Colombia
El comunista Gustavo Petro acuerda con el Partido Liberal y consolida una super-mayoría en el Congreso
El Pacto Histórico no se quedará en minoría en el Congreso, y el presidente-electo ya se aseguró el apoyo de distintos partidos opositores para formar un gobierno de coalición.
De cara a la toma de posesión de este 7 de agosto, el comunista ex guerrillero Gustavo Petro ha lanzado una serie de conversaciones con la oposición en busca de gobernabilidad. Las iniciativas del nuevo mandatario necesitarán de la aprobación del Congreso, pero también, requerirán de buenas alianzas para que sean efectivas y consensuadas.
El nuevo mandatario, sostuvo conversaciones con Hernández, Uribe y el histórico “Partido Liberal”, adherente a la internacional socialista. A estos últimos, ya le fueron otorgados cargos a sus políticos de carrera, para que se sumaran a la coalición de gobierno y así obtener, no solo más bancas en las cámaras, sino funcionarios con afinidades y experiencia en la función estatal.
Las alianzas locales no terminan acá, para sorpresa de muchos, el Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U) y el histórico Partido Conservador, afirmaron que empezarán el nuevo periodo legislativo respaldando la agenda del Ejecutivo.
Para contextualizar, estos últimos partidos solían ser los grandes representantes de la derecha en Colombia. El primero, fundado por Uribe para su reelección en 2006 (que después heredaría Santos) y el segundo, el más tradicional partido de Colombia que existe desde 1849.
También contará con el apoyo de Alianza Verde, con la que ya tenía afinidades ideológicas. Incluso, uno de sus líderes, Navarro Wolff, compartió participación en la insurgencia comunista de la ex movilizada M19 con Petro. El mismo grupo de guerrilla urbana que protagonizó la toma del Palacio de Justicia en el año 1985.
En esta búsqueda del consenso, el único bando opositor que queda es el Centro Democrático de los actuales uribistas. Sin embargo, no hay que olvidar la reciente reunión entre el expresidente y el entrante, donde aparentemente se limaron asperezas, tanto para impedir que fracasen las negociaciones de la coalición con las otras fuerzas políticas, como para evitar choques que den señales que hagan reaccionar bruscamente al mercado, en vísperas de reformas impositivas.
No obstante, se especula que la oposición que pueda ejercer el Centro Democrático se vea limitada, debido al sesgo político de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) y la Comisión de la Verdad. Ambas son de integradas por neomarxistas y simpatizantes al discurso del ex guerrillero.
La preocupación es que pueden manipular la investigación de los falsos positivos que comprometen a Uribe, para disuadir los posibles obstáculos a la aprobación de los proyectos de ley. Uribe ya no es más senador por lo que no tiene fueros y Petro podría usar la libertad del histórico ex presidente como herramienta de negociación.
Como ya se mencionó, fueron asignados varios cargos a modo de dádivas. Los más importantes que le permitirán a Petro cumplir con el objetivo de confiscación impositiva y expropiaciones:
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
José Antonio Ocampo (P. Liberal) es un socialdemócrata globalista con el cual se busca implementar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) de la Agenda 2030 de la ONU acompañándolos con reformas económicas clásicas de la nueva izquierda.
Es economista de la Universidad de Columbia, fue asesor económico en Argentina en el CES (Consejo Económico y Social) y también fue Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Cecilia López Montaño (P. Liberal) se encargará de llevar adelante la reforma agraria que prometió Petro en campaña, además del aumento y la creación de impuestos a la tierra y catastros para facilitar las expropiaciones.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
María Susana Muhamad González (Partido Colombia Humana) es una militante del partido oficialista desde la alcaldía de Bogotá, donde fue mano derecha de Petro y secretaria de medio ambiente. Allí dirigió el “Plan de Cambio Climatico”, en el cumplimiento al tratado de París.
Su inclusión asegura que en este gobierno no habrá fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales, ni glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Es importante aclarar que numerosos gobiernos han utilizado la aspersión de este agroquímico para combatir el narcotráfico, ya que el mismo deja inutilizables los cultivos para la producción de cocaína.
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre prefirió la lucha contra la producción y el tráfico de drogas enviando avionetas con glifosato a Colombia, pero ahora el gobierno de Duque encontró un obstáculo con Joe Biden, quien bajo la excusa del medioambiente ha desistido con el envío de las avionetas. Ahora, el nuevo gabinete de Petro procurará que esté quien esté en Washington, los cultivos de narcóticos estarán protegidos.
A su vez, la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible pondrá el ojo en la minería, tala y la transición energética verde, mejor conocido como pasar a ser importador de gas y petróleo venezolano.
Ministerio de Cultura
Patricia Ariza Flórez (P. Unión Patriótica – UP) tomará el control de la cultura. Su partido fue creado en los acuerdos de paz de 1985 con fuerzas guerrilleras de las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano, los cuales integran la coalición oficialista desde el inicio de la campaña.
La tarea de la ministra, será integrar la agenda LGBT y feminista en las expresiones culturales, más específicamente en los niños y en las escuelas.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Álvaro Leyva Durán (P. Conservador) acuñado como el “Canciller de La Paz”, tiene experiencia de larga data en negociaciones entre el Estado colombiano y grupos guerrilleros comunistas, desde 1980 a la actualidad. Incluso fue mediador en los acuerdos de desmovilización en 1990 con el grupo terrorista M19, el cual integró Petro.
Asimismo, participó como diputado de la asamblea constituyente de 1991, hecho que es muy atractivo para la nueva presidencia, ya que quieren implementar una nueva constitución y Durán puede ser el mejor asesor para este proceso.
Por otro lado, será el encargado de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, trabajar con verificadores de la ONU y el Grupo de Puebla.
Aduana, Comisión de la Verdad
En cuanto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el organismo fiscal está designado Luis Carlos Reyes Hernández, un acérrimo marxista cultural que quiere nacionalizar a los niños.
En la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV) estará María Patricia Tobón Yagarí, quien también integra la Comisión de la Verdad en los acuerdos de paz y pertenece al partido indigenista MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), que dará un marco legal a la expropiación de tierras. Este partido integra la coalición de gobierno y es firmante del Foro de San Pablo.
La Unidad de Restitución de Tierras – URT-, estará al mando de Rangel Giovani Yule Zape, también del MAIS y será el brazo de las expropiaciones y usurpaciones en las zonas productivas.
Los cargos mencionados a la fecha, son los más importantes para la agenda del ex subversivo y como se puede evidenciar, la mayoría fueron cedidos a otros partidos políticos. Esto se debe a que, por una parte, se buscaron perfiles afines con experiencia dentro de la función estatal y, por otro lado, consolidar el consenso. En este sentido fue muy estratégico, ya que después de unas reñidas elecciones, consolidó mayoría en ambas cámaras.
De los 108 asientos en el Senado, el Pacto Histórico se quedó con 20, pero ahora suma los 14 del Partido Liberal, los 8 de la Alianza Verde y otros cuantos de la izquierda ex FARC e indigenistas que lo dejan con 63 bancas. La oposición, solamente englobada en el Partido Conservador, con 15, y el Partido de la U, con 10, se mostraron abiertos al diálogo.
En la Cámara de Representantes, ocurre algo parecido. De las 188 bancas, el Pacto Histórico tiene 28, pero suma a los 33 del Partido Liberal, a los 15 del Partido de la U, los 12 de la Alianza Verde, y más, que deja a Petro con 110 diputados contra 25 de los conservadores.
María Fernanda Cabal
Una de las figuras más relevantes de la política colombiana que se perfila como líder indiscutida de la oposición es la Dra. Maria Fernanda Cabal, actual senadora y la congresista más votada en la historia del país.
Cabal representa a la derecha conservadora, la cual defiende el interés nacional de Colombia, esquema antagónico a la agenda progresista e indigenista que planea implementar Petro.
Políticas que solo derivarán en pobreza, pérdida de libertades y saqueo a la propiedad privada, la misma pesadilla de la cual intentaron escapar los más de dos millones de venezolanos que emigraron al país vecino en busca de un futuro mejor, para encontrarse con la misma historia repetirse.
Por Candela Sol Silva, para La Derecha Diario.
Colombia
El Gobierno de Petro quiere crear una empresa estatal de minería para regular fuertemente al sector
El Gobierno presentó un proyecto para reformar la ley de minería vigente desde el año 2001, incrementando notoriamente el peso y el rol del Estado en uno de los sectores más competitivos del país.
El Gobierno socialista de Gustavo Petro presentó un proyecto para reformar el sistema minero de Colombia, con el objetivo de desalentar forzosamente la descarbonización en contra de las ventajas comparativas y las exportaciones que cada año realiza el país.
Se propone modificar el Código de Minas que se rige por la Ley 685 del año 2001. Las nuevas regulaciones propuestas limitan los contratos de concesión con empresas privadas, incrementan el peso de las regalías que percibe el Estado, amplía la cantidad de tierras excluidas de la explotación minera legal, y propone crear una nueva empresa estatal a cargo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Se propone dar inicio a la estatal “Ecominerales” con el objetivo expreso de regular a las empresas competidoras en el sector minero. Cubrirá un gran número de actividades, comenzando inicialmente con la comercialización de oro.
Otra de las funciones de la eventual empresa estatal será el lanzamiento de una serie de créditos artificialmente baratos para pequeños productores mineros, todo esto a cuenta de mayores pérdidas que deberán ser absorbidas por el Estado nacional (y la sociedad en última instancia).
El nuevo marco regulatorio favorecerá a los pequeños mineros tradicionales con escasa productividad, en detrimento de las empresas multinacionales que logran exportar y traer divisas para el país. La “descentralización” forzosa de la ritualización minera tiene el potencial de diezmar la productividad del sector.
Es la segunda gran ofensiva contra la minería desde diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro logró sancionar su reforma tributaria en el Congreso. La misma elevó fuertemente la carga impositiva para las empresas desde el 35% al 47%, según una escala progresiva.
Para los productores de carbón la sobretasa impositiva llegó al 56%, el sector más severamente castigado por la reforma. Asimismo, se estableció una sobretasa de entre el 5% y el 15% sobre el impuesto de sociedades para las empresas del sector petrolero.
La distribución de dividendos (que afecta a todas las empresas) pasó de gravarse del 10% al 20% con la reforma, una de las tasas más exigentes de la región.
Otro punto relevante de la reforma de Petro fue la adopción del “impuesto mínimo corporativo” con una tasa del 15%, en sintonía con el pedido internacional del presidente demócrata Joe Biden.
Colombia
Petro boicotea la reforma sobre el mercado de capitales y Colombia podría ser recategorizada como “mercado de frontera”
La agenda socialista del Gobierno no mostró mayor importancia por el avance en la desregulación del mercado de capitales colombiano, una condición necesaria para evitar que el país pierda su estatus como economía emergente.
El presidente socialista Gustavo Petro está decidido a boicotear una serie de reformas que habían sido programadas por la administración anterior, entre ellas la reforma del mercado de capitales para permitir una mayor flexibilidad regulatoria y adoptar estándares internacionales.
El Gobierno no quiere avanzar en este aspecto, y el proyecto de ley originalmente discutido durante el mandato de Iván Duque ahora naufraga en el Congreso sin ningún destino aparente en el corto plazo.
Las regulaciones locales limitan fuertemente las transacciones de todo tipo de activos, haciendo que el sistema se mantenga excesivamente sesgado hacia el mercado de renta fija (un hecho que denota la falta de desarrollo del sector).
La firma JP Morgan advirtió que la economía colombiana podría ser recategorizada de “país emergente” a “país de frontera”, el mismo estatus que actualmente mantienen Argentina y Venezuela, ambos en presencia de los peores desastres económicos perpetrados en la región.
La recategorización no es algo trivial. Podría desalentar gravemente el interés de los capitales internacionales para desarrollar la inversión extranjera directa en el país, especialmente en el tipo de inversión “Greenfield” en la cual una empresa matriz extranjera construye “desde cero” su filial en el país.
Por otra parte, las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno también socavan el apetito inversor. La reforma tributaria incrementa sideralmente la presión fiscal sobre el sector petrolero, el más dinámico del país y directamente vinculado con el comercio internacional.
Por otra parte, la reforma previsional del socialismo propone unificar el sistema en perjuicio del ahorro y la capitalización del país. El actual sistema competitivo será virtualmente reemplazado por uno sustentado sobre los pilares: un haber mínimo por $500.000 mensuales de carácter no contributivo, y posteriormente una cotización forzosa a Colpensiones sobre la base de entre 1 y 4 salarios mínimos.
La experiencia chilena demostró que el desarrollo del sistema de capitalización individual constituye un elemento fundamental para la expansión del mercado de capitales en moneda doméstica, pero el proyecto del Gobierno de Petro una vez más avanza en dirección contraria.
Colombia
La actividad económica de Colombia se desplomó en el segundo trimestre tras el impuestazo de Petro
Las reformas del Gobierno socialista espantan las inversiones y deterioran la competitividad del país. La economía sufrió una fuerte reversión al término de la primera mitad del año, registrando la primera caída en 8 trimestres.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia confirmó oficialmente que el PBI sufrió una fuerte caída del 1% en el segundo trimestre del año, después de haber crecido hasta un 1,4% en el período precedente. Se trata de la primera caída registrada en 8 trimestres.
La tasa de crecimiento interanual de la economía cayó a sólo el 0,3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, el registro más modesto desde el primer trimestre de 2021.
La desaceleración de la actividad económica se produce en un contexto inflacionario aún tumultuoso para los estándares de Colombia. La variación interanual del IPC alcanzó el 11,8% en julio de 2023, una de las cifras más altas de la región con la evidente excepción de Argentina y Venezuela.
Las reformas impulsadas por el presidente socialista Gustavo Petro son las principales responsables de la desaceleración económica y la inflexibilidad a la baja de las expectativas de inflación.
La actividad se vio severamente afectada por la reforma tributaria que promulgó el oficialismo en diciembre del año pasado. Petro estableció un nuevo impuesto sobre el patrimonio (homólogo a Bienes Personales en Argentina), elevó la tasa del impuesto de sociedades del 35% al 47% para empresas petroleras, y un recargo impositivo de hasta el 56% en el caso de la producción de carbón.
Por otra parte, el impuesto aplicado sobre los dividendos empresariales se duplicó del 10% al 20%, incrementando notoriamente la tasa efectiva sobre las sociedades que operan en el país. La reforma significó un golpe contundente a la competitividad fiscal de Colombia frente a otros países.
El clima inversor del país también sufrió una reversión por las medidas del oficialismo. El presidente Petro socavó los derechos de propiedad e intervino todas las comisiones reguladas de servicios públicos para congelar tarifas a discreción.
Estas medidas incluyeron a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC). Sus respectivas funciones pasaron a supervisarse bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior.
La calificadora de riesgo Moody’s Investors advirtió que las reformas socialistas están destruyendo el atractivo del país para los inversores, adoptando medidas que fueron típicas del kirchnerismo en Argentina y el chavismo en Venezuela.
“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, advierte Moody’s.
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas de Colombia confirmó que las principales empresas petroleras operativas en el país reducirán su inversión prevista para 2023 en por lo menos un 33%. Se pone en jaque al sector más dinámico del país, responsable de la generación del 42% de las exportaciones anuales.
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