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Colombia

Ex presidente Uribe propone un referéndum para reformar el sistema judicial y reducir el gasto estatal 

El ex presidente Álvaro Uribe presentó el primer borrador del plebiscito con el que busca reformar el sistema judicial, reducir el gasto estatal, aumentar penas a criminales y cambiar el enfoque de la educación pública. En las próximas semanas comenzará la recolección de firmas.

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El ex presidente y ex senador de Colombia, Álvaro Uribe, presentó este domingo el primer borrador de su propuesta para un nuevo referéndum en el país, que buscará, ente otros temas, la reducción del aparato estatal y del número de integrantes en el Congreso de la República, además de promover una reforma estructural al sistema judicial colombiano
Para implementar el referendo y proponer al Congreso las medidas correspondientes, se crearía una Comisión Especial Legislativa, que estaría integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado a través de cociente electoral, con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. 
El documento señala que, en caso de que las medidas no fuesen adoptadas dentro de los seis meses posteriores al apruebo en el plebiscito, el Presidente -alineado con Uribe- podría expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.
Además, se propone la creación de una o dos altas cortes, cuyos magistrados sean mayores de 55 años con periodos de 12 años y sean elegidos por el Senado, con el objetivo de reformar la Justicia y terminar con el partidismo judicial. 
También plantea un Tribunal de Aforados “para crear independencia de juzgamiento para magistrados y senadores”, lo cual cambiaría el esquema que llevó a su injusto enjuiciamiento por una causa inventada por la izquierda que terminó significando su salida del Senado.
También aseguró que buscará derogar o “reformar de fondo” la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada en el año 2017 en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano, liderado en ese entonces por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC.
Uribe afirmó que además de derogar a la JEP, buscará otorgar garantías judiciales a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los desmovilizados de las FARC de buena fe. Además aseguró que el conjunto normativo vinculado a la JEP consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores, y agregó que “la verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político”. 

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En cuanto a las normas de austeridad, Uribe explicó de forma concreta, que los egresos estatales en nómina directa o indirecta, así como los gastos de funcionamiento en los diferentes niveles del Estado, se congelarían en términos reales durante seis años.

Para el Poder Legislativo, la propuesta va encaminada a reducir el número de congresistas en un 30%. Al igual que la primera propuesta, la remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes seis años.
Este referéndum podría terminar significando una importantísima reducción del gasto público en términos reales, lo cual ayudará a las cuentas públicas no solo del actual gobierno, si no que a todos los subsiguientes.
El documento también afirma que las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ocupar cargos de elección popular, ni dentro de la estructura del Estado colombiano. Se respetarían las garantías judiciales y el principio de favorabilidad en materia penal pero no en participación política.
Al igual que en Estados Unidos, Colombia posee un sistema Legislativo bicameral, conformado por el Senado (108 miembros) y la Cámara de Representantes (172 miembros). La propuesta de Uribe busca reducir al Congreso en un 30%. 

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Otros puntos clave que promueve el referendo son: 

  • Protección de lideres sociales: el homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.
  • Decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar el consumo: el Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, mientras que su porte y consumo no estén sancionados penalmente. El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores.
  • Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento: el Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica, en vez de la universalidad. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias. Cabe destacar que en la actualidad existe un monopolio oficial, a través de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político.
  • Protección de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia: el Gobierno remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos, como la Amazonia, la Orinoquia y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos.
Con estas medidas, el ex presidente Uribe busca impulsar desde su actual posición de civil, una reducción del poder del socialismo y otros grupos extremistas en el poder Judicial y Legislativo, además de tomar en cuenta una de las peticiones más urgentes para los colombianos: la reducción del Estado, logrando destinar una importante cantidad de fondos para las personas de mayor vulnerabilidad, con incentivos que contribuyan de manera significativa a la creación de nuevas empresas, logrando que miles de personas salgan de la pobreza.

Por Lina Paola León, para La Derecha Diario.
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Colombia

El congelamiento de tarifas del comunista Petro pone en riesgo de apagones masivos en Colombia

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La ex viceministra de Minas y Energía, Belizza Ruíz, advierte que los cambios regulatorios implementados por la izquierda colombiana amenazan con desequilibrar el suministro eléctrico del país y provocar masivos apagones como ocurrió en Argentina y Venezuela. 

Un reciente informe publicado por la ex viceministra de Minas y Energía de Colombia, Belizza Ruíz, alerta sobre el creciente riesgo de apagones masivos en Bogotá y todo el país durante los próximos años.

Ruíz atribuyó los problemas a las medidas extremistas llevadas a cabo por el presidente Petro, entre ellas el congelamiento generalizado de las tarifas de los servicios públicos, la cancelación de nuevos contratos de petróleo y gas hacia adelante, y la suspensión de obras de infraestructura. Estas medidas alientan la descapitalización en la distribución de energía y servicios, y prometen disparar el costo energético.

La ex viceministra había tenido participación en los primeros meses del Gobierno de Petro, pero fue apartada de la administración por sus fuertes discrepancias con la ministra Irene Vélez y las políticas energéticas extremistas del Presidente.

Asimismo, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se pronunció a propósito del riesgo de apagones y aseguró que es una problemática que afecta a todo el país.

La política energética de Gustavo Petro y su petardo de ministra va a destruir el sistema energético nacional. Como en Venezuela o en Sudáfrica”, afirmó el ex embajador. 

El avance del Gobierno sobre la independencia de las comisiones reguladoras de servicios públicos supone el fin de los criterios técnicos para la actualización de tarifas. A partir de ahora, se usarán criterios arbitrarios, políticos y electoralistas para fijar los precios. 

La “política tarifaria” buscaría generar un ancla nominal sobre los precios de los servicios públicos como una herramienta heterodoxa para combatir la inflación. Esta estrategia sólo amplía la distorsión de los precios relativos pero no es efectiva para aminorar la volatilidad del nivel general de precios en la economía.

Los resultados de la distorsión de precios relativos y la descapitalización de servicios son ya conocidos. Estas determinaciones se implementaron en la Argentina entre 2003 y 2015, y en Venezuela a partir de 1999 y hasta la fecha. En ambos casos, la distorsión diezmó la inversión y provocó masivos apagones que afectaron no solo el uso residencial de la energía sino también el industrial.

Como cualquier control de precios, el congelamiento tarifario genera una señal negativa para la inversión en los servicios afectados, provocando su migración hacia otros sectores con precios más competitivos. Una vez que se acumula la descapitalización, la reversión del problema demora años incluso produciendo un fuerte sinceramiento de tarifas

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Colombia

El comunista Petro anunció el congelamiento masivo de todas las tarifas de los servicios públicos

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Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación. 

El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.

Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.

Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos

Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria. 

El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos. 

Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles. 

El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.

La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades. 

Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central. 

La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

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Colombia

Petro anuncia en el Foro Davos que Colombia no concederá nuevos contratos de petróleo y gas

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El presidente socialista apuntó contra el sector más dinámico y significativo de la economía, provocando la rápida vuelta de la volatilidad en los mercados. Las declaraciones espantan a los inversores y la bolsa retrocedió un 0,73% solo en el día miércoles. 

El presidente de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, volvió a emprender un discurso en contra del principal sector productivo del país. Como parte de la conferencia anual del Foro Económico Mundial en Davos, el Gobierno socialista dejó en claro que emprenderá una política energética radical y poco convencional para facilitar la “descarbonización”.

La ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, anunció sin empacho que el Gobierno prohibirá cualquier tipo de concesión de nuevos contratos de petróleo y gas, aunque no se verán afectados los contratos y las extracciones que ya se encuentran en curso. Petro ratificó los dichos de su Ministra, y habló de un “capitalismo descarbonizado”. 

Las medidas presentadas por el Gobierno de Petro son abiertamente extremistas incluso con los parámetros de las economías desarrolladas, las cuales están mucho mejor preparadas que Colombia para afrontar la llamada “transición energética” ya que sus exportaciones son cuantiosamente más diversas que las de este último país. 

Los anuncios de Vélez prometen tener un impacto nocivo en la economía de Colombia. Las exportaciones de bienes y servicios del país representan cerca del 16% del PBI, y el 42% de las mismas son explicadas exclusivamente por petróleo crudo, el 14,5% por el carbón mineral, y el 7,3% por el refinado de petróleo. La reticencia a nuevos contratos pone en jaque al 64% de todo el saldo exportador anual.

En nombre de la lucha contra el cambio climático, la economía colombiana podría sufrir el mayor revés exportador de su historia. La contracción de las exportaciones limita el crecimiento económico, pero también el consumo y la demanda interna ya que exportar menos también implica importar menos, y en el contexto de un tipo de cambio más elevado que reflejaría la mayor escasez de divisas. 

Los mercados rápidamente recobraron posiciones bajistas frente a los estrafalarios anuncios del oficialismo. El índice bursátil COLCAP registró una caída del 0,73% inmediatamente después de los anuncios de Vélez y Petro, en vista al recorte de expectativas para el valor de los activos en el largo plazo.

Las empresas energéticas fueron las más golpeadas por el shock bursátil. Canacol Energy Ltd cedió un 3,69% en la jornada del miércoles, Mineros SA se desplomó un 5,68% y los títulos del Banco De Bogotá SA se derrumbaron hasta un 6,18% en el día

El valor del dólar no se vio afectado por los anuncios, ya que este mercado es mucho más volátil y responde a shocks de muy corto plazo, cuando la prohibición de nuevos contratos de petróleo y gas tendrán consecuencias que serán percibidas solamente en los próximos años. 

La firma JP Morgan alertó por las irresponsables declaraciones del presidente Petro como la principal causa de inestabilidad y desconfianza en los mercados. El banco internacional mostró preocupación por la velocidad de la transición energética de Colombia, que no solo no se ajusta a las capacidades de su economía sino que obedece a un concepto de fundamentalismo ecológico muy poco ortodoxo. 

La difícil situación macroeconómica de Colombia la hace vulnerable a los temores de errores de política, especialmente en un momento de crecientes riesgos globales y grandes necesidades de financiamiento externo de Colombia. Creemos que esto justifica volver a entrar en algunas posiciones bajistas”, explicaron los economistas de JP Morgan. 

También apuntó contra la irresponsable reforma tributaria que se pretende llevar a cabo en el país. Se promete alcanzar una meta de nueva recaudación por un valor de 1,7% del PBI, pero en lugar de utilizar este excedente para ordenar las cuentas fiscales, toda la recaudación se destinará a fondear una fuerte expansión del gasto público.

La falta de un sendero claro de ordenamiento fiscal provoca un mayor desanclaje de las expectativas inflacionarias, y mayor volatilidad en el mercado cambiario, que a los ojos de los analistas de JP Morgan constituye el principal problema de la macroeconomía colombiana.

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