El déficit financiero marcó un rojo de casi el 2,4% del PBI al término de julio. El presidente Boric envió su Presupuesto 2024 al Congreso, el cual involucra un aumento del gasto público total en torno al 3,5%, mientras que la economía no crecerá más de un 2% según las previsiones más optimistas.

Las arcas públicas de Chile volvieron a caer en déficit desde el pasado mes de abril, y marcando desequilibrios cada vez más elevados. El último informe de la Dirección de Presupuestos de Chile confirmó que el resultado financiero del Gobierno central marcó un déficit equivalente al 2,4% del PBI, el más importante de los últimos 15 meses.

El Gobierno se apoyó inicialmente sobre la base del Presupuesto que había presentado el expresidente Sebastián Piñera para el año fiscal 2022, el cual contenía un drástico ajuste del gasto público de hasta el 22,5% del total. De esta forma se logró un superávit presupuestario que el Gobierno de Gabriel Boric trató de atribuirse a sí mismo.

Pero el Presupuesto 2023, el primer proyecto fiscal del socialismo chileno, volvió a destruir las finanzas públicas y no consiguió compensar responsablemente los nuevos gastos desplegados con recursos genuinos o con recortes en áreas alternativas. Desde la entrada en vigencia de este presupuesto, el resultado de las cuentas públicas se deterioró en casi un 1,3% del PBI.

El presidente Boric continúa en la misma línea y ahora presenta formalmente el Presupuesto 2024 con un aumento del gasto público en torno al 3,5% anual. Nuevamente, los gastos no son compensados por un aumento equivalente de la recaudación.

Se estima que la actividad económica no podrá crecer más allá del 2% anual durante el año próximo, con lo cual el tamaño del Estado incrementará su participación en el total de la economía.

Algunas partidas del presupuesto crecerán por encima del promedio general pautado, como es el caso de los gastos en “cultura” (6,8%), ciudadanos de salud (20%), emergencias (28%), seguridad públicas (5,8%), educación estatal (4,2%), vivienda (11,9%), salud estatal (8,1%), entre otras.

También se propone incrementar drásticamente el gasto en obra pública dirigida por el Estado, reduciendo el peso que tiene el sistema de iniciativa privada sobre el total de las obras realizadas en Chile.

Las proyecciones del FMI sugieren que Chile no volverá a equilibrar sus finanzas públicas por lo menos hasta el año 2028. Contrariamente a su discurso oficial, el presidente Boric no demostró en los hechos un compromiso claro con la responsabilidad fiscal como dice tener.

La reforma previsional socialista presentada en noviembre del año pasado es contraria a la estabilidad de las finanzas públicas para los próximos años, ya que da lugar a un sistema mixto con mayores transferencias intergeneracionales que no se ajustan al envejecimiento esperado para la población.

La izquierda chilena conmemoró el 50° aniversario del golpe de Estado de 1973, reivindicando la figura del expresidente comunista Salvador Allende. El país atravesó la peor crisis económica y social de toda su historia durante los años en los que el socialismo tomó las riendas del país.

En un acto con un total de 1.000 invitados, el presidente chileno Gabriel Boric conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Salvador Allende, en hecho que se produjo en el contexto de la peor crisis económica y social de la historia del país.

El acto no se limitó a recordar el golpe, sino que también reivindicó abiertamente la figura y las ideas de Allende, aquellas que llevaron al país al colapso. Lo que podría haber sido un acto meramente institucional, se convirtió en un hecho sectario y protagonizado solamente por los grupos de la izquierda.

Para el 11 de septiembre de 1973, probablemente muchas y muchos de nosotros no estábamos vivos. Sin embargo, lo que pasó hace 50 años y se prolongó durante 17 años de dictadura, es una herida que no ha terminado de sanar. pic.twitter.com/1ZGppi7snI

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 11, 2023

Así colapsó la economía de Chile durante el Gobierno de Allende

El Gobierno de Allende llegó al poder con la promesa de “socializar” la economía, y un diagnóstico completamente estrafalario de la situación económica que se presentaba en el año 1970.

El ministro de Economía de Allende, Pedro Vuskovic, un “brujo de la economía” análogo a José Ber Gelbard en Chile, implementó lo que se dio a conocer como “Plan Vuskovic” que implementaba una masiva socialización.

• Estatización de los recursos minerales del país, siendo el cobre el más importante de éstos
• Estatización de todos los bancos extranjeros operativos en Chile
• Estatización de la mayor parte de los bancos chilenos y de miles de empresas privadas
• Reforma agraria y redistribución forzosa de tierras a militantes comunistas
• Drástico aumento del gasto público y una masiva emisión de dinero para financiarlo, anulando la poca independencia que le quedaba al Banco Central
• Reforma tributaria que llevó a la tasa máxima del impuesto a las Ganancias al 80% para personas físicas
• Masivo congelamiento de precios sobre una amplia gama de productos, las empresas fueron forzadas a pedir permiso por cada aumento que quisieran disponer
• Estricto control de cambios, que llevó a un fuerte atraso del segmento oficial del dólar con respecto a la inflación, y el estallido de la paridad en el mercado paralelo
• Ultra-proteccionismo: El arancel aduanero promedio aumentó al 105% y el máximo hasta el 750%

La inflación cayó del 35,3% interanual en noviembre de 1970 al 15,5% en septiembre de 1971, durante los primeros 10 meses de aplicación del programa, pero el “verano cambiario” terminó rápidamente y la represión financiera se volvió completamente imposible de administrar.

A finales de ese año, Fidel Castro visitó Chile por tres semanas, donde junto a Allende declararon públicamente que “la revolución socialista había sido exitosa en Chile”. Durante su estadía, recorrió todo el país por casi un mes, donde se tuvieron que esconder los primers signos de desabastecimiento, en especial de azúcar.

Según reportaron años después fuentes cercanas a Allende, el líder comunista le manifestó en privado que había visto que estaban empezando a tener desabastecimiento y que le recomendaba “abandonar la vía pacífica” de la revolución. Cabe recordar que Allende fue hasta ese momento el primer político comunista del mundo que llegaba al poder por la vía democrática e institucional.

Las políticas de Allende destruyeron completamente las finanzas del Estado chileno. El déficit del Gobierno central escaló del 1,4% del PBI en 1970 al 8,1% en 1971, casi un 12% en 1972, y para el año 1973 el desequilibrio llegó al 23% del PBI, el resultado más elevado de la historia de Chile. 

El Banco Central proveyó asistencia monetaria directa para financiar los gastos corrientes del Gobierno, y precipitó una violenta expansión de la oferta monetaria. Esto condujo al desastre inflacionario.

Para inicios de 1972 el desabastecimiento ya cubría la totalidad de los productos básicos en todo el país y no podía ocultarse más de los medios. Los productos que aún permanecían en las góndolas mantenían aumentos a un ritmo del 6% mensual. Para el mes de abril, la inflación ya había alcanzado el 38%, perdiendo así lo poco que había conseguido por el “Plan Vuskovic”.

El Gobierno comunista respondió por medio de la creación de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, cuya función principal fue el racionamiento de productos y el monitoreo de los precios “oficiales” fijados por el Estado, de la misma manera que en cualquier economía socialista de la época.

Los resultados fueron catastróficos. La represión a la inflación solo masificó las góndolas vacías en comercios y supermercados, así como la proliferación de mercados alternativos para la subsistencia. Pero aún así, la inflación no pudo controlarse.

Ese año Chile entraría en su primera espiral hiperinflacionaria: los precios se dispararon un 22,7% en agosto de 1972, un 22,2% en septiembre y un 15,2% en octubre. Para el mes de diciembre la tasa de inflación interanual se ubicaba por encima del 163%, casi cinco veces más que la inflación recibida en 1970.

En 1973, Chile estaba bajo la peor crisis económica, inflacionaria y humanitaria de su historia. Los precios aumentaron un 10,2% en abril, 19,4% en mayo, 15,7% en junio, 17,1% en agosto y 16,9% en el último mes de gestión de Allende. El país había perdido su capacidad de producir comida y la producción de cobre se había desplomado por culpa de las estatizaciones.

El mandato de Allende finalizó con una tasa de inflación interanual 286,1% sobre los precios oficiales, pero se debe tener en consideración que la economía sufría de un importante problema de sobrante monetario que escondía una tasa de inflación muchísimo mayor, sin mencionar la gran distorsión sobre precios relativos (tarifas de servicios públicos atrasadas, salarios reprimidos artificialmente, tipo de cambio oficial atrasado, etc).

Por estas razones, el IPC se disparó más de un 87% en octubre de 1973 cuando se sinceraron los precios y la tasa de inflación oficial cerró el año por arriba del 500%, todo esto bajo un nuevo Gobierno. Los salarios reales, que se habían recompuesto en una primera etapa del proceso hasta el primer trimestre de 1971, rápidamente sufrieron los efectos de la dramática inflación. 

Las juntas reguladoras y los controles de precios poco y nada pudieron hacer para contener tan siquiera los precios oficiales, y mucho menos los precios que se fijaban en el mercado informal. 

El Gobierno anunció un aumento generalizado de suma fija sobre los salarios al cabo del primer trimestre de 1973, pero la medida fue completamente inútil y para el tercer trimestre de ese año el salario real había acumulado una pérdida del 45,4% con respecto al año 1970.

La actividad económica sufrió una fuerte recesión de la cual Chile no se recuperaría sino hasta 1978. El PBI mantuvo un débil crecimiento hasta el tercer trimestre de 1972, y posteriormente se desplomó casi un 3% en el tercer trimestre de 1973. El ingreso per cápita real se desplomó un 4,4% en el mismo período. El programa que se proponía “desarrollar” el país había sido un fracaso estrepitoso.

El cepo cambiario y el atraso real de la paridad oficial con el dólar, que se mantuvo relativamente fija entre noviembre de 1970 y abril de 1973 (con ligeras devaluaciones puntuales), provocó una galopante crisis de balanza de pagos que hacía imposible el uso de divisas para afrontar importaciones básicas con las cuales poder sostener el nivel de actividad y atender a la población (como por ejemplo los insumos médicos).

Completamente aislado en una crisis humanitaria sin precedentes, luego de que sus socios en la Democracia Cristiana le soltaran la mano, y con una Unión Soviética debilitada por la política exterior de Nixon en Estados Unidos, Allende intentó romper con el Congreso.

El 23 de agosto de 1973, el Congreso lanzó un comunicado oficial que declaraba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república”, punto donde muchas personas aseguran que fue el verdadero momento donde Chile perdió la democracia ese año, en manos del Partido Socialista de Chile.

El Gobierno chileno de Boric se niega a entregar los poderes extraordinarios que se arrogó durante la pandemia. Tras terminarse el COVID-19, comienza una nueva Alerta sanitaria por la gripe común.

El 31 de agosto de 2023 y luego de 1.303 días, finalmente se terminó la Alerta Sanitaria en Chile, por el COVID-19, que comenzó con el Decreto 4, firmando el 5 de febrero de 2020 por el Ministerio de Salud del entonces presidente Sebastián Piñera.

Aquél decreto, abrió el espacio para la coerción y supresión de libertades posteriores que vivieron los chilenos, como no se veía desde la última dictadura militar. Esta alerta sanitaria, que dotó de poderes extraordinarios al Ministerio de Salud y a la Policía, se prolongó sucesivamente hasta el fin de su mandato y luego fue prorrogada sucesivamente por Gabriel Boric hasta finales de agosto.

Sin embargo, inmediatamente luego de que se decidiera levantar la emergencia sanitaria por el COVID, tras las intensas lluvias, el Gobierno comunista decidió el 25 de agosto decretar la Alerta Sanitaria por Emergencia Meteorológica en diversas regiones de la zona centro-sur del país.

Este decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 2023, y le da a diversos ministerios las mismas facultades inconstitucionales que fueron otorgadas durante la alerta sanitaria por el COVID-19.

Además, no contentos con la “alerta meteorológica”, el Ministerio de Salud de Boric lanzó una nueva Alerta Sanitaria por enfermedades vectoriales y zoonóticas, como indica el Diario Oficial de la República de Chile, lo que muestra que el Gobierno se niega a devolver los poderes autoritarios que se arrogó durante la pandemia.

Cabe aclarar que la pandemia dejó de ser una “emergencia sanitaria” para la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde mayo de este año, y no queda ningún país del mundo donde el COVID-19 sea considerado una amenaza alarmante para la salud general de la población.

Pero de esta manera, los funcionarios chilenos podrán seguir usando los amplios poderes para disponer de recursos exorbitantes del Estado para los que antes tenían que pedir permiso para usar, a pesar de que ya no hay una excusa, ni valida ni invalida, para justificar lo que hacen.

De esta manera, Chile se consolida como uno de los países democráticos con mayores restricciones a las libertades del mundo, y durante la pandemia lideró el tiempo de cierre en las escuelas y mantuvo como obligatorio el uso de barbijo hasta este 31 de agosto de 2023, donde se registraron caídas históricas en las pruebas de calidad educacional entre 10 (primaria, 4° básico) y 12 puntos (secundaria, 2° medio).

Chile, además, fue uno de los únicos países de la OCDE cuyos cierres de escuelas superó los 250 días, lo que arrastró una deserción escolar de más de 50 mil alumnos entre 2021 y 2022, un crimen por el que ningún gobernante pagará.

Parte de la crisis de salud de la que se habla en Chile, es que existe un cuello de botella en que de las 136 mil personas que mueren al año, cerca de 40 mil lo hacen esperando una operación, como señaló el ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

Actualmente el sistema público de salud, Fonasa, tiene deudas por más de 450 millones de dólares con algunas clínicas privadas, que están trabajando para descongestionar el sistema. Muchos creen que la decisión de prorrogar una y otra vez la alerta sanitaria, que puso contra las cuerdas al sistema de salud, tiene que ver con la intención de terminar con el sistema privado de salud por parte del gobierno de Gabriel Boric.

Por otra parte, todos estos años de restricciones dejaron en evidencia que la estrategia de cuarentenas y elementos restrictivos parecieran no haber tenido resultados tan buenos.

Por ejemplo, al comparar dos países como Suecia, que nunca aplicó una cuarentena, versus Chile, que la aplicó por casi 3 años, se puede ver que murieron menos personas debido a la saturación del sistema en donde menos restricciones se impusieron desde el Estado.