves de la reforma previsional de Boric

Centralización de las cotizaciones y fin de las AFP

Hasta ahora, y desde la reforma de Pinochet aprobada en 1981, el sistema previsional chileno se sostenía sobre el aporte del 10% del sueldo mensual para un sistema de capitalización individual, en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Este sistema dejará de tener vigencia si se aprueba la reforma. El proyecto supone la creación de un Administrador de Pensiones Autónomo (APA) de carácter estatal, que centraliza y monopoliza las tareas de afiliación de contribuyentes, recaudación de fondos y realización de pagos de beneficios capitalizados. 

Estas tareas descritas eran realizadas por las AFP, pero perderán su rol administrativo con la reforma, en detrimento de un mayor peso del Estado. El sector privado seguirá teniendo injerencia en el sistema pero solamente bajo la función exclusiva de invertir los fondos y capitalizarlos, y no administrarlos y distribuirlos como hasta ahora. La transición para el fin de las AFP tendrá un plazo máximo de hasta 24 meses. 

Los contribuyentes podrán mantener inalteradas sus cuentas de capitalización individual (CCI), pero lo harán bajo las nuevas reglas de juego del sistema, esta vez configurado bajo la etiqueta de “mixto” entre el sector público y el privado.

Aumento del rol del Estado en el sistema previsional

Aunque existirán entidades privadas que podrán invertir los fondos de los cotizantes, la reforma de Boric dispone la creación de un ente estatal llamado Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), con participación para invertir los fondos en conjunto con las entidades privadas. 

El IPPA será el inversor designado por default para todos los cotizantes chilenos, a menos que estos declaren explícitamente sus intenciones por enviar sus fondos a una entidad privada para que los administre mejor. En este sentido, habrá competencia entre la entidad estatal y las entidades privadas

Fin de los multifondos y de la libertad de elegir

El esquema de “multifondos” sobre el sistema previsional que actualmente rige en Chile supone una garantía para que los contribuyentes puedan elegir libremente qué tipo de riesgo están dispuestos a tolerar, a cambio de mayores rendimientos futuros para sus haberes jubilatorios. 

En otras palabras, hoy los cotizantes pueden elegir entre cinco tipos de riesgos (del A al E) para la inversión de sus ahorros. Mayor riesgo promete mayores tasas de retorno y viceversa. 

La reforma de Boric anula por completo la libertad de elección, y se creará un sistema llamado “Fondos Generacionales” que asignará centralmente a cada persona una determinada regulación, indicando a qué tipo de riesgo será expuesta, considerando parámetros de sexo y edad. 

Aumento de impuestos laborales para trabajadores y empleadores

Los trabajadores afiliados al sistema tendrán un aumento del 10% al 10,5% en la cotización obligatoria sobre su salario mensual. Supone un muy tenue aumento impositivo del 0,5%. 

Pero para los empleadores el aumento de la carga fiscal será considerable. Las empresas deberán pagar una contribución del 6% sobre la remuneración de cada trabajador, adicional al 5% que ya pagan actualmente. 

Este punto de la reforma de Boric fue especialmente polémico, ya que el aumento de los impuestos laborales desalienta la contratación en el sector privado formal, y la disminución de la formalidad amenaza con reducir también los aportes que efectivamente van al sistema previsional. 

La reforma determina que los recursos recaudados por el nuevo impuesto patronal serán destinados al Fondo Integrado de Pensiones, de carácter estatal y colectivo, mediante el cuál se pagarán pensiones básicas no contributivas. 

Pensiones no contributivas

El paquete de medidas comprende un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde $193.917 hasta $250.000, un aumento por encima de las fórmulas de actualización que rigen actualmente.

El Estado chileno no utiliza recursos del sistema previsional para financiar el piso mínimo universal de pensiones, sino que utiliza su propia recaudación tributaria. El consiguiente aumento del gasto público que esto conlleva sería financiado a través de una reforma tributaria para subir los impuestos

Argentina

Bullrich anunció un endurecimiento de la frontera con Chile: "Gran parte hoy de la droga que entra a Argentina, entra por Chile"

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"Chile tiene una situación de seguridad y de narcotráfico mucho peor de la que tenía hace unos años", aseveró la ministra, quien confirmó que lanzará un masivo operativo para reforzar la seguridad fronteriza.

Patricia Bullrich, la flamante Ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, participó esta semana del plenario de comisiones donde explicó ante los diputados las reformas en Seguridad del masivo proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso.

Allí, expuso acerca de la política fronteriza que pretende impulsar durante los próximos cuatro años, que implicará fuertes controles no solo de la inmigración ilegal si no que del tráfico de drogas. Para este último, sorprendió a la audiencia culpando a Chile de ser una de las principales puertas de ingreso de estupefacientes al país.

"Tenemos que avanzar en coordinación con Chile porque Chile tiene una situación de seguridad y tráfico de drogas mucho peor que la que tenía hace algunos años", dijo la ministra en una clara referencia al deterioro de la lucha contra el narcotráfico desde que el comunista Gabriel Boric llegó a la presidencia en ese país.

Bullrich anticipó que mientras Chile mantenga un insuficiente control fronterizo, la política argentina deberá endurecerse: "Vamos a implementar una política diferente en las fronteras con Chile, que son fronteras controlables."

En una entrevista con Radio Milenium después de su exposición, Patricia Bullrich afirmó que está trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas argentinas para llevar a cabo operaciones destinadas a prevenir el desarrollo del tráfico de drogas y desmantelar las redes de distribución del narco entre Chile y Argentina.

Así, indicó que están “trabajando en un plan de desarrollo sobre métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras. En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse; cuando estemos en condiciones, lo vamos a dar a conocer”, anticipó.

Conocemos perfectamente la frontera, ya hemos puesto en pocos días en marcha todas las cámaras que estaban apagadas. Si quieren les muestro en mi teléfono, como podemos mirar hoy todos los pasos, hemos trabajado ya un movimiento de presión sobre las fronteras”, sostuvo.

“Y nuestro objetivo es trabajar, tenemos un núcleo que lo llamamos GOC que es un grupo de operaciones especiales trabajando en todo lo que es la frontera, en el comercio ilegal, en la trata de personas”, añadió.

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Argentina

El líder terrorista mapuche Jones Huala fue extraditado a Chile donde terminará de cumplir su condena

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El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) aún debe cumplir con cerca de seis meses de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego en 2013.

En el marco de un importante operativo desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el líder terrorista mapuche Facundo Jones Huala fue extraditado a Chile, por segunda vez en su vida, para terminar de cumplir una pena a prisión que expira a mediados de junio.

El traslado fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que ingresó al predio de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario, ubicado en pleno centro de la localidad chubutense, para trasladar al convicto hasta la estación aérea Brigadier Parodi.

Con chaleco antibalas y casco, Jones Huala abordó uno de los furgones para traslado de detenidos, y llegó al aeorpuerto a las 6 de la mañana, donde el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) estaba siendo esperado por una aeronave de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

La Justicia de Chile condenó a 9 años de prisión a Jones Huala por quemar una vivienda y amenazar a una familia con armas de fuego en un terrorífico episodio en Pisu Pisué en el año 2013. Este fue el único delito que se le pudo imputar directamente, pero está acusado de ser el líder de la organización terrorista RAM, responsable de cientos de delitos en todo el sur chileno.

En 2018, su pena se redujo a 6 años debido a que computaron el tiempo en el que estuvo detenido en Argentina, donde fue arrestado por primera vez, en la cárcel federal de Esquel, antes de su extradición original.

Sin embargo, por presiones del gobierno de Gabriel Boric, la justicia chilena decidió otorgarle la libertad condicional en enero de 2022, luego de que el el Tribunal de Apelaciones de Temuco evaluara su “buena conducta” durante el cumplimiento de la pena.

Inmediatamente después de haber quedado libre, Jones Huala se escapó a la Argentina, lo que hizo que la justicia chilena revise su libertad condicional y vuelva a pedir su detención para que complete la pena en la cárcel, donde tendrá que estar tras las rejas hasta por lo menos junio de este año.

Después de un año prófugo, en enero del 2023, Jones Huala fue capturado en El Bolsón por la Policía de Río Negro. De acuerdo consignó el parte policial, el episodio que llevó a su detención fue muy extraño. Se cree que Jones Huala estaba embriagado y cantando a los gritos y por eso los vecinos llamaron a la policía, sin saber que el responsable de los ruidos era un criminal internacional.

Procedemos a revisar el lugar y observamos una persona en una habitación, tirado sobre un montón de ropa, presumiblemente dormido quien vestía una pollera de jeans hasta la rodilla y una blusa color negro con tachas doradas y una remera manga larga floreada debajo de la misma, al consultarle quien era, dijo ser Jones Huala”, reza el parte policial, que confirma que el terrorista mapuche estaba vestido de mujer al momento de su detención.

Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, amplió la gobernadora Arabela Carreras.

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Chile

Los primeros dos años de Boric: Se dispara el déficit fiscal, la economía se estanca y la desocupación es la más alta desde la pandemia

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Las finanzas públicas volvieron a desequilibrarse tras la ejecución del Presupuesto 2023, el índice IMACEC de actividad no crece desde hace un año, y el desempleo volvió a escalar en respuesta a las medidas de reforma que adoptó el Gobierno socialista.

El Gobierno socialista de Gabriel Boric cosechó magros resultados económicos en sus casi 2 años de administración. Si bien el oficialismo no logró avanzar enteramente con la aplicación de su paquete de reformas, y fue repelido por el Congreso en múltiples oportunidades, sí logró establecer aumentos impositivos sobre el sector energético (especialmente importante para Chile) y un mayor peso regulatorio para el mercado laboral.

Los resultados están a la vista. La actividad económica mensual medida por el índice IMACEC no crece desde noviembre de 2021. Desde entonces acumuló una retracción total del 2%, y del 1,23% desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo del año pasado.

Chile volvió a perder la tendencia de crecimiento de largo plazo que mantenía antes de la pandemia. La inestabilidad en torno a las reglas de juego de la economía hace imposible la previsión, y por ende desalienta la inversión privada.

Actividad económica de Chile entre 2019 y 2023.

Esto obedece a muchos motivos, por ejemplo el cambio de la Constitución nacional (con un futuro incierto), las medidas erráticas del Presidente Boric contra el régimen de capitalización individual y la reforma del sistema impositivo, o el estallido de violentas protestas de la izquierda en septiembre de 2019.

El pésimo desempeño del nivel de actividad y el endurecimiento de las regulaciones laborales precipitó un aumento de la tasa de desocupación abierta, que llegó oficialmente a los niveles más altos desde mayo de 2021. El último dato oficial publicado por el Gobierno confirmó que el desempleo escaló al 8,8% al cierre de septiembre.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas la situación de Chile tampoco es alentadora. El Presupuesto de 2022, aprobado por el expresidente Sebastián Piñera, logró inducir un fuerte superávit financiero que llegó a representar el 1,4% del PBI en diciembre del año pasado. Y si bien el Gobierno se atribuyó vagamente este logro, lo cierto es que prácticamente no tuvo incidencia en el mismo.

Pero a partir de 2023 entró en vigencia de ejecución el Presupuesto que diseñó el Gobierno socialista, elaborado por Mario Marcel, y los resultados son desastrosos. El superávit del presupuesto anterior rápidamente se convirtió en un déficit que alcanzó el 2,6% del PBI al cierre de octubre, el más alto registrado desde la salida de la pandemia.

El oficialismo pretendía compensar el aumento previsto sobre las erogaciones del Estado con una drástica suba de los impuestos, pero la reforma extremista no logró los consensos necesarios para poder ser aprobada en el Congreso de diputados y fue rechazada de plano.

Este revés del Congreso constituyó un severo golpe para el Gobierno, pero el Presidente Boric se rehusó a dar marcha atrás con el aumento de los gastos, así como también rechazó cualquier moderación sobre su proyecto impositivo original.

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