Chile
Chile aprobó la reducción de la jornada laboral: La medida comunista atenta contra la productividad y el mercado informal
Tras una votación en el Congreso, se aprobó la propuesta del Partido Comunista de reducir el límite permitido para la jornada laboral legal, bajando de 45 a 40 horas semanales. Se trata de una de las principales propuestas de campaña de la izquierda extremista y del presidente Boric.

El Gobierno de Gabriel Boric reunió los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar una polémica reducción en el límite legal de la jornada laboral, que disminuye de 45 horas semanales a solo 40 horas a partir de la reforma. En otras palabras, la nueva ley prevé trabajar cuatro días de la semana y descansar tres.
La legislación fue aprobada en el Congreso tras una votación de un proyecto de ley presentado por Boric. Los cambios se aplicarán de manera gradual, ya que incluso el propio oficialismo se muestra temeroso de los posibles efectos de los cambios en relación al empleo, productividad e informalidad.
En 2023, la jornada laboral legal se reducirá a 44 horas semanales a partir del 1ro de mayo. Esto durara hasta el tercer año de la vigencia de la ley, cuando en 2025 se prevé la reducción a 42 horas semanales. Luego, pasados los 5 años de la ley, a partir del 1ro de mayo de 2027, se completará la reducción a 40 horas. Se verán afectadas todas las jornadas reguladas por el Código de Trabajo chileno sin excepción.
El impacto de la ley promete ser severamente negativo para el mercado laboral de Chile. En principio, una reducción forzosa de la jornada laboral provocaría un ajuste vía precios (en este caso, los salarios) para compensar la caída de la productividad.
La ley prevé este hecho y establece la prohibición explícita de la reducción de salarios tras la vigencia de la reforma. Sin embargo, esto solo ocurre para los contratados hasta el 1ro de mayo, y a partir de ahora, todos los nuevos contratos laborales que se firmen en Chile se harán a un salario que se ajuste a la menor carga laboral.
Estas regulaciones también impactaran alentando fuertemente la contratación informal, y con ello un incentivo para la evasión impositiva al sistema previsional del mismo modo en que ocurre en Argentina. Esto se añade al aumento de las cargas patronales entre 2016 y 2018, y el proyecto de reforma tributaria de Boric que propone nuevamente aumentar los impuestos al trabajo.
Suponiendo una estructura salarial relativamente estable, el costo laboral asociado a las personas que verán reducida su jornada semanal se incrementará sustancialmente, eliminado incentivos para la nueva contratación, la transformación de las empresas para volverse capital-intensivas en lugar de intensivas en trabajo, y una menor productividad para el conjunto de la economía en los casos en donde no pueda producirse una adaptación adecuada.
La evidencia empírica muestra que es correcto reducir las jornadas laborales a medida que el cambio tecnológico y el aumento de la productividad en las economías más desarrolladas lo va permitiendo, pero de ninguna manera esto puede ocurrir de manera unilateral por una regulación del Estado sin un impacto en los precios de la economía.
Por lo tanto, el aumento de los topes laborales legales en estos países no provocan una reacción real en los mercados porque estos ya se adaptaron por sus propios medios y respaldando sus propios incentivos.
Pero muy por el contrario de lo que ocurre en estos países, la productividad laboral de Chile no solo justifica un cambio legal semejante, sino que además sugiere que realmente se trabaja poco tiempo en relación al que podría trabajarse. Es el cambio tecnológico y el desarrollo económico los que posibilitan la reducción natural de la jornada laboral, y no la aplicación forzosa por medio de una ley.
La economía chilena no transitó el grado de desarrollo tecnológico y productivo que ostentan las economías de los países desarrollados, pero aún así el Gobierno del presidente Boric pretende forzar los mismos resultados poniéndolo por escrito en una ley.
Chile
La última vez que Chile tuvo un Gobierno comunista: Así fue el desastre humanitario y económico de Allende
Los horrores del socialismo que hundieron al país en la peor crisis económica de su historia. Chile sufrió un violento espiral inflacionario, recesión y desabastecimiento generalizado.

Con un Chile que nuevamente atraviesa los males de un gobierno comunista, mientras crece la aprobación del golpe militar de 1973 y el país lleva casi dos años en recesión, se hace más importante que nunca volver a analizar la peor crisis económica y humanitaria que tuvo el país andino a principios de la década del ’70.
Así como ocurrió en 2022, el Gobierno comunista de Salvador Allende tomó control del país tras ganar una elección muy apretada contra la derecha. En aquél momento, se impuso por menos del 1% de los votos contra el conservador Jorge Alessandri, y fue electo en una Segunda Vuelta que en ese momento se hacía por votación en el Pleno del Congreso.
En esa fatídica jornada, así como en la Segunda Vuelta del 2022, el Partido Democracia Cristiana traicionó a su electorado y apoyó al candidato de extrema izquierda. El año pasado, le dieron su apoyo a Gabriel Boric antes que a Kast, y el 24 de octubre de 1970, le dieron sus votos a Allende antes que a Alessandri.
Al finalizar el recuento, el Secretario de la Cámara Pelagio Figueroa anunció por el micrófono: Salvador Allende Gossens, 153 votos; Jorge Alessandri Rodríguez, 35 votos; en blanco, 7 votos. A este anuncio respondió con un grito el diputado socialista Mario Palestro: “¡Viva Chile, mierda!“.
Sin lugar a dudas, Chile se iría a la mierda. Bajo su administración, y fundamentalmente por decreto sin aprobación de un Congreso que rara vez acompañó sus medidas a pesar de que una mayoría apoyó su asunción, Allende introdujo las reformas estructurales pasar de una economía mixta que ya sufría de una fuerte intervención estatal hacia un modelo comunista centralmente planificado por el sector público.
El ministro de Economía de Allende, Pedro Vuskovic, un “brujo de la economía” análogo a José Ber Gelbard en Chile, implementó lo que se dio a conocer como “Plan Vuskovic” que implementaba una masiva socialización de la economía.
En pocos meses se adoptaron las siguientes medidas:
- Estatización de los recursos minerales del país, siendo el cobre el más importante de éstos;
- Estatización de todos los bancos extranjeros en Chile;
- Estatización de la mayor parte de los bancos chilenos y de miles de empresas privadas;
- Reforma agraria y redistribución forzosa de tierras a militantes comunistas;
- Aumento del gasto público y una masiva emisión de dinero para financiarlo;
- Reforma tributaria que llevó a la tasa máxima del impuesto a las Ganancias al 80%;
- Cuando empezó a subir la inflación, implementó un masivo y estricto control de precios;
- Estricto control de cambios, que llevó a un fuerte atraso del tipo de cambio oficial del dólar con respecto a la inflación;
- Ultra-proteccionismo: El arancel aduanero promedio aumentó al 105% y el máximo hasta el 750%.
La inflación cayó del 35,3% interanual en noviembre de 1970 al 15,5% en septiembre de 1971, durante los primeros 10 meses de aplicación del programa, pero el “verano cambiario” terminó rápidamente y la represión financiera se volvió completamente imposible de administrar.
A finales de ese año, Fidel Castro visitó Chile por tres semanas, donde junto a Allende declararon públicamente que la “revolución socialista había sido exitosa en Chile“. Durante su estadía, recorrió todo el país por casi un mes, donde se tuvieron que esconder los primers signos de desabastecimiento, en especial de azúcar.
Según reportaron años después fuentes cercanas a Allende, el líder comunista le manifestó en privado que había visto que estaban empezando a tener desabastecimiento y que le recomendaba “abandonar la vía pacífica” de la revolución. Cabe recordar que Allende fue hasta ese momento el primer político comunista del mundo que llegaba al poder por la vía democrática e institucional.
Para inicios de 1972, el desabastecimiento ya cubría la totalidad de los productos básicos en todo el país y no podía ocultarse más de los medios. Los productos que había, tenían aumentos a un ritmo del 6% mensual. Para el mes de abril, la inflación ya había alcanzado el 38%, perdiéndose así todo lo conseguido por el “Plan Vuskovic”.
El Gobierno comunista respondió por medio de la creación de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, cuya función principal fue el racionamiento de productos y el monitoreo de los precios “oficiales” fijados por el Estado, de la misma manera que en cualquier economía socialista de la época.
Los resultados fueron catastróficos. La represión a la inflación solo masificó las góndolas vacías en comercios y supermercados, así como la proliferación de mercados alternativos para la subsistencia. Pero aún así, la inflación no pudo controlarse.
Ese año Chile entraría en su primera espiral hiperinflacionaria: los precios se dispararon un 22,7% en agosto de 1972, un 22,2% en septiembre y un 15,2% en octubre. Para el mes de diciembre, la tasa de inflación interanual se ubicaba por encima del 163%, casi cinco veces más que la inflación recibida en 1970.
En 1973, Chile estaba bajo la peor crisis económica, inflacionaria y humanitaria de su historia. Los precios aumentaron un 10,2% en abril, 19,4% en mayo, 15,7% en junio, 17,1% en agosto y 16,9% en el último mes de gestión de Allende. El país había perdido su capacidad de producir comida y la producción de cobre se había desplomado por culpa de las estatizaciones.
El mandato de Allende finalizó con una tasa de inflación interanual 286,1% sobre los precios oficiales, pero se debe tener en consideración que la economía sufría de un importante problema de sobrante monetario que escondía una tasa de inflación mucho mayor, sin mencionar la gran distorsión sobre precios relativos (tarifas de servicios públicos, salarios, tipo de cambio oficial, etc).
Por estas razones es que el IPC se disparó más de un 87% en octubre de 1973 cuando se sinceraron los precios y la tasa de inflación oficial cerró el año por arriba del 500%.

Los salarios reales, que se habían recompuesto en una primera etapa del proceso hasta el primer trimestre de 1971, rápidamente sufrieron los efectos de la dramática inflación. Las juntas reguladoras y los controles de precios poco y nada pudieron hacer para contener tan siquiera los precios oficiales, y mucho menos los precios que se fijaban en el mercado informal.
El Gobierno anunció un aumento generalizado de suma fija sobre los salarios al cabo del primer trimestre de 1973, pero la medida fue completamente inútil y para el tercer trimestre de ese año el salario real había acumulado una pérdida del 45,4% con respecto al año 1970.

La actividad económica sufrió una fuerte recesión de la cual Chile no se recuperaría sino hasta 1978. El PBI mantuvo un débil crecimiento hasta el tercer trimestre de 1972, y posteriormente se desplomó casi un 3% en el tercer trimestre de 1973. El ingreso per cápita real se desplomó un 4,4% en el mismo período. El programa que se proponía “desarrollar” el país había sido un fracaso estrepitoso.
El cepo cambiario y el atraso real de la paridad oficial con el dólar, que se mantuvo relativamente fija entre noviembre de 1970 y abril de 1973 (con ligeras devaluaciones puntuales), provocó una galopante crisis de balanza de pagos que hacía imposible el uso de divisas para afrontar importaciones básicas con las cuales poder sostener el nivel de actividad y atender a la población (como por ejemplo los insumos médicos).
Completamente aislado en una crisis humanitaria sin precedentes, luego de que sus socios en la Democracia Cristiana le soltaran la mano, y con una Unión Soviética debilitada por la política exterior de Nixon en Estados Unidos, Allende intentó romper con el Congreso.
El 23 de agosto de 1973, el Congreso lanzó un comunicado oficial que declaraba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república”, punto donde muchas personas aseguran que fue el verdadero momento donde Chile perdió la democracia ese año, en manos del Partido Socialista de Chile.
Dos semanas después, las Fuerzas Armadas tomaron control del Gobierno, con el apoyo de la oposición y de una gran parte de la sociedad, que pedía en las calles un cambio de mandato dado que vivía aplacada por grupos parapoliciales (guerrilleros comunistas entrenados por los soviéticos).
Durante su mandato, Allende impulsó la persecución a la prensa libre, encarceló opositores, instaló la confiscación masiva de empresas, expropió gran parte de los campos y se apropió de miles de inmuebles en todo el país. La gente en esa época no vio el golpe de Estado de Pinochet como un golpe a la democracia y a la república, porque en sus ojos éstas ya habían sido arrebatadas por Allende.
Al momento que llegó la Junta Militar, el experimento socialista dejaba desabastecimiento total de productos básicos como la leche, los alimentos y los medicamentos, cortes de luz masivos, recesión, hiperinflación, proliferación de mercados negros, caos social y violencia guerrillera en las calles.
Le tomó varios años al gobierno militar para poner la economía del país en orden, pero afortunadamente, a pesar de su perfil represivo en lo social, económicamente fue uno de los gobiernos más liberales de la región y de la historia del país. Pocos años después Chile estaba creciendo nuevamente, la inflación no existía más, los campos habían retornado a sus dueños, la producción de cobre estaba en máximos históricos y la pobreza se había reducido a la mitad. Se pasó de desabastecimiento a abundancia.
Chile
La extrema izquierda en Chile quiere aprobar un sexto retiro de las AFP amenazando con profundizar la recesión
El Consejo de Estabilidad Financiera de Chile y el propio Boric se oponen a la medida, pero la izquierda está fuera de control y quiere profundizar las medidas que llevaron a la crisis. El país lleva 17 meses de recesión y alta inflación.

El bloque legislativo de la extrema izquierda chilena volvió a insistir con una iniciativa para permitir un sexto retiro de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una maniobra que desarticula completamente el crédito doméstico y resulta a todas luces injustificable.
La medida fue implementada durante el gobierno de Sebastián Piñera como una alternativa a los cheques y subsidios que se dieron durante la cuarentena del 2020, que implementaron prácticamente todos los otros países del mundo. Pero ya pasaron tres años de la pandemia, la OMS la da por terminada y la economía de Chile opera sin restricciones sanitarias, por lo que no existe ninguna justificación para permitir otro retiro más.
Ahora, los partidos más de izquierda en el Congreso, creyendo que de esta manera van a poder “ponerle plata en el bolsillo a la gente“, quieren permitir un nuevo masivo retiro de fondos con claras coacciones ideológicas y dogmáticas, pero sin ningún sustento serio.
El Consejo de Estabilidad Financiera de Chile (CEF), un organismo que asesora oficialmente a la presidencia, advirtió que estas medidas tendrán un impacto brutal sobre el funcionamiento normal del sistema financiero del país.
Incluso el presidente Gabriel Boric se manifestó públicamente en contra de un sexto retiro, no solo por considerar los efectos nocivos sobre la economía, si no además porque significa una lisa y llana violación al principio de intangibilidad de los contratos. El mandatario de izquierda describió las medidas con las siguientes palabras: “Es pan para hoy y hambre para mañana, y ya no estamos en pandemia”.
Se calcula que hasta el 36% de los afiliados agotarán completamente sus fondos, un total de 4 millones de personas que no tendrán saldos en el sistema previsional. Esto supone un problema mayúsculo para el futuro, porque aún bajo el sistema de capitalización el Gobierno tiene la obligación de garantizar una pensión mínima universal que hasta ahora solo alcanzaba a un muy reducido grupo de personas que no podían hacer aportes regularmente.
Como si todo esto no fuera suficiente, las medidas suponen una violenta reversión en el volumen de ahorro disponible para ser convertido en crédito doméstico por las entidades bancarias. En otras palabras, habrá menos recursos para prestar en créditos familiares para el acceso a la vivienda propia, o préstamos para realizar proyectos de inversión privada. Esto implica tasas de interés domésticas más altas y la profundización de la recesión en Chile, que ya acumula 17 meses.
Asimismo, si la suma de dinero se retira de un solo golpe y en poco tiempo se corre el riesgo de producir una expansión monetaria con serias implicaciones inflacionarias, algo que boicotea los esfuerzos del Banco Central para controlar el alza de los precios. El aumento en el gasto nominal de los consumidores es un factor que genera preocupación para la principal autoridad monetaria.
Por otra parte, para poder llevar a cabo el retiro en efectivo primero hay que liquidar una serie de instrumentos financieros en los cuales estaba colocado el dinero a modo de inversión. Como es de esperar, el desarme de la inversión en instrumentos locales también empuja a una mayor tasa de interés doméstica, una vez más favoreciendo la recesión en el nivel de actividad.
“Un nuevo retiro de fondos y adelanto de rentas vitalicias retrasaría el proceso de ajuste en que se encuentra la economía chilena, la que ha comenzado a reducir gradualmente un exceso de demanda”, advierte el informe del CEF.
Se estima que el sexto retiro de fondos provocaría un efecto verdaderamente dramático sobre la solvencia y la liquidez de las compañías de seguros de vida, ya que la sola operación pone en riesgo la capacidad de pago para 680.000 personas que deberían cobrar por adelantado su renta vitalicia. Un problema al cual también se le añaden otras formas de seguros, incluyendo coberturas médicas, seguros por invalidez y sobrevivencia.
Chile
Apoyo al Golpe de Estado de Pinochet en Chile aumentó 20 puntos en 10 años y ya está a la par de los que no apoyan
Por primera vez desde el regreso a la democracia, el apoyo popular por el gobierno militar de Augusto Pinochet se encuentra a menos de 5% de diferencia de los que lo rechazan.

De acuerdo a la última encuesta CERC-MORI, un 36% de la población chilena justifica y apoya actualmente a las Fuerzas Armadas y al difunto general Augusto Pinochet por haber dado un golpe de Estado contra el presidente comunista Salvador Allende, quien estaba imponiendo un régimen autoritario en Chile durante la década del ’70 con el apoyo de la Unión Soviética.
En contraposición, sólo un 41% de la población se opone o no encuentra justificación al Golpe militar de 1973, mientras que un 23% indica estar indeciso o no saber del tema, ante la pregunta: “¿Cree usted que los militares tenían razón para dar el golpe de Estado de 1973?”.
Como signo de que la percepción en Chile de lo que ocurrió durante la última dictadura está cambiando, esta es la primera vez desde el regreso a la democracia que la diferencia entre los que se oponen y los que apoyan es tan estrecha.
Además, se registró un récord de gente que no sabe del tema, un claro indicio de que la sociedad más joven no le interesa aprender y formar una opinión al respecto, lo cual contradice la propaganda de la izquierda que asegura que esta es la generación de jóvenes más “conscientes políticamente” de la historia.
De hecho, lo contrario parece estar ocurriendo, y esta es la sociedad más derechista desde la década del 80. Si se compara con la misma encuesta realizada en 2013, la opinión popular en favor de Pinochet subió 20 puntos en una década, luego de tocar un mínimo de 16% de apoyos ese año.
Ese año también marcó un récord de rechazo al gobierno militar, con un 68% de personas que respondieron que “nunca hay razón para dar un golpe”. Pero esto cambió ahora, registrándose una caída de 17 puntos porcentuales ante esta pregunta.

El estudio Barómetro de la Política CERC-MORI sondea y recopila la opinión pública desde 1987, y es el monitoreo más largo que existe desde el fin de una dictadura y durante una democracia en todo el mundo occidental. Con casi 40 años de experiencia, estos sondeos tienen una enorme legitimidad en Chile por su precisión.
Dentro de las principales conclusiones de este importante estudio, es que a 33 años de la reinauguración de la democracia y a cincuenta del golpe militar de 1973, en Chile el pinochetismo está al alza en medio de la crisis social, política y económica más importante desde el retorno a la democracia.
El documento refleja cómo los chilenos están cambiando su forma de ver a Augusto Pinochet, su dictadura y el golpe de Estado en Chile, que a pesar de que el consenso académico es que rompió el orden demócratico, muchos entienden que la democracia ya había sido ultrajada por Allende en su mandato.
Pocos recordarán que en 1973, el Congreso estaba dominado por la oposición, y hacia el fin de su mandato, el comunista Allende pasaba sus leyes por decreto y a punta de pistola. Ese mismo año, el bloque opositor lanzó un comunicado oficial que declaraba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república”, punto donde muchas personas aseguran que fue el verdadero momento donde Chile perdió la democracia ese año, en manos del Partido Socialista de Chile.
Sea cual fuera la razón, Pinochet recupera imagen y la dictadura ya no es condenada de manera unánime como en el pasado. Solo un magro 5% separa a las personas que justifican el accionar del Comando militar y la tendencia indica que el apoyo podría superar el rechazo en los próximos años.
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