El director ejecutivo de la fundación de Soros para América Latina anunció una millonaria inversión para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y al Gobierno para promover la “justicia climática y la justicia de género”.

Por años se especuló que el multimillonario George Soros, el mayor donante del Partido Demócrata en Estados Unidos, estaba detrás de las candidaturas de Gustavo Petro en Colombia. Esto quedó en evidencia después de la campaña del año pasado, donde el ex senador de extrema izquierda blanqueó sus vínculos con la Open Society Foundation.

“En la pandemia hicimos un aumento de la inversión por toda la situación que teníamos acá, pero ahora, este año, vemos aún más oportunidades y estamos llegando a 16 millones de dólares en inversiones para 2023“, declaró el pasado martes a EFE el director ejecutivo de Open Society Foundations para América Latina y el Caribe, Pedro Abramovay.

“Este dinero irá para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y financiar acciones de gobiernos locales y del Gobierno nacional para trabajar temas de justicia climática, justicia de género, seguridad, reducción de homicidios, democracia y política de drogas“, completó.

“Estamos en un momento en el que la sociedad colombiana está discutiendo estos temas de manera muy fuerte y tenemos una oportunidad de apoyar a los grupos de la sociedad civil para que tengan más posibilidades“, agregó Abramovay.

Además, precisó que la Open Society está respaldando “organizaciones de derechos de mujeres, organizaciones afro, que van desde apoyo a organizaciones en sí para hacer su trabajo hasta la casa comunitaria que están apoyando en Buenaventura“.

La fuerte influencia de Soros en Colombia no es casualidad. La sede de su fundación en Latinoamérica está ubicada en Bogotá, mientras que tiene otra secundaria en Río de Janeiro, Brasil, y otra en el Distrito Federal de México.

Desde allí, apoyan decenas de organizaciones sociales, entre ellas ONG Temblores, que entre 2017 y 2019 recibió 155.000 dólares de la Open Society Foundations y, según denunció en mayo de 2021 el periodista Gustavo Rugeles, justo durante el paro promovido por la izquierda contra el entonces presidente Iván Duque, Temblores “promovió falsos positivos contra las Fuerzas Militares e impulsa campañas para acabar con el ESMAD (grupo antidisturbios) y reformar la Policía”.

Los tentáculos de Soros van más allá de Estados Unidos, donde le ha inyectado altas sumas de dinero a la agenda demócrata, incluyendo la promoción del aborto, campañas para la elección de fiscales para el fruade electoral y el activismo racial.

El año pasado también trascendió cómo 75 fiscales estadounidenses habrían sido elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de Soros a través de su Open Society Foundations. Según el Law Enforcement Legal Defense Fund, unos 40 millones de dólares le sirvieron durante la última década para financiar campañas de fiscales, quienes para mediados de 2022 representaban a “más de uno de cada cinco estadounidenses”.

Estos fiscales han apostado por una justicia más laxa, como es el caso de Buta Biberaj, del condado de Loudoun, en Virginia, quien informó a comienzo de año que su oficina no participará directamente en el enjuiciamiento de ciertos cargos por delitos menores, como hurto, atropello y fuga con daños a la propiedad, eludir a la policía o beber en público.

Como destaca el periodista José Gregorio Martínez del Panam Post, estas medidas son muy similar a las porpuestos que promulgó Petro durante la campaña y una vez que llegó a la presidencia, donde dijo que quiere dejar de contar algunos delitos para reducir los índices de criminalidad.

La reforma plantea la socialización del sistema de salud, poniendo en riesgo la provisión de servicios indispensables para la población. La Vicepresidente de la República anunció que el Gobierno pretende replicar el sistema cubano en Colombia. 

El Gobierno comunista de Gustavo Petro lanza una nueva ofensiva para la socialización de la economía colombiana. Se presentó una reforma integral del sistema de salud para su virtual estatización, un cambio que promete disminuir radicalmente el rol de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para dar paso a la planificación centralizada.

Este lunes el oficialismo presentó su proyecto oficialmente ante la Asamblea Nacional de Departamentos. La Vicepresidente del país Francia Márquez explicó públicamente que el Gobierno busca replicar el sistema de salud cubano, adecuándolo a las características de Colombia y permitiendo una “transición” sobre la cual el sector privado perdería gradualmente protagonismo hasta prácticamente desaparecer.

Se pone en peligro la provisión de servicios públicos esenciales, de la misma manera en que ocurre en Cuba o Venezuela, con sistemas virtualmente socializados pero sin recursos o incentivos suficientes como para sostener un estándar mínimo de calidad.

Los principales puntos del proyecto socialista

Eliminación gradual de las EPS y estatización de servicios

La principal reforma del proyecto de Gustavo Petro es la erradicación de la llamada “ley 100” sancionada en el año 1993, y por la cual se garantiza un sistema de salud mixto con una amplia participación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en conjunto con los servicios de provisión estatal. 

A su vez, dentro de los servicios provistos por el sector privado operan dos esferas distintas: el sistema contributivo, donde los socios aportan y reciben una contraprestación en servicios médicos, y por otro lado el sistema subsidiado sobre el cuál el Estado colombiano destina fondos a las EPS para ofrecer servicios sin cargos (o con cargos recortados) a sectores vulnerables. 

A partir de la reforma las EPS perderán completamente su rol en el sistema subsidiado, este segmento del mercado será estatizado. Se propone poner fin al sistema de recobros, por lo que el pago de los servicios médicos en este sector se efectuará directamente a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

Por otra parte, las EPS enfrentan una severa crisis financiera en los últimos años debido a que el Estado colombiano retrasó sistemáticamente el debido pago de subsidios por las prestaciones dadas. El Gobierno de Petro, en lugar de atender sus obligaciones, decidió declarar la insolvencia de muchas de estas entidades y proceder con su liquidación.

Si bien el Gobierno reiteró que no pretende eliminar la participación privada en el sistema, las nuevas normativas y la falta de pago en los subsidios atrasados generan las condiciones propicias para que, en la práctica, se produzca la eliminación gradual pero sostenida de las EPS. 

Ampliación del sistema estatal

La reforma otorga una especial atención a los Centros de Atención Primaria (CAP), en los cuales el Estado tendrá el rol rector para ofrecer los servicios. Se pretende ampliar considerablemente el gasto público orientado a esta partida, a fin de incrementar la presencia de estos centros en la mayor parte de los municipios del país. 

“La EPS no funciona como el eje institucional, sino el Centro de Atención Primaria; que puede ser público o privado. La EPS puede, si quiere, sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con Centros de Atención Primaria”, declaró el presidente Petro. 

Ampliación de la burocracia

La reforma crea el Consejo Nacional de Salud, un organismo burocrático que será dirigido desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y cuya principal función será la “concertación de iniciativas en materia de política pública de salud”. 

Asimismo, en simultáneo se propone la creación de múltiples Consejos Territoriales de Salud, cuya principal función será hacer cumplir las disposiciones del CNS a nivel nacional. El proyecto dispone, además, que serán facultados para “proponer políticas específicas a desarrollar en el respectivo territorio, según las necesidades identificadas y los objetivos definidos en él, en concordancia con los criterios, metas y estrategias definidas en la política pública nacional de salud”. 

La ex viceministra de Minas y Energía, Belizza Ruíz, advierte que los cambios regulatorios implementados por la izquierda colombiana amenazan con desequilibrar el suministro eléctrico del país y provocar masivos apagones como ocurrió en Argentina y Venezuela. 

Un reciente informe publicado por la ex viceministra de Minas y Energía de Colombia, Belizza Ruíz, alerta sobre el creciente riesgo de apagones masivos en Bogotá y todo el país durante los próximos años.

Ruíz atribuyó los problemas a las medidas extremistas llevadas a cabo por el presidente Petro, entre ellas el congelamiento generalizado de las tarifas de los servicios públicos, la cancelación de nuevos contratos de petróleo y gas hacia adelante, y la suspensión de obras de infraestructura. Estas medidas alientan la descapitalización en la distribución de energía y servicios, y prometen disparar el costo energético.

La ex viceministra había tenido participación en los primeros meses del Gobierno de Petro, pero fue apartada de la administración por sus fuertes discrepancias con la ministra Irene Vélez y las políticas energéticas extremistas del Presidente.

Asimismo, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se pronunció a propósito del riesgo de apagones y aseguró que es una problemática que afecta a todo el país.

“La política energética de Gustavo Petro y su petardo de ministra va a destruir el sistema energético nacional. Como en Venezuela o en Sudáfrica”, afirmó el ex embajador. 

El avance del Gobierno sobre la independencia de las comisiones reguladoras de servicios públicos supone el fin de los criterios técnicos para la actualización de tarifas. A partir de ahora, se usarán criterios arbitrarios, políticos y electoralistas para fijar los precios. 

La “política tarifaria” buscaría generar un ancla nominal sobre los precios de los servicios públicos como una herramienta heterodoxa para combatir la inflación. Esta estrategia sólo amplía la distorsión de los precios relativos pero no es efectiva para aminorar la volatilidad del nivel general de precios en la economía.

Los resultados de la distorsión de precios relativos y la descapitalización de servicios son ya conocidos. Estas determinaciones se implementaron en la Argentina entre 2003 y 2015, y en Venezuela a partir de 1999 y hasta la fecha. En ambos casos, la distorsión diezmó la inversión y provocó masivos apagones que afectaron no solo el uso residencial de la energía sino también el industrial.

Como cualquier control de precios, el congelamiento tarifario genera una señal negativa para la inversión en los servicios afectados, provocando su migración hacia otros sectores con precios más competitivos. Una vez que se acumula la descapitalización, la reversión del problema demora años incluso produciendo un fuerte sinceramiento de tarifas.