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Chile

La revolución necesita financiamiento: ahora se plantea la confiscación de los fondos previsionales de Chile

Nuevas presiones del socialismo deterioran el sistema de capitalización chileno, permitiendo retiros anticipados y una quita de sus protecciones constitucionales. La izquierda revolucionaria chilena quiere financiarse con la plata de los jubilados.

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Actualmente los fondos de pensiones individuales de los chilenos suman más de 270 mil millones de dólares y están en la mira de los políticos de izquierda para ser confiscados o expropiados, o incluso ser directamente administrados por el Estado, por medio de resquicios inconstitucionales.

Siempre que hay una caja que acumula muchísimo dinero, los líderes socialistas empiezan a pensar qué se podría hacer con todo ese dinero. En este caso, las AFP se usan por el sector privado para pagar las jubilaciones más altas de Sudamérica y permitirle a los chilenos construir una vida laboral sin preocuparse por cómo los desmanes de la política afectarán su jubilación.

Sin embargo, todo cambió con la insurrección del pasado octubre y ahora, como no ocurría en Chile hace 40 años, se dará la oportunidad de reescribir la constitución y debilitar la propiedad privada con el plebiscito constituyente.

Luego de que el proyecto de ley para permitir el retiro anticipado del 10% de las pensiones, presentado por una agrupación de extrema izquierda, prosperara sorpresivamente en el Congreso, y que el presidente Sebastián Piñera se negara a vetarlo, los fondos de jubilaciones se vieron severamente desfinanciados y peligra su futuro.

Ahora, con el embate constituyente, se está hablando de quitarle la protección constitucional al eficiente sistema chileno.

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Ya en la década del ’50 se hablaba en Chile de la inminente crisis de los sistemas de reparto para los pagos de las pensiones de vejez y supervivencia. Por esos años, existían 54 cajas de previsión que recaudaban los aportes de sus afiliados y cada uno de ellos poseía formulas diferentes para pagar las jubilaciones.

Obviamente, los parlamentarios y los que tenían mayor influencia gozaban de saludables beneficios, y casi el 50% de la población sólo aportaban sin recibir absolutamente nada. 

En los 80’s, estas cajas previsionales tenían pérdidas, y representaban para el erario nacional un desembolso de un 30% del presupuesto de los recursos para paliar los déficits y pagar las pensiones. 

Esto obligaba al Estado a complementar cada pensión con un aporte de un 45% de cada pago, y redistribuyendo los ingresos por impuestos para paliar el rojo financiero. 

Sumado a lo anterior, la pobreza en Chile rondaba el 70% a principios de la década del ’70, uno de los peores índices de América Latina, con una inflación de dos dígitos que golpeaba doblemente a los jubilados y a la población en general.

Lo peor no se venía venir aún, ya que los sistemas de reparto se sustentan en que los que trabajaban (activos) les pagan su pensión a los jubilados (pasivos), y luego cuando ellos se jubilan, la siguiente generación de trabajadores se encargaría y así sucesivamente.

Las personas mayores de 60 años en el año 1970 eran un 7% de la población. El 2019, ya representaron un 15%. Para el 2050, Chile tendrá una de las poblaciones más envejecidas del mundo, siendo los mayores de 60 un 33% de la población, como consecuencia del desarrollo económico y tecnológico que permite el aumento de la expectativa de vida.

Actualmente, 2 trabajadores activos, con sus impuestos, pagan la pensión de un jubilado. En los 60’s, había 7 trabajadores activos pagándole la pensión a cada jubilado.

Sólo este aspecto ya representa una carga tributaria brutal: si consideramos los impuestos que el Estado requiere para pagar Fuerzas Armadas, Salud, Educación, Justicia, Obras Públicas y un largo etcétera, los impuestos deberían estar por sobre el 70% para cada trabajador, o en su defecto, endeudar el Estado hasta quebrar el país. 

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¿Cómo hizo Chile para solucionar este problema en 1981?

Durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet se creó el concepto de capitalización individual, con la idea de que los trabajadores pudieran realizar un ahorro del 10% de sus ingresos a una cuenta individual, intransferible e inembargable, entre las más de 10 instituciones de Administración de Fondos (AFP), que tendrían un solo objetivo, rentabilizar estos aportes, siendo ellas fuertemente supervisadas para cumplir este propósito y bajo un riguroso marco legal.

Por ley y constitucionalmente, ningún gobierno podría confiscar estos dineros. Se creó un seguro en caso de fallecimiento e invalidez administrados por Compañías de Seguro privadas que son licitadas periódicamente.

Sumado a lo anterior, se creó un pilar solidario que permitió que todas aquellas personas que no contaban con la posibilidad de ahorrar, tales como personas sin contrato o informales, tuvieran una pensión básica solidaria financiada por los impuestos de la Nación.

De esta manera, se logró cubrir por primera vez al 100% de la población entre el sector público y privado y desde entonces ha sido un modelo para el resto de los países del mundo de cómo pasar de un sistema socialista, quebrado e ineficiente a uno capitalista, financiado y con cobertura total.

El único punto débil del sistema es que una reforma constitucional podría quitar rápidamente la protección del sistema, y aún con un Gobierno de derecha, una Asamblea Constituyente podría tirarlo abajo.

José Piñera Echenique, ministro de Trabajo de Pinochet y principal impulsor del sistema de capitalización individual en Chile. (Hermano mayor del actual Presidente)

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Se apoyó el ahorro voluntario para mejorar la pensión futura, con incentivos tributarios para que las personas contribuyeran adicional a su 10% de descuento legal. 

Hasta el momento de cada 10 dólares en las cuentas individuales, 7 tienen su origen en las rentabilidades del sistema, el cual en promedio desde su origen han entregado un 8% anual real, es decir, un 8% adicional a la inflación anual.

Uno de los más grandes defensores del sistema de capitalización privada es el ex candidato a presidente, José Antonio Kast, quien con el #NoDestruyanLasPensiones impulsó una masiva campaña contra este asedio socialista.

El sistema chileno es considerado uno de los 10 más exitosos del mundo (según el Índice Mundial de Pensiones Mercer Melbourne) y ha permitido cautelar constitucionalmente , hasta ahora, los fondos individuales de las personas, independiente de los apetitos políticos, pero el botín es demasiado grande y la revolución no espera.

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Chile

José Antonio Kast: único candidato de derecha en las elecciones presidenciales de Chile

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El líder del Partido Republicano de Chile se presenta por segunda vez a las elecciones presidenciales y esta vez con un programa de gobierno integral marcadamente de derecha, con una agenda similar a la de Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil.

José Antonio Kast asoma como la única carta presidencial de derecha en las elecciones presidenciales de noviembre del 2021 en Chile, que actualmente está atravesando un lamentable proceso de reforma constitucional que le otorgará una carta magna de extrema izquierda al país más exitoso de la región.

Por segunda vez, el abogado fundador del Partido Republicano de Chile se presentará como candidato presidencial para ocupar un lugar en el Palacio de la Moneda para el periodo 2022-2026.

Con la confirmación del Servicio Electoral de Chile, los candidatos que se enfrentarán el día 21 de noviembre de 2021, en conjunto con las elecciones de senadores, diputados y consejeros regionales, serán: el centrista Sebastián Sichel (figura como independiente pero irá por el pacto Chile Podemos Más), el derechista José Antonio Kast (Republicanos), la centroizquierdista Yasna Provoste (Democracia Cristiana por el pacto Unidad Constituyente-PL-Nuevo Trato), el comunista Marco Enríquez-Ominami (PRO), el autonomista marxista Gabriel Boric (Frente Amplio por el Pacto Apruebo Dignidad), Franco Parisi (Partido de la Gente) y Eduardo Artés (Unión Patriótica). 

En la elección presidencial de 2017, Kast obtuvo un importante 7,93 % de los votos, que fue clave en la victoria de Piñera en ballotage contra el izquierdista Guiller.

El pasado 16 de agosto, a través de su centro de estudio Ideas Republicanas (IR), Kast presentó un programa político basado en propuestas y trabajo de más de doscientos profesionales y expertos, presentes en la red de intelectuales activos de la agrupación. De manera sintética, dichas propuestas fueron incorporadas en las bases programáticas del candidato José Antonio Kast, en las que destacan.

Principales puntos de Ruta Republicana, la única agenda presidencial de derecha en Chile:

1.- Tamaño del gobierno: Reducción de 24 a 12 ministerios. Manteniendo la actual configuración de Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo y Salud; mientras los otros 17 se fusionarían dando origen a seis nuevos ministerios.

2.- Estructura del Estado: Avanzará en un modelo de gobernanza en base a macrorregiones (de 16 a 7), se terminará con las provincias y reformará las municipalidades con una reorganización o reagrupamiento comunal.

3.- Impuestos: Reducción del impuesto a las empresas de del 27% a un 17%, eliminación de impuestos por utilidades reinvertidas, impuesto cero a las Pymes, disminución del impuesto al valor agregado (IVA) de un 19% a un 17%, rebajas al impuesto de patrimonio (contribuciones, donaciones, herencias), reducción de impuestos de 20 dólares mensuales por cada hijo menor de 18 años, impuesto negativo a la renta de 17% para personas de bajos ingresos, eliminación de impuestos de timbres y estampillas, y creación de una task force, dedicada a reducir y eliminar regulaciones que invaden la vida privada y desincentivan la inversión.

4.- Reducción de funcionarios públicos y gastos: Rebajar 10% de la dotación de la administración pública y al menos 20% de los gastos (viáticos, viajes, bienes y servicios de consumo, horas extra, etc.).

5.- Digitalización del Estado: Modernizar el Estado chileno, conectándolo e informatizando sus servicios, tomando como base modelos de e-government y digitalización del Estado de países como Australia, Singapur y Estonia. 

6.- Empresas del Estado: Se privatizarán empresas como CODELCO, ENAP, ENAMI, Ferrocarriles del Estado (EFE) y Televisión Nacional (TVN).

7.- Congreso: Se propone reducir la cantidad de legisladores del Congreso a solo 100 diputados nacionales (-55) y 29 senadores nacionales (-14) con un nuevo sistema electoral mayoritario del tipo uninominal.

8.- Relaciones Internacionales: Reforzar la vinculación de Chile con los Estados Unidos de América, Reino Unido, Japón y Alemania. Además de estrechar lazos con países del Asia Pacífico. Además, se señala que se hará valer el principio de la Supremacía Soberana respecto de organizaciones internacionales o burocracias supranacionales, se pondrá fin a las operaciones de la FLACSO en Chile y se retirará del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

9.- Familia: Incentivar natalidad reduciendo impuestos, incorporando beneficios de subsidios a padres a partir del tercer hijo, con un pilar solidario de maternidad. Otorgar un subsidio del Estado de 1200 dólares por hijo al nacer, perteneciente a familias del 20% más pobre, depositado a una cuenta de ahorro previsional voluntario privada, sin posibilidad de retiro hasta la jubilación.

10.- Orden y seguridad: Combatir la narcopolítica, la droga y las mafias con la colaboración de las fuerzas armadas. Busca imponer el Estado de Derecho en todos los sectores donde no se esté cumpliendo actualmente.

11.- Género e identidad nacional: Reivindicar el idioma castellano, eliminando el lenguaje de género y de incitación a la lucha de clases, étnica o cualquier doctrina tendiente a la división nacional. Recuperar feriados republicanos, religiosos e internacionales para profundizar conocimiento de la historia y herencia cultural del país.

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Chile

Continúa la dictadura sanitaria en Chile: Piñera no levanta el toque de queda a pesar de no tener más casos

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Agosto prácticamente no registró nuevos casos y las muertes están en el momento más bajo de toda la pandemia.

El régimen sanitario de Sebastián Piñera no cede y continúa gobernando con mano de hierro el país justificándose con la emergencia de la pandemia. Si bien en las últimas semanas han existido un descenso significativo de los contagios y de las muertes por el virus COVID-19, según se desprende del portal de la Universidad de Oxford, OurWorldInData, esto no se ha traducido en avances para que los chilenos vuelvan a recuperar sus libertades individuales esenciales amparadas por la Constitución chilena.

Piñera ha anunciado que continuará con las fronteras cerradas, donde solo pueden salir quienes hayan recibido dosis de vacunas aprobadas por el Instituto de Salud Pública del país, lo que quiere decir que los menores de edad sin dosis seguirán encerrados en Chile.

Además, al regreso deben permanecer recluidos en sus hogares por siete días, y se vislumbra que el toque de queda continuará, todo amparado en un estado de excepción constitucional que viene instalado desde el 18 de marzo de 2020, es decir, hace más de un año y medio.

Mientras tanto, el mercado aéreo de Chile se mantiene en el peor momento de su historia, al borde de la quiebra y con una caída del más del 60% solamente en julio.

Estas restricciones, sumadas a un toque de queda todavía vigente, una excepción constitucional que pone en peligro los derechos humanos de los chilenos, y medidas arbitrarias que solo perjudican a los trabajadores, se dan en un contexto de prácticamente no más casos nuevos de Covid.

Luego de las tres olas del virus chino en Chile, la primera en junio del 2020, la segunda en abril y la tercera en junio de este año, actualmente el país andino se encuentra en el mejor momento epidemiológico desde que comenzó la pandemia. Agosto prácticamente no registró nuevos casos, y no hubo en ningún día más de 100 muertes diarias por el coronavirus. Pero así y todo, Piñera resista volver a la normalidad.

Fuente: Worldometer Chile.

En la continuidad de Piñera, el abanderado de Chile Vamos (ahora Chile Podemos Más), Sebastián Sichel, señaló querer terminar con los toques de queda.

Si bien esto es un buen paso en la dirección correcta, y no se entiende por qué no lo hace Piñera ahora si su propio candidato lo propone, esta medida no terminaría con el régimen sanitario, dado que este se basa en el estado de excepción constitucional al que están sometidos los chilenos en estos momentos, el cual ni Sichel ni nadie de su espacio propone eliminar.

El gobierno y su plan denominado “Paso a Paso”, en donde va gestionando, arbitrariamente, las libertades y las prohibiciones de las personas, según se señala en su web oficial, este plan se trata de 4 pasos graduales que van desde la Cuarentena hasta la Apertura, con libertades para quienes, en forma responsable y solidaria, cumplieron con su esquema de vacunación contra el COVID-19, restricciones y obligaciones”, sin embargo ese mismo plan no establece ningún criterio para retornar a la normalidad, es decir, el régimen autoritario-sanitario de Piñera no da espacio para que su país se reestablezca a condiciones previas a marzo de 2020.

Mientras algunos países europeos, como Rumania, los vacunatorios han ido cerrando por haber alcanzado ya la inmunidad de rebaño, con una población inoculada con vacunas que ronda el 25%, ya se vive una vida normal.

En cambio, Chile, siendo uno de los países con más vacunados en el mundo, sigue sufriendo el yugo piñerista que solo busca controlar a la población para evitar un nuevo movimiento social que desestabilice su gobierno, el cual implementó nuevas medidas obligatorias para cerrar bares, gimnasios y restaurantes, los que deben solicitar pase verde para poder consumir en el interior sino están sujetos a severas multas.

De esta forma, el escenario político en Chile, con la incertidumbre constituyente, sumado a al aumento de deuda pública, bonos, subsidios (IFE) y presión inflacionaria, presenta un escenario complicado para las elecciones del 21 de noviembre, donde los chilenos tendrán que votar por un nuevo presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.

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Chile

La izquierda aprueba eliminar a Carabineros en la nueva Constitución de Chile

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Se reemplazará por una institución que adopte “la doctrina de los derechos humanos” y que sea dirigida por civiles.

La sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente en Chile se extendió más allá de las 18:30 horas del viernes, horario originalmente pactado, y duró hasta la madrugada de este sábado.

¿Qué fue lo que tuvo a los constituyentes, predominantemente de izquierda, trabajando hasta tan tarde? Los constituyentes de izquierda propusieron y lograron aprobar la eliminación de Carabineros como el principal órgano de seguridad interna del país.

Los constituyentes de extrema izquierda “se entusiasmaron” y comenzaron a agregar propuestas sobre puntos que no eran parte del acuerdo interno, lo que alargó el debate. Una de éstas fue sustituir la institución de Carabineros por otro órgano, que ejerza la función policial basado en “la doctrina de los derechos humanos” y que sea dirigido por civiles.

Ésta se aprobó cerca de las 3 de la mañana del sábado, cuando varios miembros ya se habían desconectado pensando que se haría un receso y se votaría más tarde. En tanto, el Secretario de la Comisión advirtió de la inconstitucionalidad de dicha propuesta.

“Se aprobaron muchas normas que hasta el secretario advirtió su inconstitucionalidad, así que evaluaremos recurrirlas”, dijo Felipe Harboe, convencional PPD Otra disposición quien estuvo relatando en Twitter cómo avanzaba la votación.

“Acaban de aprobar en comisión de DDHH que somos un poder originario, que se debe derogar secreto de informe Valech y Ley de Amnistía; que los activistas no tienen inhabilidades y se rechazó inhabilitar a los que ejerzan la violencia… Todo ello por una comisión transitoria. Así de fácil, escribió en la red social.

Agregó que “algunos pretenden casi redactar normas definitivas y crear inhabilidades por sobre la comisión de ética”, y que “esta es una comisión transitoria, no tiene potestades para mandar a nadie, menos para ‘imponer’ cambios institucionales. Eso podrá ser parte del debate de fondo, pero ahora no procede”.

Otro tema que también se propuso, pero que por suerte todavía no prosperó, es que la misma Constituyente apruebe un indulto general a los detenidos en el estallido social y la violenta insurrección del 2019.

La iniciativa se habría caído, entre otras razones, porque no procedía abordar ese tema en dicha instancia. Ahora el documento con las propuestas de la Comisión de Derechos Humanos debe ser entregado a la Comisión de Reglamento, que luego será votado en el pleno de la Convención.

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