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Chile

El Congreso quiere un impuesto del 2,5% al patrimonio: la argentinización de Chile

El Congreso está debatiendo un nuevo impuesto patrimonial del 2,5% en Chile, una alícuota superior a la que tienen muchos países europeos. Este impuesto inconstitucional, afectaría en forma retroactiva al patrimonio bruto y cumpliría una suerte de doble tributación.

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El Congreso de Chile, considerada la peor institución del país por sus propios ciudadanos y la peor formación de la legislatura de la historia, según sus más críticos, se las trae nuevamente con un ataque al emprendimiento y violación a la Constitución.

Una oclocracia constituida por un Congreso totalmente ideologizado y un presidente ausente. Un golpe de Estado en curso desde octubre 2019 en las calles y su facción política en el Congreso, están al borde de la creación de un nuevo impuesto patrimonial.

Ahora, la izquierda y la derecha cómplice, han acordado un proyecto de ley que impone un impuesto del 2,5% sobre el patrimonio bruto de aquellas personas o instituciones con más de 22 millones de dólares al 31 de diciembre del 2019 y que se deberá pagar a los 30 días de promulgada la ley.

Chile lamentablemente ya no sorprende a estas alturas, con más de 6 reformas tributarias en los últimos 8 años, todas con el objetivo de subir impuestos, ha paralizado la inversión y el ingreso de capitales extranjeros, y explicaría el alto nivel de desvalorización de su moneda.

Cabe aclarar que esta suba impositiva viene tan solo unos años después de una enorme suba de impuestos por parte de la ex presidente Michelle Bachelet, quien con amplia mayoría partidaria en el Congreso, desplegó una delirante reforma tributaria que tuvo que se modificada en 3 oportunidades distintas y dejó a Chile como el país con más impuestos de la OCDE.

Este nuevo proyecto de ley, de 4 carillas, que en las 3 primeras es una arenga de trasnochados conceptos marxistas y sin ningún dato técnico, está plagado de faltas de ortografía y demuestra lo más absurdo de la izquierda chilena.

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El Congreso chileno actual es otra herencia de los cambios de Bachelet que permitió el acceso al hemiciclo legislativo de congresistas con menos del 2% de los votos, representados, entre otros, por artistas fracasados del espectáculo, deportistas, y otros personajes que anteriormente nunca hubieran entrado al órgano legislativo por baja representación.

Hoy, con el sorprendente apoyo de la Democracia Cristiana y algunos de la derecha cobarde, en un afán electoralista, están nuevamente trasgrediendo la Constitución para comprar visibilidad en matinales de TV. 

Mientras el mundo se debate en una crisis económica sin precedentes en medio del desastre del confinamiento por el COVID-19, países civilizados como EE.UU, Australia, Reino Unido, Suecia, Brasil e India están bajando los impuestos para reactivar sus economías.

Estos impuestos “a la riqueza“, famosos en el siglo pasado, fracasaron en todo el mundo por los graves daños que le causan al sector privado de las economías locales, al crearse estampidas de capitales al exterior, y por los altos costos de recaudación.

Este nuevo ataque a los chilenos y a su ya desvalorizada economía para los agentes internacionales que veían a este país “una buena casa en mal barrio”, es inconstitucional por ser una ley que compete establecer al Gobierno, por su ilegalidad al calcularse el impuesto sobre un patrimonio bruto y retroactivo, como también por tratarse de un gravamen sobre un bien que ya pagó impuestos previamente.

La doble imposición tributaria, técnicamente ilegal en muchos países, podría convertirse en un nuevo atropello de facto sobre la propiedad privada, tal y como ocurre en Argentina. La izquierda chilena aboga por una “argentinización” del sistema tributario. 

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¿Por qué 22 millones de dólares y no otra cifra? ¿Por qué deben pagarse nuevos impuestos si para la generación de este patrimonio ya se pagaron los impuestos correspondientes? Si la persona tiene todos sus bienes invertidos en viviendas, ¿deberá venderlas o endeudarse para pagar los impuestos? 

Los que tengan patrimonios por 21.999 millones de dólares, o menos, no pagaran este tributo. ¿Cuál es la racionalidad en esto? Son algunas de las preguntas inconclusas que deja este proyecto de ley.

Esta nueva transgresión de la Constitución se suma a la ley de retiro de fondos de los sistemas de capitalización, al proyecto del cambio de número de horas laborales, y a una larga lista de proyectos que están siendo discutidos en el Congreso por la envigorización de la izquierda tras las protestas de 2019 y la abdicación de Piñera como principal mandatario del país. 

La pregunta pertinente que aún nadie responde es: ¿Cuál es el sentido de hacer un plebiscito para preguntarle a la población si quieren o no cambiar la Constitución, si los congresistas no respetan la actual Constitución y legislan según sus propios intereses sin preguntarle a nadie?

Chile no tiene espacio para gastar una cantidad enorme de recursos, en medio de una pandemia, la peor crisis económica de su historia y con un nivel de desocupación del 24%. 

Estos congresistas reciben uno de los salarios más altos del mundo con el sacrificio de todos los chilenos, mientras la población reclama por trabajo, seguridad y descontrolada inmigración, el proyecto del 2,5% va en el sentido opuesto, alejar a las empresas y personas de Chile que crean fuentes laborales.

Sebastián Piñera ya llegó al nivel de aceptación más bajo en lo que va de su gestión, probablemente por traicionar a prácticamente toda su base de sustento político, y acercar su gobierno hacia la izquierda y el progresismo, habiendo sido electo como un candidato de centro-derecha y liberal.

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Chile

El Gobierno reveló cuáles son las empresas que se adjudicaron la licitación del litio: una chilena y una china

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Ahora, ambas empresas deberán obtener los permisos pertinentes, entre ellos los medioambientales. El Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$121 millones por estas dos cuotas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Minería, notificó la adjudicación del proceso de licitación para impulsar la producción de litio en el país.

Se optó por entregar dos de las cinco cuotas que se ofrecían a las empresas BYD Chile SpA (de capitales chinos) y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

“Cada una se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), por las cuales BYD Chile SpA presentó una oferta por US$61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. ofertó US$60 millones, respectivamente”, sostuvo la cartera de Minería a través de un comunicado.

Ambas ofertas -sustancialmente más altas que el resto de las ofertas recibidas, precisó el Ejecutivo- “son las que mejor responden al interés del Estado de aumentar la competencia en este mercado y obtener la recaudación por cuota más satisfactoria”.

El Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$121 millones por estas dos cuotas.

El Ministerio de Minería remarcó que la convocatoria nacional e internacional buscaba elevar la producción de este mineral en Chile, atendiendo así la creciente demanda mundial generada por el desarrollo, entre otros, de la electromovilidad.

La entrada de ambas compañías permitirá aumentar el dinamismo de la industria local de litio para que Chile recupere su posición en la escena mundial. “Las cuotas adjudicadas, por un total de 160.000 toneladas de LME, representan el 1,8% de las reservas conocidas de litio en nuestro país”, agregó Minería.

Siguientes pasos

Previo al inicio de la etapa exploración y producción, las compañías deberán obtener frente a las autoridades pertinentes -ambientales y otras- todos los permisos requeridos, así como “generar los espacios de diálogo necesarios para asegurar que los proyectos se desarrollen en armonía con las comunidades locales, cuidando el medioambiente y respetando nuestra legislación vigente”.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que trabajará con las compañías adjudicatarias la incorporación de fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar, a aportes a las comunidades locales y a inversiones en I+D.

Por último, el Ejecutivo señaló que “reafirma su disposición a conformar una Mesa Nacional del Litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo”.

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Chile

El senado aprueba a María Cristina Gajardo y Diego Simpértigue como nuevos ministros de la Corte Suprema

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Con esta designación, el pleno del máximo tribunal tiene 14 de sus 21 miembros nominados por Sebastián Piñera, seis por Michelle Bachelet y uno por Ricardo Lagos

La abogada María Cristina Gajardo y el magistrado Diego Simpértigue fueron ratificados por el Senado y serán ministros de la Corte Suprema. Esto, luego del nombramiento que realizó el Presidente Sebastián Piñera y que se discutió en la Comisión de Constitución del Senado el pasado 22 de diciembre.

Para Gajardo, la deliberación resultó con 29 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, mientras que para Simpértigue fue mediante unanimidad, alcanzando así los 36 votos. Reemplazarán a las ministras María Eugenia Sandoval y Rosa María Maggi con motivos de su jubilación.

La votación de María Cristina Gajardo obtuvo críticas y alabanzas por los distintos sectores políticos. Por un lado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, mostró su satisfacción con el nombramiento, aludiendo a su larga carrera en la materia.

Por otro lado el senador socialista Juan Pablo Letelier, votó en contra del nombramiento de la abogada, aludiendo sus diferencias sobre como se aborda el derecho laboral en Chile.

En la misma línea, el senador Alejandro Navarro se sumó a Letelier y argumentó sus diferencias con los fallos de la abogada, que cataloga de ser “permanente pro empresarial”.

De todas formas, Gajardo logró conseguir el quórum necesario de 29 votos y será ministra de la Corte Suprema junto al magistrado Diego Simpértigue, quien será la primera persona perteneciente a un pueblo originario (Aymara) en llegar al Tribunal Supremo.

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Chile

Rojo Edwards asume la presidencia del Partido Republicano, en reemplazo de José Antonio Kast

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El senador electo por la Región Metropolitana se convirtió en el nuevo presidente del partido de Kast, y descartó una alianza con Chile Vamos.

Este viernes, el Partido Republicano de Chile ratificó al senador electo por la Región Metropolitana, Rojo Edwards, como el nuevo presidente de la agrupación política de derecha.

Edwards reemplazará a José Antonio Kast, fundador y actual presidente del partido, luego de que el derrotado candidato presidencial decidiera alejarse, por el momento, de la actvidad política. Kast dirigirá Acción Republicana, el movimiento del partido enfocado en la acción social.

Agradezco a la directiva que depositó su confianza en mí y todos los Republicanos que son parte de esta gran familia. Trabajaré por seguir el legado que nos entregó José Antonio Kast, por la defensa de la libertad, la familia y el Estado de Derecho. ¡Muchas gracias!”, señaló el senador electo por la RM.

En un acto en la sede del partido, Kast y Edwards hicieron el traspaso de mando, lo cual quedó registrado en las redes sociales del nuevo presidente del Partido Republicano.

Kast lideró al partido de un 7% en la primera vuelta de las elecciones del 2017, a un 29% en 2021, sumado a un 44% en la segunda vuelta del año pasado. Edwards tendrá un enorme desafío en mantener las bases republicanas movilizadas, y crear una candidatura competitiva para el 2025.

En conversación con La Tercera, Rojo Edwards apuntó a lo que buscará con el Partido Republicano. “Nuestro proyecto propone cambios en libertad y democracia. Mi gestión como presidente del Partido Republicano va a ser para nuestras ideas, que son las que han traído progreso en democracia a los pueblos”, indicó. “Espero que el Partido Republicano sea el más influyente de Chile de aquí a cuatro años más”, manifestó el senador electo.

La decisión más importante que tomó Edwards en su primer día en el cargo es que descartó cualquier alianza con los partidos de Chile Vamos.

No estamos buscando formar una coalición con Chile Vamos, pero sí creemos que tenemos que lograr algún tipo de coordinación en el Congreso para poder, en aquellas cosas que estemos de acuerdo, potenciar nuestras posturas”, cerró.

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