Un reciente informe del banco más importante de Estados Unidos señala que las nocivas reformas socialistas pierden fuerza de avance conforme aumenta el rechazo popular a la administración Petro. El oficialismo cosechó un magro resultado en la mayoría de los territorios locales.

La coalición izquierdista que conforma el Gobierno de Gustavo Petro cosechó una contundente derrota electoral en la mayor parte de los municipios y los territorios de las elecciones regionales de Colombia del pasado domingo.

Una de las derrotas más aplastantes y contundentes de la jornada se produjo nada menos que en Bogotá, en donde el socialismo quedó relegado al tercer lugar. El oficialismo solamente se impuso en 3 gobernaciones a nivel nacional, mientras que perdió las 30 restantes. Esto abre un panorama de optimismo para el desarrollo de la economía colombiana.

La firma JP Morgan, el banco más importante de los Estados Unidos, concluyó que la derrota del socialismo mejora las perspectivas de los inversores locales e internacionales, especialmente en el sector transable vinculado a la energía y los combustibles.

Los bonos soberanos de Colombia se revalorizaron rápidamente tras conocerse la contundente derrota del oficialismo, mientras que el índice de Riesgo País retrocedió hasta estabilizarse por debajo de los 350 puntos básicos, el valor más bajo de los últimos meses.

JP Morgan explica que el optimismo inversor se condice con la debilidad en el avance de la agenda reformista y socialista del presidente Petro. Con un menor apoyo popular y con cada vez más oposición en el Congreso, el oficialismo encuentra más trabas para poder desplegar su reforma previsional y su reforma sobre el sistema de salud.

El Índice de incertidumbre para la política económica de Colombia retrocedió a los niveles más bajos en 2 años según anticipó JP Morgan, volviendo así al punto de partida antes de la asunción de Petro. Este indicador había marcado un valor récord en el primer trimestre de 2022, en medio de la catarata de reformas que pretendía desplegar el Presidente.

La reforma sobre el sistema de pensiones buscaba debilitar fuertemente al ahorro individual y el sistema de capitalización, creando una administradora estatal sobre la base de cotizaciones forzosas para montos de entre 1 y 4 salarios mínimos legales. Se crearía así un sistema parcialmente “mixto” en el cual el sector privado quedaría relegado a ser un mero remanente por encima de las transferencias que se queda el Estado.

El sistema propuesto por Petro amenaza con socavar las bases para el ahorro interno y su canalización al mercado de capitales doméstico. Colombia, así como Chile, sentó las bases de la generación de crédito local gracias al ahorro del sistema de capitalización. El sistema centralizado del Estado no genera ahorro, y solo desplaza transferencias de cotizantes a jubilados.

Por su parte, la reforma sobre el sistema de salud propone la estatización gradual de los servicios prestados por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). El pago de los servicios médicos a estas entidades se vería eventualmente cooptado por un nuevo ente estatal catalogado como “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”. Esta reforma cuenta con un total de 70 artículos, pero solo el 49% obtuvo el visto bueno del Congreso colombiano.  

El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, criticó con dureza al presidente socialista por su defensa de Hamás y sus ataques contra el gobierno israelí.

El presidente colombiano, el ex guerrillero socialista Gustavo Petro, no duda a la hora de defender al terrorismo palestino. Después del peor ataque genocida desde el Holocausto que ocurrió este sábado en manos del grupo palestino Hamás en el sur de Israel, el mandatario salió en defensa de los terroristas.

Desde que ocurrió el ataque, en la mañana del sábado 7 de octubre, el jefe de Estado colombiano se ha visto muy activo en redes sociales opinando sobre el conflicto palestino-israelí, pero un comentario en particular le ganó el repudio generalizado.

Mientras la gente está comparando acertadamente a los palestinos con los Nazis del siglo pasado, en su odio visceral a la religión judía y su determinación por exterminarlos, el socialista colombiano aseguró que para él “los nazis son los israelíes”.

La delirante y repudiable frase fue rechazada tajantemente por el embajador israelí en Colombia, Gali Dagan, quien en una reciente entrevista para la emisora Blu Radio, cruzó al mandatario para que se expida en contra del terrorismo palestino.

Lamentablemente, parece que Petro no solo defiende a los terroristas colombianos, si no que los defiende en todo el mundo. El narcopresidente respondió en su cuenta de Twitter comparando el campo de concentración de Auschwitz con la franja de Gaza: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”.

La comparación demuestra un nivel de ignorancia impresionante. Israel no controla la Franja de Gaza desde que se retiró unilateralmente en 2005. Desde aquél año, la población judía en ese territorio es exactamente cero, y el gobierno ha quedado completamente en manos de Hamás.

La Franja de Gaza no tiene industria, apenas si tiene un sector turístico para árabes adinerados, pero todo el dinero que se genera va a las arcas de Hamás, cuyo único objetivo es realizar atentados terroristas contra la población israelí.

Todo el dinero que le envían las Naciones Undias (ONU) es utilizado para la yihad. Subsisten gracias a la electricidad, agua y gas que Israel les regala hace más de una década, como parte de una medida que tenía como objetivo reducir la crisis social bajo la premisa de que eso producía más terroristas.

Todas estas medidas que están siendo implementadas hace años quedaron refutadas con el ataque genocida del sábado, donde quedó demostrado que Hamás tiene una masiva cantidad de fieles guerrilleros.

Otro argumento de Petro es que Israel no permite la salida de los palestinos hacia Israel, por razones que obviamente quedaron demostradas, pero falló en aclarar que Gaza comparte frontera con Egipto, otro país islámico que tampoco los quiere. Egipto tiene hace más de 15 años el Cruce de Rafah completamente cerrado, y aclaró esta semana que tampoco lo abrirá incluso si Israel decide invadir.

Por su parte, Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, que además es profesor en la Universidad del Rosario, también le respondió a Petro a través de su cuenta de Twitter.

“Presidente Petro, el carcelero de Gaza es Hamás, que ha impuesto un régimen de terror en la franja tras expulsar al gobierno legítimo palestino en 2007, mantiene a sus habitantes como rehenes y los utiliza como escudos humanos en sus constantes ataques a Israel”, refutó en su publicación.

El presidente Petro también ha comparado el conflicto entre Palestina e Israel con la invasión de Rusia a Ucrania. Una de sus primeras declaraciones en redes sociales tras ocurrido en ataque de Hamás fue justamente para recordar su discurso en la última conferencia de la ONU, en donde expresó:

“Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente, la ocupación israelí de Palestina”, dijo.

El Gobierno presentó un proyecto para reformar la ley de minería vigente desde el año 2001, incrementando notoriamente el peso y el rol del Estado en uno de los sectores más competitivos del país.

El Gobierno socialista de Gustavo Petro presentó un proyecto para reformar el sistema minero de Colombia, con el objetivo de desalentar forzosamente la descarbonización en contra de las ventajas comparativas y las exportaciones que cada año realiza el país.

Se propone modificar el Código de Minas que se rige por la Ley 685 del año 2001. Las nuevas regulaciones propuestas limitan los contratos de concesión con empresas privadas, incrementan el peso de las regalías que percibe el Estado, amplía la cantidad de tierras excluidas de la explotación minera legal, y propone crear una nueva empresa estatal a cargo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Se propone dar inicio a la estatal “Ecominerales” con el objetivo expreso de regular a las empresas competidoras en el sector minero. Cubrirá un gran número de actividades, comenzando inicialmente con la comercialización de oro.

Otra de las funciones de la eventual empresa estatal será el lanzamiento de una serie de créditos artificialmente baratos para pequeños productores mineros, todo esto a cuenta de mayores pérdidas que deberán ser absorbidas por el Estado nacional (y la sociedad en última instancia).

El nuevo marco regulatorio favorecerá a los pequeños mineros tradicionales con escasa productividad, en detrimento de las empresas multinacionales que logran exportar y traer divisas para el país. La “descentralización” forzosa de la ritualización minera tiene el potencial de diezmar la productividad del sector.

Es la segunda gran ofensiva contra la minería desde diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro logró sancionar su reforma tributaria en el Congreso. La misma elevó fuertemente la carga impositiva para las empresas desde el 35% al 47%, según una escala progresiva.

Para los productores de carbón la sobretasa impositiva llegó al 56%, el sector más severamente castigado por la reforma. Asimismo, se estableció una sobretasa de entre el 5% y el 15% sobre el impuesto de sociedades para las empresas del sector petrolero.

La distribución de dividendos (que afecta a todas las empresas) pasó de gravarse del 10% al 20% con la reforma, una de las tasas más exigentes de la región.

Otro punto relevante de la reforma de Petro fue la adopción del “impuesto mínimo corporativo” con una tasa del 15%, en sintonía con el pedido internacional del presidente demócrata Joe Biden.